Ana Isabel Piñeiro García

Expediente 1494/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1494/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Ana Isabel Piñeiro García
  • Directora General del Colegio de Bachilleres de Baja California, Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el oficio signado por la superioridad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1494/2018; asimismo, remite testimonio de la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia 6/2019, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el presente incidente de inejecución de sentencia." Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; agréguese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión planteado y para un mejor manejo del expediente, desglósense las originales que obran agregadas en el citado cuaderno. Ahora bien, con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio 110/2019, e informa a este Juzgado Federal que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia relativo al expediente en que se actúa, el cual se registró con el número 6/2019 de su índice, de lo que este juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa, en proveído de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, sin que haya realizado manifestación alguna; atento a ello, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias presentadas por las autoridades responsables, a fin de determinar si efectivamente se acató la sentencia de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.26/2000, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Cabe señalar que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia concesoria o no exista materia para la ejecución; razón por la cual, es necesario precisar, que la materia del presente asunto es analizar y determinar si la autoridad responsable acató o no la ejecutoria de amparo, además de verificarse que en el cumplimiento respectivo no exista exceso o defecto. En ese orden, de autos se aprecia que el treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 69 a 76), este Juzgado de control constitucional dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que resolvió: "PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Ana Isabel García Piñeiro, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, en esta ciudad, en términos del quinto punto considerativo de esta resolución, para los efectos que se precisan en el considerativo sexto de esta sentencia. [.]" Por auto de veintiocho de mayo del presente año (fojas 95 y 96) causo ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo y realizara lo siguiente:  Deje sin efecto la resolución de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro dictada dentro del juicio de nulidad 1853/2017 S.S., relativo al recurso de reclamación promovido por la parte quejosa, y emita una nueva en el que declare fundados los agravios planteados por la actora recurrente al tenor de las consideraciones expuestas en esta sentencia. Exhibiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran. La autoridad responsable por oficio de diez de junio de dos mil diecinueve, registrado con el número de correspondencia 9749, informó a este Juzgado lo siguiente: "[.] La ejecutoria de amparo ordena se deja sin efectos la resolución interlocutoria dictada dentro del presente juicio, mediante la cual se confirma la negativa a otorgar la suspensión del acto impugnado; sin embargo, es de hacerse de conocimiento que se considera que dicha sentencia ha quedado sin materia, siendo imposible su cumplimiento en los términos concedidos. En efecto, en fecha dieciséis de enero del año en curso se dictó sentencia definitiva dentro del presente juicio, siendo debidamente notificada a las partes según constancias actuariales obrantes en autos, sin que hubiesen promovido recurso de revisión en contra de esta; por lo que, mediante proveído dictado en esta misma fecha se declaró que la sentencia causó ejecutoria y dado que decretó el sobreseimiento, se ordenó el archivo del juicio como totalmente concluido; por lo que la suspensión ha dejado de surtir sus efectos legales de conformidad con el articulo 57 primer párrafo de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. [.]" Esa circunstancia se corrobora de las constancias que anexa al mencionado oficio, de las que se advierte que el dieciséis de enero del año que transcurre dictó sentencia definitiva en la que sobreseyó el juicio contencioso administrativo 1853/2017 SS (fojas 100 a 111), asimismo, en auto de seis de junio del presente año, la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, en esta ciudad, causó ejecutoria teniendo por concluido en su totalidad el juicio del que deriva el acto reclamado ordenando remitir los autos originales al archivo. Es preciso señalar que el acto reclamado en este juicio es "la resolución interlocutoria, de fecha 21 de septiembre del 2018, pronunciada en el trámite del recurso de reclamación, en el sumario principal identificado con el número de índice 1853/2017 SS." cuya vigencia se encuentra sujeta a la resolución en definitiva del juicio. De manera que si la autoridad responsable dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio y esta causo ejecutoria el seis de junio de dos mil diecinueve, es claro que la medida materia de la litis en el juicio perdió vigencia, y que la autoridad responsable no puede dictar una diversa en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Máxime si se toma en consideración que en este asunto no se solicitó la suspensión del acto reclamado por lo que la autoridad responsable continuó la secuela procesal hasta resolver el juicio. Por otra parte, deben tenerse en contexto las etapas del procedimiento de cumplimiento previstas en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. [.] Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. [.] Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el Juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. [.] Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 58/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. De los artículos transcritos se aprecia, que el procedimiento para obtener el cumplimiento a una ejecutoria de amparo inicia con el requerimiento a la autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días acredite su acatamiento, en los términos en ella establecidos, apercibiéndola que, en caso de incumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa y se continuará con el procedimiento de ejecución respectivo. Asimismo, se establece que transcurrido el plazo otorgado a las autoridades para que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de no encontrarse cumplida, se hará el pronunciamiento respectivo y, previa imposición de las multas, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien revisará el trámite que se siguió y dictará la resolución respectiva, la cual podrá ser en el sentido de reiterar que existe incumplimiento del fallo protector, en cuyo caso el asunto se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el subsecuente trámite que podrá culminar con la separación del cargo de las autoridades contumaces. Además de ese supuesto, existe, entre otros, uno que resulta de relevancia para calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que es el relativo a la imposibilidad de la autoridad para acatarlo en sus términos. Como se dijo, el efecto protector del amparo es: "Deje sin efecto la resolución de veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro dictada dentro del juicio de nulidad 1853/2017 S.S., relativo al recurso de reclamación promovido por la parte quejosa, y emita una nueva en el que declare fundados los agravios planteados por la actora recurrente al tenor de las consideraciones expuestas en esta sentencia." Por tanto la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, en esta ciudad, manifestó la imposibilidad para acatarla en razón de que la mencionada autoridad por auto de dieciséis de enero del año que transcurre dictó sentencia definitiva en la que sobreseyó el juicio contencioso administrativo 1853/2017 SS; por lo que, en auto de seis de junio del presente año, causó ejecutoria teniendo por concluido en su totalidad el juicio del que deriva el acto reclamado ordenando remitir los autos originales al archivo; es patente la imposibilidad que le asiste para cumplir la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 196, de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y del diverso Acuerdo General número 12/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia y de repetición del acto reclamado así como al procedimiento que se seguirá en ese Alto Tribunal al conocer de esos asuntos; asimismo, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, se declara imposibilidad jurídica y material para cumplir la sentencia y se rodena remitir los autos del presente juicio de amparo al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO EN TURNO, para que determine si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo, lo que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 172140, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio 2007, página 140, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." De igual manera, comuníquese lo anterior a las partes y fórmese cuaderno de antecedentes por imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia, con copia de la demanda, auto admisorio, sentencia, ejecutoria y constancias relativas al cumplimiento del fallo protector.

  4. Principal

    se ordena notificar por lista a la parte quejosa el proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, a diez de junio de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta firmado por la autoridad responsable, a través del cual exhibe las constancias con las que manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga, en el entendido que una vez transcurrido el término y aún ante la ausencia de argumentos el suscrito resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario; conviene precisar que el artículo en cita, en la parte que interesa, textualmente señala:

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