Ana Laura Chaparro Sánchez

Expediente 1329/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1329/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Ana Laura Chaparro Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto al solicitante del amparo, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que si bien se sobreseyó fuera de audiencia el juicio, también se emitió proveído en el que concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa; empero, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no obra la constancia de notificación a la parte quejosa del auto de veinticuatro de febrero pasado, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario, no obstante de haberse ordenado en la referida actuación. En consecuencia, se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial de la adscripción para que a la brevedad posible lleve a cabo la diligencia encomendada y se continúe con la secuela procesal del presente sumario.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, por el cual, en atención al requerimiento realizado el dieciséis de febrero pasado, informa que la menor quejosa de iniciales V.P.C. fue vacunada el diecisiete de los actuales y remite las constancias con las que acredita lo vertido; lo anterior, en razón de que el veinticuatro de los cursantes, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario constitucional.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"...Toluca, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el término de veinticuatro horas, otorgado a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de enero pasado, para que informara si le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech al menor amparista de iniciales V.P.C., transcurrió en su totalidad, sin que así lo hicieran. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento con que se les conminó y se tiene por entendido que la aplicación de la segunda dosis del biológico antes mencionado, le fue aplicada a la menor quejosa el diecisiete de enero de dos mil veintidós. En ese orden, del estado de autos se advierte que ****, en su carácter de progenitora de la menor de iniciales V.P.C., reclamó en la presente instancia constitucional del Secretario de Salud en el Estado de México, en esencia: "La negativa de aplicar la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2 en favor de la menor." CESACIÓN DE EFECTOS Ahora bien, es importante indicar que el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgador ordenó a la autoridad responsable que, dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevara a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor de la menor quejosa V.P.C., la vacuna Pfizer-BioNTech, situación que sucedió en dos momentos y bajo dos dosis. Para ello, el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, informó que la primera dosis se le aplicaría el dieciocho de enero pasado, situación que así aconteció en esa data, lo cual se corrobora con la carta de consentimiento que la autoridad responsable anexo, mediante promoción registrada con número de folio 1066, de este índice, sin que la quejosa realizará manifestación alguna. Posteriormente, este órgano jurisdiccional realizó las gestiones necesarias a fin de que se completara el esquema de vacunación a la menor quejosa; por lo que se obtuvo que la fecha para la aplicación de la segunda dosis de vacunación sería el diecisiete de febrero de dos mil veintidós; lo cual así aconteció, al no haber manifestación alguna de la progenitora de la menor de iniciales V.P.C. Situación que se traduce en una plena prueba de confesión espontánea, que se toma como prueba plena que con la aplicación de la segunda dosis el esquema de vacunación de la menor quejosa fue completada con éxito y sin complicación alguna de acuerdo a los estándares de salud considerados para tal efecto; ello, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". En consecuencia, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior es así, ya que como se dijo, con las constancias allegadas en autos, a las cuales, se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, se advierte que el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado de México, informó que la primera dosis le fue aplicada a la menor quejosa el dieciocho de enero pasado; en tanto que la aplicación de la segunda dosis de vacunación se efectuó el diecisiete los cursantes, como se vio en párrafos que preceden. De ahí que, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS. Háganse las anotaciones respectivas. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa señalé como acto reclamado "la omisión de las autoridades señaladas como responsables de aplicar a mi menor hijo la vacuna BioNtech_Pfizer en sus dos dosis, contra el virus SARS-CoV2, la omisión de las autoridades responsables de señalar de manera inmediata y urgente el lugar, hora y fecha en que se aplicara la vacuna BioNtech-Pfizer a mi menor hijo, la omisión de las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus atribuciones de proteger y garantizar el derecho a la salud y a la vida de mi menor hijo al no aplicarle la vacuna BioNtech-Pfizer, todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que el quejoso no ha recibido la vacuna BioNtech-Pfizer, por tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida"; empero, este órgano de control constitucional considera que, tales omisiones, no le irrogan perjuicio alguno al menor amparista; ya que la causa de pedir de ésta última o la finalidad de este sumario, era que se aplicaran el esquema de vacunación completo, lo cual aconteció en las datas señaladas con anterioridad; de ahí que sea innecesario el estudio sobre esos temas, porque se encuentran implícitos en la cesación antes detallada. " NOTIFIQUESE

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