Ana Karen Ortega Guerrero
Expediente 487/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana Karen Ortega Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la citada Ley de Amparo, contra el auto emitido el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que fue otorgada la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de dieciocho de junio de esta anualidad, que en lo conducente dice: Del estado de autos se advierte que quien dijo llamarse ***, promovió juicio de amparo en contra del acto de molestia que reclamó del Director de la Oficina Central de Actuarios con sede en esta ciudad de Celaya, y otras autoridades; e hizo consistir en la posible ejecución de una auto de mandamiento dictado en su contra, derivado del trámite de un procedimiento jurisdiccional instaurado en su contra. Mediante proveído de cinco de junio de dos mil diecinueve, se registró el expediente con el número 487/2019 que consecutivamente le correspondió, admitiéndose a trámite la demanda únicamente respecto de los actos reclamados al Director de la Oficina Central de Actuarios con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; siendo que por auto de siete de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido su informe de ley y de oficio se tuvo por ampliando la demanda de amparo por lo que hace al Juzgado Segundo Menor Civil con sede en Celaya; autoridad que a su vez rindió su respectivo informe; mismo que se tuvo por rendido en proveído de trece de junio de dos mil diecinueve. El Juez Segundo Menor Civil con sede en Celaya, en su comunicado acepto el acto que le fue reclamado en el ámbito de sus atribuciones legales, precisando que ante su instancia se tramita el Juicio Ejecutivo Mercantil ***, promovido en contra de Ana Caren Ortega Guerrero, mismo que se admitió a trámite. Para justificar dicho informe, adjuntó copias certificadas del referido juicio mercantil, de las que se advierte en lo que ahora importa, lo siguiente: - Demandaron a *** por el pago de pesos como deudora principal; - Señalaron como domicilio de la demandada, el ubicado en Calle ***, de Celaya; - Se agregó a la demanda mercantil una copia de la credencial de elector de ***, con clave de elector ***, en la que se precisa que el domicilio de aquella es el ubicado en Calle ***; y con meridiana claridad se observa la firma estampada en su reverso; - En proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda dictando mandamiento de ejecución en forma a cargo de la demandada Ana Caren Ortega Guerrero; esto último que por lo menos a la fecha de rendición del informe con justificación, NO se ha ejecutado. A lo anterior, resta destacar que sin ostentarse este Tribunal experto en materia de grafoscopía, se advierte que la firma que se estampó en la demanda de amparo que nos ocupa y la que aparece en la credencial de elector de Ana Caren Ortega Guerrero, sin la misma, de ahí que se ordena continuar el trámite del presente asunto teniendo a la quejosa con el nombre precisado en este párrafo. Precisado lo anterior, debe indicarse que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo al fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 814 ochocientos catorce, consultable en la página 553 quinientos cincuenta y tres, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 mil novecientos diecisiete guión mil novecientos noventa y cinco, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia. Respecto a ello, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así y en atención al principio de definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desapareciere de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Ahora bien, la quejosa ***, al promover la demanda de amparo de que se trata, se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, sin embargo, de las constancias que integran el Juicio Ejecutivo Mercantil *** del índice del Juzgado Segundo Menor Civil con sede en Celaya, Guanajuato, se advierte que fue demandada por el pago de pesos, emitiéndose en su contra auto de exequendo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Así las cosas, aun cuando la quejosa se ostenta tercero extraña a juicio, no puede considerarse que tenga dicho carácter, atendiendo a que en el juicio de origen todavía no se ha dictado sentencia, por lo que puede imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, en términos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial en tanto se refiere al mismo estado procesal, la jurisprudencia 198/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 698, tomo XXIX, enero de 2009, del emanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior, la ahora quejosa previamente a la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, estaba obligada a cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En ese orden de ideas, contra el auto de exequendo reclamado, estaba obligada a agotar el recurso de revocación a que se refiere el artículo 1334 del Código de Comercio, el cual señala: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. En tal virtud, toda vez que respecto de la resolución combatida procede el recurso de revocación, la solicitante de la protección constitucional debió interponer el citado medio de impugnación, previo a la instauración del juicio de amparo, pues éste tiene como efecto, modificar o revocar el auto de exequendo y, al no hacerlo así, es claro que soslayó cumplir con el principio de definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común; de ahí que no se cumpla con el requisito de definitividad rector del juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 401, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). También es atendible la jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el juicio, en términos del numeral 63, fracción V, de la citada legislación. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con veinte minutos de esta propia fecha. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra los actos que reclama del Juzgado Segundo Menor Civil y Directora de la Oficina Central de Actuarios, ambas con sede en Celaya; de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y désele vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Se tienen como pruebas de su parte la documental que anexa, consistente en copia certificada del Juicio Ejecutivo Mercantil número M304/2019, de su índice, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo.
- Incidental
Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por la Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad, a través del cual rinde informe previo; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento respecto, toda vez que el doce de junio de dos mil dieciocho, se recepcionó el indicado informe vía fax, proveyéndose en cuanto a su contenido en esa misma fecha.
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