Ana Karen Martínez Talavera
Expediente 588/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ana Karen Martínez Talavera
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción signada por ******************** en su carácter de apoderado de las quejosas ********************, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la legislación citada, con excepción de las que tengan el carácter de confidencial o reservada para dicha parte, expídase la copia solicitada, previa razón de recibo. En la inteligencia que, deberá comunicarse con el personal del Juzgado al teléfono 53870500 extensión 1235, a fin de acordar un día y hora de entrega de dichas copias, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 13:45 P.M.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la Agenda OJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Vista la demanda de cuenta promovida por Felipe ... en su carácter de apoderado legal de Ana Karen ... y Vanessa ... personalidad que acredita con la carta poder que anexa a su demanda, se ordena registrar la demanda bajo el número 588/2021-III. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: - El acuerdo de fecha siete de junio de dos mil veintiuno, que recae al escrito de pruebas ofrecido por el actor Alexis Santiago Martínez dentro del Juicio Ordinario Civil (reivindicatorio), promovido en contra de María del Rosario Talavera Reyes, Ana Karen Martínez Talavera y Vanessa Martínez Talavera con número de expediente 158/2021 y en que admite las documentales marcadas con los numerales 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. DESECHAMIENTO Al respecto, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario. Dichos numerales disponen que el amparo procede en la vía indirecta contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de ahí que para dilucidar en qué vía se puede reclamar una violación cometida en el curso del juicio de origen, habrá de distinguirse si tiene o no efectos de imposible reparación sobre las personas o las cosas. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/921 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, como se anticipó, la parte quejosa reclama acuerdo de fecha siete de junio de dos mil veintiuno, que recae al escrito de pruebas ofrecido por el actor Alexis Santiago Martínez dentro del Juicio Ordinario Civil (reivindicatorio), promovido en contra de María del Rosario Talavera Reyes, Ana Karen Martínez Talavera y Vanessa Martínez Talavera con número de expediente 158/2021 y en que admite las documentales marcadas con los numerales 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En ese sentido, se considera que en este caso no se ocasiona a las gobernadas una afectación de imposible reparación, ya que la transgresión reclamada no implica la privación de la vida, de la integridad personal, de la libertad o de la propiedad; por el contrario, tal cuestión, dada su naturaleza, trastoca únicamente derechos adjetivos o procesales, pues la actuación combatida implica la admisión de diversas documentales en el expediente primigenio; de ahí que el acto reclamado no encuadra en las hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo para ser examinado aisladamente en el juicio biinstancial. Aunado a lo anterior, las violaciones de que se duelen las quejosas pueden quedar insubsistentes, ya que todavía existe la posibilidad de que obtengan una sentencia favorable en el juicio de origen, situación ante la cual las consecuencias del alegado perjuicio se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en su esfera jurídica. Empero, en el supuesto de que las promoventes no obtengan sentencia favorable, podrán hacer valer la transgresión manifestada como violación procesal en los agravios en el recurso correspondiente o en última instancia puede ser combatida mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promuevan contra la sentencia definitiva que se emita, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Federal, 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se reflejaría la trascendencia de la violación procesal. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que reza: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, éste último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autorizan a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Por otra parte, en términos de la fracción XIX, del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus Covid-19, téngase como correo electrónico, el que indica a fin de que este Juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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