ANA KARELY ANAYA ACOSTA y Otros.
Expediente 687/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- ANA KARELY ANAYA ACOSTA y Otros.
- Ana Karely Anaya Acosta
- ARIBET ARANDA REYES y Otros.
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo promovida por Ana Karely Anaya Acosta y otros, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se desechó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.
- Principal
Se da vista con la razón actuarial de veintiséis de noviembre del año en curso, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, a los promoventes del amparo Ana Karely Anaya Acosta, Aritbet Aranda Reyes, Dolores Pastor Berrelleza Castro, Mauricio Berrelleza Castro, Luis Ángel Berrelleza Flores, Ricardo Alonso Berrelleza Pérez, María del Carmen Berrelleza Ruiz, Rubí Elizabeth Bojórquez Bojórquez, Jonathan Israel Bojórquez Bojórquez, Israel Bojórquez Galaviz, Lindofes Campos Galaviz, Aracely Guadalupe Campos Rodríguez, Heriberto Campos Rodríguez, Patricia Campos Rodríguez, Ricardo Campos Rodríguez, Dámaris Magdali Castro López, María Josefina Cruz Javalera, Jessica Yeraldi González Anaya, Teresa Aurora González Campos, Alba Guadalupe Gutiérrez Leyva, María Luisa Heredia Pava, Jesús Hernández Tapia, Rafael Hernández Villalba, Verónica Herrera Diera, Lizbeth Abelina Ibañez Cardoso, Francisco Limón Gerardo, Marisol Meza Martínez, Fernando Morales Rodríguez, Aroldo Moreno Machado, Flerida Moreno Machado, Luis Ángel Moreno Yucupicio, José Alberto Pacheco Paniagua, Leticia Parra Esparza, Anita Parra Félix, María Cristina Pinzón Castro, Julia Imelda Ramírez Rodríguez, María Dolores Reyes Baray, María del Carmen Rodríguez Velez, Aracely Ruiz Ramírez, Hugo Salmerón Díaz, Sol Ángel Sánchez Pérez, Rubén Silva Pérez, Pedro Soberanes Buitimea, Alma Isela Soto Leyva, Ramón Ignacio Soto Navarro, María del Rosario Torres Ortiz y Graciela Margarita Uriarte Ruiz; por tanto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por lista electrónica el citado proveído, este y los subsecuentes, para los efectos legales a que haya lugar. _______________________________________________________________________________SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUEROS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE:isto el escrito firmado por Ana Karely Anaya Acosta, Aritbet Aranda Reyes, Dolores Pastor Berrelleza Castro, Mauricio Berrelleza Castro, Luis Ángel Berrelleza Flores, Ricardo Alonso Berrelleza Pérez, María del Carmen Berrelleza Ruiz, Rubí Elizabeth Bojórquez Bojórquez, Jonathan Israel Bojórquez Bojórquez, Israel Bojórquez Galaviz, Lindofes Campos Galaviz, Aracely Guadalupe Campos Rodríguez, Heriberto Campos Rodríguez, Patricia Campos Rodríguez, Ricardo Campos Rodríguez, Dámaris Magdali Castro López, María Josefina Cruz Javalera, Jessica Yeraldi González Anaya, Teresa Aurora González Campos, Alba Guadalupe Gutiérrez Leyva, María Luisa Heredia Pava, Jesús Hernández Tapia, Rafael Hernández Villalba, Verónica Herrera Diera, Lizbeth Abelina Ibañez Cardoso, Francisco Limón Gerardo, Marisol Meza Martínez, Fernando Morales Rodríguez, Aroldo Moreno Machado, Flerida Moreno Machado, Luis Ángel Moreno Yucupicio, José Alberto Pacheco Paniagua, Leticia Parra Esparza, Anita Parra Félix, María Cristina Pinzón Castro, Julia Imelda Ramírez Rodríguez, María Dolores Reyes Baray, María del Carmen Rodríguez Velez, Aracely Ruiz Ramírez, Hugo Salmerón Díaz, Sol Ángel Sánchez Pérez, Rubén Silva Pérez, Pedro Soberanes Buitimea, Alma Isela Soto Leyva, Ramón Ignacio Soto Navarro, María del Rosario Torres Ortiz y Graciela Margarita Uriarte Ruiz, mediante el cual promueven demanda de amparo contra actos del Juzgado Primero Penal, con sede en Ejido Goros 2, Ahome, Sinaloa y otras autoridades; Fórmese expediente con el número de amparo 687/2021-2 y, al efecto se provee: Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, antes de admitir una demanda de garantías, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y de actualizarse tal hipótesis, debe desecharse de plano la demanda. En el caso, el presente juicio resulta improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la ley en comento, en razón de que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. El numeral y fracción en cita establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" A su vez el artículo 17 de la propia ley dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". De las citadas disposiciones legales se advierte que cuando se promueve el juicio de amparo fuera del término concedido en la ley para ello, se consienten tácitamente los actos reclamados, por ende, el juicio que posteriormente a ese lapso se intente será improcedente. En este juicio se actualiza el supuesto mencionado, conforme se detallara: Como se puede apreciar, el legislador estableció el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, que deberá computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; siempre y cuando esa determinación no se ubique en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, en la especie, los actos reclamados se hacen consistir de manera esencial en la orden de aprehensión y desalojo librada en contra de los quejosos de mérito, y la inminente ejecución de la misma. Del capítulo de denominado ".VI.