Ana Karen Hernández Fernández
Expediente 198/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ana Karen Hernández Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta, de la que se advierte que el seis de abril de dos mil veintidós, se le entregó a la quejosa ***, el billete de depósito: Mismo que se encontraba registrado en la caja de valores de este órgano jurisdiccional con el número 13/2020, en cumplimiento a lo acordado en proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y dese de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. .
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que transcurrió en su totalidad el término de noventa días otorgado a la parte quejosa, en proveído de doce de agosto de dos mil veinte, a efecto de que se presentará en el local de este juzgado a recoger los documentos exhibidos durante la substanciación del presente juicio de amparo; por tal motivo, se ordena sustraer de la caja de valores de este órgano jurisdiccional el sobre cerrado que contiene el contrato original de compraventa de quince de enero de dos mil catorce, y veintitrés pagares, y glosarlo al presente expediente para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió en su totalidad el término de seis meses que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión del acto reclamado, sin que se haya hecho efectiva en forma procedente; en tales circunstancias, se pone a disposición de la quejosa ---------, el billete de depósito -----, expedido a su favor por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos moneda nacional 00/100), para cuya devolución deberá endosarse debidamente a su favor, debiendo dejar en autos constancia de su recibo para los efectos legales a que haya lugar. Apercibida que de no recogerlo dentro del término de dos años, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se remitirá el mismo a la citada Tesorería de la Federación. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger el billete de depósito las documentales, conforme a los artículos 31 y 42 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan De igual manera, deberá comunicarse con el secretario encargado de este asunto Germán Jaén León, al número telefónico 5553870500, extensión 1384, con mínimo tres días de anticipación, previo a que acuda recoger dicho billete, para realizar las gestiones pertinentes para su entrega, debido a las restricciones de acceso al inmueble que ocupa este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
V I S T OS, para resolver el incidente de daños y perjuicios, a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, promovido por el tercero interesado ------------, en el juicio de amparo número 198/2020-V, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el tercero interesado -------------, promovió incidente de daños y perjuicios, a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo número 198/2020-V. SEGUNDO. Previo desahogo de prevención, mediante auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se dio trámite al incidente planteado y se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. TERCERO. En proveído de dos de octubre de dos mil veinte, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente incidente, atento a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo; así como el apartado cuarto, fracción II, del Acuerdo General 03/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve. SEGUNDO. El incidente fue presentado en tiempo, esto es, dentro de los seis meses que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, puesto que en fecha doce de agosto de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia, misma que fue notificada al tercero interesado por medio de lista el trece de agosto de dos mil veinte, surtiendo sus efectos al día hábil posterior, es decir, el catorce de agosto de dos mil veinte, por lo que el diecisiete de agosto de dos mil veinte, empezó a correr el término para interponer el presente incidente, y el tercero interesado presentó su demanda incidental el ocho de septiembre de dos mil veinte, siendo que el término para interponer el presente incidente fenecía el dieciocho de marzo de dos mil veinte. TERCERO. Para resolver el presente incidente, conviene traer a colación lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente". Asimismo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en este juicio, debe tenerse en consideración la jurisprudencia 1a./J. 80/20114, de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor 4 La Jurisprudencia 1a./J. 80/2011, con registro 161105, de la Primera Sala del Alto Tribunal, correspondiente a la Novena Época, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materias Común y Civil, Página 148. incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista." Criterio jurisprudencial del que se advierte que, para resolver qué extremos debe colmar el tercero interesado para ver acogida la pretensión del incidente en cuestión, el juez debe considerar, en primer término, en qué se sustenta aquélla, esto es, si se trata de una afectación por daños, o bien, de una afectación por perjuicios. Conceptos que son definidos por los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal, en los términos siguientes: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, es necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente fueron producidos, y en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. Por lo que, hace a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero interesado