Ana Bertha Lopez Beltran

Expediente 146/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
146/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • ANA BERTHA LOPEZ BELTRAN y Otros.
  • Ana Bertha Lopez Beltran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veinticinco de marzo del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Ana Bertha López Beltrán, por su propio derecho y con el carácter de apoderada legal de las personas morales denominadas Grupo Inmobiliaria Caslo, Sociedad Anónima de Capital Variable y Diseño y Construcción Confor, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de la persona física Josefina Román León; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De igual manera, acorde a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que en el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa de mérito; por tanto, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto 1/2009. Por otra parte, del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido la parte quejosa, ni se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este juzgado federal el doce de marzo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, se precisa que una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  2. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA Ana Bertha López Beltrán, mediante el cual por su propio derecho y con el carácter de apoderada legal de la personas morales denominadas GRUPO INMOBILIARIO CASLO, S.A. DE C.V., y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONFOR S.A. DE C.V., y como apoderada legal de la persona física JOSEFINA ROMÁN LEÓN, EL AUTO DE VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Por recibido el escrito aclaratorio de demanda que suscribe Ana Bertha López Beltrán, por su propio derecho y con el carácter de apoderada legal de las personas morales denominadas Grupo Inmobiliaria Caslo, Sociedad Anónima de Capital Variable y Diseño y Construcción Confor, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de la persona física Josefina Román León que presenta en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en autos. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A) El C. Presidente de la H. JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SINALOA, en su calidad de ordenadora de los actos reclamados, con domicilio ampliamente conocido en los altos de la Unidad Administrativa Estatal, localizada en Avenida Adolfo López Mateos y Pino Suárez, de la Colonia del Bosque, de la ciudad de Guasave, Sinaloa. B). Los Actuario Primero, Segundo y Tercero de la H JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SINALOA, en su calidad de ejecutoras de los actos reclamados, con domicilio ampliamente conocido en los altos de la Unidad Administrativa Estatal, localizada en Avenida Adolfo López Mateos y Pino Suárez, de la Colonia del Bosque, de la ciudad de Guasave, Sinaloa. IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo: A) La ilegal resolución interlocutoria dictada con fecha 06 de Febrero del año 2019 por el PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA, en el Juicio Laboral de donde emana el acto reclamado registrado bajo expediente número JE3-03-76/2009, en el cual declara improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra de los actos del actuario de la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA, por considerar extemporánea su presentación. Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, manifestó: "1.- Que con fecha 13 de diciembre del año 2018, la suscrita quejosa promoví Recurso de Revisión en contra de los actos del ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO llevados a cabo el día 12 de diciembre del año 2017, en que efectuó la diligencia de notificación de ejecución del laudo y embargo ordenada mediante auto de fecha de 11 de diciembre de 2017, por haberse practicado en contravención con el artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo y de las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como la falta de aplicación de los artículos 744, 751, 951 de la ley Federal del trabajo, por omisión de notificación de los proveídos de fechas 29 de Junio del año 2018 en el que se tiene por exhibido el avalúo rendido por perito tercero en discordia, y la falta de notificación del proveído de fecha 16 de noviembre del año 2018 en el que se señala fecha de audiencia de remate, los cuales fueron ordenados notificar personalmente a las partes, de los cuales la quejosa tuve conocimiento BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, el día 10 de Diciembre del año 2018, al enterarme de manera extrajudicial que mediante acuerdo de fecha 16 de Noviembre del año en curso se señaló audiencia de remate en primera almoneda de los bienes embargados, sin que exista notificación personal a las demandadas de ninguna de las actuaciones del procedimiento de ejecución, mismo recurso que es competente de conocer el Presidente de la Junta Especial Número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado, de conformidad con el artículo 850 fracción II de la ley federal del trabajo, el cual fue admitido a trámite mediante proveído de fecha 17 de Enero del año en curso, celebrándose la audiencia incidental de pruebas y alegatos prevista por la fracción III del artículo 852 de la Ley Federal, con fecha 25 de enero del año en curso, turnándose el recurso para resolución interlocutoria. 2.