Ana Ivonne Vivas Gomez
Expediente 1124/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1124/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ana Ivonne Vivas Gomez
- A V O V
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Mérida, Yucatán; veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiocho de septiembre de este año. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2 de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la totalidad de los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 1124/2021-III-B, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de iniciales ******************** y ********************; y RESULTANDO PRIMERO. Por oficio recibido el tres de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, y turnado el cuatro de junio siguiente a este órgano jurisdiccional, este juzgado ordenó separar los autos del diverso juicio de amparo 982/2021-I-B, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de iniciales ******************** y ********************, ; mismo que se tuvo por recibido el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, correspondiendo conocer en el presente sumario respecto a la solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2. Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas, Ambos con sede en la Ciudad de ********************, 3. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 4. Gobernador de esta entidad, Ambos con sede en esta capital, 5. Dirección de Medio Ambiente, y 6. Presidente Municipal, Estos últimos con sede en ********************, ********************. SEGUNDO. Por acuerdo de veinticuatro de junio de este año, se abocó al conocimiento de la demanda y la admitió a trámite únicamente respecto de los actos indicados en la separación de juicios, registrándola bajo el número 1124/2021-III-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual tuvo verificativo, previos diferimientos, al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de ********************, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, respecto de los actos por los que se ordenó la separación de juicios, se advierte que la parte quejosa reclamó: - La omisión de llevar a cabo, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones tendentes a preservar el equilibrio ecológico, la protección de las aguas, flora y fauna y el daño ambiental en el área natural protegida "********************", daño directo e impacto al ambiente y la cero contaminación del agua del área natural, la perdida y deterioro de las formaciones naturales. TERCERA. No es cierto el acto atribuido al 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos -a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales- (promoción 12163), a la 2. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas -por conducto de la Directora de Asuntos Jurídicos- (promoción 14099), a la 3. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de ******************** -por conducto del Encargado del despacho- (promoción 11079), al 4. Gobernador Constitucional del Estado de ******************** -por conducto del Consejero Jurídico del Estado- (promoción 11495), a la 5. Directora de Medio Ambiente (promoción 12255) y al 6. Presidente Municipal (promoción 12256), estos últimos pertenecientes al Ayuntamiento de ********************, ********************, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación. Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado es de naturaleza negativa con efectos positivos, es necesario analizar las atribuciones de las responsables con el fin de corroborar o desvirtuar la negativa aducida. Apoya lo anterior la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, visible a página 53, del rubro siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." En ese sentido, respecto al Presidente de la República, tenemos que de la lectura del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se aprecia que se encuentre obligada de manera directa a actuar en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues inclusive ese numeral señala que el Titular del Ejecutivo Federal tiene la facultad de nombrar a los Secretarios de Estado, quienes, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son los encargados del despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión. Misma suerte que sigue el Gobernador del Estado de ********************, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 14 del Código de la Administración Pública de ********************, para cumplir con su encomienda, el Poder Ejecutivo del Estado cuenta con dependencias y entidades que en su conjunto componen la Administración Pública Estatal, por lo que no se aprecia que le sea reservada de manera directa la conducta pretendida por la parte quejosa. De esa manera, en lo tocante al Presidente Municipal de ********************, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de ********************, ********************, no se encuentra obligado de manera directa a actuar en ese sentido, ya que para atender el despacho de los asuntos de su competencia, cuenta con el auxilio de las dependencias y organismos previstos en la Ley de Bando, en el indicado Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas vigentes en ese Municipio. Por otro lado, en cuanto a la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de ********************, debe señalarse que, de la lectura del artículo 3 del Reglamento para la Protección del Medio Ambiente del Municipio de ********************, ********************, no se advierte que tenga la obligación de preservar el equilibrio ecológico, la protección de las aguas, flora y fauna y el daño ambiental en el "********************", daño