Ana Belem Cera Bahena

Expediente 71/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
71/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Ana Belem Cera Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos b), del acuerdo general citado; por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión, ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de constancias. Finalmente, hágase la devolución de las copias certificadas del toca civil ********** constantes 507 fojas útiles, copias certificadas del expediente principal ********* constantes de 507 fojas útiles y un sobre amarillo que contiene escritura pública número ********, volumen *********, página ****** de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, a la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Solicitud de declaración de firmeza de la sentencia definitiva. Intégrese a los autos el escrito firmado por el autorizado de los terceros interesados, mediante el cual solicita se declare ejecutoriada la sentencia dictada en autos, atento a su contenido, dígase que se esté a lo proveído en los párrafos que anteceden. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 71/2021, promovido por ----------, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, recibió el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, que contiene el auto dictado el treinta y uno de agosto del año referido, en el amparo directo 424/2021, a través de la cual se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ------, contra actos de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. (fojas 1 a 42) En ese mismo auto, el Juzgado Federal aceptó la competencia, la registró con el número 1295/2021, se avocó al conocimiento de la demanda amparo y previno a la quejosa a efecto de que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. (fojas 43 a 46) SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y trámite del juicio. Una vez subsanada la prevención arriba mencionada, por proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo, y toda vez que ya obraba el informe justificado, dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo, al tenor del acta de diez de noviembre de dos mil veintiuno. (fojas 55 a 58 y 67) Posteriormente, en atención al oficio SECNO/STCCNO/668/2021 de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y, al Punto de Acuerdo 120/2021, relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual comunicó la determinación de que los órganos jurisdiccionales ya en funciones remitieran a este órgano jurisdiccional diez juicios de amparo indirecto, radicados y con audiencia celebrada, cada uno, a efecto de que contribuya al abatimiento de las cargas de trabajo, en beneficio de las personas justiciables; en consecuencia, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, a través del oficio 32836/2021, remitió el expediente 1295/2021, asunto que por proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fue registrado por este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos con el número 71/2021, lo que se hizo del conocimiento de las partes, en el sentido de que esta sede federal resolverá el juicio de amparo en comento, sin que al efecto manifestaran impedimento alguno. En este contexto, se precisa que, de una revisión del expediente 1295/2021, se advierte que la quejosa presentó como anexo el testimonio notarial, número 104,706 (ciento cuatro mil setecientos seis), pasado ante la fe del licenciado Alejandro Gómez Núñez, aspirante a Notario Público, en sustitución del licenciado Gregorio Alejandro Gómez Maldonado, titular de la Notaria Número Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos; mismo que no fue remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos; lo cual no es impedimento para emitir la presente resolución, toda vez que con el mismo la quejosa otorgó poder a -----, a quien se le tuvo por reconocida la personalidad en auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno ; además de que en el presente asunto no fue materia de litis dicha personería. TERCERO. Preceptos Constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. La promovente consideró que se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece la jurisdicción, entre otros, de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente la demanda de amparo y demás actuaciones con un sentido de liberalidad y no restrictivo, tal y como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." , se advierte que la quejosa ------ reclama de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el acto que se hace consistir en: La resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca civil -----, por la que se confirmó la interlocutoria de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno y su aclaración de nueve de abril de ese mismo año, relativa a la primera sección del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ------, número ----, en la que se determinó, entre otras cosas, nombrar como albacea al coheredero ----, dispensándole de otorgar caución por tener el carácter de heredero. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe respectivo, lo que se corrobora con la copia certificada del toca civil ----- y expediente ----, que remitió en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su análisis una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Debido a lo anterior, este órgano de amparo no advierte la actualización de causal de improcedencia, ni se invocó alguna por las partes, de modo que se procederá al análisis constitucional del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Como cuestión previa, se realizar una narración de los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se obtienen de los tomos de pruebas que obran por separado, a saber: 1. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, admitió la denuncia de -----, respecto de la sucesión intestamentaria a bienes de -----, con lo que, señaló hora y fecha para llevar a cabo la junta de herederos. (fojas 50 y 51 del anexo I) 2. En audiencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la junta de herederos, en la que se tuvieron por hechas las manifestaciones de la denunciante y posibles coherederos, en consecuencia, la juez de origen tuvo a bien turnar el expediente a efecto de resolver la primera sección del juicio sucesorio. (fojas 398 a 401 anexo I). 3. Seguido el procedimiento, el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se emitió sentencia interlocutoria en la que, en esencia, se declaró procedente la sucesión intestamentaria a bienes de quien en vida respondió al nombre de ---- asimismo, se reconocieron los derechos hereditarios, se tuvo como únicos y universales herederos a ---------- y en especial, en el considerando quinto, resolvió: "V. designación de albacea.- toda vez que no existe impedimento legal alguno que haya sido manifestado por los coherederos, ni advirtiéndose la existencia de alguno del estudio oficioso realizado por este juzgado y ante la conformidad de la representante social adscrita, respecto de tal circunstancia, además y como se advierte de autos que ----, han sido declarados como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de la sucesión intestamentaria a bienes de la de cujus ------, en su carácter de descendientes directos de la autora de la sucesión intestada intestamentaria; mismos que en diligencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por mayoría de votos fue designado como albacea el coheredero ------, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 780 del Código Familiar Vigente en el Estado de Morelos, es procedente designar y se designa a ------, albacea de la presente sucesión testamentaria a bienes de la de cujus ------; en consecuencia se le debe hacer saber su nombramiento para los efectos de la aceptación y protesta del cargo dentro del plazo establecido por el artículo 698 del Código Procesal familiar en vigor, dispensándosele de otorgar caución, por tener el carácter de heredero, en términos de lo dispuesto por el artículo 799 del Código Procesal Familiar en vigor, sin embargo y al existir temor de la coheredera de que se dilapiden los bienes se requiere al albacea designado para que dentro del término de treinta días de aceptado el cargo presente el avalúo correspondiente, apercibido que de no hacerlo será removido en términos del artículo 802 del Código Familiar en vigor en el Estado, quedando obligado a aceptar y protestar el cargo conferido; hecho lo anterior expídase a su favor copia certificada de esta resolución para los efectos de representación de la propia sucesión." (fojas 414 a 420 anexo I) (lo resaltado es propio) Determinación que fue aclarada el nueve de abril de dos mil veintiuno, en el sentido de que, erróneamente se asentó en el considerando sexto que: ".dentro del término de treinta días de aceptado el cargo presente el avalúo correspondiente.", siendo lo correcto: ".dentro del término de treinta días de aceptado el cargo presente el inventario correspondiente.". (fojas 424 y 425 del anexo I) 4. Inconforme con la sentencia interlocutoria de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno y su aclaración de nueve de abril siguiente, el apoderado de la coheredera Ana -------, hizo valer recurso de apelación, que fue resuelto por la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el nueve de julio de dos mil veintiuno, determinando confirmar las determinaciones impugnadas. (fojas 480 a 495 del anexo I) SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad dado que el suscrito, de ser el caso, procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 74, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 164618, de literalidad siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Argumenta, en esencia, en su único concepto de violación, que la autoridad responsable vulneró su derecho de debido proceso porque realizó una indebida fundamentación en el artículo 777 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que el artículo 698 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que, el albacea, para no otorgar garantía deberá ser dispensado por todos los interesados, con lo que, -dice- el numeral 777 antes citado, no es aplicable al caso de la dispensa de la garantía. Agrega, que la responsable vulnera el principio de literalidad, pues la dispensa mencionada, debe ser otorgada por todos los interesados, no por la mayoría, ni por la minoría, porque señala, no hay manera de interpretar una falta de manifestación expresa, ya que la ley es clara. Lo anterior deviene infundado. Para justificar la afirmación que antecede, es menester precisar que, el artículo 698 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 698.- ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA. El albacea debe aceptar su cargo dentro de los tres días siguientes al en que se le haga conocer el nombramiento por notificación personal, o en la audiencia en que haya sido designado, si estuviere presente, y si no lo hace, se tendrá por removido y se hará nueva designación. Si acepta, deberá caucionar su manejo con sujeción a lo dispuesto por el Código Familiar, salvo que todos los interesados lo hayan dispensado de esta obligación. Si no cumple con otorgar la caución dentro del plazo indicado, será removido de plano." (lo resaltado es propio) Del que se obtiene que, el albacea, al aceptar el cargo debe caucionar el manejo de la administración con sujeción a lo dispuesto por el Código Familiar, y se puede dispensar de esa obligación cuando todos los interesados lo hayan liberado de tal deber. Por su parte, el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en su Título Quinto, Capítulo III, artículos 774 a 837 regula, entre otras cosas, las funciones, personas, elección y casos específicos de los albaceas, en especial, lo concerniente a los artículos: "ARTÍCULO 777.