- ANTECEDENTES.", del escrito de demanda se advierte que los aquí quejosos sostienen que tuvieron conocimiento de la orden de aprehensión y desalojo reclamadas, el veinte de octubre de dos mil veintiuno. En consecuencia, válidamente se puede concluir que los quejosos se enteraron de que existían las citadas ordenes de aprehensión y desalojo decretadas en su contra el veinte de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, hasta el día veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, evidentemente que se formuló y se presentó fuera del término de quince días que establece la ley de amparo para ese efecto, respecto de los actos reclamados que nos ocupa. En lo que importa, el dispositivo 18 de la ley de la materia, establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así es, el plazo para promover una demanda de amparo inicia a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, de ahí que, si el acto fue del conocimiento de los quejosos el veinte de octubre de dos mil veintiuno y, si su demanda de amparo la presentaron hasta el veintidós de noviembre del presente año, evidentemente transcurrió en exceso el plazo para hacerlo. En este punto es necesario recordar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, cuando un gobernado sufría una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, indefectiblemente debía plantear su demanda dentro del término de quince días computado a partir de cualquiera de las tres hipótesis que regulaba dicho precepto; es decir, al día siguiente al en que le hubiera surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rigiera; o bien, al día siguiente al en que el quejoso tuviera conocimiento del mismo o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor de aquél, pues de no hacerlo así, el juicio de garantías que se instare con posterioridad resultaría improcedente conforme a lo previsto en el artículo 73, fracción XII, de dicha legislación abrogada. No obstante lo anterior, la propia Ley de Amparo abrogada estipulaba como casos de excepción exclusivamente en lo atinente a la oportunidad para la interposición de la demanda de garantías, los casos descritos en el artículo 22, en cuya fracción II, se disponía lo siguiente: "Artículo 22.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: (.) II.- Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo.". Así, de dicha porción normativa podía obtenerse que en los casos en que se afectara la libertad personal del individuo, sin hacer distinción alguna de que ello aconteciera dentro o fuera de procedimiento, la demanda de garantías podía interponerse en cualquier tiempo; por tanto, cualquier acto emanado dentro de un procedimiento penal por cuya virtud el inculpado quedara restringido de su libertad personal, como por ejemplo, el auto de formal prisión, el proveído en el que se ordenara su reaprehensión, el que resolviera lo atinente al desvanecimiento de datos, entre otros, era susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto en cualquier tiempo, no obstante que hubiera sido dictado con mucha anticipación a la fecha de interposición de la demanda de garantías. Por otro lado, el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, vigente a partir del siguiente día de su publicación, por virtud de la cual se abrogó la anterior legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y consecuentemente, las demandas presentadas a partir de la fecha de su entrada en vigor (tres de abril de dos mil trece), deben substanciarse conforme a las disposiciones ahora vigentes. Pues bien, de los numerales transcritos 17 y 18 de la ley de la materia, puede observarse que el legislador preservó el término genérico de quince días para interponer la demanda de garantías, así como las reglas a partir de las cuales comenzará a computarse dicho plazo; sin embargo, excluyó la posibilidad de que el juicio de garantías contra actos emanados dentro de un procedimiento que afectaran la libertad personal del gobernado se interpusiera en cualquier tiempo, ya que -a diferencia de la redacción del inserto artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada-, precisó