Ana Gabriela Carrillo Caballero
Expediente 293/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 40 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 20/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ana Gabriela Carrillo Caballero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual el autorizado de las terceras interesadas, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio; en ese aspecto, reitérese al ocursante que mediante proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, se autorizó la expedición de copias simples o certificadas a las partes, por lo que deberá estarse a lo ya acordado. No obstante, hágasele saber que, acorde con las medidas de contingencia sanitaria que actualmente rigen en el país, el servicio de copias, por el momento, no se encuentra a disposición de los justiciables, en el entendido que aquél se presta por un área distinta de este órgano jurisdiccional; de ahí que, el poder obtenerlas depende de que el servicio se encuentre habilitado en el Edificio Sede en que se ubica este Juzgado Federal. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de enero de dos mil veintiuno.Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes.Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.De igual forma se determina que, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.En cuanto al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General.Finalmente, este juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento.Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se advierte que se recibió al correo electrónico oficial de este órgano, el oficio SEADS/654/2020 de veintiuno de octubre del año que transcurre, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que fue acordada la readscripción de la Juez María Guadalupe Contreras Jurado, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, se ordena hacer lo previo del conocimiento de las partes, con la finalidad de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por otro lado, del estado que guarda el sumario se advierte que el veintidós de octubre pasado se sobreseyó en el presente juicio de amparo, de lo cual quedó debidamente notificada la parte quejosa el veintiocho del mismo mes y año. Sin embargo, atento a los lineamientos contenidos en la Circular SECNO/24/2020, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se suspendió la tramitación del presente juicio de amparo, pues de dicha circular se desprende que en sesión de treinta de octubre de dos mil veinte, la Comisión Especial, aprobó el punto de acuerdo relativo a la Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid 19, en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las personas que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas. De igual manera, precisó que los órganos jurisdiccionales de este Decimoséptimo Circuito, se retraían al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid 19; durante el periodo comprendido del treinta y uno de octubre al trece de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, a través del diverso SECNO/STCCNO/543/2020 de doce de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que, dicho plazo se extendió del catorce al veintisiete de noviembre de dos mil veinte, inclusive. Por tanto, toda vez que la suspensión a que se refiere la Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid 19, en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, concluyó el veintisiete de noviembre pasado, y se reanudaron las labores de los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, a partir del día siguiente; a fin de evitar una violación al procedimiento de ejecución, se decreta que a partir de que surta efectos la notificación a las partes del presente acuerdo, se reanuda el plazo de diez días para que aquéllos se inconformen en contra de dicha determinación. Bajo el apercibimiento que, una vez transcurrido el plazo concedido y las partes no se pronuncien al respecto, se proveerá lo conducente. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe. mvp
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil veinte. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 293/2019-II, promovido por *******, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente hábil a este Juzgado de Distrito, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial y Jefe de Talleres Gráficos, todos del Estado de Chihuahua, así como Ayuntamiento Municipal de Juárez, Presidente Municipal de Juárez, Secretario del Municipio y del Ayuntamiento de Juárez, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, de quienes reclamó: a). La aprobación del proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016, (en adelante se mencionará con el acrónimo PDUS) llevada a cabo en la sesión de ese cuerpo colegiado celebrada con fecha 15 de Septiembre de 2016, sin haber cumplido las reglas del procedimiento establecidas en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado e Chihuahua, para la creación de esa norma general, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los que habitamos en esta Ciudad y/o tenemos propiedades inmuebles dentro de la zona de integración ecológica contemplada en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano denominado Zona de Integración Ecológica aprobado por el Ayuntamiento de Juárez en sesión de 16 de julio de 2002, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 5 de febrero de 2003. b). La autorización dada para la construcción de los fraccionamientos urbanos con 30 y 80 viviendas por hectárea en los terrenos propiedad de los terceros interesados ******* e *******, que se describen en el capítulo de antecedentes de esta demanda, colindantes del fraccionamiento ******* de esta Ciudad, donde habito la suscrita en el predio de mi propiedad y finca en él construida, que adelante se identifica, en el hecho 1 de antecedentes, con base en el PDUS 2016 que se tilda de inconstitucional, ubicados todos dentro de la denominada Subzona con Potencial de Densificación 2 (ZPD2) prevista en dicha norma general. 2. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, reclamo: El Acuerdo110/2016 mediante el cual se ordena la publicación del Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, mediante el cual se aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016 (PDUS), acuerdo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de octubre de 2016, en el índice, del que NO se publicó el folleto anexo que, según dice la publicación del periódico, contiene tal Plan. 3.- Del C. Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, reclamo: La orden dada al Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, para publicar en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de fecha 01 de octubre de 2016 el Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, mediante el cual se aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016 (PDUS), a pesar de que no se contaba con el anexo correspondiente y consecuentemente no se publicó, en la fecha en que se publicó el acuerdo, el folleto anexo, que corresponde precisamente al referido Plan. 4.- Del Director del Periódico del Estado de Chihuahua, quien depende del Secretario de Gobierno antes indicado, reclamo: La omisión de editar, imprimir, difundir y poner a disposición de la ciudadanía el Folleto Anexo que correspondía al Acuerdo 110/2016 relativo al Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, mediante el cual se aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016 (PDUS), acuerdo 110/2016 que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de octubre de 2016; así como la omisión de vigilar que se diera cabal cumplimiento a la publicación integral y completa del ejemplar número 79 del Periódico Oficial de esa fecha, por parte del Jefe de Talleres Gráficos que a continuación se menciona, pues no se publicó el folleto anexo del periódico que debía contener el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016. 5.- Del C. Jefe de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua, reclamo: La omisión de editar, imprimir, difundir y poner a disposición de la ciudadanía el Folleto Anexo del Acuerdo 110/2016 que corresponde al Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, mediante el cual se aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016 (PDUS) publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de octubre de 2016, ejemplar número 79; omisión que consiste en que se publicó el acuerdo en el Periódico Oficial pero no el folleto anexo que debía contener el Plan de Desarrollo Urbano citado. 6.- De los C.C. Presidente, Secretario y Directora General de Desarrollo Urbano Municipales de Juárez, Chihuahua, reclamo: los actos de ejecución del PDUS 2016 como lo son: Los actos, acuerdos, órdenes o disposiciones que hayan dictado para autorizar una densidad de 30 y 80 viviendas por hectárea en los terrenos propiedad de las terceras interesadas ******* e *******, que más adelante se identifican, localizados en la zona de Integración Ecológica del centro de población de ciudad Juárez Chihuahua, con la finalidad de aplicar la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible aprobado en la sesión de Cabildo celebrada el 15 de septiembre de 2016, y supuestamente publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua de fecha 1 de octubre de 2016, que modifica la densidad de viviendas de 16 viviendas por hectáreas contempladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano aprobado por el Ayuntamiento de Juárez, en la sesión de 16 de julio de 2002, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 5 de febrero de 2003. 7.- De todas las autoridades responsables, reclamo: Todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de los actos que a cada uno de ellas reclamo en lo particular y que directa o indirectamente resulten de los mismos, y muy específicamente cualquier orden, disposición o cualquier medida administrativa que conecte las vialidades de los fraccionamientos proyectados en los inmuebles propiedad de las terceros interesadas ******* e *******, que más adelante se identifican, localizados en la Subzona con Potencial de Densificación 2 (ZPD2), -antes zona de Integración Ecológica- del centro de población de ciudad Juárez Chihuahua, tales como la autorización concedida a dichas personas morales para la construcción de fraccionamientos habitacionales con densidad de 30 y hasta 80 viviendas por hectárea desarrollada, así como la construcción de la infraestructura vial para conectar los flujos vehiculares de tales fraccionamientos de ******* de esta Ciudad, así como la autorización para la construcción de puentes que crucen la acequia Aranda para conectar t61flujo vehicular. Es decir, les reclamo los efectos y consecuencias de la aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población el Municipio de Juárez aprobado por el Cabildo el 15 de septiembre del 2016 y los actos de ejecución que dichas autoridades municipales le pretendan dar al mismo. 8.- Del C. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, reclamo el cumplimiento de la orden dictada por el C Gobernador del Estado de Chihuahua, de inscribir en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, el Plan de Desarrollo Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016 (PDUS) aprobado por el Ayuntamiento de Juárez Chihuahua el 15 de septiembre de 2016, en el Registro Público de la Propiedad, sin haber sido publicado mismo en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 17, fracción I, 37, 107, fracción I, y 108 de la Ley de Amparo. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el consecutivo 293/2019-II y, previa aclaración, se admitió a trámite en acuerdo de tres de mayo del mismo año, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: 1) Del Honorable Ayuntamiento de Juárez, Estado de Chihuahua: a) La aprobación del proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016, (en adelante se mencionará con el acrónimo PDUS) llevada a cabo en la sesión de ese cuerpo colegiado celebrada con fecha 15 de Septiembre de 2016, sin haber cumplido las reglas del procedimiento establecidas en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, para la creación de esa norma general, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los que habitamos en esta Ciudad y/o tenemos propiedades inmuebles dentro de la zona de integración ecológica contemplada en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano denominado Zona de Integración Ecológica aprobado por el Ayuntamiento de Juárez en sesión de 16 de julio de 2002, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 5 de febrero de 2003. b) La autorización dada para la construcción de los fraccionamientos urbanos con 30 y 80 viviendas por hectárea en los terrenos propiedad de los terceros interesados ******* e *******, que se describen en el capítulo de antecedentes de esta demanda, colindantes del fraccionamiento Cerrada del Sol II de esta Ciudad, donde habito el suscrito en el predio de mi propiedad y finca en él construida, que adelante se identifica, en el hecho 1 de antecedentes, con base en el PDUS 2016 que se tilda de inconstitucional, ubicados todos dentro de la denominada Subzona con Potencial de Densificación 2 (ZPD2) prevista en dicha norma general. 2) Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua: El Acuerdo 110/2016 mediante el cual se ordena la publicación del Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, mediante el cual se aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016 (PDUS), acuerdo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de octubre de 2016, en el índice, del que NO se publicó el folleto anexo que, según dice la publicación del periódico, contiene tal Plan. 3) Del Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua: La orden dada al Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, para publicar en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de fecha 01 de octubre de 2016 el Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, mediante el cual se aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016 (PDUS), a pesar de que no se contaba con el anexo correspondiente y consecuentemente no se publicó, en la fecha en que se publicó el acuerdo, el folleto anexo, que corresponde precisamente al referido Plan. 4) Del Director del Periódico del Estado de Chihuahua: La omisión de editar, imprimir, difundir y poner a disposición de la ciudadanía el Folleto Anexo que correspondía al Acuerdo 110/2016 relativo al Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, mediante el cual se aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016 (PDUS), acuerdo 110/2016 que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de octubre de 2016; así como la omisión de vigilar que se diera cabal cumplimiento a la publicación integral y completa del ejemplar número 79 del Periódico Oficial de esa fecha, por parte del Jefe de Talleres Gráficos que a continuación se menciona, pues no se publicó el folleto anexo del periódico que debía contener el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016. 5) Del Jefe de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua: La omisión de editar, imprimir, difundir y poner a disposición de la ciudadanía el Folleto Anexo del Acuerdo 110/2016 que corresponde al Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, mediante el cual se aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016 (PDUS) publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de octubre de 2016, ejemplar número 79; omisión que consiste en que se publicó el acuerdo en el Periódico Oficial pero no el folleto anexo que debía contener el Plan de Desarrollo Urbano citado. 6) Del Presidente, Secretario y Directora General de Desarrollo Urbano Municipales de Juárez, Chihuahua: Los actos de ejecución del PDUS 2016 como lo son: Los actos, acuerdos, órdenes o disposiciones que hayan dictado para autorizar una densidad de 30 y 80 viviendas por hectárea en los terrenos propiedad de las terceras interesadas ******* e *******, que más adelante se identifican, localizados en la zona de Integración Ecológica del centro de población de ciudad Juárez Chihuahua, con la finalidad de aplicar la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible aprobado en la sesión de Cabildo celebrada el 15 de septiembre de 2016, y supuestamente publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua de fecha 1 de octubre de 2016, que modifica la densidad de viviendas de 16 viviendas por hectáreas contempladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano aprobado por el Ayuntamiento de Juárez, en la sesión de 16 de julio de 2002, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 5 de febrero de 2003. 