mencione un acto específico que fue frustrado ante la imposibilidad de la ejecución del acto reclamado, sino que basta con que realice una exposición razonada para explicar, con hechos creíbles, de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privada, y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haberse ejecutado el acto reclamado se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. En ese sentido, el actor incidentista tiene la carga de la prueba, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTICULO 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada XXVII.1 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, junio de dos mil dos, página seiscientos cuarenta y nueve, de rubro y texto siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE CON LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CARGA DE LA PRUEBA EN EL INCIDENTE RELATIVO. Del texto de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, se advierte que la garantía otorgada por la parte quejosa para obtener la suspensión del acto reclamado, responde por los posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a un tercero con motivo de la concesión de la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable; y que el que pretenda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de esa garantía, debe tramitar un incidente ante la autoridad que conoció de la suspensión, cuando la sentencia no sea favorable al accionante de amparo. Lo anterior, sin duda, pone de manifiesto que corresponde al promovente del incidente relativo la comprobación de los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión otorgada y, bajo ningún supuesto, es dable sostener que la carga probatoria debe arrojarse a la parte quejosa, ya que ésta no se encuentra en aptitud de determinar y cuantificar dichos conceptos. Además, al estar debidamente plasmados los requisitos de procedencia de dicho incidente, en los dispositivos mencionados con antelación, no puede válidamente hacerse uso de las reglas que rigen un juicio ordinario, pues la acción incidental del reclamo por daños y perjuicios deriva directamente de la suspensión otorgada en un juicio de garantías." En ese orden de ideas, la parte tercera interesada manifiesta lo siguiente: "3.- No obstante lo anterior, y a pesar de que el suscrito nunca fui llamado al juicio de amparo en mención, se me ocasionaron daños y perjuicios a pesar de haber sido concluido mediante el correspondiente sobreseimiento, en atención a que derivado de éste no se me ha puesto en posesión del inmueble materia del juicio primigenio, impidiéndome con ello disponer libremente del bien inmueble de mi propiedad materia del juicio ordinario civil, ya que a pesar de que el suscrito pude haber sido puesto en posesión del mismo desde el mes de marzo del año en curso, no fue así, en atención a que dicha quejosa tendiendo el pleno conocimiento de la falta de derecho para entablar la demanda de amparo interpuesta lo hace con la finalidad de impedir se me pusiera en posesión del inmueble de mi propiedad. Se han ocasionado diversos deterioros al inmueble, materia del presente juicio, tales como diversas modificaciones consistentes en demoliciones de bardas y techos, así como de jardines y pisos que han realizado diversas personas empleadas por los ahora quejosos, lo que ocasiona que el suscrito nuevamente al momento de ser restituido de la posesión, tenga que realizar y contratar los servicios arquitectónicos para reconstruir mi propiedad, toda vez que el inmueble han sufrido detrimentos tan graves que han perdido la utilidad principal. 5.- Los daños y perjuicios consistentes en las rentas que he dejado de percibir, derivado de la suspensión del acto reclamado que se peticionó por parte de los quejosos y derivado de ella se me impidió tomar posesión del inmueble desde el momento en que interpusieron sus respectivas demandas de amparo y se concedió dicha suspensión, y no he podido disponer del mismo, rentas que a la fecha ascienden mensualmente la cantidad de $298,570.53 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL). 6.- Razón de lo anterior y para el efecto de resarcir parte del daño que se me ha ocasionado con la tramitación de los amparos acumulados en el presente expediente, deberá entregarse al suscrito la cantidad de $42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) exhibida por la quejosa en el expediente materia del presente juicio de amparo." Como se aprecia, el tercero interesado refiere que se le ocasionaron daños y perjuicios porque a pesar de que lo pusieron en posesión del inmueble materia del juicio primigenio desde el mes de marzo del año en curso, no ha podido disponer del mismo, en razón de la demanda de amparo promovida por la quejosa. Que se le han ocasionado diversos deterioros al inmueble, materia del presente juicio, tales como diversas modificaciones consistentes en demoliciones de bardas y techos, así como de jardines y pisos que han realizado diversas personas empleadas por los ahora quejosos, por lo que tiene que realizar y contratar los servicios arquitectónicos para reconstruir su propiedad, toda vez que el inmueble ha sufrido detrimentos tan graves que ha perdido la utilidad principal. Asimismo, aduce que no ha podido percibir rentas que ascienden mensualmente la cantidad de $298,570.53 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL). No obstante lo anterior, el tercero interesado fue omiso en ofrecer medio de prueba idóneo para demostrar tales daños y perjuicios, pues intenta acreditar