Ana Ivonne Vivas Gómez

Expediente 982/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 34 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
982/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Ana Ivonne Vivas Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el cinco de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, pues en audiencia incidental de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    ELECTR.Visto para resolver los autos del juicio de amparo 982/2021-I-B, promovido por Ana Ivonne Vivas Gómez, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada A.V.O.V. y L.M.O.V., y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día cuatro siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Ana Ivonne Vivas Gómez, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada A.V.O.V. y L.M.O.V., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas, ambos con sede en la Ciudad de México; Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad; Dirección de Medio Ambiente; Presidente Municipal; Jefe del Departamento de Mercados y Vigilancia de Espacios Públicos y Comercio; Director de Espacios Públicos y Director de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad, todos del municipio de Valladolid, Yucatán. SEGUNDO. Separación de juicios y admisión de la demanda. Previo acuerdo de prevención de la demanda y escrito aclaratorio, mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno (fojas 46 a 50), se realizó la separación de juicios y se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, respecto de las diversas autoridades y actos reclamados: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas, ambos con sede en la Ciudad de México; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Gobernador de esta entidad, con sede en esta capital; Dirección de Medio Ambiente y Presidente Municipal, los dos últimos del municipio de Valladolid, Yucatán. La omisión de llevar a cabo, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones tendientes a preservar el equilibrio ecológico, la protección de las aguas, flora y fauna y el daño ambiental en el área natural protegida "Cenote Zaci", daño directo e impacto ambiental y la cero contaminación del agua del área natural, la perdida y deterioro de las formaciones naturales. Del Jefe del Departamento de Mercados y Vigilancia de Espacios Públicos y Comercio, Director de Espacios Públicos y Director de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad, todos del municipio de Valladolid, Yucatán. El despojo ilegal y arbitrario de su centro de trabajo ubicado en el referido cenote. También, en el propio acuerdo se admitió a trámite la demanda de amparo, contra los actos reclamados de la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con sede en esta ciudad. Se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós (foja 285), se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nueva autoridad responsable a la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructuras y Espacios Públicos (UAPIEP) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México; lo anterior, ya que del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advirtió su participación. CUARTO. Demanda por no ampliada. Mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós (foja 289), se tuvo por no ampliada la demanda de amparo; ya que la parte quejosa no desahogó la prevención a que se hizo referencia en el antecedente tercero, no obstante estar debidamente notificada y haber transcurrido el término que se le señaló para tal efecto. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con sede en esta ciudad, se tiene que la parte quejosa reclama: La autorización, ejecución de obras, destrucción y reconstrucción de la bóveda, tratamiento y contaminación de las aguas, flora y fauna, y demás que puedan resultar en el daño al medio ambiente en los alrededores del "CENOTE ZACI", ubicado en la esquina de la calle treinta y nueve, por las calles treinta y cuatro y treinta y seis, de la colonia centro de la Ciudad de Valladolid, Yucatán. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad (número de promoción 11251, fojas 100 a 106), no obstante lo negó al rendir su informe justificado por conducto del Subdelegado Jurídico Estatal, hizo manifestaciones que evidencian su existencia; lo que se corrobora en el contenido del mismo. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. El análisis de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, por tratarse de una cuestión de orden público y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, acorde a lo dispuesto por la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En primer término, es menester señalar que los artículos antes invocados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. .III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Ciertamente, de la interpretación en sentido contrario efectuada a los numerales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se haga valer en contra de actos cuya autoridad emisora no es designada como responsable. Ahora bien, a fin de ilustrar convenientemente sobre la anterior afirmación, es preciso señalar lo siguiente: La autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, por conducto del Subdelegado Jurídico Estatal, informó que únicamente participa como instancia auxiliar de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.4 fracción XXXVII de las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, por lo que no tiene atribuciones para autorizar ni ejercer los subsidios del Programa de Mejoramiento Urbano del Municipio de Valladolid. Y que si bien el municipio de Valladolid resultó beneficiario del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con la obra número PCA-31102EP001, denominada "Renovación de Parador Turístico Cenote Zaci", perteneciente a la vertiente "Mejoramiento Integral de Barrios", dicho beneficio provino de la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos (UAPIEP) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México. En atención a lo anterior, por acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que dentro del término previsto en los numerales 17 y 111 de la Ley de Amparo, manifestara si ampliaba su demanda de amparo por cuanto hace a la referida autoridad denominada Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos (UAPIEP) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho. Sin embargo, la parte impetrante del amparo no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en el referido acuerdo, por lo que en auto de treinta de junio siguiente, se hizo efectivo el apercibimiento efectuado y se le tuvo por no señalada como autoridad responsable en este asunto, ordenándose resolver el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto a la autoridad responsable señalada en el auto admisorio de demanda. Así, con base en lo anteriormente expuesto, se sostiene que se surte la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que para estar en aptitud de analizar en esta vía la constitucionalidad del acto de que se trata, la promovente debió señalar a la autoridad que ordenó el acto que reclama. De ahí que, si en el caso en estudio, la parte aquí quejosa, a pesar de haber sido requerida oportunamente para ello, no señaló en este asunto como responsable a la multicitada autoridad, la cual es precisamente quien deberá justificar el acto del que se duele; de ello se sigue, que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, en virtud de que no se llamó a la autoridad en cita y, por ende, no fue oída en esta vía constitucional. Resulta aplicable al caso, por las razones que la sostiene, la tesis sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Finalmente, debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en el presente asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta y registro 2005917, que informa: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". De la misma manera cobra aplicación, por analogía, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ana Ivonne Vivas Gómez, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada A.V.O.V. y L.M.O.V., contra el acto que atribuyó al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo por no ampliada la demanda que dio origen a este asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los presentes autos se advierte que en proveído de treinta de junio en curso, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo, mismo proveído que es recurrible mediante el recurso de queja, que establecen los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, cuyo plazo para interponerlo se encuentra transcurriendo. Por lo tanto, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia señalada para tener verificativo en este propio día, por lo que se impone su diferimiento y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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