Ana Laura Martinez Mendoza

Expediente 243/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
243/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
30/03/2017

Partes del expediente

  • Ana Laura Martinez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de revisión en contra del auto de tres de marzo de dos mil diecisiete (f. 48-52), que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. Comuníquese lo anterior a las partes; glósese el original y duplicado del incidente de suspensión; ordenándose el archivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones respectivas en el libro de control. Devuélvase la copia certificada de las constancias que obran dentro del juicio ejecutivo mercantil **/2017 (un tomo), del índice del Juzgado Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, que en su oportunidad remitió la titular de dicho órgano jurisdiccional, en apoyo a su informe justificado. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que mediante auto de tres de marzo de dos mil diecisiete (f. 48-52), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue negada la suspensión, tanto provisional, como definitiva del acto reclamado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de dos mil doce; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio número 618/17, suscrito por la Juez Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, por el que remite constancia de notificación, emplazamiento, requerimiento y apercibimiento realizada a la tercera interesada licenciada ***, parte actora en el juicio ejecutivo mercantil **, de su estadística, que le fue encomendado mediante oficio 2448 deducido de este juicio de amparo. En razón de lo anterior, téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR PARTE DEL QUEJOSO, POR ESTE CONDUCTO SE LE NOTIFICA: Visto lo de cuenta, se desprende de autos que por acuerdo de *** de dos mil diecisiete (f. 25-26), se admitió la demanda de amparo promovida por ***; y entre otros aspectos, se tuvieron como autoridades responsables al Director de la Oficina Central de actuarios y Oficialía de Partes Común, así como a la Actuaria licenciada ***, a quienes se les solicitó rindieran su informe justificado y remitieran las constancias correspondientes. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (f. 35-36), tomando en consideración que del contenido del informe justificado rendido por las indicadas autoridades responsables, se obtuvo que en el Juzgado Sexto Menor Civil de la indicada localidad, se encuentra radicado el expediente ***, en el que se ordenó requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el inmueble ubicado en calle *** Celaya, Guanajuato; de oficio, se amplió la demanda en el juicio de amparo en que se actúa; motivo por el cual, se tuvo a la titular de dicho órgano jurisdiccional como responsable en su carácter de ordenadora; por lo cual, se le solicitó su informe justificado; y se le hizo saber la fecha y hora para la audiencia constitucional. En su respectivo informe justificado, la Jueza Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, manifestó que sí es cierto el acto reclamado; y agregó, en lo que aquí interesa, que en el Juzgado a su cargo se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil ***, promovido por la licenciada *** en contra de *** y ***, sobre pago de la cantidad de ***, por concepto de suerte principal y demás anexidades legales. Del mismo, informó que el ***, despachó auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en el domicilio que refiere la quejosa; además de que consta en autos que el *** de la mencionada anualidad, en el domicilio de la quejosa hubo oposición por parte de la persona que atendió la diligencia. Posteriormente, por auto de *** siguiente, autorizó el uso de la fuerza pública y cerrajero. Así también, la indicada responsable en dicho comunicado informó que en auto de ese misma fecha, acordó el desistimiento de la acción solicitado por el actor por haberse cubierto las prestaciones reclamadas y ordenó devolver el documento fundatorio de la acción al demandado *** y dar salida al expediente; y afecto de acreditar lo anterior, remitió copia certificada de las constancias que obran dentro de su juicio ejecutivo mercantil *** (un tomo). Documental pública a la que se otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, del ordenamiento legal invocado en segundo término.Por su parte, las autoridades responsables Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, así como Actuaria licenciada Viridiana González Escaramuza, ambos de Celaya, Guanajuato, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron, en lo conducente, que sí es cierto el acto reclamado; ya que en el Juzgado Sexto Menor Civil de dicha localidad, se encuentra radicado el expediente ***, en el que se ordenó requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el inmueble ubicado en *** Celaya, Guanajuato; diligencia que fue programada para las nueve horas del diez de enero de dos mil diecisiete, y se levantó razón de abstención. Bajo este panorama, se estima que en el caso, se actualiza de modo notorio, manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." De la copia certificada de las constancias que obran dentro del juicio ejecutivo mercantil */2017, que la Jueza responsable remitió al rendir su informe justificado, se desprende, en lo que aquí interesa, que por auto de cinco de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a la licenciada *** en su carácter de endosataria en procuración de ***, demandando en vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a ***, la primera en su carácter de deudora principal y el segundo en su carácter de aval, a quienes reclamó el pago de la cantidad de *** moneda nacional, por concepto de suerte principal y demás anexidades legales; por lo que ordenó el requerimiento de pago y en su caso, embargo y emplazamiento; y de no hacerlo, se les requiriera para que señalaran bienes suficientes a fin de que garantizar las prestaciones reclamadas y de no hacerlo, ese derecho pasaría a la parte actora (f. 6-7, tomo de pruebas) .En diligencia iniciada a las doce horas con treinta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil diecisiete (previo citatorio de diez de febrero de ese mismo año), la Actuaria designada por la Oficina Central de Actuarios de Celaya, Guanajuato, licenciada *** levantó diligencia de abstención en razón de la oposición que tuvo por parte de la demandada (f. 23, tomo de pruebas). Posteriormente, mediante escrito recibido por el personal del Juzgado responsable el catorce de febrero de dos mil diecisiete, la licenciada ***, actora en el juicio ejecutivo mercantil */2017, solicitó se le tuviera por desistiéndose de la acción por habérsele cubierto las prestaciones reclamadas, y de igual forma, pidió le fuera entregado a *** el documento base de la acción (f. 25, tomo de pruebas). Lo que fue acordado de conformidad por auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (f. 26, tomo de pruebas), por la indicada Jueza responsable y ordenó archivar el expediente como asunto concluido (f. 26, tomo de pruebas). Por lo hasta aquí anotado, con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que la sentencia debe contener, entre otros, la fijación clara y precisa