Ana Cecilia Parrilla Martínez

Expediente 490/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
490/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Ana Cecilia Parrilla Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veinte de octubre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------y -----------------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a, y 21, incisos a y c, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" En este sentido, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL, CONJUNTAMENTE CON LOS CUADERNOS INCIDENTALES, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo, aunado a que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifi´quese a las partes por lista, en los te´rminos que establece el arti´culo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo indirecto 490/2020-V, promovido por --------- y otros, por derecho propio, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades responsables y actos reclamados. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, hasta el veinte siguiente, por -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------,-----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------,-----------, -----------y -----------, por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: A las cuatro autoridades siguientes se les atribuye la creación y el contenido del acuerdo señalado en el apartado correspondiente del acto reclamado. ? Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; ? Secretario de la Defensa Nacional; ? Secretario de Marina; y, ? Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Por otro lado, a las dos autoridades subsecuentes se les atribuye un vicio propio de la publicación en el Diario Oficial de la Federación relativo a la omisión de señalar el número de publicación, vicio que se expondrá en el apartado de conceptos de violación. ? Director del Diario Oficial de la Federación; y, ? Secretaría de Gobernación. ACTO RECLAMADO: ? El Acuerdo por el que se dispone a la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa estimó que el acto reclamado violó en su perjuicio los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 21, 29, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Registro del juicio, admisión de la demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose en el Libro de Gobierno con el número 490/2020-V, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional inició conforme al acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el apartado cuarto, fracción II, del Acuerdo General 03/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II, número tres del citado Acuerdo General 3/2013; pues la parte quejosa reclama una norma que aduce tiene ejecución en todo el territorio nacional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se observa que el acto reclamado es el Acuerdo por el que se dispone a la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, así como su publicación y refrendo. TERCERO. Inexistencia de actos. La autoridad responsable: ? Secretaría de Gobernación. Al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos a ellas atribuidos, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. Máxime que del Acuerdo reclamado, no se advierte que dicha autoridad responsable hubiera participado en su refrendo, lo que hace patente la inexistencia del acto que se le reclama. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que hace a dicha autoridad. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Seguridad Ciudadana, al rendir sus informes con justificación, aceptaron la existencia de los actos a ellos reclamados, respectivamente. Por su parte, el Secretario de Marina fue omiso en rendir su informe justificado, y el Secretario de Defensa Nacional, así como el Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, negaron el acto que se les atribuye respectivamente; sin embargo, deben tenerse por ciertos los actos que se les reclaman, ya que constituye un hecho notorio que el acuerdo reclamado fue refrendado, entre otros Secretarios de Estado, por el Secretario de Marina y por el Secretario de Defensa Nacional, asimismo, dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte. Además, debe decirse que a existencia de los actos de naturaleza legislativa no se encuentra sujeta a prueba, pues basta que se publiquen en el medio de difusión local o federal que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y atento al criterio que informa la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de dieciséis de junio de dos mil y publicada en la página 260, tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta de rubro: "PPRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO. Causas de improcedencia fundadas. La procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio, antes de analizarse las cuestiones de fondo, de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo4. I. Actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos porque no les causan un agravio personal y directo. Así, las autoridades responsables, aducen que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos carecen de interés legítimo para impugnarlo. En el caso, el Decreto reclamado publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, establece lo siguiente: "ACUERDO: PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. TERCERO. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia. CUARTO. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. QUINTO. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda." Ahora bien, se impone destacar que de la fracción XII5 del artículo 61, en relación con la fracción I6 del numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo, se advierte 4 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 5 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; 6 Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio a quien promueve, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que genere la afectación. En ese sentido, como ya se dijo el acto reclamado consiste en el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte. Así, se precisa que el derecho a la seguridad pública guarda una clara interdependencia con la realización de otros derechos humanos y la afectación a ese derecho puede repercutir, aunque de manera diferenciada, en los habitantes del Estado mexicano. Sin embargo, la Constitución Federal no posibilita a cualquier individuo o colectividad para combatir cualquier acción u omisión del Estado que pueda resultar violatoria del referido derecho, sino que exige, al menos, una afectación cualificada, es decir, que se distinga del interés con el que cuenta el resto de la población respecto del mandato estatal de lograr la plena eficacia del referido derecho fundamental. Así, el derecho a la seguridad pública, como cualquier otro derecho fundamental, para ser exigible en la vía jurisdiccional, debe atenerse a las bases y lineamientos que establece la propia Constitución Federal para ello, que en el caso particular del juicio de amparo, conforme lo prevé el artículo 107, se traducen en que dicho medio de control de constitucionalidad se siga siempre "a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, es decir, dicho interés es el "concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo". Mientras que el interés legítimo "requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio", ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Esto es, el interés legítimo "implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica", ya sea actual o futuro pero cierto. De ahí que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, "requiere de un interés actual y real", no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Así, el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia de la República, determinó que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, "el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". Habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación". Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Por ello, mediante el interés legítimo se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal", y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, tal situación II.El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que aun cuando el interés legítimo se relaciona esencialmente con la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que "la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular". Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que "tal asociación no es absoluta e indefectible". Así, estimó posible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, "existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no solo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo". Incluso, acotó, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes catorce de noviembre de dos mil catorce, en la página 60, libro 12, tomo I, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).". Así, es dable colegir que la naturaleza especial del derecho a una seguridad pública adecuada, de manera alguna puede traducirse en una apertura absoluta para que, por cualquier presunta violación a dicha prerrogativa subjetiva pública, se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante. Dicha consideración se adiciona con diversas reglas especiales contenidas en el resto de fracciones de la misma norma constitucional y con las reglas establecidas por el legislador secundario en la Ley de Amparo. Así, las causales de improcedencia y sobreseimiento que impiden el análisis del fondo de un asunto, delimitan el poder de los jueces constitucionales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. De ahí que, para poder impugnar acciones u omisiones estatales que puedan considerarse como violatorias al derecho a la seguridad pública, el particular deberá contar con un interés cualificado que se distinga del que tiene el resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del referido derecho fundamental; esto es, para el acceso al referido recurso efectivo es necesaria la existencia de una verdadera afectación a la esfera jurídica, ya sea directa -interés jurídico- o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-, pero siempre real y jurídicamente relevante, ya sea de índole profesional, de salud pública, de seguridad pública o de cualquier otra. En efecto, para cualquier ciudadano tiene especial relevancia que el Estado mexicano lleve a cabo todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos, para cumplimentar con el derecho a una adecuada seguridad pública, en tanto de ello depende poder contar con un verdadero estado de bienestar completo; sin embargo, conforme al criterio expresado del Alto Tribunal, a menos de que cuente con alguna afectación que lo distinga y cualifique al resto de la población, tal interés simple es insuficiente para acceder al juicio de amparo. Por consiguiente, se debe determinar si las acciones u omisiones imputadas al Estado impactan a los quejosos -sea o no destinatario de las mismas- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; lo cual implica un escrutinio de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad, es decir, que conforme a las particularidades del caso -y sin perjuicio de que en las etapas subsecuentes del juicio se pueda acreditar la violación al derecho humano a la seguridad pública y el alcance de la afectación concreta al particular o grupo colectivo, mediante el material probatorio respectivo-, considere si resulta razonable la existencia de tal afectación, de tal suerte que la eventual concesión del amparo se traduzca en un beneficio determinado. Así, el eventual incumplimiento por parte del Estado a sus obligaciones de promover la protección, preservación y mejoramiento de la seguridad pública, no es motivo suficiente para que cualquier persona o grupo pueda acceder al juicio de amparo para reclamar esas