7) De todas las autoridades señaladas como responsables: Las consecuencias de hecho y de derecho que se derivaran de los actos que a cada uno de ellas reclamo en lo particular y que directa o indirectamente resulten de los mismos, y muy específicamente, cualquier orden, disposición o cualquier medida administrativa que conecte las vialidades de los fraccionamientos proyectados en los inmuebles propiedad de las terceros interesadas ******* e *******, que más adelante se identifican, localizados en la Subzona con Potencial de Densificación 2 (ZPD2), -antes zona de Integración Ecológica- del centro de población de ciudad Juárez Chihuahua, tales como la autorización concedida a dichas personas morales para la construcción de fraccionamientos habitacionales con densidad de 30 y hasta 80 viviendas por hectárea desarrollada, así como la construcción de la infraestructura vial para conectar los flujos vehiculares de tales fraccionamientos de ******* de esta Ciudad, así como la autorización para la construcción de puentes que crucen la acequia Aranda para conectar tal flujo vehicular. Es decir, les reclamo los efectos y consecuencias de la aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de población el Municipio de Juárez aprobado por el Cabildo el 15 de septiembre del 2016 y los actos de ejecución que dichas autoridades municipales le pretendan dar al mismo. 8) Del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos: El cumplimiento de la orden dictada por el C Gobernador del Estado de Chihuahua, de inscribir en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, el Plan de Desarrollo Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua 2016 (PDUS) aprobado por el Ayuntamiento de Juárez Chihuahua el 15 de septiembre de 2016, en el Registro Público de la Propiedad, sin haber sido publicado el mismo en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Chihuahua, al rendir su informe con justificación (foja 253 a 259), negó la existencia del acto reclamado, pues indicó que no tenía facultades para emitir el acto atribuido, ya que ello le correspondía al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, y para ello, exhibió distintas probanzas que refirió les revestía el carácter de supervinientes, mismas que se tuvieron por admitidas y desahogadas dado su propia y especial naturaleza, mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Por su parte, el representante del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, negó el acto consistente en la autorización otorgada para la construcción de los fraccionamientos urbanos con 30 y 80 viviendas por hectárea en los terrenos propiedad de los terceros interesados (fojas 304 a 306) y que fueron señalados en la demanda de amparo en el punto 1, inciso b), ya que dijo, la autoridad que representa no había autorizado un aumento de densidad, en los términos señalados por la quejosa. Y de Igual manera, el Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, negó los puntos descritos en la demanda como puntos 6 y 7 (foja 304 a 306), al referir que los actos de ejecución del proyecto reclamado no fueron llevados a cabo por la mencionada autoridad, porque el artículo 29 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, no lo faculta para ello. Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, negó categóricamente los actos de ejecución del multicitado proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (fojas 307 y 308) e indicó que no ha emitido acuerdos, órdenes o disposiciones para autorizar una densidad de 30 y 80 viviendas por hectárea en los terrenos propiedad de las terceras interesadas; como tampoco ha emitido disposiciones administrativas que autoricen la conexión de vialidades de los fraccionamientos proyectados en los inmuebles propiedad de las terceras interesadas, o que sirvan de autorización para la construcción de puentes que crucen la Acequia Aranda para conectar tal flujo vehicular, toda vez que tales actos no se encuentran dentro del ámbito de la competencia legal de la autoridad que representa. Igualmente, el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Director del Periódico Oficial del Estado y del Jefe de Talleres Gráficos del Estado, negó la omisión atribuida, consistente en no editar, imprimir, difundir y poner a disposición de la ciudadanía el Acuerdo número 110/2016 en el Periódico Oficial del Estado el uno de octubre de dos mil dieciséis y para acreditar lo anterior, mediante oficio DAJ-3335/2019 enviado en alcance del informe justificado y recibido en este juzgado federal el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (foja 504), envió copia del periódico oficial y anexo de fecha uno de octubre de dos mil dieciséis, que contiene el acuerdo numero 110 (tomo de pruebas), y señala la autoridad que en él se ordena la publicación de la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua. Por su parte, la quejosa no exhibió prueba que desvirtúe tales negativas, por lo que deben tenerse como inexistentes los actos precisados que se atribuyen a tales autoridades responsables Tiene aplicación, se cita la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en este juicio respecto de los actos especificados en el presente considerando, reclamados a las autoridades referidas en el presente apartado. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado (fojas 304 a 306), el Ayuntamiento de Municipio de Juárez, Chihuahua, aceptó la existencia del acto que le fue reclamado consistente en la aprobación del proyecto que es tildado de inconstitucional; de igual forma, el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua (foja 349 a 352), afirmó que emitió un Acuerdo número 110/2016 en el Periódico Oficial del Estado, el uno de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó la publicación del Acuerdo tomado por el Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua. También el Secretario General de Gobierno del Estado (fojas 357 a 360), por conducto de su representante, consintió la certeza del acto que se le reclamó y dijo que de conformidad con las facultades que le fueron conferidas, "publicó el Acuerdo número 110/2016 en el Periódico Oficial del Estado con fecha 01 de octubre del año dos mil dieciséis, mediante el cual se ordena la publicación del Acuerdo tomado por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua" (sic). Del mismo modo, el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia de los actos que se le reclamaron, correspondientes al Registro del Plan de Desarrollo Sostenible para el Centro de Población del Municipio de Juárez, Chihuahua, 2016. Por consiguiente, la existencia de los actos y autoridades precisadas, se tienen por ciertos. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al efecto, se cita la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Este juzgado advierte de oficio la actualización de una causal de improcedencia, la cual, por cierto, de igual modo fue manifestada por las responsables. En efecto, examinados los antecedentes que constituyen el acto reclamado, se advierte que, respecto de los mismos, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5º, fracción I, del propio ordenamiento legal y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, es decir, hacen referencia a que éstos sean titulares de un derecho subjetivo, el cual debe ser afectado por el acto reclamado para que se actualice la causal de improcedencia. Además, conforme a la nueva redacción del texto Constitucional, la posibilidad de ejercer la acción de amparo se ha ampliado, pues no sólo se ha posibilitado a quien ve afectados sus intereses jurídicos -como anteriormente se preveía-, sino que ahora, además, se ha contemplado que también pueda ejercerse dicha acción constitucional por quien sólo resiente afectación en sus intereses legítimos. Lo anterior, nos permite inferir que la aptitud para promover el juicio de amparo -conforme a la reforma constitucional-, se determina respecto de la autoridad de la cual deriva el acto que tilda de ilegal, pues se establece que, de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales, se debe acreditar irremediablemente el interés jurídico, y por otro lado, en caso de que los actos sean derivados de la actuación de las autoridades distintas a las jurisdiccionales, se puede acreditar el interés legítimo o bien, el jurídico (según sea el caso). En consecuencia, debe entenderse que a partir de los cambios acaecidos al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, sólo operará ahora si el quejoso no acredita una afectación a sus intereses jurídicos, o bien, legítimos, pues sólo de esa manera puede armonizarse el contenido de dicho numeral con las nuevas disposiciones de la Constitución Federal, en relación con los actos distintos a los meramente jurisdiccionales. Así pues, con relación a la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, la existencia de una afectación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado profundamente dicha causa de improcedencia, señalando que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos, a saber: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, y 2) una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio, no basta con que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio que verse sobre derechos subjetivos, requiere la demostración de un interés jurídico, que tiene una intensidad mayor al interés legítimo. Por lo tanto, respecto del interés en los juicios de amparo, respecto al derecho ambiental, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 307/2016, estableció los lineamientos para establecer el interés de los quejosos. Al respecto se resolvió que, el medio ambiente, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana tiene un carácter colectivo y, por lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daño no sólo afecta a una persona, sino que importa a la comunidad en general, por lo cual su defensa y titularidad es de carácter difuso, de ahí que deba ser reconocido en lo individual y en lo colectivo. En esa tesitura, no obstante que una mayor protección del medio ambiente implicaría que cualquier persona pudiera reclamar su afectación como un bien común, independientemente su relación específica con el medio afectado, lo cierto es que los mecanismos de defensa aún no han logrado un desarrollo de índole global que permita una interacción de esta naturaleza entre los distintos sistemas de judicialización. Sin embargo, la protección de esta especial categoría de derechos ha evolucionado, por ejemplo, a través de la incorporación de conceptos como el interés legítimo. El problema es que en la práctica este tipo de figuras han encontrado serias dificultades caracterizadas, principalmente, por la tensión entre la protección efectiva del derecho y el desbordamiento de los sistemas judiciales ante la posibilidad de que cualquier persona pueda reclamar su afectación. Es por ello que se delimitó el concepto de interés