Ana Georgina Dominguez Macias

Expediente 296/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
296/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Ana Georgina Dominguez Macias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 296/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia terminada de engrosar el trece de abril de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que las autoridades responsables remitieron diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridades responsables el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 296/2018-II, promovido por ANA GEORGINA DOMÍNGUEZ MACÍAS, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este juzgado en la misma fecha, ANA GEORGINA DOMÍNGUEZ MACÍAS y otra persona, por derecho propio, promovieron demanda de amparo contra actos de las autoridades, Directora General, Encargada del Área Médica, Directora de Seguridad y Custodia, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", así como del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (fojas 2 y 3). SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho se registró el expediente con el número 296/2018-II y se admitió la demanda, con excepción de los actos reclamados a la última de las autoridades responsables; por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo acuerdo de admisión, se decretó que los actos reclamados por cada quejosa se tramitaran y resolvieran en un juicio individual, razón por lo que se ordenó la separación de juicios, y en el presente juicio 296/2018-II, se analizarán únicamente los actos reclamados por ANA GEORGINA DOMÍNGUEZ MACÍAS. Finalmente, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la omisión de proporcionarle atención médica en materia de dermatología, para el padecimiento de acné facial y corporal. Tales actos los atribuye a las autoridades, Directora General, Encargada del Área Médica, Directora de Seguridad y Custodia, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS.". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Río, Morelos, al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos que se les reclaman y que consisten en la omisión de proporcionar a la quejosa, atención médica en materia de dermatología, para el padecimiento de acné facial y corporal. Sin que en el caso, la negativa de las autoridades responsables haya sido desvirtuada por la parte peticionaria del amparo, a más que aquéllas exhibieron fotocopias certificadas del expediente médico de la quejosa, ANA GEORGINA DOMÍNGUEZ MACÍAS, del que se advierte que, incluso, se le ha proporcionado atención médica. Entonces, desde un punto de vista conceptual, no basta mencionar que existe una omisión o inactividad, pues para que se configure una omisión reclamable en amparo, es imprescindible que exista el obligación de realizar una conducta y que alguien la haya incumplido a fin de que pueda exigírsele que obre en el sentido que ese deber le impone. Situación que en la especie no se surte, porque la peticionaria de amparo no demostró haber observado el procedimiento legalmente establecido en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, elevando una petición administrativa a las autoridades responsables para recibir atención médica en la específica materia que narra en la demanda, y que éstas lo hayan negado o en su caso omitido atender. En efecto, la peticionaria de amparo afirmó en la demanda de amparo, que había solicitado atención médica a través de papeletas y reportes verbales; sin embargo, en el auto de admisión de la demanda este tribunal de amparo requirió a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", para que informara si ANA GEORGINA DOMÍNGUEZ MACÍAS, había realizado peticiones por escrito solicitando la atención médica cuya omisión reclama en este juicio; quien informó mediante oficio recibido el veintiséis de marzo del mismo año, que no localizó registro alguno de peticiones de la quejosa solicitando la atención médica reclamada, sin que tampoco la quejosa aportara prueba alguna en aras de desvirtuar dicha negativa. A las documentales de mérito, se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Por lo tanto, al no demostrarse la existencia de la petición administrativa que hubiera sido omitida, realizada a la Directora del Centro de Reclusión, ni a las diversas autoridades, no puede considerarse que existiera un deber incumplido ni, por ende la omisión que se combate. Es aplicable la jurisprudencia de la décima Época, Registro: 2016418, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 16 de marzo de 2018, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.), del texto y rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Luego, de acuerdo a lo explicado en los párrafos que anteceden, se concluye que no quedó acredita la omisión que se combate al no demostrarse la existencia de peticiones expresas para la atención médica señalada por la quejosa, siendo que a ella le corresponde acreditar esa circunstancia, de acuerdo al nuevo paradigma de la ejecución penal judicializada y la existencia de un procedimiento para obtener atención médica y demás requerimientos para la vida digna dentro de los centros de reclusión, a través de las peticiones administrativas que realice al Director del Centro respectivo y, en su caso, al Juez de Ejecución. En la parte conducente y por analogía, es aplicable la tesis de la Décima Época, Registro: 2003971, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: XXI.2o.P.A.11 A (10a.), Página: 1386, "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular.". Observando que, por cuanto hace a la aplicabilidad del procedimiento referido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no incide el sistema mixto o acusatorio bajo el cual se haya decretado el acto que mantiene a la quejosa privada de la libertad; de ahí que éste sea vigente y aplicable. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2016366, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h, Materia(s): (Penal), Tesis: I.2o.P. J/3 (10a.), del tenor siguiente: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2014072, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.VII.P. J/3 P (10a.), Página: 1096, que a continuación se trascribe: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada.". Sin embargo, a criterio de quien resuelve, la jurisprudencia de mérito, versa sobre el reclamo de la omisión total de atención médica por las responsables, al no velar por la salud física y mental de los internos, al abstenerse de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo; tal como ahí se establece; pero en el caso particular, no es tal acto el que se combate, máxime que se demostró que sí existe el aludido diagnóstico médico inicial de la quejosa. Entonces, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ANA GEORGINA DOMÍNGUEZ MACÍAS, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el resultando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de abril de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene recibido el escrito signado por la quejosa MARIA ESTELA ALVAREZ DÍAZ, por medio del cual solicita la devolución de billete de depósito expedido número N 806099, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), que ampara la cantidad de $5,604.62 (cinco mil seiscientos cuatro pesos 62/100 moneda nacional); agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a su contenido, indíquese a la promovente que no ha lugar a acordar favorablemente su petición, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de seis meses para que las partes puedan hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 156de la Ley de Amparo, por lo que una vez que transcurra dicho término se estará en condiciones de hacer la devolución del billete de depósito correspondiente, previa solicitud que en su momento realice la promovente. Finalmente, se acuerda lo conducente hasta esta fecha, en cumplimiento a la Jurisprudencia P./J. 14/2017 (10a.), Décima Época, consultable en la : Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a su rubro y letra dice: RESOLUCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTÁ LEGALMENTE IMPEDIDO PARA EMITIRLAS EN UN DÍA INHÁBIL, PERO LABORABLE, SO PENA DE INCURRIR EN UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De la interpretación armónica de los artículos 23 de la Ley de Amparo abrogada, 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la luz del derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica de los justiciables y atento a su mayor beneficio, en términos de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que en los días señalados como inhábiles, pero laborables, como son el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque en esos días no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la: 1.- DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 "CPS FEMENIL MORELOS". 2.- DIRECTORA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS; y, 3.- ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL. Mediante el cual rinde su informe justificado; atento a lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió el Juez responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes tengan oportunidad de conocer el contenido del mismo con la anticipación debida, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere por segunda ocasión a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que informe si la impetrante ha realizado por escrito peticiones solicitando atención médica que reclama en el presente asunto y, en su caso, remita copia certificada de la totalidad de dichas peticiones; o en su defecto, la certificación correspondiente de que no se ha recibido. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene por recibida la notificación personal realizada a la parte quejosa , mediante la cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; la que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes. En atención al contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente en vía de alegatos; que se desahogan por su propia y especial naturaleza y que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Laura Yanzín González Ceballos, quien autoriza y da fe.

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