violaciones, ya que debe acreditarse un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Ante dicho panorama se estima que los aquí quejosos carecen de interés legítimo, pues no puede señalarse, razonablemente, que sufren una afectación que los hiciera tener un interés cualificado, actual y jurídicamente relevante, y en especial, pues el carácter de habitantes del Estado de México no les otorga esa nota especial de sufrir un agravio diferenciado, pues no refieren que en la comunidad en la que viven, se haga uso de la fuerza armada, esto es, ya sea que la Marina o los militares se encuentren realizando labores de seguridad pública, conforme a lo determinado en el Acuerdo impugnado, por lo que no existe un vínculo entre el derecho afectado y los quejosos. En efecto, quien resuelve considera que el interés que los hoy recurrentes dicen tener no resulta cualificado, pues si bien aducen que el uso de la fuerza armada en la seguridad pública, conlleva la posibilidad de transgredir el derecho a tener una adecuada seguridad pública, lo cierto es que no se aprecia que se encuentren en una especial situación frente al derecho que cuestionan, en tanto alegan una defensa al referido derecho fundamental de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales en materia de seguridad pública. En efecto, la pretensión que se plantea no se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con la esfera jurídica de los quejosos, sino a la protección abstracta del derecho a una seguridad pública, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que los faculte para acudir al juicio. Es decir, no se advierte que los justiciables cuenten con un interés cualificado que los distinga del resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado mexicano a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del derecho a una seguridad pública; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple. Aunado a lo anterior, tampoco se aprecia que la presunta afectación a la seguridad pública a la que hacen referencia los hoy quejosos, con relación a su derecho a la seguridad, tenga un impacto actual o futuro, de realización inminente, en su esfera jurídica, dada su circunstancia personal, pues únicamente basan su argumentación en violaciones lejanamente derivadas o genéricas de sus derechos fundamentales. De esa forma, este Juzgado no logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre el derecho cuestionado a una debida seguridad pública y los quejosos, por el contrario, el que mencionan es genérico, tal y como lo tendría cualquier ciudadano interesado en verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre el referido derecho y los gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano, consistente en llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes se seguridad pública. En ese sentido, una eventual concesión del amparo no generaría un beneficio en su esfera jurídica respecto de la posición que aducen frente al derecho a una seguridad pública adecuada, en primer lugar, porque no la tienen y, en segundo lugar, aun teniéndola, no puede considerarse que cuenten con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico. No es óbice a lo anterior, que los peticionarios expongan que en nuestro País se han suscitado múltiples casos de desaparición forzada de personas, tortura y violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas; ya que con ello se robustece que su reclamo lo sustentan en meras hipótesis, lo cual no da lugar al nacimiento de un interés legítimo. Así, la sola circunstancia de ser ciudadanos no les otorga una cualidad específica diferenciada que les permita acudir al juicio de amparo alegando que con motivo del acuerdo reclamado, se les ocasiona una afectación a sus derechos. Además, cabe precisar que los quejosos no ofrecieron prueba objetiva alguna, en el sentido de pertenecer a comunidad o localidad alguna que tuviera una especial afectación producto del decreto reclamado, sino simplemente impugnan la presunta violación a su derecho a la seguridad pública, lo cual es insuficiente, para considerarlos legitimados para incoar la acción de amparo y, por tanto, no es posible advertir si resentirán o no alguna afectación destacada, generada por los efectos del citado decreto. Cabe resaltar que los antecedentes narrados en la demanda de amparo deben ser protestados como verdad, como una exigencia formal, y generan una presunción de certeza, no tienen el alcance de demostrar plenamente el interés legítimo, habida cuenta que el vínculo entre el derecho supuestamente vulnerado y los quejosos, aunque sea como producto de una posición relevante y no por su titularidad, no puede acreditarse sólo con una mera declaración de parte. Así, en el particular, como ya se dijo, no se actualiza un interés cualificado para poder hacer valer esos reclamos mediante el juicio de protección de derechos fundamentales. De estimarse lo contrario, esto es, que cualquier persona por el simple hecho de aducir presuntas afectaciones al derecho a la seguridad pública -sin importar si cuenta con un grado de afectación cualificado y relevante-, pueda acceder al presente medio de control constitucional, implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional de cualquier acto que estime que afecta a la población en general -al bien común-, que es justamente lo que el principio de división de poderes pretende evitar, al delimitar en la propia Constitución Federal el poder de los jueces federales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. Por consiguiente, como se dijo en párrafos anteriores, la defensa que emprendieron los quejosos fue de manera abstracta, con un interés genérico -simplede obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos Constitucionales en materia de protección al derecho a la seguridad pública, pero sin referirse a una defensa específica estrechamente relacionada con la esfera jurídica de los quejosos, dado que sólo trataron de obtener, la