- Que con fecha 06 de Febrero del año en curso, la responsable ordenadora dictó Resolución Interlocutoria relativa el recurso revisión en cita, resolviendo en su parte conducente lo siguiente: ".Una vez citado lo anterior y al no desprenderse de los artículos 849 al 850 de la Ley Laboral vigente el término para presentar el recurso de revisión, se debe de aplicar el numeral 735 del citado ordenamiento legal, es decir, los recursos de revisión deben ser presentados dentro de los tres días hábiles al que la parte recurrente tuvo conocimiento del acto que viene impugnando, tal como la máxima autoridad en justicia de este país se ha pronunciado, cuyos datos de localización son los siguientes: Novena Época. Registro digital: 190528. Instancia: Tribunales Colegiado de Circuito Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII., Enero de 2001 Materia (s): Laboral. Tesis: XX.2°.2L Pagina: 1790. REVISION LABORAL. TERMINO PARA INTERPONERLA, EN CONTRA DE LA DILIGENCIA DE REMATE Y ADJUDICACION. Un vez establecido lo anterior, es necesario señalar que la recurrente manifiesta haber tenido conocimiento el diez de diciembre de dos mil dieciocho, al enterarse de manera extrajudicial que, mediante acuerdo de dieciséis de noviembre del año próximo pasado, se señaló audiencia de remate en primera almoneda de los bienes embargados, sin que existe notificación personal a la parte demandada. Por otra parte, es indispensable destacar que la parte demandada por conducto de su apoderada legal la licenciada Francisca Niebla Gastélum, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho solicito copias de todo lo actuado, a partir del laudo, proveyéndose al respecto en la misma data recibiendo a su entera conformidad las copias solicitadas en esa misma fecha, firmando al margen de recibido de las mismas. En ese mismo orden de ideas, resulta oportuno destacar que el treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, la demandada fue notificada del acuerdo y edicto de remate de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se señalaron las once horas del catorce de diciembre de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de remate en almoneda de los bienes embargados a las demandadas, notificación que fue recibida por la licenciada Raquel de Jesús Félix Hernández, quien se encuentra autorizada para oír y recibir notificaciones a nombre de las demandadas, incluso manifiesta que ella ha llevado distintas diligencias de carácter labora en el presente juicio, firmando de recibido las copias del acuerdo y edicto antes citado, al margen del acta de notificación. Consecuentemente a lo anterior, se concluye que la recurrente no tuvo conocimiento de los hechos que viene impugnando, del día señalado de su parte, es decir, el diez de diciembre de dos mil dieciocho, lo anterior es así, en razón de que el seis de febrero del año en comento, recibió copias de todo lo actuado en los presentes autos; adicional a lo anterior, como ya fue destacado por la parte demandada fue notificada de la audiencia de remate en primera almoneda el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, por lo tanto y como ya fue advierte, la recurrente tuvo conocimiento de los actos que viene recurriendo con anterioridad al diez de diciembre de dos mil dieciocho. Por lo anteriormente expuesto, es menester declarar improcedente el recurso de revisión promovido por la licenciada Ana Bertha López Beltrán, representante legal de Grupo Inmobiliaria Caslo, Sociedad Anónima de Capital Variable y Diseño y Construcción Confor, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de la persona física Josefina Román León, al haber sido promovido fuera de término de tres días hábiles, al que el recurrente tuvo conocimiento de los actos que vienen recurriendo desde el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, y por consiguiente le feneció el plazo de veintiuno del mismo mes y año, dado que para promover el recurso de revisión es de tres días, tal y como lo establece el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo.". Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, los preceptos legales referidos, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y transcendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". De lo anterior se desprende que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y tratándose de procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio biinstancial fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que este medio de control constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución sin que múltiples amparos obstaculicen dicha ejecución; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad está interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta en tanto se dicté la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamarse en la demanda, las demás violaciones procesales cometidas durante dicho procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 31, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Asimismo, a manera de ilustración, cabe acotar que, en sentido lato, los juicios constan de tres etapas y, en tal consideración, existen: 1. Actos fuera o antes del juicio, conocidos también como prejudiciales. 