Ana Ivonne Vivas Gomez

Expediente 1150/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1150/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Ana Ivonne Vivas Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia definitiva, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó la citada sentencia a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no les causa perjuicio alguno, si no únicamente a la directa quejosa, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que, en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo indirecto 1150/2021, promovido por ANA IVONNE VIVAS GÓMEZ, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad legal, contra el acto que reclama del Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán y de otras autoridades, por violación al artículos 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 y 22 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por demanda de amparo presentada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, Ana Ivonne Vivas Gómez por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, promovió juicio de amparo indirecto del que correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado en el expediente 982/2021, quien en virtud de la diversidad de actos reclamados, procedió a la separación de juicios. Así, el veintidós de junio del año en curso, fue turnada a este Juzgado Federal, copia certificada de la demanda promovida por la citada Ana Ivonne Vivas Gómez contra el acto que reclamó del Jefe del Departamento de Mercados y Vigilancia de Espacios Públicos y Comercio, del Director de Espacios Públicos y el Director de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad, todos del Municipio de Valladolid, Yucatán; consistente en el despojo del espacio laboral del que la parte quejosa aduce ser objeto. SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; y, se solicitaron a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, todo lo cual se hizo en sus términos. Posteriormente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse en el presente asunto un acto emitido por una autoridad judicial, que pretende ejecutarse en, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. De manera, que el acto reclamado de las autoridades responsables consiste en el despojo del espacio laboral que la quejosa adujo ocupar en los alrededores del Cenote Zací, donde se dedica a la fabricación y venta de productos artesanales, en la localidad de Valladolid, Yucatán. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables, pues aun cuando negaron su existencia al rendir sus respectivos informes justificados, lo cierto es que realizaron manifestaciones que desvirtúan esa negativa, pues informaron que por virtud de las remodelaciones sobre el Parador Turístico Cenote Zací, las personas que cuentan con un espacio fueron provisionalmente reubicadas hasta la finalización del proyecto. Circunstancia que además se corrobora con las constancias que remitieron al rendir su informe justificado, de donde se obtiene que con motivo del proyecto de remodelación, se ordenó la desocupación física de los locatarios del área de que se trata; documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO. Las causas de improcedencia que aparezcan en el juicio, que la suscrita advierta o que se hagan valer por las partes, deben examinarse preferentemente por ser de orden público, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y además, con sustento en la jurisprudencia J/55, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no demostró su interés jurídico para instar la protección constitucional. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." Atento a lo anterior, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve la acción constitucional, sólo se puede actualizar en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. A fin de explicar la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso mencionar que la parte quejosa acude a reclamar el despojo del espacio laboral en los alrededores del área turística del Cenote Zací; por lo que se estima necesario verificar si se encuentra demostrada la titularidad del derecho que aduce tener (interés jurídico), a efecto de establecer si los actos que reclama le pueden ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos. Ahora bien, respecto a la condición de la parte quejosa con relación al local materia de la litis, para determinar si el acto que reclama le puede ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos, debe decirse que pesa sobre ella la carga de probar de manera plena dentro de la presente instancia constitucional, la titularidad de ese derecho. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la Jurisprudencia 1/2002, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". En este orden de ideas, se afirma que en la especie se actualiza la apuntada causa de improcedencia, ya que la aquí quejosa no aportó medio de convicción alguno para acreditar fehacientemente el derecho sobre el bien en cuestión, pues se limitó a afirmar que ocupaba un local en los espacios del parador turístico, pero sin exhibir concesión, permiso o licencia al ampro del cual posee dicho espacio que acude a defender a esta instancia. No pasa inadvertido para quien esto resuelve que la quejosa, en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó ocupar dicho local desde administraciones pasadas; sin embargo, esa manifestación en modo alguno trae como consecuencia que se tenga por acreditado su interés jurídico, porque para considerarlo así era necesario que hubiese aportado diversos medios de prueba de fecha cierta que fehacientemente demostraran dicha titularidad previa al acto reclamado, lo cual se insiste, no aconteció. Resulta aplicable a lo anterior el criterio sustentando por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 324, consultable en la página 218, Tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". En esa tesitura, al no haber justificado la aquí quejosa que efectivamente cuenta con algún permiso, licencia o concesión que le otorgue la titularidad del derecho que aduce transgredido, ello trae como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto a dicho acto reclamado. Amén de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales, ha sostenido, que para que se pueda tener por acreditado el interés jurídico del quejoso en el juicio de amparo, éste debe acreditar fehacientemente que el acto que reclama trasciende a su esfera jurídica, tendiendo el impetrante de amparo la obligación de demostrar dicha circunstancia, ya que ésta no puede inferirse a base de presunciones. