Ana Isabel Pérez Galván

Expediente 511/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
511/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2016

Partes del expediente

  • Ana Isabel Pérez Galván

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de treinta y uno de marzo del año en curso, en que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, como se advierte de la certificación que antecede, que no obran documentos originales, debe decirse que en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista de la demanda de amparo presentada por ********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos ******., contra actos del Juez Oralidad Familiar del Partido Judicial de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 511/2016-I. En el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De lo transcrito se colige que el Juez de Distrito debe desechar de plano una demanda de garantías, cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que por "manifiesto", debe entenderse lo que se denota en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que lo "indudable", es cuando se tiene la plena convicción de la existencia de una determinada situación que no puede ponerse en duda por lo seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a cualquiera de esas dos promociones. Además de que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera el escrito de demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable causa de improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que están acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindieran las autoridades responsables, las pruebas, y los alegatos que las demás partes ofrezcan y hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar la causa de improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, resulta procedente analizar la causa de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página 95, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Así pues, en el presente asunto, después del análisis integro de la demanda de amparo y documentos que se le acompañaron, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación al diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". 5°. Son partes en el juicio de amparo: . I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.." Conforme al artículo 5 transcrito, el juicio iusfundamental sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Tal disposición implica, que la legitimación procesal para ocurrir a la instancia constitucional solo la tienen la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de los derechos consagrados en la Carta Magna. De manera que, si se atiende al principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, es posible advertir que responde a la naturaleza jurídica del propio juicio, como medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que justifica la actuación del órgano de control como medida excepcional, únicamente cuando se combatan actos de autoridad susceptibles de afectar de manera directa, real, objetiva y jurídica, los derechos de los gobernados solicitantes del amparo. Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia es la resolución dictada por el Juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Celaya, en el expediente familiar F-994/2016, en la que previo a admitir la demanda que la aquí quejosa presentó, le requieren para que dentro del término de tres días, exhiba las actas de nacimiento de sus menores hijos debidamente apostillada, así como una copia más de su ocurso de demanda, con el apercibimiento que de no cumplir con dicho requerimiento se desecharía. Respecto de esa clase de actos, esto es, apercibimientos que reflejan una consecuencia ante el incumplimiento, la Suprema Corte ha sido uniforme en considerar que, por sí, aun no causan perjuicio, sino que eventualmente sólo podrá producirlo el acto por el cual se haga efectivo el apercibimiento y, entretanto, solo puede considerarse como futuro y de realización incierta, pues está supeditado a su no acatamiento y a que se haga efectiva la sanción, lo cual bien puede no acontecer. Así se obtiene bajo una operación racional de analogía, de la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el volumen 66 Tercera Parte, página 55, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." De igual manera, se desprende de la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1304, del Tomo LI en materia común, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO. El apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el multado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente." También lo refleja el criterio de la misma Sala, visible en la página 19, del informe de 1937, cuyo contenido establece: "APERCIBIMIENTO. Como el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, el amparo es improcedente contra él." Luego, si el acto reclamado en este juicio, es únicamente por el que se formuló el apercibimiento, sin que obre constancia de que se haya hecho efectivo, entonces es factible subsumir esa conducta en la premisa fáctica, de tal manera que se obtiene como incontrovertida conclusión, que la conducta tildada de inconstitucional, no causa perjuicio real y directo -aún- a la promovente, sino que, se insiste, está condicionada a que la obligada cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado; en todo caso, es ahí cuando se ocasionará la afectación. Es cierto que los criterios transcritos no son obligatorios, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; sin embargo, no solo se citan -como se hace- a manera de argumento de autoridad, sino que con ellos es factible advertir la homogeneidad que ha permeado en esa interpretación. Finalmente, es destacable que el sentido del presente fallo no deja en estado de indefensión a la promovente, puesto que se encuentra expedito su derecho para impugnar el auto que, en su caso se dicte ante el incumplimiento, esto es, el que haga efectivo el apercibimiento de desechar su demanda. Así se sostiene, en tanto que la estrecha vinculación entre ambos proveídos, no implica que uno sea una consecuencia legal y necesaria del otro. Lo anterior fue considerado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2ª./J. 1/2013 (10ª), visible en el libro XVIII, tomo 2, página 1426, marzo de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN". En consecuencia, toda vez que quedó evidenciado que el acto aquí reclamado no causa una afectación personal ni directa a la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, del mismo ordenamiento legal, aplicados a contrario sensu. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de la quejosa que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Se tiene por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ****de esta ciudad.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Vista de la demanda de amparo presentada por ********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos ******., contra actos del Juez Oralidad Familiar del Partido Judicial de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 511/2016-I. En el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De lo transcrito se colige que el Juez de Distrito debe desechar de plano una demanda de garantías, cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que por "manifiesto", debe entenderse lo que se denota en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que lo "indudable", es cuando se tiene la plena convicción de la existencia de una determinada situación que no puede ponerse en duda por lo seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a cualquiera de esas dos promociones. Además de que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera el escrito de demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable causa de improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que están acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindieran las autoridades responsables, las pruebas, y los alegatos que las demás partes ofrezcan y hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar la causa de improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, resulta procedente analizar la causa de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página 95, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Así pues, en el presente asunto, después del análisis integro de la demanda de amparo y documentos que se le acompañaron, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación al diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". 5°. Son partes en el juicio de amparo: . I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.." Conforme al artículo 5 transcrito, el juicio iusfundamental sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Tal disposición implica, que la legitimación procesal para ocurrir a la instancia constitucional solo la tienen la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de los derechos consagrados en la Carta Magna. De manera que, si se atiende al principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, es posible advertir que responde a la naturaleza jurídica del propio juicio, como medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que justifica la actuación del órgano de control como medida excepcional, únicamente cuando se combatan actos de autoridad susceptibles de afectar de manera directa, real, objetiva y jurídica, los derechos de los gobernados solicitantes del amparo. Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia es la resolución dictada por el Juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Celaya, en el expediente familiar F-994/2016, en la que previo a admitir la demanda que la aquí quejosa presentó, le requieren para que dentro del término de tres días, exhiba las actas de nacimiento de sus menores hijos debidamente apostillada, así como una copia más de su ocurso de demanda, con el apercibimiento que de no cumplir con dicho requerimiento se desecharía. Respecto de esa clase de actos, esto es, apercibimientos que reflejan una consecuencia ante el incumplimiento, la Suprema Corte ha sido uniforme en considerar que, por sí, aun no causan perjuicio, sino que eventualmente sólo podrá producirlo el acto por el cual se haga efectivo el apercibimiento y, entretanto, solo puede considerarse como futuro y de realización incierta, pues está supeditado a su no acatamiento y a que se haga efectiva la sanción, lo cual bien puede no acontecer. Así se obtiene bajo una operación racional de analogía, de la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el volumen 66 Tercera Parte, página 55, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." De igual manera, se desprende de la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1304, del Tomo LI en materia común, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO. El apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el multado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente." También lo refleja el criterio de la misma Sala, visible en la página 19, del informe de 1937, cuyo contenido establece: "APERCIBIMIENTO. Como el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, el amparo es improcedente contra él." Luego, si el acto reclamado en este juicio, es únicamente por el que se formuló el apercibimiento, sin que obre constancia de que se haya hecho efectivo, entonces es factible subsumir esa conducta en la premisa fáctica, de tal manera que se obtiene como incontrovertida conclusión, que la conducta tildada de inconstitucional, no causa perjuicio real y directo -aún- a la promovente, sino que, se insiste, está condicionada a que la obligada cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado; en todo caso, es ahí cuando se ocasionará la afectación. Es cierto que los criterios transcritos no son obligatorios, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; sin embargo, no solo se citan -como se hace- a manera de argumento de autoridad, sino que con ellos es factible advertir la homogeneidad que ha permeado en esa interpretación. Finalmente, es destacable que el sentido del presente fallo no deja en estado de indefensión a la promovente, puesto que se encuentra expedito su derecho para impugnar el auto que, en su caso se dicte ante el incumplimiento, esto es, el que haga efectivo el apercibimiento de desechar su demanda. Así se sostiene, en tanto que la estrecha vinculación entre ambos proveídos, no implica que uno sea una consecuencia legal y necesaria del otro. Lo anterior fue considerado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2ª./J. 1/2013 (10ª), visible en el libro XVIII, tomo 2, página 1426, marzo de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN". En consecuencia, toda vez que quedó evidenciado que el acto aquí reclamado no causa una afectación personal ni directa a la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, del mismo ordenamiento legal, aplicados a contrario sensu. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de la quejosa que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Se tiene por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ****de esta ciudad.

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