Ana Gabriela Adame Rivera

Expediente 1935/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1935/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
10/05/2018

Partes del expediente

  • Ana Gabriela Adame Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1935/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el trece de abril de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1935/2017-III, promovido por Ana Gabriela Adame Rivera, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el uno de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, y turnada al día siguiente en este Juzgado Federal, Ana Gabriela Adame Rivera, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Tercera Investigadora Cuernavaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En consecuencia, en términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir de la quejosa, precisa que el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Tercera Investigadora Cuernavaca de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos es: La resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, que niega la devolución del vehículo asegurado, Marca GMC, submarca Sierra Pick Up, color gris claro, modelo 2007, número de serie 2GTEK638271722704. Lo anterior se precisa de esta forma, pues la ilegal retención y aseguramiento del vehículo que también menciona, los hace depender acorde a los conceptos de violación que hizo valer, en contra del acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, que niega la devolución del vehículo asegurado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 31 a 32), asimismo, adjuntó al mismo diversas constancias que obran en autos de la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017, entre ellas el acuerdo de aseguramiento ministerial, así como el acuerdo que niega la devolución del vehículo. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 205 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se les otorga pleno valor probatorio CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Antes de abordar el estudio del presente asunto conviene previamente, relatar los antecedentes del acto reclamado: El siete de marzo de dos mil diecisiete, en la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017, el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos, emitió acuerdo de aseguramiento del vehículo Marca GMC, submarca Sierra Pick Up, color gris claro, modelo 2007, número de serie 2GTEK638271722704, así como diversos objetos, por considerarlos objetos del delito, así en la parte considerativa que nos interesa expuso lo siguiente: "El artículo 40 del Código Penal Federal establece lo siguiente: "Los instrumentos del delito, se decomisaran si son de uso prohibido."; por su parte el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que: " Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con este, serán asegurados a fin de que no se alteren destruyan o desaparezcan. La administración de los bienes asegurados se realizara de conformidad con la Ley de la materia." Ahora bien, los vehículos descritos como indicio 1, indicio 2, indicio 3, indicio 4 y indicio 5 objetos bélicos descritos anteriormente en los números 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,y 26 se consideran indicios que guardan relación con los hechos que se investigan en la Carpeta de Investigación en que se actúa, toda vez que, fue puesto a disposición por parte de elementos de la Policía Morelos, por lo que se consideran objetos del delito. II.- En este orden de ideas, resulta inconcuso que los artefactos bélicos, y los vehículos antes descritos, constituyen OBJETO del------------------------------------- III.-Por lo que hace a las armas de fuego, cargadores y cartuchos antes señalados, y a fin de evitar que se alteren, oculten o destruyan dificultando así la presente investigación, es procedente decretar el aseguramiento precautorio, así mismo por lo que hace a los vehículos señalados con antelación." [.] "Indicio 03.- Un vehículo de la marca GMC, Submarca SIERRA Pick Up, color gris claro, modelo 2007, Con placas de circulación MXS5571 del Estado de México con número de serie 2GTEK638271722704 [.]" (fojas 35 a 40) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, ante la autoridad responsable, compareció la ahora quejosa Ana Gabriela Adame Rivera, para solicitar la devolución del vehículo GMC, submarca SIERRA Pick Up, color gris claro, modelo 2007, con placas de circulación MXS5571 del Estado de México con número de serie 2GTEK638271722704. En la misma fecha presentó escrito dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Cuernavaca, Morelos y a la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017; del referido escrito se advierte en lo que nos interesa lo siguiente: ".vengo previa acreditación de propiedad a solicitar la devolución del vehículo Marca GMC, submarca SIERRA Pick up, color Gris Claro, modelo 2007, con placas de circulación MXS-5571 del Estado de México, con número de serie 2GTEK638271722704, misma que fue asegurada dentro de la carpeta de investigación en que se actúa." Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, en cumplimiento a la sentencia de amparo previa, dio contestación al ocurso de mérito (efectos de la concesión) y negó a la quejosa la devolución del vehículo asegurado (Fojas 25 a 85), y el mismo veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete le notificó de manera personal tal resolución. (Foja 86) Es esta última resolución dictada es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en principio es menester analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que las partes las hagan valer o bien, que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado se actualiza la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preceptos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" Ello es así, porque del contenido de los artículos referidos se desprende que el juicio de amparo es improcedente al existir tesis de jurisprudencia definida, decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es obligatoria para los juzgados de distrito, como en el caso, dado que al respecto, se encuentra la decretada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 12, de número de registro 393973, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Dicha jurisprudencia determina que es improcedente un acto que derive de otro consentido, como en la especie acontece. Es decir, el amparo es improcedente respecto de los actos que son una consecuencia de otros consentidos, ya que ningún sentido tendría considerar improcedente el juicio de amparo promovido en contra de un acto consentido si tanto los actos que derivan de él, como sus consecuencias, pudieran ser objeto de análisis en una diversa litis constitucional. Así, se observa que en el caso, el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, que constituye el acto reclamado, fue dictado en la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017, por el que se negó la devolución del vehículo asegurado referido; sin embargo, dicho acuerdo deriva del aseguramiento de siete de marzo de dos mil diecisiete, el cual no fue controvertido por la quejosa. Lo que antecede se advierte del informe y demás constancias remitidas por la autoridad responsable, puesto que se aprecian los siguientes datos: El siete de marzo de dos mil diecisiete, en la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017, el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos, emitió acuerdo de aseguramiento del vehículo ya antes referido, por considerarlo objeto del delito. La quejosa Ana Gabriela Adame Rivera tuvo conocimiento de dicho acto al menos desde el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, cuando solicitó por escrito presentado ante la autoridad responsable la devolución del vehículo afecto a la Litis. (Fojas 57 a 58) Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se negó a la quejosa la devolución del vehículo solicitado, siendo notificada personalmente el mismo día (fojas 86). De lo expuesto, se considera que el acto reclamado deriva del relativo al acuerdo de aseguramiento de siete de marzo de dos mil diecisiete, el cual se estima consentido en términos de la Ley de Amparo al no haberlo controvertido en el momento oportuno. Se sostiene lo anterior porque la ahora quejosa Ana Gabriela Adame Rivera, omitió reclamar el aseguramiento del automóvil de la marca GMC, submarca SIERRA Pick Up, color gris claro, modelo 2007, con placas de circulación MXS5571 del Estado de México con número de serie 2GTEK638271722704, en la vía de amparo indirecto a pesar de que se ostentó como sabedora del acto de aseguramiento desde el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, cuando solicitó la devolución de dicho bien mueble (fojas 57 a 58). Lo anterior se considera de esa manera pues la quejosa en su escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 57 y 58), señaló con precisión los datos de identificación de la indagatoria, apoyó su petición de devolución del automotor con documentos que a su parecer acreditaban su propiedad, además que expuso que ya se había agotado el plazo de investigación inicial así como complementaria al Agente del Ministerio Público y que ya se habían realizado las diligencias pertinentes al vehículo de referencia, asimismo, manifestó que la devolución era procedente pues el Agente del Ministerio Público no solicitó la aprobación judicial del aseguramiento, ni se considera un objeto que pertenezca a los imputados relacionados con la carpeta de investigación; lo que denota que tenía conocimiento que dicho bien había sido asegurado dentro de la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000243/2017. No obstante lo anterior, la peticionaria de amparo omitió combatir vía amparo indirecto, al no ser parte en la indagatoria, el aseguramiento citado a pesar de que tuvo conocimiento de su existencia, y al no ser controvertido en el momento procesal oportuno, es inconcuso que se trata de un acto consentido. Lo anterior se estima así pues de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Entonces, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que el promovente manifieste que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En ese orden de ideas, se precisa que la parte quejosa Ana Gabriela Adame Rivera tuvo conocimiento del aseguramiento del automóvil marca GMC, submarca SIERRA Pick Up, color gris claro, modelo 2007, con placas de circulación MXS5571 del Estado de México con número de serie 2GTEK638271722704, al menos desde el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, cuando solicitó por escrito presentado ante la autoridad responsable la devolución del vehículo afecto a la Litis. (Fojas 57 a 58) Por lo tanto, el plazo de quince días para promover demanda de amparo indirecto en contra del aseguramiento del vehículo referido, comenzó a transcurrir a partir del veintidós de agosto