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la causa de improcedencia que se actualizó. Resultan aplicables al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Por lo expuesto y considerado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ana Ivonne Vivas Gómez, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad legal, contra los actos que reclamó del Jefe del Departamento de Mercados y Vigilancia de Espacios Públicos y Comercio, del Director de Espacios Públicos y el Director de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad, todos del Municipio de Valladolid, Yucatán; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que se encuentra pendiente proveer sobre la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa y reservada en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de las autoridades responsables, circunstancias que han acontecido; en consecuencia, se acuerda: En principio, importa destacar que el acto que reclama la parte quejosa materia de este juicio, consiste en el despojo ilegal y arbitrario de su centro de trabajo ubicado en el referido cenote, del que aduce ser objeto. Para acreditar su dicho, la justiciable ofreció la prueba de inspección judicial, sin embargo, de los puntos propuestos para su desahogo así como de las constancias que obran en el sumariose advierte que esta probanza no resulta idónea para demostrar la existencia de dicho acto o su ilegalidad, habida cuenta de que los puntos uno al once y trece que propone se encuentran dirigidos a evidenciar las condiciones en las que se encuentra dicho cenote y las obras que se están ejecutando en éste, lo cual se estima relacionado con los diversos actos reclamados en la demanda y que no son materia de este juicio, siendo el punto doce el único que podría tener relación con el acto que aquí se reclama, relativo a demostrar si los quejosos se encuentran laborando y exponiendo sus artesanías a los alrededores del cenote, empero, del informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Mercados y Vigilancia de Espacios Públicos con Fines de Comercio del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, así como de las constancias que adjuntó al mismo, se advierte que derivado de las remodelaciones al Parador Turístico "Cenote Zaci", se acordó la creación de espacios provisionales para las personas que cuentan con un espacio en dicho parador, hasta en tanto concluyan tales trabajos, para que continúen prestando sus servicios públicos de comercio. Por tal motivo, esta juzgadora estima que si la prueba de inspección judicial tiene como única finalidad, al tenor de los puntos propuestos para su desahogo, que se comprueben las condiciones en las que se encuentra dicho cenote y las obras que se están ejecutando, así como si la quejosa se encuentran laborando y exponiendo sus artesanías a los alrededores, tal probanza resulta innecesaria para demostrarlo, habida cuenta de que la autoridad responsable ha justificado la existencia del acto reclamado; por tanto, al no cumplir con el principio de idoneidad y utilidad, no ha lugar a tener por anunciada dicha prueba. Cobra actualidad a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 41/2001, sustentada por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Abril de 2001, visible a página 157, de la Novena Época, consultable con los datos siguientes: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, y nuevamente el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Mercados y Vigilancia de Espacios Públicos con Fines de Comercio por sí y por el Director de Espacios Públicos, ambos del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, al que adjuntó copia certificada de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término improrrogable de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si amplía su demanda de amparo respecto de las razones y actuaciones expuestas por la autoridad responsable, en cuanto a la creación de espacios provisionales para las personas que cuentan con un espacio en el Parador Turístico Cenote Zaci, hasta en tanto concluyan tales trabajos, para que continúen prestando sus servicios públicos de comercio. Con el apercibimiento, que de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido, se continuará con el procedimiento del presente juicio de amparo únicamente contra el acto señalado en el escrito inicial de demanda, y respecto del cual correspondió conocer a esta juzgadora. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Jefe del Departamento de Mercados y Vigilancia de Espacios Públicos con Fines de Comercio por sí y por el Director de Espacios Públicos, ambos del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Valladolid, Yucatán, con sede en Valladolid, Yucatán; mediante el cual rinde su informe justificado, sin que haya necesidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que en proveído de veintidós de julio del año en curso se tuvo por rendido el mismo en el presente asunto.

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