Ana Laura Barraza Ramírez
Expediente 1212/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ana Laura Barraza Ramírez
- Ana Laura Barraza Ramírez y Otros.
- Antonio de Jesús Colín Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a las partes a efecto de formular manifestación en relación a la forma en que la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, conforme al apercibimiento realizado auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, se procede a calificarlo. Por sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, al analizar el acto reclamado, el suscrito consideró que la responsable fue omisa en establecer por qué estimó que los agravios hechos valer por la aquí quejosa en el recurso de revocación interpuesto, no resultaron suficientes, y que debió analizar la totalidad de los agravios planteados, para expresar razones congruentes que se adecuaran a la hipótesis legal al caso concreto, expresando los argumentos con los cuales estableciera por qué no resultaban fundadas las manifestaciones de la aquí quejosa en torno a la violación al interés superior del niño, o respecto a las manifestaciones de que el demandado se encuentra evadiendo sus obligaciones alimentarias, o por qué se consideró suficiente hasta ese momento la información allegada, así como el motivo por el que resolvió en un auto posterior respecto de la pensión provisional, es decir, porqué consideró correcto hacerlo, no obstante que ya había transcurrido la audiencia inicial, y por qué no consideró necesaria la aplicación de la perspectiva de género o el principio de vida digna y decorosa y nivel de vida adecuado al momento de dictar el auto reclamado, o bien, si los tomó en cuenta y con qué alcance; cuestiones de inconformidad que la recurrente fue clara en expresar en el escrito de agravios. Por ello, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México: "1. Deje insubsistente la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 273/2022 de su índice; y, 2. Dicte otra, en la que considerando lo precisado en esta sentencia, y una vez subsanados los vicios formales advertidos en la misma, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que de ello derive conforme a derecho." Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se declaró que la sentencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para que acatara en sus términos la ejecutoria de amparo. Luego, por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, se recibió el oficio 1047/2023, al cual se adjuntó copia certificada del auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, del cual se advierte que la responsable dejó insubsistente la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente de origen. Asimismo, por auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, se recibió el oficio 1147/2023, al cual, la responsable adjuntó copia certificada de la sentencia interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintitrés, por la cual, el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en contra del auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, analizando cada uno de los agravios hechos valer por la recurrente, en su escrito respectivo, de la siguiente manera: A. Respecto del agravio marcado con el inciso a), consistente en "al sustituir la pensión alimenticia provisional ésta disminuye considerablemente, lo que es violatorio del interés superior del niño"; el Juez responsable determinó injustificado dicho agravio, tomando en consideración que si bien es cierto que el monto de la pensión alimenticia modificada se redujo considerablemente, en primer lugar, la recurrente no justificó con prueba alguna cuál es la afectación que aduce, es decir, no precisó si tal reducción pone en riesgo la integridad, salud o desarrollo de su hijo, pues únicamente se limitó a manifestar que la resolución impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones legales y principios de derecho, sin que haya precisado un razonamiento lógico jurídico que permita advertir la afectación de esa reducción, dado que no demostró a cuánto ascienden las necesidades alimentarias de su hijo, a efecto de verificar la proporcionalidad de dicha suma, de ahí que al no contar con esos elementos, la responsable ponderó las posibilidades económicas de cada uno de los progenitores y la necesidad alimentaria para establecer el monto por concepto de pensión alimenticia, conforme a los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y protección de la familia. Además, precisó que si bien es cierto que toda contienda judicial en que estén involucrados derechos de menores de edad debe resolverse atendiendo al interés superior del niño, también lo es que ello no implica que deba prescindirse de escuchar a sus deudores alimentarios a fin de establecer el monto a pagar por concepto de pensión alimenticia, dado que dejaría de cumplirse con las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso del deudor. De ahí que tal principio tiene el propósito de evitar situaciones que pongan en riesgo el sano desarrollo de la niñez y el respecto a su dignidad humana, lo cual debe guardar equilibrio en relación con el derecho de audiencia y defensa del obligado alimentario, por lo que el ajuste en el monto de la pensión, atendiendo a un cambio de circunstancias, como lo es que se conozca la fuente laboral del demandado, no puede considerarse como una violación al interés superior del menor. B. En cuanto al agravio apuntando en el inciso b), relativo a que "de forma arbitraria se sustituye la pensión alimenticia provisional sin argumentos lógico jurídicos y sin tomar en cuenta las necesidades del niño"; el Juez responsable estimó injustificado dicho argumento, bajo el razonamiento de que las simples manifestaciones de inconformidad alegando un conducta arbitraria y dolosa del juzgador, sin precisar porqué estima que actúa de esa forma y sin impugnar los argumentos lógicos de la resolución recurrida, son aseveraciones subjetivas que carecen de sustento alguno, ya que en el auto recurrido sí se establecieron las razones lógico-jurídicas para la