de dos mil diecisiete y culminó el once de septiembre de dos mil diecisiete, descontando los días veintiséis y veintisiete de agosto, así como dos, tres, nueve y diez de septiembre de dos mil diecisiete, por ser días inhábiles. De lo antes expuesto es inconcuso que al no haberse promovido demanda de amparo indirecto en contra del acuerdo de aseguramiento de siete de marzo de dos mil diecisiete en los plazos previstos en la ley de la materia, se estima que el acto reclamado fue consentido tácitamente, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El criterio expuesto tiene sustento por identidad jurídica en la tesis aislada número III.2o.P.73 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 2336, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "ASEGURAMIENTO DE UN INMUEBLE DECRETADO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AUN CUANDO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO Y DE NATURALEZA PENAL, EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El aseguramiento de un inmueble decretado en la averiguación previa, si bien se agota en el momento en que con esa calidad queda a disposición de la autoridad ministerial, sus efectos se prolongan en el tiempo, y debido a las múltiples eventualidades que llegara a practicar la autoridad investigadora sobre él, que pudieran tener la connotación de actos de tracto sucesivo, lo cierto es que el término para combatirlo en el juicio de amparo tramitado en la vía indirecta, es de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, aun cuando el acto que reclama sea de naturaleza penal; no obstante, la acción de amparo no puede presentarse en cualquier momento, pues el acto de autoridad empieza a ocasionar perjuicio al quejoso desde el primer momento en que se agotó, independientemente de que dicho acto siga teniendo efectos día tras día; por tal motivo, es el acto inicial del que tuvo conocimiento el quejoso, el que lo legitima para promover la demanda de amparo y, si no lo impugna dentro del plazo legal, computado a partir del día en que tuvo conocimiento de él, es evidente que obró el consentimiento tácito en su ejecución, por lo que se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia ley; máxime que el acto que significó el aseguramiento del inmueble, no se encuentra en los supuestos de excepción del mencionado artículo 17." En ese tenor es manifiesto que el acto reclamado en este asunto es derivado de otro consentido, porque la quejosa omitió combatir la orden de aseguramiento que dio origen al acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se le negó previamente la devolución de dicho automotor, no obstante de tener conocimiento de éste con antelación, al ser inconcuso que dicha negativa tuvo su origen o precedente precisamente de esa inicial determinación en la que se clasificó como probable objeto del delito relacionado con la indagatoria de origen. En este contexto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a que el acto reclamado en este juicio es un acto derivado de otro consentido por la parte quejosa, por lo que se debe de sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. No se soslaya que el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete fue emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo 1387/2017 del índice de este juzgado federal, empero por hecho notorio se advierte que en aquel juicio de amparo se precisó que el acto reclamado quedaba comprendido en la falta de contestación por escrito a la petición de devolución del vehículo antes referido, y en la parte considerativa se estimó que efectivamente ante la falta de respuesta por escrito por parte de la autoridad responsable, se transgredió el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de la quejosa, por lo que para reparar dicha trasgresión, se concedió el amparo y protección de la justicia federal únicamente para los efectos siguientes: "Dictar un acuerdo escrito, congruente con la solicitud aunque no necesariamente favorable al interés del gobernado y; Dar a conocer su respuesta al solicitante en breve término ." De ahí que con la concesión de dicho fallo protector no se dotó o generó derecho alguno a favor de la quejosa, pues como ya se precisó el efecto fue para que se respetara el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de nuestra Carta Magna, y la autoridad responsable diera contestación por escrito a su solicitud, aunque dicha respuesta no fuera favorable a sus intereses. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por Ana Gabriela Adame Rivera, respecto del acto y por la autoridad identificada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de abril de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  3. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la resoluciónde TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente establece: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por Ana Gabriela Adame Rivera, respecto del acto y por la autoridad identificada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos del presente juicio, y en virtud de que, mediante oficio SEADS/362/20188 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura, con sede en la Ciudad de México, informó que la Comisión de Adscripción del citado órgano, en sesión celebrada en esa misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jorge Isaac Lagunes Leano, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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