Ana Guadalupe Lugo Chavez

Expediente 641/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
641/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Ana Guadalupe Lugo Chavez
  • Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios el Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, por medio del cual la parte quejosa vierte diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de lo que este juzgado, toma conocimiento para los efectos legales conducentes; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar los elementos que obran en el expediente, para resolver si la sentencia pronunciada en autos está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Lo anterior, con apoyo además en la tesis jurisprudencial, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Ahora bien, de autos se desprende que este Juzgado de control constitucional dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que resolvió: "[.] Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a*****, respecto del acto que quedó precisado en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos y para los efectos apuntados en el quinto y sexto considerando de esta sentencia constitucional. [.]" Mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinte se tuvo por recibida la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, dictada en del amparo en revisión administrativo 530/2019, de su índice en donde el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal AMPARA Y PROTEGE a *****, contra los actos que reclamó del INSTITUTO, DIRECTOR DE PENSIONES Y JUBILACIÓNES Y JUNTA DIRECTIVA, todos del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, consistentes en la omisión de dar contestación a la petición de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. TERCERO. Se declara SIN MATERIA la revisión adhesiva interpuesta por ANA GUADALUPE LUGO CHÁVEZ" Por oficio registrado con el número de correspondencia 5076 las autoridades responsables Instituto; Director de Pensiones y Jubilaciones y Junta Directiva, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, anexaron copia certificada de las constancias con la que acreditan haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Derivado de lo anterior por auto de trece de mayo pasado, se ordenó dar vista de forma personal a la parte quejosa con las copias certificadas exhibidas por las autoridades responsables al informar sobre el cumplimiento dado al fallo protector; lo anterior con apoyo en el artículo 196, de la Ley de Amparo. Encuentra justificación en la jurisprudencia 2ª /J.16/99, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento veintidós del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que dice: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Asimismo, tiene aplicación la tesis 1a. XC/2001, visible en la página 358, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión." Por tanto, al advertirse que las autoridades responsables dieron respuesta a la solicitud de pensión por jubilación, formulada por Ana Guadalupe Lugo Chávez, presentada el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, de manera completa y congruente, y, realizaron las actuaciones necesarias para notificar de inmediato a la quejosa la resolución dictada; lo que evidencia que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto, sin que este órgano jurisdiccional advierta, excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 202, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia VII.3ro.P.T. J/16 del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 986, agosto de 2011, tomo XXXIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL" (DIRECTO O INDIRECTO). ES INFUNDADA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTE OTRO EN SU LUGAR, RESULTANDO INNECESARIO EXAMINAR SI QUEDARON SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis P. XLV/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 25, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTA OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO EXAMINAR SI CUMPLIÓ O NO CON LA TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también es aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional, pues los principios de ejecución de las sentencias respectivas son los mismos. Por tanto, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio, también llamado "amparo judicial" (directo o indirecto), el cumplimiento del fallo que otorgó el amparo para efectos contra una resolución o por irregularidades procesales o formales, o bien, cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, consiste en dejar sin efectos la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia protectora, por lo que basta con que se dicte una nueva resolución o, en su caso, se ordene la reposición del procedimiento y se realicen los actos procesales ordenados en la ejecutoria, para que no pueda sostenerse que se incurrió en inejecución de sentencia, pues el acto reclamado dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto, toda vez que la inejecución de sentencia consistiría exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo, u omitir regularizar el procedimiento en los términos en que se le ordenaron. De esta forma, si la nueva resolución no atiende con exactitud a lo ordenado en la sentencia de amparo, podrá implicar un cumplimiento indebido por exceso o defecto e, inclusive, la repetición del acto reclamado en el supuesto de que fuera idéntica a la que fue materia de la ejecutoria de amparo, pero no la inejecución del fallo protector de garantías, sin menoscabo de que, en el caso de un amparo para efectos, las consideraciones emitidas en la nueva resolución con libertad de jurisdicción podrían dar lugar a otro amparo en el que éstas se impugnen. De ahí que resulte infundada la inconformidad cuando la autoridad responsable deja insubsistente el acto reclamado y dicta otro en su lugar, sin que sea necesario examinar si cumplió o no con todos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo." De la misma forma, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 140/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, agosto de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual versa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." Orden de archivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu archívese este expediente como asunto totalmente concluido; lo anterior, toda vez que la resolución no implica ejecución alguna en este asunto; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración de constancias. Ahora bien, Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Firma electrónica. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el secretario que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese.Así lo proveyó y firma de manera electrónica Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario Luis Abel Cruz Martínez, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo, y el proveído mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades responsables no han dado cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Director, Instituto, Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que dentro del término de tres días den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la inteligencia que para ese efecto deberán: "a) Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la quejosa Ana Guadalupe Lugo Chávez, entre ellas recabar la constancia patronal en la que se indique la fecha a partir de la cual causó baja como trabajador activo y cualquier otra que se requiera para integrar el expediente mencionado. b) Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por la promovente del amparo el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. c) Notificar personalmente a la quejosa la resolución que recaiga a su solicitud." Apercibidas que de no hacerlo así, precisamente dentro del término concedido, se les impondrá multa de forma individual por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, según lo dispuesto en el artículo 258, de la invocada normatividad; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el invocado ordinal 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Salud del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de esta ciudad, ordene a éstas dar cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio de amparo, e informe a este órgano de control constitucional, los actos que haya realizado para tal efecto, con el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá multa equivalente a cien veces el valor diario de unidad de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258, de la referida ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad de referencia. En la inteligencia que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad antes señalada, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga a al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de una diversa autoridad ligada por cualquier motivo a la autoridad responsable, ésta deberá, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. En otro orden de ideas, visto el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual vierte diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de amparo; en atención a su contenido, dígase que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden; sin perjuicio de tomarse en consideración en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Agréguense en autos los escritos de cuenta signados por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita que se le permita el envío de promociones, medios de impugnación, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, de manera electrónica en el presente asunto; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 62, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Periódico Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico y juicio en línea. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "salmeronarce1" únicamente por el juicio de amparo en que se actúa.

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