modificación de la pensión alimenticia provisional, reiterando que por solicitud del deudor alimentario se acordó de conformidad la modificación de la pensión alimenticia provisional, previa verificación de las percepciones de éste, información que se obtuvo con motivo de la investigación del monto de sus ingresos, de ahí que señaló que su actuar no fue arbitrario ni doloso, sino que fue una resolución recaída a una petición por escrito de una de las partes involucradas en la controversia, ajustada a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. C. Atinente al agravio c), que la parte quejosa hizo consistir en que no se toma en cuenta el hecho de que la persona moral para quien dice trabajar el demandado, no se encuentra legalmente constituida y fue creada únicamente para que el demandado evada su obligación alimentaria; y que el demandado no probó fehacientemente sus ingresos en la audiencia inicial, ni comprobó con documento o recibo de pago salarial que se encuentre trabajando en el lugar donde menciona, sin que se diera vista a la quejosa para desvirtuar su dicho; la autoridad responsable lo consideró injustificado, argumentando que esas manifestaciones subjetivas carecen de sustento alguno dado que si bien es cierto que en la etapa de revisión de medidas provisionales de la audiencia inicial, se confirmaron las medidas dictadas en autos, al considerarse que en ese momento no existían elementos suficientes para lo modificación de las mismas, también es cierto que se ordenó girar oficio al jefe directo del demandado, para que informara a cuento ascendían las percepciones que percibe tercero interesado, y se precisó en la propia audiencia, que una vez que se contara con esa información, se acordaría lo procedente respecto a la modificación solicitada por el demandado, sobre la medida provisional. Asimismo, señaló que el empleador del demandado no es una persona moral, pues éste es Israel Orlando González González, es decir, una persona física, con Registro Federal de Contribuyentes; de ahí que no se trata de una persona moral creada únicamente para que el demandado evada su obligación alimentaria, argumentando que incluso de autos se advierten diversos comprobantes fiscales digitales de los recibos de nómina del obligado alimentario, con sello digital del emisor, del SAT y cadena original del complemento de certificación digital del SAT, de los que se desprende que el empleador es una persona física, que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes activo ante la autoridad fiscal y cuenta con registro patronal. D. En relación al agravio referente a que previo a modificar la pensión, debió allegarse de los medios necesarios girando oficios a diversas instituciones a fin de corroborar que la empresa se encuentra debidamente constituida y que el actor labora ahí, la responsable igualmente lo estimó injustificado, refiriendo que en audiencia inicial giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que requiriera a las instituciones bancarias que informaran si sus bases de datos arrojan información sobre cuentas bancarias a nombre las partes del juicio, y de ser así que remitieran los estados de cuenta respectivos, además que giró oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado e Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y Servicio de Administración Tributaria (SAT) Administración Desconcentrada de Servicio al Contribuyente México "2", para que informen si las partes se encuentran dadas de alta en dichas instituciones y de ser así informaran a cuánto ascienden sus ingresos; a fin de poder establecer el monto por concepto de pensión alimenticia definitiva. En la inteligencia que señaló que atendiendo a la naturaleza de las medidas provisionales que tienen como finalidad evitar que se provoque una afectación a los derechos de las partes hasta que se emita la sentencia definitiva, para su emisión los Tribunales gozan de discrecionalidad para considerar cada caso en particular, y que, aunque los alimentos deben atender a la capacidad económica de quien los da y a las necesidades de quien los solicita, la pensión provisional es una medida urgente, que no requiere el acreditamiento pleno de lo anterior para fijarla, de modo que si existen datos suficientes para ello, de todas formas debe decretarse, atendiendo a la información con que se cuente, en la inteligencia que ésta puede ser modificada en cualquier momento, de acuerdo a las circunstancias que prevalezcan. E. En relación al agravio e) consistente en que la medida provisional ya había sido debatida en audiencia inicial y sólo en esa etapa es posible su modificación, o bien, hasta la sentencia definitiva; la responsable señaló que era injustificado su argumento, porque si bien es cierto que en la etapa de revisión de medidas provisionales de la audiencia inicial, se confirmaron las medidas dictadas en autos al considerarse que en ese momento no existían elementos suficientes para la modificación de las mismas, también lo es que giraron los oficios para allegarse de la información relativa a las percepciones del deudor alimentario, e incluso se precisó que una vez que se contara con dicha información se acordaría sobre la modificación a la pensión provisional, solicitada por el demandado, la cual puede ajustarse en cualquier momento, de acuerdo a las circunstancias que prevalezcan, de modo que si el deudor alimentario demuestra su imposibilidad para el monto fijado éste puede modificarse. F. En cuanto al agravio f), referente a que se disminuye la pensión con argumentos falsos y documentos manipulados en beneficio del demandado, los cuales no fueron ofrecidos en términos de ley, la autoridad responsable de la misma manera lo estimó infundado, refiriendo que son manifestaciones subjetivas y sin sustento que derivan de una premisa errónea, dado que el demandado aseveró laborar para Israel Orlando González González, y percibir un salario por el desempeño de su trabajo, y proporcionó el domicilio de su empleador quien rindió el informe respectivo, lo que corroboró con los datos de prueba recabados para determinar