- CONCEPTO DE MAYORÍA. La mayoría, en todos los casos de que habla este Capítulo, y los relativos a inventario y particiones, se calculará por el importe de las porciones y no por el número de las personas. Cuando la mayor porción esté representada por menos de la cuarta parte de los herederos para que haya mayoría, se necesita que con ello voten los herederos que sean necesarios para formar, por lo menos, la cuarta parte del número total." "ARTÍCULO 778.- ELECCIÓN DE ALBACEA. Cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no desempeñare el cargo, por los herederos menores votarán sus legítimos representantes. Si no hubiere mayoría, el albacea será nombrado por el Juez, de entre los propuestos." "ARTÍCULO 798.- GARANTÍA DEL CARGO DE ALBACEA. El albacea está obligado, dentro del mes siguiente a la aceptación de su encargo, a garantizar su manejo con fianza de una institución de fianzas legalmente autorizada para otorgarla, hipoteca o prenda, u otra garantía bastante, a criterio del Juez, conforme a las bases siguientes: I.- Por el importe de las rentas de los bienes raíces en el último año y por los réditos de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo; II.- Por el valor de los bienes muebles; III.- Por el de los productos de las fincas rústicas en un año, calculados por peritos, o por el término medio de un quinquenio, a elección del Juez; y IV.- En las negociaciones mercantiles e industriales por el veinte por ciento del importe de las mercancías y demás efectos muebles, calculado por los libros si están llevados en debida forma o a juicio de peritos." De los que se advierte que la mayoría, se calculará por el importe de las porciones y no por el número de personas, en lo concerniente a los artículos 774 a 837 de ese ordenamiento, que regulan las particularidades de los albaceas, en los juicios sucesorios. Así mismo, se observa la obligación del albacea, de garantizar el manejo de la administración que, a criterio del Juez, éste calculará la garantía especial teniendo como base, entre otros, los réditos de los capitales y valor de los bienes muebles, la cual deberá ser bastante para garantizar la masa hereditaria. En la misma regulación encontramos el artículo: "ARTÍCULO 799.- GARANTÍA DEL ALBACEA COHEREDERO. Cuando el albacea sea también coheredero y su porción baste para garantizar, conforme a lo dispuesto en el artículo que precede, no estará obligado a prestar garantía especial, mientras que conserve sus derechos hereditarios. Si su ----- para prestar la garantía de que se trata, estará obligado a dar fianza, hipoteca o prenda por lo que falte para completar esa garantía." Del que se advierte una excepción para prestar garantía especial, a saber, cuando un albacea también sea coheredero con la condición de que su porción hereditaria baste para garantizar su cargo. De la resolución combatida se observa: "Entonces, la regla prevista en el artículo 799 del Código Familiar, que fija el trato que se le deba dar a la garantía, cuando se trate de elección de uno de los coherederos, queda a discrecionalidad del juez, pues si bien, éste no le puede excluir de su responsabilidad para garantizar la masa hereditaria, quedando únicamente a decisión de los demás coherederos, la oposición de uno solo no es suficiente para que pueda determinarse, pues el voto de la 'mayoría' constituyen bienes suficientes para eximirlo de la responsabilidad de acuerdo a lo previsto por el artículo 777 del Código Familiar, quedando como facultad del juez, determinar si dicha porción es suficiente para garantizar la masa hereditaria o bien si es que faltase, cuánto es la cantidad que se necesita caucionar por el restante para completar esa garantía." (foja 31 del expediente ----) (lo resaltado es propio) De la que se infiere, en lo que aquí atañe, que la responsable al referir que el albacea no está obligado a prestar garantía por su condición de coheredero, está delimitando el tipo de garantía de que se trata, esto es sobre la garantía especial, que en caso de que faltase un restante para asegurar el caudal hereditario deba exhibirse o no. Determinación que se considera ajustada a derecho, pues al margen de que la responsable consideró que: ".la oposición de uno solo no es suficiente para que pueda determinarse, pues el voto de la 'mayoría' constituyen bienes suficientes para eximirlo de la responsabilidad de acuerdo a lo previsto por el artículo 777 del Código Familiar."; lo cierto es que, ello lo refirió únicamente en cuanto a la garantía especial, es decir sobre el faltante que hubiere existido, en caso de que no hubiera sido suficiente la parte alícuota de -----, no así para dispensarlo de exhibir garantía, de que trata el numeral 698 del Código Procesal Familiar del Estado, al aceptar el cargo, pues ello lo confirmó en atención al artículo 799 del Código Familiar. Ello es así, porque el derecho de dispensar al albacea de todos los interesados es únicamente para aquellos casos en que no se den los dos supuestos de excepción que contempla el señalado arábigo 799, esto es, que no sea coheredero y que no baste su porción alícuota para garantizar su encargo; de ahí que no asista razón a la quejosa al alegar que la responsable vulneró su derecho al debido proceso o que vulneró el principio de literalidad. Además de que, contrario a lo que argumenta la quejosa, la responsable acató su deber constitucional de fundar debidamente su determinación, pues resulta claro que expresó las circunstancias especiales, y razones particulares tomadas en consideración para la emisión del acto apegándose a lo que establece la jurisprudencia identificada como 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, novena época, con registro digital: 176546, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". Por