legítimo para la defensa del medio ambiente como derecho humano a la luz de los artículos 4°, en relación con el diverso 1°, constitucionales, siendo que el reconocimiento del interés legítimo no implica la generalización de una acción popular, en tanto no se busca tutelar un interés genérico de la sociedad, sino garantizar el acceso a la justicia ante lesiones a intereses jurídicamente relevantes y protegidos. Es por ello que, se ha dicho, quien alega un interés legítimo se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. En función de lo anterior, se consideró que el interés legítimo para promover un amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales. Al respecto, debe decirse que el ser humano convive y forma parte de diversos ecosistemas, de suerte que a partir de ellos y de sus procesos biofísicos, obtiene una serie de beneficios, sea porque le provee de bienes y condiciones necesarias para el desarrollo de su vida, o bien, porque impiden eventos que la ponen en riesgo o disminuyen su calidad, estos beneficios son los llamados servicios ambientales. Por tanto si un determinado ecosistema se pone en riesgo o se ve afectado, la persona o comunidad que se beneficia o aprovecha los servicios ambientales que dicho ecosistema brinda, se encuentra legitimada para acudir al juicio de amparo con el objeto de reclamar su protección, lo cual resulta acorde con el principio de participación ciudadana y con la configuración axiológica de este derecho humano, en tanto hemos dicho que su titularidad no solo importa una facultad, sino principalmente un deber de cuidado y protección. En otras palabras, la privación o afectación de los servicios ambientales que brinda un determinado ecosistema es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. La relación que guarda el sujeto frente al servicio ambiental afectado, permite la construcción de un elemento que dota de equilibrio los dos extremos en tensión, la tutela efectiva del derecho humano al medio ambiente como interés difuso y, el funcionamiento del sistema judicial. Por lo tanto, para establecer si se actualiza el interés legítimo de quien promueve un juicio de amparo en defensa del medio ambiente, el juzgador sólo debe determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado. Es por ello que el análisis de los servicios ambientales debe ser conforme al principio de precaución, es decir, la ausencia de pruebas científicas que reflejen los beneficios de la naturaleza no puede ser motivo para considerar que determinado ecosistema no presta un servicio ambiental, o bien, que el beneficio del ecosistema no repercute a una determinada persona o comunidad. No obstante, para definir quiénes se benefician o aprovechan los servicios ambientales de un ecosistema, se adopta como criterio para identificar esta relación entre la persona y los servicios ambientales, el concepto del entorno adyacente. Al respecto, dicho concepto establece que son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Las áreas de influencia se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Con otras palabras, son las áreas en las cuales las funciones de un ecosistema, entendidas como los procesos biofísicos que ahí se generan, impactan en beneficio de los seres humanos y del medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Cabe precisar que, si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, esto no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata, es decir, que sólo puedan acudir en defensa del ecosistema aquellos que viven "a un lado" del mismo. Por el contrario, la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios. Por tanto, acorde con todo lo expuesto, se concluye que se actualiza el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental, cuando se acredita que existe un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que puede demostrarse cuando el accionante acredita habitar o utilizar el "entorno adyacente" del ecosistema, entendiendo éste como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta. En ese sentido, analizadas la totalidad de las constancias que integran el presente sumario constitucional se observa que la parte quejosa se encuentra en la hipótesis de la fracción I del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, debe acreditar su interés legítimo al combatir, a través de este juicio de garantías, actos derivados de la actuación de autoridades distintas de las jurisdiccionales, esto es, del Ayuntamiento de Juárez, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos. También se advierte que la pretensión de la peticionaria del amparo se basa en un mero interés simple, pues no logró evidenciar cómo los actos reclamados o sus consecuencias afectan directamente sus derechos fundamentales o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, esto es, no acreditan su interés legítimo, tal como se advertirá a continuación. Esto atendiendo a que la quejosa de mérito alega de manera toral que los actos reclamados a las responsables vulneran su derecho humano a un medio ambiente sano, ya que con la cortina metalizada en la acequia Aranda, la remoción de tierras y arbolados en el lugar se daña al ecosistema, ya que se tenía preponderada una vialidad peatonal mas no motorizada, como se está realizando, lo cual le causa, según manifiesta, una afectación por posibles inundaciones en el lugar y mal imagen ya que son vecinos del lugar, por lo cual es que reclama los actos administrativos porque con ellos transgreden su derecho al medio ambiente sano. Así, acorde