el monto de la pensión, como lo son los comprobantes fiscales digitales de que obran en el juicio, de los recibos de nómina con sello digital del emisor y del SAT. G. En lo atinente al argumento de la quejosa, de que al sustituir la pensión alimenticia la responsable no lo hizo con perspectiva de género, ni bajo el principio de vida digna y decorosa y al derecho de los niños a un nivel de vida adecuado, privando al niño de la vida que está acostumbrado a vivir; la responsable igualmente lo estimó infundado, bajo el argumento de que modificación de la pensión corresponde a una medida cautelar que sólo busca garantizar la subsistencia del acreedor mientras se decide en definitiva si procede establecer una pensión alimenticia definitiva, y en su caso su quantum, dado que se trata de una medida cautelar cuya finalidad no es volverse inmutable, sino que puede ser modificada en cualquier momento, de acuerdo a las circunstancias que prevalezcan, dado que se basa en principios de flexibilidad o mutabilidad y la audiencia, y que en todo caso, será al resolver sobre la pensión alimenticia definitiva cuando se tengan que analizar de manera integral y exhaustiva las pruebas aportadas por las partes, y las recabadas oficiosamente por el tribunal para determinar la procedencia y el monto de la misma, además que para una pensión provisional se requiere acreditar, aun de manera presuntiva, a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario, no el nivel de vida del acreedor, particularmente lo referente a una vida digna y decorosa y al derecho de los niños a un nivel de vida adecuado, pues ello constituye un elemento de la pensión definitiva, precisando que ello no implica privar al niño del nivel de vida que está acostumbrado a vivir, dado que la propia actora expuso en que es ella quien siempre ha brindado a su hijo las atenciones, crianza, cuidado y cubierto todas las necesidades de su hijo, ya que el demandado se deslindó de todas sus obligaciones alimentarias, de ahí que estimó incongruente que la recurrente reclame mantener el nivel de vida al que el menor está acostumbrado a vivir. Además, expuso que 'la perspectiva de género" que refiere la quejosa, es inaplicable respecto de la modificación de la medida provisional de alimentos en favor de su menor hijo, puesto que éste criterio debe utilizarse cuando el Juzgador advierta la existencia de relaciones asimétricas de poder, violencia, vulnerabilidad, o bien, de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, el género o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas, involucradas en la controversia, lo cual señaló que no aprecia en el caso, dado que la prestación fue solicitada únicamente para el menor, aunado a que dicha perspectiva no sólo debe observarse en beneficio de la mujer. Con lo anterior se advierte que la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción, estableció los motivos por los que estimó que los agravios hechos valer por la aquí quejosa en el recurso de revocación interpuesto, no resultaron suficientes para revocar el acuerdo recurrido, pues analizó cada uno de los agravios planteados y expuso las razones por las cuales estimó que no resultaban fundadas las manifestaciones de la aquí quejosa en torno a la violación al interés superior del niño, o respecto a las manifestaciones de que el demandado se encuentra evadiendo sus obligaciones alimentarias, o por qué consideró suficiente hasta ese momento la información allegada, así como el motivo por el que resolvió en un auto posterior respecto de la pensión provisional no obstante que ya había transcurrido la audiencia inicial, y por qué no consideró necesaria la aplicación de la perspectiva de género o el principio de vida digna y decorosa y nivel de vida adecuado al momento de dictar el auto reclamado, alegado por la quejosa en su recurso y resolvió lo conducente. Así, del examen de las documentales en cita, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que se atendieron en sus términos los efectos esenciales del fallo protector. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones formuladas por el Asesor Jurídico Federal representante especial de la infante quejosa de identidad reguardada de iniciales L.F.C.B., toda vez que únicamente refiere que la autoridad responsable no analizó de ninguna manera lo más favorable a los intereses de la menor involucrada, sin que haya expuesto los motivos y consideraciones en relación a sus manifestaciones. Además que, contrario a lo manifestado, el Juez responsable se pronunció en relación a los intereses del menor involucrado con plenitud de jurisdicción, estudiando cada uno de los agravios esgrimidos por la parte quejosa, tal como se expuso con anterioridad. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos; por tanto, una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Finalmente, devuélvanse al Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, las constancias que adjuntó al momento de rendir su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el representante especial de la infante quejosa ***, por medio del cual, en atención a la vista otorgada el diez de los cursantes, realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la sentencia de amparo; atento a ello, dígase al promovente que dichas manifestaciones serán valoradas al momento de calificar el cumplimiento. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior y con la diversa promoción con número de registro interno 2875, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio singado por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por medio del cual informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y solicita una prórroga a efecto de dar total cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede la prórroga solicitada por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le realice. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de los cursantes, para el caso de incumplimiento. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa y tercera interesada.
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