otra parte, tampoco asiste razón jurídica a la quejosa, al argumentar que, la responsable erróneamente interpretó que los hoy terceros interesados al emitir su voto a favor del albacea, implícitamente, esa manifestación, conllevaba la dispensa de la garantía. Pues se insiste, la responsable no basó su determinación de confirmar la interlocutoria recurrida, en la que se eximió al albacea de la caución, en el hecho de que la mayoría haya votado, para su designación en el cargo, en favor de José Luis Soto Bahena, sino en la circunstancia de que el albacea es coheredero y, a consideración tanto de la juzgadora de origen como de la sala responsable, su parte alícuota es suficiente para garantizar la masa hereditaria, de ahí que resulte infundada su argumentación, pues se apoya en una premisa falsa, ya que las razones que dio la sala del conocimiento a efecto de confirmar son totalmente diversas a ese argumento, tal y como se puede advertir de la siguiente transcripción: ".Ahora, de acuerdo al artículo 799 del Código Familiar del Estado de Morelos, cuando el albacea sea también coheredero y su porción sea basta (sic) para garantizar el manejo de la administración, no estará obligado a prestar garantía especial, mientras que conserve sus derechos hereditarios y su porción sea suficiente, y en caso de que no lo fuere (a criterio del juez), tendrá que prestar la obligación de presentar garantía mediante fianza, hipoteca o prenda, por lo que falte para completar esa garantía, de igual modo, de acuerdo con el artículo 800 del mismo código, los herederos tienen derecho de dispensar al albacea del cumplimiento de esa obligación. En el caso particular, debemos tener en cuenta que, la garantía a cargo del albacea es una obligación ineludible que viene con el encargo, a efecto del daño y perjuicio que pueda causar, así teniendo que garantizar el buen manejo de la administración y que éstos no se dilapiden. Así, en el presente asunto, al tratarse el albacea de uno de los herederos puede eximirse de la responsabilidad para que otorgue garantía especial, sí su porción va a estar bastase para garantizar los mismos, es decir, en realidad no se exime de la garantía especial, sino que se garantiza con su parte alícuota, la cual constituye una tercera parte del total de los bienes, misma que al tratarse de la resolución que decide sobre la primera sección a criterio de la jueza, así como de este Tribunal es suficiente para garantizar la masa hereditaria." (foja 30 de la copia certificada del expediente 161/2020-3) (el resaltado es propio) En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los motivos de disenso, procede negar a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a -----, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la copia del oficio OCC/C18/JDM/43/2022, signado por la Jefa de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual comunica que se efectuó la compensación correspondiente del presente asunto y efecto remite la boleta registrada con el número 233/2021, del turno de demandas de amparo, de cambio de turno de dieciocho de enero de dos mil veintidós. Al respecto, téngase por hecha la comunicación vertida para los fines estadísticos correspondientes y glósese la papeleta remitida, para que obre como corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por *****, autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita transitar la tramitación de sus asunto mediante el esquema de "JUICIO EN LÍNEA" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, asimismo, solicita el acceso al expediente electrónico y proporciona nuevo correo electrónico y número telefónico. Se revoca domicilio físico de la parte quejosa. Atento a lo anterior y a virtud de la petición realizada por el autorizado de la parte quejosa, respecto a que las notificaciones se le realicen vía electrónica; se tiene por revocado el domicilio físico que señaló en su escrito inicial de demanda. Notificación vía electrónica. En ese mismo sentido, con base en el arábigo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se tiene como medio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la vía electrónica. En ese sentido, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que las notificaciones de esa naturaleza que se ordenen en el presente asunto, se practiquen vía electrónica a la parte quejosa, indistintamente, a través de usuario "***", conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Consulta del expediente electrónico. En ese tenor, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al usuario "****", para consultar vía internet las actuaciones que se dicten en el presente asunto, siempre y cuando se encuentren registrados en dicho sistema. Se instruye al oficial judicial "A" En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización del promovente en el referido sistema. De los medios especiales de comunicación. Finalmente, comuníquese al promovente que no es factible tener como medios de notificación el correo electrónico y número de celular que proporciona, pues la Ley de Amparo no los contempla con dicha finalidad; no obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les tienen por señalados como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, por tanto, tal y como lo solicita, los mismos pueden ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Se solicita instrumento notarial a órgano homólogo. Por otra parte, se solicita atentamente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, a efecto de que, a la brevedad remita el Instrumento Notarial número ****, toda vez que no obra en los autos del juicio de amparo 71/2021 de este órgano jurisdiccional, 1295/2021 de su estadística, lo anterior con el propósito de que este recinto se encuentre en condiciones de resolver. Notifíquese.

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