Ana Judith Cacho Romero
Expediente 686/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Ana Judith Cacho Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que con fecha veintiséis de abril de agosto de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito dictó un acuerdo en el que declaró firme el auto de diez de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia definitiva emitida en autos. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "ESTADO DE AUTOS SE ORDENA EL ARCHIVO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil veintidós. Desecha de recurso Agréguese a los autos el oficio firmado por Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa el contenido del proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, que desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por José Manuel Villa Amaro, apoderado legal de la parte quejosa, en contra de la sentencia de once de julio de dos mil veintidós, recurso de queja que quedó registrado con el número 162/2022, del índice del tribunal oficiante. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Escrito de interposición del recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone el recurso de queja en términos del numeral 97, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, en contra de la sentencia de once de julio de dos mil veintidós, dictada por este órgano jurisdiccional, en el que, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección a la parte quejosa, en ese sentido, señala las constancias que desea se remitan a la Superioridad para su sustanciación. Trámite y remisión del medio de impugnación. Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso de mérito en los términos planteados por el promovente y una vez que se encuentre debidamente integrado y en el plazo legal, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja y, además, remítase el escrito original de expresión de agravios de que se trata, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Informe materia de la queja. En ese tenor, se hace del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este juzgado de distrito el once de julio de dos mil veintidós, emitió sentencia definitiva en el presente sumario. Instrucción especial al Oficial Judicial "A". En ese sentido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes, para que, tan pronto se tenga conocimiento de quien correspondió conocer del citado recurso, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del juicio en que se actúa, en el que obran la totalidad de constancias que lo integran, a fin de que se pronuncie respecto de la admisión o desechamiento del aludido medio de impugnación, motivo por el cual no se ordena la remisión física de las constancias que integran el presente cuaderno principal. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O: I Presentación de la demanda: El veintitrés de mayo de dos mil veintiuno. II Admisión de la demanda. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintisiete de mayo de dos mil veintidós. IV Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, así como al actuario adscrito a la misma se hace consistir en: a El auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve en el que se admitió a trámite el juicio laboral como procedimiento ordinario debiendo ser admitido como procedimiento especial. b El auto de once de mayo de dos mil veintidós, por el que la autoridad responsable señaló las trece horas del catorce de julio de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera del plazo legal concedido para ello. c Omisión de emplazar a juicio a la demandada en el juicio laboral ***. III Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen y anexó copia certificada del expediente laboral ****, a la que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV Causa de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814 sustentada por este tribunal, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Novena Época, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" En el caso concreto, quien resuelve estima que con respecto al auto de admisión de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: XIV Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos...". Lo anterior se determinar así, toda vez que la promovente del amparo, presento´ su demanda de manera extemporánea, como se verá´ más adelante. En efecto, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 17 El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computara´ a partir del día de su entrada en vigor" Lo dispuesto en el precepto citado en último orden, permite advertir que el plazo para promover la demanda de amparo se contara´ desde el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame, al en que la quejosa haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de tales actos, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computara´ a partir del día de su entrada en vigor. Por su parte, el artículo 17 previamente transcrito prevé que, por regla general, él término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Bajo esa óptica, en el caso sometido a consideración, no se está ante la presencia de ninguno de los casos de excepción, de ahí que se insiste, la causal de improcedencia que se analiza, se actualiza en el particular. En la demanda de amparo, la parte quejosa combate el auto de admisión de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, por considerar que el juicio laboral debió admitirse en la vía especial y fue tramitado en la vía ordinaria. No obstante, de las constancias de autos se advierte que la quejosa conoció del auto de admisión desde el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve y el plazo de quince días para la presentación de la demanda a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo ha transcurrido en exceso; ya que, si la demanda de amparo que dio origen a esta instancia fue presentada hasta el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, es evidente que el ejercicio de la acción constitucional contra dicho auto es extemporáneo. En consecuencia, toda vez que la quejosa no promovió el juicio de amparo dentro del plazo legalmente establecido para hacerlo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo con respecto al auto de admisión de cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Por otra parte, con respecto a la omisión de emplazar a juicio a la demandada en el juicio laboral ****, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" "Artículo 63 El sobreseimiento en el juicio de amparo procede . IV De las constancias de autos apareciera claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." V Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente, sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. En ese contexto, de las copias certificadas del procedimiento laboral ***, las cuales poseen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo se advierte que: a El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, fue emplazada la demandada (tercera interesada), al juicio laboral ****. Atento a lo anterior, si durante el trámite del juicio de amparo, la autoridad responsable emplazó a la demandada en el juicio natural, es evidente que cesaron los efectos de dicho acto reclamado, dado que se le restituyó en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la Tesis de Jurisprudencia número 103, de la Segunda Sala, de texto y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL " V Estudio de fondo. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que la parte quejosa hace valer sus conceptos de violación, mismos que no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a/J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" La parte quejosa señala que se transgrede su derecho a una impartición de justicia pronta y expedita, toda vez que la fecha fijada por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, excede el plazo establecido en el artículo 873, (antes de la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve) de la Ley Federal del Trabajo. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es fundado pero inoperante, en razón a las siguientes consideraciones. En efecto, de las constancias ya valoradas se advierte que en el auto de once de mayo de dos mil veintidós (foja 48), la responsable señaló el catorce de julio del presente año, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral de origen, lo que pone de manifiesto que fijó dicha data fuera del término legal -aproximadamente dos meses-, por lo que se vulneró en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental que contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse omitido proveer dicha fecha conforme a lo dispuesto por el precepto legal 873, (antes de la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve) de la Ley Federal del Trabajo, dentro de los quince días, por tanto, las autoridades responsables no procuran la impartición de justicia en los plazos y términos que fija la ley de la materia. No obstante lo anterior, a nada práctico conduciría darle la razón a la promovente del amparo, si se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia no podría exigirse sino hasta el día siguiente al en que se declarara que la misma causó ejecutoria; por lo que la fecha fijada para el desahogo de la citada diligencia (catorce de julio de dos mil veintidós), se encontraría demasiado próxima al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia que se dictare en el presente juicio, máxime, que se tendría que volver a notificar a las partes respecto a la nueva data que se fije al efecto para el desahogo de la citada prueba de experticias. En estas condiciones, ningún beneficio reportaría a la parte quejosa que se le concediera el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En las relatadas condiciones, al resultar fundado pero inoperante el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa se impone negar el amparo y protección de la justicia federal por el acto reclamado a la la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y al actuario adscrito a la misma. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: Primero Se sobresee en el presente juicio de amparo por las razones expuestas en el considerando IV Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, por los motivos expuestos en la quinta consideración de la presente sentencia Notifíquese personalmente.
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