Ana Karen Ortiz Valdez

Expediente 1455/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1455/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Ana Karen Ortiz Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitido en la queja 228/2018, en la cual se determinó: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías en el juicio de amparo indirecto 1455/2018-II-C, promovido por Ana Karen Ortiz Valdez, en contra de los actos y por las autoridades precisadas en la resolución impugnada." Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental. Ahora, por no ser necesaria la conservación de las copias certificadas derivadas del presente juicio de amparo, destrúyanse las mismas.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por la impetrante y demás constancias, e informa que se admitió con el número 228/2018; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por el quejoso por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de septiembre de la presente anualidad. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito original de agravios y copia certificada del cuaderno principal. Háganse las anotaciones respectivas.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario Judicial adscrito, por medio del cual manifiesta la imposibilidad de notificar a la quejosa el proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, por las razones ahí expuestas. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa la citada determinación, así como la que se dicta, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, Tomo XXVII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2008, Novena Época, Materia Común, con número de registro 169843, que establece: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." EN ATENCION AL ACUERDO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese la comparecencia, por medio de la cual la quejosa, ratifica la firma que calza el escrito por el cual desahogó la prevención realizada en auto de veinte de los actuales. Por otra parte, intégrese el oficio que remite la autoridad que lo suscribe, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de veintiséis de septiembre último, remite copia certificada de constancias del expediente 630/2017 de su índice, del cual deriva el acto del cual se duele la impetrante de amparo, téngase por cumplido el requerimiento formulado a la oficiante. Ahora bien, en atención al contenido de las constancias remitidas por la oficiante, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que los actos reclamados por la solicitante de amparo se encuentran consentidos tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, en el precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, se establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Lo anterior es así, pues de los argumentos expresados por la quejosa en su demanda, se advierte que los actos combatidos en el presente sumario derivan del expediente familiar 630/2017, con motivo de la disolución del vínculo matrimonial entre la impetrante de amparo y Raúl Garduño Trinidad; situación que evidencia que la impetrante no se encuentra en los supuestos de excepción expresados en el párrafo que antecede. Para arribar a esa conclusión, es necesario precisar que la quejosa acude a esta vía constitucional, para reclamar la determinación de once de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 630/2017 del índice del Juzgado Octavo Familiar de Toluca , Estado de México, por medio de la cual se declaró la disolución del vínculo matrimonial entre la aquí quejosa y Raúl Garduño Trinidad, resolución que alude no le fue notificada, en virtud de que no asistió a la segunda audiencia de avenencia prevista para esa fecha. No obstante, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, se aprecia que se notificó a la impetrante, al menos desde el siete de noviembre de dos mil diecisiete, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la vista que les fuera concedida en el término de cinco días por el juez natural, para que conforme a los requisitos de una demanda, formularan pretensiones respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso en la disolución del vínculo y los demás que estimaran pertinentes Notificación que fue hecha de manera personal a la quejosa, la cual se identificó plenamente con documento oficial y firmó de recibido, precisamente el siete de noviembre de dos mil diecisiete, e incluso, presentó un escrito ante la responsable el catorce de ese mismo mes y año, en el que manifestó allanarse de las pretensiones formuladas por su ex cónyuge una vez que se disolvió el vínculo matrimonial y en relación al convenio propuesto por aquél. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos -conforme a la ley que rige el acto- la notificación de la resolución que combate, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. En consecuencia, en términos de tales actuaciones y artículos en cita, el plazo para combatir el auto reclamado de once de septiembre de dos mil diecisiete, transcurrió del nueve al treinta de noviembre de dos mil diecisiete, sin tomar en cuenta para dichos cómputos los días inhábiles, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, tomando como referencia la fecha en la cual la impetrante tuvo conocimiento de la disolución del vínculo matrimonial de que se duele, con motivo de la vista hecha por la autoridad responsable para que en el término de cinco días, formulara en forma de demanda, las pretensiones que considerara al respecto y que no fueron dilucidadas en la resolución de once de septiembre del mismo año. A modo de colorario, se precisa que el acto reclamado por la impetrante no se encuentra en los supuesto de excepción previstos por la ley de la materia, pues la determinación combatida fue emitida por una autoridad jurisdiccional dentro de un procedimiento familiar. De ahí que, al haberse presentado la demanda de amparo hasta el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, el plazo para su presentación ocurrió en exceso. Por tales motivos, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa.

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