directo e impacto al ambiente y la cero contaminación del agua de esa área, así como la perdida y deterioro de las formaciones naturales. Lo que además se corrobora con los artículos 1 y 2 del Acuerdo por el que se crea el Órgano Descentralizado Municipal denominado "Parador Turístico Cenote Zací", de cuya intelección se aprecia que el Cenote Zací es un área administrada por un Organismo Descentralizado Municipal, quien se encarga de operar, desarrollar y conservar, entre otras, las formaciones naturales de dicha porción natural. De esa guisa, en concordancia con el artículo 70 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con el 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el 1 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, tampoco compete a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ni a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de ******************** verificar lo pretendido por la parte quejosa, pues el "********************" no se trata de una zona natural competencia de la federación, sino una administrada por un órgano desconcentrado municipal, la cual no es de competencia federal. Máxime que el artículo 64, relacionado con el diverso 4, fracción LXIV, ambos de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de ********************, establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable la protección de los ecosistemas existentes en los cenotes. En ese sentido, ante la inexistencia del acto atribuido a dichas autoridades, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es impedimento para resolver en el sentido antes indicado que la responsable Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de ********************, con el fin de rendir su informe con justificación, haya desahogado la inspección ******************** en materia de impacto ambiental el siete de julio de este año, en el parador turístico denominado "********************", ubicado en calle ********************, por calle ******************** y calle ********************, colonia ********************, localidad y municipio de ********************, Estado de ********************, ********************, de la que se desprende que la persona con la que se atendió la diligencia indicó: ".que las obras y actividades del 'Mejoramiento del Entorno Urbano del Parador Turístico del ********************' corren a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno Federal (SEDATU) y con presupuesto del Gobierno Federal, a través de la Compañía Constructora Opresa, S.A de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. OPR 950209 589, con domicilio en calle 25 número 91 Int. A x 16 y 18, Colonia ********************, Mérida, ********************, ********************, C.P. 97125, Pagina WEB: www.opresa.com.mx." (foja 25 del archivo electrónico que contiene la promoción 11079). Sin embargo, la omisión atribuida al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) es materia del juicio de amparo 982/2021-I-A del índice de este juzgado, como se aprecia del oficio que inició el presente sumario. Además, si bien las diversas responsables municipales refirieron en sus informes con justificación que se llevaron a cabo los dictámenes técnicos ambientales 095 de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte y 025 de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, de los que se aprecia la orden de retiro de diversos ejemplares de árboles en el predio que ocupa el parador turístico denominado "********************", por diversos motivos (no se encuentran sanos, con apariencia necrótica, generadores de un peligro, ubicación no apta, etcétera). Sin embargo, al margen de que la parte quejosa no demuestra que ello transgrede su derecho al medio ambiente, lo cierto es que dicho actuar no se comprende dentro del acto tildado de inconstitucional en el presente sumario, pues la lectura de su libelo inicial de demanda, se aprecia que su pretensión radica en la defensa del ******************** y la contaminación de sus mantos acuíferos, así como la flora y fauna de la caverna semi-abierta de aproximadamente 45 metros de diámetro, por ser habitante del lugar y autodeterminada de la comunidad maya. Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, a través de su representante ********************, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable y por el motivo señalado en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese al presente sumario constitucional para los efectos legales conducentes, el oficio que contiene el informe con justificación de la Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con residencia en la Ciudad de México. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la legislación invocada, ténganse como domicilio y delegados de la responsable en cita, los que se señalan en el informe de mérito. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se acuerda: toda vez que a la presente data no existe certeza de que la autoridad responsable Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegida, con residencia en la Ciudad de México, tenga conocimiento del oficio 21013/2021 que le fue girado y que contiene el auto de diecisiete de agosto de la anualidad, por el cual se le hizo de su conocimiento que no se tuvo rendido su informe justificado, dado que fue remitido vía correo electrónico. Por lo tanto, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia señalada para tener verificativo en este propio día, por lo que a fin de que la citada responsable foránea se encuentre en aptitud de rendir su informe con justificación, se impone su diferimiento y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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