protección abstracta del derecho a una seguridad pública adecuada, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general. Por tanto, al no tener interés legítimo para combatir los actos de autoridad a través de este juicio de amparo, es que se corrobora la causal de improcedencia invocada; habida cuenta que el interés simple que tiene toda la población de que se respeten las disposiciones en materia de seguridad pública es insuficiente para activar el mecanismo de control constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, con relación a la fracción XII del numeral 61 de la legislación en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, motivo por el cual, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por los impetrante de amparo. Esto último, conforme a la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, tomo VI, parte TCC, materia común, octava época del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Asimismo, debe indicarse que resulta innecesario estudiar si se actualiza alguna otra causal de improcedencia, en tanto que tal examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, como se deduce de la jurisprudencia 2a. /J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, materia común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.". Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracciones IV y V, 117, 119, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente asunto promovido por -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------,-----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------, -----------,-----------, -----------y -----------, por las autoridades, actos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Incidental

    V I S T O, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 490/2020-V, promovido por -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------ y ------------, que se formó este cuaderno los cuales en este acto se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil veinte, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------ y ------------, promovieron juicio de amparo contra actos de la Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, este juzgado federal ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión, asimismo, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver la presente resolución incidental, de conformidad con los artículos 103 y 107, Constitucionales; 1, 48 y 52, de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 140 y 144, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, artículo primero fracción II, segundo fracción II y cuarto fracción II, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que los efectos y consecuencias de los actos reclamados se ejecutan dentro de la jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, procede hacer la fijación de los actos que por esta vía reclama la parte quejosa: La emisión, refrendo y publicación del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. TERCERO. La autoridad responsable siguiente: Secretaría de Gobernación. Al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos reclamados. En mérito de lo anterior, si la autoridad responsable citada en párrafos que anteceden negó la existencia de los actos reclamados, era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia incidental, sin que lo haya realizado. En consecuencia, si en la especie los actos reclamados son hechos positivos, era obligación de la parte quejosa probarlo, no así la negativa de hechos realizada por las responsables, porque evidentemente no existe materia qué comprobar. Máxime que constituye un hecho notorio que dicha autoridad no participó en el refrendo del Acuerdo reclamado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte. En esas, condiciones, ante la inexistencia de los actos atribuidos a la autoridad responsable Secretaría de Gobernación, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITVA. CUARTO. Las autoridades responsables siguientes: Secretaría de Marina. Secretaría de la Defensa Nacional Negaron el acto reclamado, sin embargo se desvirtúa dicha negativa, dada su participación en el refrendo del acto reclamado del que se duele la parte quejosa en este juicio de amparo. Por otra parte, las autoridades responsables siguientes: Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación. Aceptaron el acto a ellas reclamado, consistentes en su refrendo y publicación, respectivamente. Asimismo, aceptó haber emitido el acto reclamado la autoridad responsable: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Procedencia de la suspensión definitiva. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138, de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138, de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. De igual forma, en el presente apartado, resulta necesario señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 15/96, estableció que la apariencia del buen derecho (también conocida como Ver similitud del Derecho Invocado o fumus boni iuris), es el consentimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. También el pleno estimó: 1. Que para la concesión de la medida se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de tal modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y, 2. Que tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho. b) Que exista la solicitud del quejoso; y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Fijado el acto reclamado en el considerando segundo, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se actualizan en el caso de que se trata, siendo por su orden: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En el caso la regla norma que se tacha de inconstitucional es de naturaleza positiva y de inminente ejecución. Por lo tanto, de acuerdo a sus características es acto susceptible de suspenderse, puesto que no agotan todos sus efectos con su dictado. Bajo ese contexto, haciendo un análisis definitivo de la constitucionalidad del acto reclamado, a partir de la ponderación que se hace conforme al principio de la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 138 de la Ley de Amparo, se estima que existen elementos suficientes (su protesta de decir verdad) que evidencian con cierto grado de certeza que la parte quejosa puede resentir una afectación en su derecho subjetivo público. Esto es, en el caso se advierte que se reclaman actos de ejecución de tracto sucesivo, por lo tanto, se debe concluir que sus efectos si son susceptibles de suspenderse. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, dicho requisito se estima cumplido, toda vez que dichos promoventes aducen ser personas activistas, pues dicho interés se acredita con la entrada en vigor el Acuerdo reclamado, se provoca un riesgo objetivo o daño en el goce de sus derechos humanos fundamentales, tales como la vida, la integridad, la libertad personal, la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio. c) En el caso si se contravienen disposiciones de orden público por las siguientes consideraciones: La fracción II, del citado artículo 128, establece: "que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público", Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existe un criterio concluyente para definir lo que debe entenderse por interés social y disposiciones de orden público, correspondiendo al juzgador apreciar su existencia en los casos concretos que se le sometan, pero que, generalmente, debe considerarse que hay trasgresión a estos principios jurídicos cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En el presente caso, el otorgamiento de la medida cautelar, implicaría contravenir disposiciones de orden público, como lo es una de las finalidades de protección que persigue el artículo 21 de la Constitución Federal, esto es, la seguridad pública. En efecto, mediante el decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, entre otros preceptos se modificó el artículo 21 de la Constitución Federal, para quedar, en lo conducente, como sigue: "Artículo 21 (.) --- La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. --- Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: --- a) (.) --- b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. --- El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema." En lo que interesa, debe precisarse que el constituyente permanente, estableció que las tareas relacionadas con la seguridad pública, estarían a cargo de una nueva corporación, que se nombró como "Guardia Nacional", como una más de las instituciones de seguridad de índole o naturaleza civil; lo anterior, a fin de distinguir y separar con claridad las actividades y facultades de las Fuerzas Armadas, entendidas éstas a las de índole militar. En armonía con lo anterior, se reformó el artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Federal, en cuanto a las facultades del Congreso de la Unión, en el sentido siguiente: "Artículo 73. (.) --- XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones;" En las disposiciones transitorias del decreto en comento, se estableció que la reforma constitucional, habría de entrar en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que el Congreso de la Unión habría de expedir la legislación correspondiente a la regulación en general de la Guardia Nacional, dentro de los sesenta días naturales, siguientes a la referida entrada en vigor del decreto aludido, así como de otra relacionada con el uso de la fuerza y registro de detenciones, como así se lee en el artículo primero de dichas disposiciones de tránsito, que dice: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. --- El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes. --- Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto." A pesar de la entrada en vigor de la reforma constitucional y del plazo para expedir la legislación de las reglas de operación, estructura y demás regulación de la Guardia Nacional, el constituyente permanente, estableció en el artículo quinto de las normas de tránsito del decreto de mérito, un plazo de cinco años, siguientes a dicha entrada en vigor, como temporalidad de adaptación, desarrollo, adaptación e implantación del sistema de funcionamiento y operación de la Guardia Nacional, durante el cual, el Presidente de la República, estaba facultado, discrecionalmente - al emplearse el vocablo "podrá"- para disponer de la Fuerza Armada, para el cumplimiento de las tareas de seguridad pública, de modo extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario, como así se aprecia de tal precepto que dispone lo siguiente: "Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. --- El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76." Esto es, que a pesar de la institucionalización constitucional de la Guardia Nacional, como corporación civil encargada, entre otras, de la seguridad pública, se estableció un periodo de transición, en el cual habría de velarse, además, por las tareas de seguridad pública, con la intervención de la Fuerza Armada, ello, a través de la autorización por parte del Presidente de la República, quien quedaba facultado para establecer tal acción. De modo que, paralelamente a la institucionalización e inicio de operación de la Guardia Nacional, en un periodo de cinco años a partir de dicha reforma, quedaba facultado el Presidente de la República, para hacer intervenir a la Fuerza Armada en las tareas de la seguridad pública, claro está, bajo los lineamientos acotados por el constituyente permanente, esto es, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Con base en lo anterior, esto es, con la motivación y fundamentación constitucional indicada en parágrafos precedentes, el Presidente de la República, expidió el decreto reclamado que constituye el acto reclamado, esto es, el publicado el once de mayo de dos mil veinte, autorizando y ordenando a la Fuerza Armada, a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, al cumplimiento de las tareas de seguridad pública, como así se advierte del artículo primero de dicho decreto que establece: "Primero. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación." Incluso, en los restantes artículos del decreto, esto es, en los correspondientes a los preceptos segundo, tercero, cuarto y quinto, se precisó por la autoridad responsable, que las tareas de seguridad pública, para las que se hacía la intervención de la Fuerza Armada, se haría con estricto apego a la legislación de la Guardia Nacional y de sus facultades, así como en estricto cumplimiento y respeto de los derechos humanos, según se lee como sigue: "Segundo. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional." "Tercero. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia." "Cuarto. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional." "Quinto. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda." De acuerdo con lo anterior, al advertirse que la expedición del decreto impugnado, tiende al cumplimiento de uno de los fines fundamentales del Estado, a cargo en el orden de gobierno federal del Presidente de la República, como lo es la "seguridad pública", el que en la especie deriva del artículo 21 de la Constitución Federal, y particularmente de lo previsto en el artículo quinto transitorio, del decreto de su reforma publicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido que a pesar de la institucionalización de la Guardia Nacional, como corporación de seguridad de naturaleza civil, facultada para realizar actividades de protección de la seguridad pública, por un lapso de cinco años posterior a ello, habría de intervenir la Fuerza Armada para lograr tal fin, según quedó justificado, a partir de los textos constitucionales reproducidos. Es por lo anterior que, de conceder la medida cautelar contra el decreto impugnado, para la finalidad pretendida por la parte quejosa, implicaría contravenir disposición de orden público, como lo es el propio artículo quinto transitorio, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se reformó -entre otros- el artículo 21 de la Constitución Federal, institucionalizando el constituyente permanente, la Guardia Nacional, como corporación facultada para realizar tareas de seguridad pública, pero a la vez estableciendo un periodo de adaptación y concreción del desarrollo de dicha institución, en el que habría de intervenir la Fuerza Armada como elemento auxiliar, para el cumplimiento de ese valor constitucional, como lo es la seguridad pública. Luego, de conceder la suspensión, implicaría ir contra tal disposición que no sólo es de orden constitucional, sino también de orden público, pues tiende a proteger uno de los valores fundamentales del Estado, como es la seguridad pública, la cual no podría logarse, si no se permitiera concretar el mandato constitucional, que se emitió, atendiendo a la necesidad de adaptación de la Guardia Nacional, para lo cual era necesario que interviniera la Fuerza Armada, y así lograr la seguridad pública, lo cual ya no podría lograrse, de conceder la suspensión del acto reclamado, implicando con ello, contravención de una disposición de orden público. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.166/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 545 del tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. DEBE NEGARSE CUANDO EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LA SOLICITE CONTRA LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO QUE UTILIZA PARA SU PRESTACIÓN, POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES (ARTÍCULO 70 DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA). El mencionado precepto establece que los vehículos que se utilicen para la prestación del servicio público de transporte en rutas urbanas no deben exceder de diez años de antigüedad, con lo cual se persigue proteger el interés colectivo y tutelar el orden público, ya que además de buscar la seguridad de los pasajeros y la disminución de accidentes, tiende a reducir el impacto ambiental. Ahora bien, si la protección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico son de interés social y utilidad pública, conforme a los artículos 1o., 2o., 3o., fracción XIX, 4o. y 7o., fracciones II, III y VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que están obligadas a cumplir, entre otras, las autoridades estatales, es indudable que si los concesionarios reclaman la detención de vehículos destinados al transporte público que no reúnan los requisitos legales previstos, debe negarse la suspensión del acto reclamado conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental." De igual modo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 4764 del tomo XLIV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: TRANSITO, REGLAMENTACION DE. La determinación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que impone el uso de aparatos antideslumbrantes para los automóviles que transitan por carreteras nacionales y de concesión federal tiende a proteger la vida de los transeúntes en la vía pública, por lo que contra la misma es improcedente conceder la suspensión, toda vez que la sociedad está interesada en que se lleven a cabo esas medidas de seguridad." En mérito de lo anterior, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, lo anterior es así, pues de arribar a una posición contraria como ya se señaló afectaría el interés social y contravendría disposiciones de orden público, acorde con los artículos 128, fracción II y 129, fracción III, de la Ley de Amparo; por los motivos antes expuestos. Por lo expuesto y fundado con apoyo además, en los artículos 130, 136, 140, 144, 146 y 153 de la ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------, ------------ y ------------, en términos del considerando tercero y quinto de esta interlocutoria. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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