Ana Karen Rodríguez Hernández
Expediente 1186/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1186/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana Karen Rodríguez Hernández
Actuaciones
- Incidental
Visto el estado de los autos se advierte que la autoridad responsable no ha rendido su informe previo, ni obra en el sumario el acuse de recibo del oficio mediante el cual se le solicitó. En razón de lo anterior, y tomando en consideración que el órgano jurisdiccional señalado como autoridad responsable se encuentran gozando de su periodo vacacional, no es posible celebrar la audiencia incidental programada para esta fecha, por lo que se difiere para las nueve horas con treinta y cinco minutos del siete de enero de dos mil veinte, para su desahogo.
- Principal
A sus autos el escrito por el que la quejosa *********** , por el cual atiende la prevención de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para lo cual manifiesta que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad ha sido omisa en acordar la promoción de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Intervención de fiscal adscrito. Dese la intervención que corresponda a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Solicitud de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberá hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, debe tomar en consideración el artículo 17 constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida, que de no hacerlo dentro del plazo concedido se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien veces, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia constitucional en este juicio. Causales de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Emplazamiento. Se reserva ordenar el emplazamiento a los terceros interesados, hasta en tanto obre el informe justificado de la autoridad responsable. Pruebas. En términos de lo dispuesto por el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, exhibidas y se admiten las pruebas documentales que anexó a su escrito de demanda, así como la presuncional y la instrumental de actuaciones. Pronunciamiento de incidente de suspensión. Por duplicado y por cuerda separada, tramítese el incidente de suspensión respectivo. Domicilio y autorizados. Se le tiene autorizando en términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, a *********** , toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a *********** , *********** , *********** , *********** y *********** por no encontrarse en dicho supuesto. Se tienen igualmente como autorizados en términos restringidos a las demás personas que menciona por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Finalmente, respecto a la solicitud de que se le permita a ella y a sus autorizados a tomar fotografías de las actuaciones del presente juicio, se acuerda de conformidad, previa identificación y razón que se deje en autos de ello; en virtud de la circular *** emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sirve igualmente de sustento, el criterio con número de registro 2007298, décima época, sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, agosto de 2014, Tomo III, que es del tenor siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)."
- Incidental
Solicitud de informes previos. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, de conformidad con lo establecido en el numeral 138 fracción III, de la ley de la materia para cuyo efecto remítasele copia simple de la demanda de amparo, en la inteligencia de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a cien días, en términos de los artículos 117 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Aunado a que, con apego en el numeral 142 de la Ley de la materia, la falta de su informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Audiencia incidental. Se fijan las nueve horas treinta y cinco minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia de este incidente. Pruebas. En términos de lo dispuesto por el numeral 143 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, exhibidas y se admiten las pruebas documentales que anexó a su escrito de demanda. Previo cotejo de las documentales respectivas, agréguense a los presentes cuadernos incidentales. Materia y efectos de la suspensión. A efecto de proveer respecto de la suspensión provisional, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en esta instancia constitucional es: La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de proveer respecto del incidente promovido en el juicio laboral ***, en el que solicitó la medida cautelar consistente en que se le brindara atención médica, prenatal, natal y posnatal de la aquí quejosa. De la demanda, se desprende: Que promovió un juicio laboral en donde demandó a ********** por despido injustificado. Que junto con la demanda principal promovió igualmente un incidente de aplicación de medidas cautelares a fin de que se le brindara atención medica toda vez que al momento del despido, la ahora quejosa se encontraba embarazada. La junta responsable radicó la demanda el catorce de octubre de dos mil diecinueve, sin que se pronunciara respecto al incidente hecho valer. El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la parte actora presentó una promoción en la que solicitó a la responsable la regularización del procedimiento, sin que a la fecha la responsable se haya pronunciado al respecto. Por tanto, se estima que en el caso se reúnen los requisitos previstos en el artículo 128 citado, toda vez que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa (fracción I); con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público (fracción II y artículo 129 de la Ley en cita); y además, de continuarse con la ejecución del acto cuestionado, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación (artículo 131). Acorde a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, del peligro en la demora y de la no afectación al interés social, a efecto de pronunciarse sobre la suspensión de actos como el aquí reclamado, se procede a estudiar dichos extremos. Como se desprende de los requisitos exigidos por el artículo 138 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, existe un presupuesto que debe observar el juzgador para decidir respecto del otorgamiento de la medida suspensional, el cual consiste en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en tener un conocimiento somero para llegar a una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho a cargo de la parte quejosa. Así se debe atender al examen de la naturaleza de la violación alegada, considerando sus características y su trascendencia para determinar la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado. El peligro en la demora no es otra cosa, sino el adoptar las medidas cautelares necesarias, a efecto de evitar que al solicitante del amparo, le sean causados daños irremediables en el bien jurídico que considera vulnerado. La correcta interpretación que debe darse al razonamiento señalado, consiste en que el juzgador debe analizar en su integridad el acto reclamado, así como todos los medios de convicción que hayan sido aportados por la parte quejosa, con objeto de determinar la aparente inconstitucionalidad del acto que se reclama y ponderar conjuntamente sobre ese tema, el peligro en la demora y la no afectación al interés social. Por tanto, son dos los extremos que hay que acreditar para obtener la medida cautelar: primero, la apariencia de un buen derecho y el peligro en la demora, así como el segundo, la no afectación al interés social. Se insiste, la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión