Ana Laura Guzmán Guzmán

Expediente 693/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
693/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Ana Laura Guzmán Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha diez de junio del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y, 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 693/2022. Del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; lo que deriva de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" En esa tesitura, se advierte la actualización de la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." La citada fracción dispone que el juicio de amparo es inviable contra actos que no afecten los intereses legítimos del quejoso, en los términos del numeral 5, fracción I, de la invocada ley. El interés legítimo, se refiere a aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por su parte, el interés simple, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia 51/2019 (10a.), y la tesis XVIII/2013 (10a.), ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio relativo, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia del interés jurídico o legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. De lo anterior se sigue que para considerar que el demandante del amparo cuenta con interés legítimo, debe demostrarse que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. En el caso, señaló la parte quejosa como acto destacado atribuido a las autoridades administrativas señaladas como responsables, lo siguiente: Actos ejecutados en contra de la sociedad e intereses colectivos en general en especial del sector salud de todo México en perjuicio directo de todos los médicos en general y de todo tipo de especialidades, enfermaras(os), y del todo personal médicos. Las normas y actos que redundan en violaciones directas y sistemáticas a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de los contratos o convenios celebrados por el Presidente de la República, para realizar donaciones del pueblo de México a gobiernos extranjeros y así como con el gobierno de Cuba, para contratar profesionistas de esa nacionalidad, en calidad de médicos, así como enfermeras y demás personal médico de nacionalidad extranjera (cubanos), para que trabajen en toda la república mexicana. La asignación de partidas presupuestales para pagar a los profesionistas extranjeros que se contraten para trabajar en nuestro país. La autorización migratoria para médicos cubanos extranjeros y demás personal médico para permitirles ingresar al país, por cualquier vía, aérea, terrestre, marítima, y permitirles realizar trabajos. La autorización para que los médicos cubanos extranjeros suministren medicamentos sin patente. De la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa aduce tener interés legítimo para promover este juicio de amparo, en contra de actos ejecutados en contra de la sociedad en general, y en especial del sector salud de todo México; en perjuicio directo de todos los médicos en general y de cualquier tipo de especialidades, enfermeras(os), y de todo personal médico, a quienes refriere se les dejó en estado de indefensión; así como a nombre de todos los mexicanos, en especial, de los niños, por el peligro de ser atendidos por médicos no calificados o ser vacunados con vacunas no reconocidas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se actualizan las hipótesis aducidas para tener por acreditado el interés legítimo, toda vez que es claro que la situación jurídica de la parte demandante no es distinta a la del resto de los gobernados, pues no se ostenta con alguna profesión relacionada con la salud o que preste sus servicios en el sector público, de manera que los actos que se reclaman (la contratación de médicos extranjeros y sus consecuencias) no incidirían en su esfera jurídica, pues de ninguna forma podrían crear, modificar o extinguir los derechos de la parte que aquí se dice agraviada, en la medida en que la contratación de que se trata no limitaría sus derechos fundamentales. En otras palabras, lo que se pretende evidenciar, es que la contratación de médicos cubanos no coarta ni coartará el derecho de los profesionistas de la salud, a ejercer su profesión, ya sea de manera particular o como miembro del sistema público; además, la eventual concesión del amparo y la consecuente anulación de los actos de autoridad reclamados, no producirían ningún beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, el quejoso acude a la vía de amparo, a defender el interés que tienen como parte de la población mexicana que, desde su percepción, se encuentra perjudicada por el convenio que celebró el Estado Mexicano con el país de Cuba, pero sin tener un agravio diferenciado que los haga estar en una situación especial frente al orden jurídico, lo que se traduce entonces un interés simple. De manera que, de las propias manifestaciones de los promoventes de amparo, revelan que su interés es simple, pues no precisa cuál es el interés diferenciado con el que cuentan para acudir al amparo, y que los distinga del interés que pudiera tener cualquier ciudadano, ni se advierte tampoco la traducción del beneficio personal para la parte interesada, sino que solo se logra advertir un interés simple con respecto de las posibles consecuencias que genera el citado convenio a la sociedad en relación con la prestación del servicio de salud a la población en general incluida los niños, dado que sólo se logra advertir que promueven en su calidad de habitantes del Estado mexicano como parte de su sociedad, pero sin destacar un agravio diferenciado de los demás. Además, una eventual concesión del amparo y la consecuente anulación de los actos de autoridad reclamados no produciría ningún beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues no se advierte una situación particular que genere ese agravio diferenciado. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable" Por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia; ello, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en ***y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados **** y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ****, y a los pasantes de derecho ****, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo, así como los subsecuentes, serán firmados mediante el certificado digital de firma electrónica. