Ana Karina Moguel Ortega
Expediente 2143/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2143/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ana Karina Moguel Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a las responsables, debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste, deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito suscrito por Ana Karina Moguel Ortega, en representación de sus menores hijos de iniciales A.P.O.M. y A.C.O.M., por medio del cual informa que los aludidos menores quejosos, ya fueron inoculados con la dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Sentado lo anterior, es menester traer a colación que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto que la parte impetrante reclamó, medularmente lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de inocular a los menores quejosos, con las dos dosis de la vacuna antes referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena época que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en lo anterior y en virtud de que del ocurso de mérito la madre de los menores quejosos señala que han sido inoculados con las dos dosis de la vacuna Pfizer, en consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la promovente reclama la omisión de las autoridades responsables, de inocular a los menores quejosos, con las dos dosis de la vacuna Pfizer - BioNTech. Ahora bien, de las propias manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad por el madre de los menores quejosos, se desprende que los menores quejosos ya fueron inoculados con la dosis de la invocada vacuna, lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberle sido aplicada a la menor quejosa, las dos dosis de la vacuna en cuestión, han cesado los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende, como hecho notorio, que en el incidente de suspensión que deriva de este expediente principal, por interlocutoria de nueve de diciembre actual, se otorgó la suspensión definitiva a los menores quejosos A.P.O.M. y A.C.O.M., a efecto de que las responsables, previa valoración médica, señalaran hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech a dichas menores, con sus dos dosis. En esa virtud, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, bajo protesta de decir verdad, indique si los menores quejosos ya han sido inoculados con la vacuna de marras y, en caso afirmativo, precise lugar y fecha. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Incidental
Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán, mediante el cual, en cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada dictada en autos, informa que por oficio 151.710.2306.2021, solicitó al doctor Carlos Gómez Montes de Oca, Coordinador del Operativo de Vacunación en el Estado de Yucatán, establecer lo conducente para proceder a la vacunación del menor quejoso; de lo que se toma conocimiento, y se tiene a dicha autoridad informando las gestiones para dar cumplimiento a la medida cautelar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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