infundada, temeraria y cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora, conlleva adoptar las medidas necesarias a efecto de que no se causen daños irreparables en el bien jurídico que se considera vulnerado; mientras que, la no afectación al interés social consiste en el no agravio al beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia, trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima el promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se afecte al interés social y orden público, lo que puede establecerse, en la especie, con las tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, publicada en la página 473, tomo XIII, marzo de 1994 en el Semanario Judicial de la Federación y la Jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en la página 16, tomo III, abril de 1996 del Semanario Judicial de la Federación cuyos rubros son: "SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS PROCEDE CONCEDERLA, SI EL JUZGADOR DE AMPARO SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, CONSIDERA QUE LOS ACTOS SON APARENTEMENTE INCONSTITUCIONALES" y "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO " Asimismo, el numeral 147, segundo párrafo, estatuye que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Del análisis a lo expuesto puede determinarse que, dada la naturaleza del acto reclamado, por el cual se solicita la suspensión, que consiste en la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de proveer respecto al incidente promovido en el juicio laboral ***, en el que solicitó la medida cautelar consistente en que se le brindara atención médica, prenatal, natal y posnatal de la aquí quejosa, puede causar, por sí misma, perjuicios de difícil o imposible reparación. No se soslaya que la omisión que se reclama se suscita en un procedimiento meramente jurisdiccional y la violación directa es relacionada con las garantías consagradas en el artículo 17; sin embargo, dada la naturaleza de la solicitud formulada, dicha omisión podría impactar de manera indirecta en otro derecho fundamental de mayor relevancia, como lo es, la protección a la salud, cuya vigilancia y cumplimiento abarca un espectro de amplitud obligatorio en sede jurisdiccional. Resulta orientador el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 2a. CVIII/2014 (10a.), visible en la página 1192, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007938, de epígrafe y contenido siguientes: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." En efecto, el derecho fundamental de acceso a la salud se ha concebido tradicionalmente como un derecho individual; sin embargo, la tendencia a la socialización del derecho le han dado a esta facultad una proyección y contenido social, porque se trata de lograr una justicia real y no solo formal. Por ello, el derecho de acceso a la salud se ha convertido en un verdadero derecho humano entendida esta como un valor social que debe ser realizado, con las cualidades ya indicadas. Así, al ser la salud un derecho fundamental de la máxima jerarquía, es evidente que la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de pronunciarse respecto de la medida cautelar de atención médica planteada por la quejosa en su demanda laboral pudiera acarrear, aunque de manera indirecta, una contravención al derecho fundamental a la salud que establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues se le priva del derecho a la protección de la salud y su pleno ejercicio, a que tiene derecho. Efectos de la suspensión. Por tanto, y en virtud de que se consideran satisfechos los requisitos previstos por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los artículos 127, 128 y 147 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y que de negarse dicha medida se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, se concede la suspensión provisional a **********, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, en un plazo no mayor a cinco días se pronuncie respecto de la medida cautelar promovida por la quejosa en la demanda laboral ***, en la que solicitó atención médica, prenatal, natal y posnatal. Sin que sea obstáculo a lo aquí señalado, que el acto reclamado sea de naturaleza omisiva, pues de continuar con el silencio respecto a la medida cautelar solicita, se atentaría, por lo menos de manera indirecta, contra el derecho a la salud. La suspensión provisional surte efectos desde luego, sin necesidad de otorgar fianza por no advertirse la existencia de terceros interesados que pudiesen verse afectados con la concesión y rige, como se dijo, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva del juicio del que deriva este incidente. Esta medida cautelar debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la autoridad responsable deberá informar de inmediato (veinticuatro horas después del vencimiento del plazo -cinco días- para cumplir con esta medida cautelar), el cumplimiento de la medida suspensional decretada en este proveído. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no remitir las constancias pertinentes con las que acredite el cumplimiento a la medida suspensional concedida, se les impondrá una multa de cien días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los dispuesto por el artículo 260, fracción IV de la Ley de Amparo y se procederá además en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 262, fracción III de la ley de la materia.
- Principal
Recepción y admisión de la demanda. A sus autos la demanda presentada por *********** , en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, fórmese el expediente físico y digital bajo el número ***. Prevención. Ahora, la quejosa en los antecedentes del acto que reclama, concretamente en el identificado como TERCERO, refiere: "TERCERO. En atención a la omisión realizado por la autoridad responsable, esta parte en fecha 21 de Octubre de 2019, ingresó ante la Oficialia de partes de la juzgadora de origen, una promoción simple, donde se solicitó que regularizara el procedimiento para que en el acuerdo de radicación se realizaran las manifestaciones necesarias respecto al incidente interpuesto por esta parte actora para solicitar la aplicación de medidas cautelares, respecto de la inscripción inmediata de esta quejosa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos referidos en el escrito incidental presentado ante la autoridad responsable en fecha 10 de octubre de 2019." Sin embargo, la quejosa es omisa en precisar lo acontecido con la promoción presentada, en tal virtud se le previene para que: Manifieste si la Junta responsable emitió algún pronunciamiento respecto a la promoción presentada el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, o ha sido omisa en ello. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, en relación con el diverso 114, fracción II de la Ley de Amparo, requerimiento que deberá desahogarse dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y deberán hacerlo bajo protesta de decir verdad. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por las personas que autorizan en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Además, de ser posible, deberán exhibir copias suficientes de su escrito de aclaratorio, para traslado a las partes; esto es, una para cada autoridad señalada como responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, una para cada tercero interesado y dos más para formar el cuaderno incidental. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la promovente el que índica en su escrito. Por otra parte, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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