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO PARTE PROMOVENTE ACUERDO DE FECHA DIEZ DE JUNIO DEL AÑO 2022 Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 693/2022. Del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; lo que deriva de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" En esa tesitura, se advierte la actualización de la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." La citada fracción dispone que el juicio de amparo es inviable contra actos que no afecten los intereses legítimos del quejoso, en los términos del numeral 5, fracción I, de la invocada ley. El interés legítimo, se refiere a aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por su parte, el interés simple, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia 51/2019 (10a.), y la tesis XVIII/2013 (10a.), ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio relativo, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia del interés jurídico o legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. De lo anterior se sigue que para considerar que el demandante del amparo cuenta con interés legítimo, debe demostrarse que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. En el caso, señaló la parte quejosa como acto destacado atribuido a las autoridades administrativas señaladas como responsables, lo siguiente: Actos ejecutados en contra de la sociedad e intereses colectivos en general en especial del sector salud de todo México en perjuicio directo de todos los médicos en general y de todo tipo de especialidades, enfermaras(os), y del todo personal médicos. Las normas y actos que redundan en violaciones directas y sistemáticas a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de los contratos o convenios celebrados por el Presidente de la República, para realizar donaciones del pueblo de México a gobiernos extranjeros y así como con el gobierno de Cuba, para contratar profesionistas de esa nacionalidad, en calidad de médicos, así como enfermeras y demás personal médico de nacionalidad extranjera (cubanos), para que trabajen en toda la república mexicana. La asignación de partidas presupuestales para pagar a los profesionistas extranjeros que se contraten para trabajar en nuestro país. La autorización migratoria para médicos cubanos extranjeros y demás personal médico para permitirles ingresar al país, por cualquier vía, aérea, terrestre, marítima, y permitirles realizar trabajos. La autorización para que los médicos cubanos extranjeros suministren medicamentos sin patente. De la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa aduce tener interés legítimo para promover este juicio de amparo, en contra de actos ejecutados en contra de la sociedad en general, y en especial del sector salud de todo México; en perjuicio directo de todos los médicos en general y de cualquier tipo de especialidades, enfermeras(os), y de todo personal médico, a quienes refriere se les dejó en estado de indefensión; así como a nombre de todos los mexicanos, en especial, de los niños, por el peligro de ser atendidos por médicos no calificados o ser vacunados con vacunas no reconocidas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se actualizan las hipótesis aducidas para tener por acreditado el interés legítimo, toda vez que es claro que la situación jurídica de la parte demandante no es distinta a la del resto de los gobernados, pues no se ostenta con alguna profesión relacionada con la salud o que preste sus servicios en el sector público, de manera que los actos que se reclaman (la contratación de médicos extranjeros y sus consecuencias) no incidirían en su esfera jurídica, pues de ninguna forma podrían crear, modificar o extinguir los derechos de la parte que aquí se dice agraviada, en la medida en que la contratación de que se trata no limitaría sus derechos fundamentales. En otras palabras, lo que se pretende evidenciar, es que la contratación de médicos cubanos no coarta ni coartará el derecho de los profesionistas de la salud, a ejercer su profesión, ya sea de manera particular o como miembro del sistema público; además, la eventual concesión del amparo y la consecuente anulación de los actos de autoridad reclamados, no producirían ningún beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, el quejoso acude a la vía de amparo, a defender el interés que tienen como parte de la población mexicana que, desde su percepción, se encuentra perjudicada por el convenio que celebró el Estado Mexicano con el país de Cuba, pero sin tener un agravio diferenciado que los haga estar en una situación especial frente al orden jurídico, lo que se traduce entonces un interés simple. De manera que, de las propias manifestaciones de los promoventes de amparo, revelan que su interés es simple, pues no precisa cuál es el interés diferenciado con el que cuentan para acudir al amparo, y que los distinga del interés que pudiera tener cualquier ciudadano, ni se advierte tampoco la traducción del beneficio personal para la parte interesada, sino que solo se logra advertir un interés simple con respecto de las posibles consecuencias que genera el citado convenio a la sociedad en relación con la prestación del servicio de salud a la población en general incluida los niños, dado que sólo se logra advertir que promueven en su calidad de habitantes del Estado mexicano como parte de su sociedad, pero sin destacar un agravio diferenciado de los demás. Además, una eventual concesión del amparo y la consecuente anulación de los actos de autoridad reclamados no produciría ningún beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues no se advierte una situación particular que genere ese agravio diferenciado. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable" Por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia; ello, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en ***y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados **** y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ****, y a los pasantes de derecho ****, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo, así como los subsecuentes, serán firmados mediante el certificado digital de firma electrónica. Notifíquese personalmente.

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