ello con una documental consistente en copia simple de avalúo emitido aparentemente por el ingeniero arquitecto ---------, practicado sobre la parcela 585 Z8 P 1/1, del ejido de ---------, Villa Nicolás Romero, Estado de México, emitido el siete de septiembre de dos mil dieciocho, con fecha de actualización uno de noviembre de dos mil diecinueve. Empero, dicha documental es ineficaz para demostrar su dicho, toda vez que se trata de copias simples, que no fueron adminiculadas con otros medios de prueba para crear convicción respecto a su contenido. En efecto, valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 2025, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las documentales exhibidas carecen de valor probatorio pleno pues tratándose de documentos en copia fotostática simple, los cuales, acorde con lo establecido en el diverso artículo 2176 de la legislación en cita, al no adminicularse con ningún otro medio de convicción, son insuficientes para generar convicción sobre su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a. 18 de la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 379, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Máxime que la probanza de marras debe ser valorada como una prueba documental y no como una pericial, pues para tenerse como ésta última era necesario que se cumpliera con las formalidades que la Ley de Amparo establecen para tal efecto, sin que se haya ofrecido en esos términos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.2o.C.77 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 482, de rubro y texto siguientes: 5 Artículo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 6 Artículo 217.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. "DICTAMEN PERICIAL OFRECIDO COMO DOCUMENTAL. FORMA DE VALORARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si una de las partes en un juicio ofrece como prueba documental un dictamen que se realizó con el propósito de hacer una determinación de los daños realizados en un inmueble, las causas que los originaron y el presupuesto de las reparaciones, aun cuando reúne las partes necesarias de que consta un peritaje, porque se efectuó con el objeto de ilustrar al juzgador sobre un hecho cuya existencia no puede ser demostrada ni apreciada sino por medio de conocimientos científicos, al haberse realizado extrajudicialmente adquiere el carácter de una documental privada, ya que la única forma que puede revestir la prueba pericial en nuestro sistema procesal, de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, es la denominada judicial, puesto que el artículo 333 del referido código establece que "La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de las primeras cuarenta y ocho horas del primer periodo de la dilación probatoria, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo ...", en tal virtud, si se ofreció un peritaje como documental privada y como tal fue admitida, es evidente que con ese carácter debió valorarse y al no hacerlo así, la autoridad responsable alteró las reglas procesales de valoración de pruebas." Además, del contenido de dicho documento se aprecia que los valores ahí determinados tenían una vigencia hasta el uno de noviembre de dos mil diecinueve, siendo que el incidente de mérito fue promovido el ocho de septiembre de dos mil veinte, por lo que aunque hubiera sido exhibido en original no tendría eficacia alguna. Por otra parte, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana no le benefician, pues de las constancias que obran en autos no se aprecia algún elemento de prueba para demostrar los daños y perjuicios que refiere el tercero interesado y, por cuanto hace a la presuncional legal y humana, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos, siendo que como se ha dicho, no se advierte medio de prueba que le beneficie al promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV, enero de 1995, página 291, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." De igual manera, tampoco le benefician los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, pues de los mismos solo se acredita el juicio ordinario civil (recisión de contrato) 465/2017, promovido por el tercero interesado Crisóforo Federico Baca González, en contra de Alfonso Samperio Rico, pero no los daños y perjuicios que refiere. Así las cosas, pese a que el tercero interesado tenía la carga de la prueba para demostrar los daños y perjuicios generados por la suspensión otorgada en el presente juicio de amparo, no ofreció medio de prueba idóneo para acreditarlo, siendo que el promovente tuvo la oportunidad para hacerlo, sin que le hubiere hecho. En esas circunstancias, al no haberse ofrecido medios de prueba para demostrar los daños y perjuicios causados al promovente, es inconcuso que la acción que intenta en modo alguno puede prosperar, de ahí que sea infundado el incidente a que hace referencia el artículo 156 de la Ley de Amparo, promovido por el tercero interesado Crisóforo Federico Baca González. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 66, 67 y 156, todos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara infundado el incidente para hacer efectiva la garantía otorgada por la suspensión, a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, promovido por el tercero interesado -------, por los motivos y fundamentos expuestos en el tercer considerando. Notifíquese por lista a las partes en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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