2. Actos en juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando), previstos en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; 3. Actos después de concluido el juicio; esto es, a partir de dictada la sentencia, y son todos aquellos que se generan dentro del período de ejecución, previstos en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Estos últimos, se subdividen: a) En ejecución de sentencia, y son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; y, b) Para ejecución de la sentencia, que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. No obstante lo anterior, la condicionante para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, es que se impugne la última resolución. De lo expuesto se establece, que las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del período de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo indirecto, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, las cuales, por razones de interés social, no pueden entorpecerse o dilatarse, por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Lo que quiere decir, que la procedencia del juicio biinstancial, acontece hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia o laudo o, bien, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para impugnar resoluciones o acuerdos ante la instancia que corresponda o ante el propio tribunal del propio procedimiento de ejecución, en los casos que resultare procedente y en las formas que determine la normatividad correspondiente. Conforme a lo manifestado por la promovente, el juicio laboral JE3-03-76/2009 de origen, seguido contra las quejosas por José Javier Quiroz Lugo, fue resuelto mediante laudo condenatorio y se encuentra en procedimiento de ejecución. Dentro de ese procedimiento de ejecución, específicamente en la etapa de remate de los bienes embargados, interpuso recurso de revisión ante el Presente de la Junta, respecto de los actos del actuario, por considerar que no fue notificada legalmente de diversas determinaciones dictadas dentro de ese procedimiento de remate, como la del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en la que se tuvo por recibido el avalúo del bien embargado a la ejecutora aquí quejosa, formulado por el perito tercero en discordia y del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se señaló día y hora para la audiencia de remate en primera almoneda de esos bienes, a dicho recurso recayó la resolución del Presidente de la Junta, de seis de febrero de este año, que lo declaró improcedente. Tal resolución constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora bien, como puede advertirse, la resolución reclamada se dictó en el periodo de ejecución del juicio laboral, específicamente dentro de procedimiento de remate de los bienes embargados en ese juicio, en el cual la persona moral quejosa es parte demandada y ejecutada. Es decir, la determinación aquí reclamada se emitió ya en la fase de ejecución del laudo, dentro del procedimiento de remate, y por tanto, debe considerarse como una resolución intermedia en ese procedimiento, de manera que al no ser la que finalizó el mismo, o sea, la que ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en términos del citado artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de la Materia, entonces es claro que no puede considerarse que con dicha determinación materia del reclamo finalice ese procedimiento, por tratarse de determinación intermedia. De ahí que, no sea impugnable a través del amparo indirecto atendiendo a lo previsto en el citado numeral. Esto es, conforme a la ley de amparo dicho acto no constituye aquél en que de forma definitiva determina formalizar la adjudicación a través de la escritura correspondiente, el cual podrá combatir la peticionaria en esta vía constitucional, y será hasta entonces que podrá hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento de remate. Cabe destacar que el precepto 107, fracción IV de la Ley de la materia, como se expuso, limita la procedencia del amparo indirecto contra los actos de ejecución de sentencia, a aquéllas resoluciones que tengan el carácter de definitivas, con lo cual veda la posibilidad de reclamar resoluciones intermedias dictadas dentro del procedimiento de remate o dentro del período de ejecución de sentencia, habida cuenta que, al existir una sentencia ejecutoria -en este caso un laudo- debe evitarse que se obstaculice su cumplimiento con el ejercicio abusivo de la acción constitucional mediante demandas en que se reclamen resoluciones dictadas en ese período de ejecución, que si bien pueden estar encaminadas al total cumplimiento de la resolución definitiva, lo cierto es que no constituyen la última resolución que deba dictarse dentro de esa etapa procesal. Se cita en apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, visible en la página 230, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, que a la letra dispone: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.". En el caso, es claro e incuestionable que se presentó la causa de improcedencia invocada, puesto que lo que se combate es una determinación intermedia en dicho procedimiento de remate y no la que lo finaliza. Igualmente, se invoca al respecto la Jurisprudencia PC.II.C. J/2 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II, Materia Común, página 1685, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES. De la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo reclamarse las violaciones cometidas en el procedimiento, de modo que, aun cuando dichas determinaciones se emitan en forma separada, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia del caso, la procedencia de la acción de amparo se actualiza hasta que se cumplan ambos supuestos que expresamente señaló el legislador, ya que debe atenderse al contenido jurídico de dichas condiciones más que al momento en que se dicten; de ahí que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados aunque se dicten en distintas determinaciones.". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda en estudio, además, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido.

  4. Principal

    ES NOTIFICACION PERSONAL

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