que los ataques a la libertad personal fuera del procedimiento están sujetos a la atemporalidad del plazo genérico de quince días; por ende, la procedencia del juicio de garantías que nos ocupa debe analizarse al tenor del término de quince días computado a partir del día siguiente al en que le surta efectos al quejoso, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución que reclama. En efecto, de la redacción de la fracción IV del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se advierte que el legislador únicamente incluyó como casos de excepción, los ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, respecto de los cuales el juicio de garantías puede interponerse en cualquier tiempo; acotación que excluye aquellos actos restrictivos de la libertad personal emanados dentro del procedimiento -como lo es la orden de aprehensión y desalojo reclamados en la presente instancia-, respecto de los cuales deben observarse las reglas que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, para computar el plazo de quince días con que dispone el quejoso para instar la acción constitucional; interpretación que guarda congruencia con la fracción II, del invocado ordinal 17. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia número P./J. 45/2014 (10a.), que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 371/2013, en tanto que de su contenido se revela -interpretado contrario sensu-, que los actos privativos de la libertad suscitados dentro de un procedimiento judicial y emitidos a partir de que entró en vigor la Ley de Amparo mediante Decreto publicado el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación, sí se encuentran sujetos al plazo genérico de quince días a que se refiere su artículo 17. Las circunstancias antes reseñadas hacen indudable la conclusión de que, como se señaló en líneas procedentes, el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en perjuicio de la parte quejosa al haber transcurrido con exceso el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover su demanda de garantías contra un acto emanado dentro del procedimiento penal incoado en su contra, máxime que existe impedimento para aplicar la jurisprudencia que conforme a la anterior legislación, disponía la posibilidad de que el juicio de garantías contra actos de tal naturaleza se instara en cualquier tiempo, habida cuenta que en torno a la vigencia de dichos criterios, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley de Amparo establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia que sobre el particular se haya integrado, en tanto que se opone al texto expreso de los plazos para interponer la demanda de garantías contra un acto que afecta la libertad personal dictado dentro de un procedimiento. Luego, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación, a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes; por ello, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Ana Karely Anaya Acosta, Aritbet Aranda Reyes, Dolores Pastor Berrelleza Castro, Mauricio Berrelleza Castro, Luis Ángel Berrelleza Flores, Ricardo Alonso Berrelleza Pérez, María del Carmen Berrelleza Ruiz, Rubí Elizabeth Bojórquez Bojórquez, Jonathan Israel Bojórquez Bojórquez, Israel Bojórquez Galaviz, Lindofes Campos Galaviz, Aracely Guadalupe Campos Rodríguez, Heriberto Campos Rodríguez, Patricia Campos Rodríguez, Ricardo Campos Rodríguez, Dámaris Magdali Castro López, María Josefina Cruz Javalera, Jessica Yeraldi González Anaya, Teresa Aurora González Campos, Alba Guadalupe Gutiérrez Leyva, María Luisa Heredia Pava, Jesús Hernández Tapia, Rafael Hernández Villalba, Verónica Herrera Diera, Lizbeth Abelina Ibañez Cardoso, Francisco Limón Gerardo, Marisol Meza Martínez, Fernando Morales Rodríguez, Aroldo Moreno Machado, Flerida Moreno Machado, Luis Ángel Moreno Yucupicio, José Alberto Pacheco Paniagua, Leticia Parra Esparza, Anita Parra Félix, María Cristina Pinzón Castro, Julia Imelda Ramírez Rodríguez, María Dolores Reyes Baray, María del Carmen Rodríguez Velez, Aracely Ruiz Ramírez, Hugo Salmerón Díaz, Sol Ángel Sánchez Pérez, Rubén Silva Pérez, Pedro Soberanes Buitimea, Alma Isela Soto Leyva, Ramón Ignacio Soto Navarro, María del Rosario Torres Ortiz y Graciela Margarita Uriarte Ruiz, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". Con apoyo en el numeral 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de los impetrantes de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado con el número 803 de la colonia Tabachines Uno, de esta ciudad, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fausto Heriberto Rocha Quintero
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