del acto reclamado aplicado analógicamente; se precisa que el acto reclamado lo constituye la orden de requerimiento de pago, y en su caso, embargo y emplazamiento y su ejecución; respectivamente (auto de exequendo). Lo que encuentra apoyo además en la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso, se obtiene que se actualiza de modo notorio, manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXII, en razón de que la orden de requerimiento de pago, y de ser necesario, embargo y emplazamiento y su ejecución que resultó a la Jueza Sexto Menor Civil, Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, así como Actuaria licenciada ***, todos de Celaya, Guanajuato, dentro del juicio ejecutivo mercantil */2017, aún y cuando dicho acto reclamado existe, tomando en cuenta que por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la Jueza responsable tuvo a la actora licenciada *** desistiéndose en su perjuicio de la acción intentada dentro del referido juicio ejecutivo mercantil; hace innecesaria la tramitación y en su oportunidad el análisis de los conceptos de violación enderezados a combatir cuestiones de fondo, porque aun en el supuesto de que se dictara sentencia favorable, la hipotética protección constitucional que se otorgara no podría producir el estado jurídico de dejar sin efectos el acto reclamado que resultó porque el juicio en el que se emitió dicho acto se encuentra concluido con motivo del desistimiento de la acción por parte de la actora; lo que fue acordado de conformidad por la Jueza responsable en el juicio de origen. Esto es, el acto reclamado que resultó consistente en la orden de requerimiento de pago, embargo, emplazamiento y su ejecución, emitida dentro de su juicio ejecutivo mercantil */2017, aun cuando existe, se modificó el entorno en el cual fue emitido, por lo que sería imposible jurídicamente hablando restituir a la quejosa en el pleno goce de la garantía que estimó violada, ya que, en caso de obtener sentencia favorable, ningún efecto jurídico tendría. Es de invocarse, por lo que informa en lo conducente, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Y aplicada analógicamente, también por lo que informa, en lo conducente, la Tesis siguiente: Novena Época Registro: 182893 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Noviembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: XXI.3o.28 K Página: 930 "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO QUEDA SIN EFECTOS AL DECLARARSE FUNDADA LA INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE UN JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, DE LA CUAL DERIVÓ AQUÉL. Del artículo 80 de la Ley de Amparo se desprende que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones de garantías que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos. A su vez, de la fracción XVII del artículo 73 de la propia ley se obtiene que el juicio es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de garantías. Por tanto, armonizando estos preceptos legales, se establece que no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, cuando el acto reclamado no puede surtir efecto material alguno en la esfera jurídica del quejoso por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y sus efectos no puedan concretarse, en virtud de la modificación del entorno en donde tuvo su origen. Ello es así, porque de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional se tornaría legalmente imposible restituir al promovente en el goce de la garantía vulnerada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo. Ahora bien, si el acto combatido fue emitido en acatamiento de una ejecutoria de amparo anterior, pero dejó de surtir efecto legal o material por declararse fundado el incidente de inconformidad hecho valer en contra del auto que tuvo por cumplimentada aquella ejecutoria, es indudable que el acto que subsiste como impugnado en el nuevo juicio de garantías no puede ser objeto de análisis en cuanto al fondo, porque sus efectos no se concretan ni podrán concretarse en perjuicio de la esfera jurídica del quejoso, por haberse modificado el entorno en el que fue emitido con motivo de la inconformidad declarada fundada y, además, porque si se concluyera que es inconstitucional, se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada o ningún efecto tendría la respectiva sentencia concesoria. En consecuencia, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio conforme a lo ordenado en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la propia legislación. Bajo este escenario, al haberse actualizado de modo notorio, manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Por otro lado, en atención a que como ha quedado apuntado, se ha actualizado de modo notorio, manifiesto e indudable la causa de improcedencia que contempla el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo; tomando en consideración el contenido del artículo 17 segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la administración de justicia debe ser pronta y expedita; resulta innecesario esperar a que llegue la fecha que se encuentra señalada en el juicio en que se actúa para que tenga verificativo la audiencia constitucional y ahí mismo se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; ello en atención a que con independencia de que sea en este momento o hasta que tenga verificativo la audiencia constitucional, el sentido de la determinación tomada no cambiaría, motivo por el cual procede el sobreseimiento apuntado fuera de la audiencia constitucional. Es de puntual aplicación, la Tesis de Jurisprudencia de datos de identificación y localización que dice: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): ComúnTesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Contradicción de tesis 26/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, comunicándoles de igual forma, que por los motivos expuestos, se deja sin efecto y por consecuencia, no tendrá verificativo la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con ocho minutos del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio número 509/17, suscrito por la Jueza Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde; con su contenido dése vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 119 del invocado ordenamiento legal, con la copia certificada de las constancias que obran dentro del juicio ejecutivo mercantil 22/2017 (un tomo), que remite la autoridad oficiante, dése nueva cuenta en el momento oportuno dentro de la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que la documental que se recibe es demasiado voluminosa lo que dificulta el manejo y cuidado del expediente en que se actúa, guárdese por separado y fórmese al efecto el cuaderno de pruebas correspondiente. Asimismo, toda vez que en términos del primer parágrafo de este auto, se tuvo recepcionado el informe justificado de la Jueza Sexto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato y constancias que adjuntó a dicho comunicado; deviene incuestionable que no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe y constancias de mérito; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZODE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo.

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