con los criterios de interpretación desarrollados, a efecto de poder determinar si en el caso la parte quejosa tiene o no interés legítimo para acudir al presente juicio constitucional, es necesario determinar lo siguiente: si en el área en la que se desarrolla la vialidad motorizada, existe un ecosistema; de ser así, determinar cuáles son los servicios ambientales que dicho ecosistema presta, para en función de ello identificar cuál es su área de influencia; y finalmente, revisar si la quejosa habita o utiliza dicha área. Para determinar lo anterior, es importante cuestionar lo siguiente: ¿Hay un ecosistema en la vialidad de *******, donde se construye la vialidad motorizada? En el caso que nos ocupa, de las constancias que integran el sumario, se desprende que -la parte quejosa no demostró, mediante prueba contundente- que sufrió algún deterioro en su salud o la afectación de su medio ambiente a causa de la construcción de la vialidad motorizada, y de este modo acreditar que se le ocasionó una afectación en virtud de la especial situación en que se encuentra, entonces, no acreditó la titularidad de ese interés legítimo necesario para acudir al juicio de amparo, en tanto que para acudir a juicio, al tenor de las reformas constitucionales de seis de junio de dos mil once, debió acreditar la afectación que el acto reclamado le produce, a fin de que, ante una eventual concesión del amparo, la protección federal se tradujera en la restitución de las garantías cuya transgresión reclama. Lo anterior se afirma, pues si bien es cierto que mediante proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a juicio la prueba pericial en topografía ofrecida por la parte quejosa, para lo cual, se hizo la designación de un perito oficial para la práctica de la diligencia encomendada, sin perjuicio de que la amparista nombró a uno diverso de nombre ******* (página 227, vuelta), para que se asociara al nombrado por este órgano jurisdiccional a fin de que rindiera su dictamen por separado, en el entendido de que el especialista nombrado por la agraviada, rindió su dictamen respectivo el dos de julio de dos mil diecinueve y fue ratificado el mismo día. Sin embargo, lo cierto es que, por auto de dos de marzo del año en curso, dicha probanza se declaró desierta por falta de interés de la quejosa en su tramitación, ya que no allegó al especialista oficial nombrado de la documentación necesaria que él solicitó para emitir su dictamen, pese a que fue debidamente requerida para ello el veinte de febrero del mismo año; motivo por el cual, al no haber sido impugnada dicha determinación por las partes, el doce de marzo de la presente anualidad, quedó firme el auto que la declaró desierta. En tales circunstancias, no quedó demostrado por la parte quejosa que los actos impugnados afectan de manera directa su esfera jurídica, ni en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, suponiendo sin conceder, que el tramo comprendido en la vialidad *******, que se encuentra la *******, se encontrara dentro de una superficie clasificada para su uso de suelo como urbano construido, esto es, que el uso de suelo es de vocación y/o uso forestal; lo anterior, sólo confirma que los beneficios de cualquier ecosistema impactan a la humanidad en general porque tienen influencia global; sin embargo, como se refirió, en primer lugar, la parte quejosa no acreditó su afectación y, en segundo lugar, se considera que el interés legítimo en materia ambiental no puede responder al interés general de toda la sociedad, sino que es necesario advertir una situación jurídica identificable que le permita a la promovente hacer valer una afectación a su esfera jurídica precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. Ahora, si bien, de autos se desprende que la quejosa acreditó habitar en esta ciudad, con domicilio Fraccionamiento *******; sin embargo, de la revisión de las constancias que integran el presente asunto, no es posible desprender que las autoridades responsables utilicen la zona de influencia del ecosistema, por lo que no quedó demostrada su especial posición frente a los servicios ambientales del mismo, ya que no demostró de ninguna manera ser beneficiaria de los servicios ambientales que presta el ecosistema. Esto es, de autos no se desprende algún otro elemento de prueba que, independientemente de habitar o utilizar la zona de influencia del referido ecosistema, permita tener por demostrado que la quejosa aproveche o se beneficie de alguno de los servicios ambientales del ecosistema en cuestión. Consecuentemente, es necesario concluir que no se encuentran en una situación especial en relación con el ecosistema que les permita expresar un agravio diferenciado al del resto de la sociedad. Lo anterior, se corrobora con el escrito de demanda presentado por la parte quejosa, donde sostiene, en el apartado de ANTECEDENTES (foja 13), que el Proyecto de Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016, la priva de los beneficios que conlleva vivir en una zona de integración ecológica, gozando de vías de comunicación apenas aptas para tráfico vehicular de baja densidad, favoreciendo el medio ambiente con zonas arboladas, lo que provocara la saturación de vías de comunicación y la carga excesiva a servicios públicos como el agua, el alcantarillado o el transporte masivo. Por lo que, para demostrar las afectaciones que refiere ofreció diversos medios de prueba tales como copia certificada de la escritura pública de su vivienda, en la que se indica que pertenece a una zona denominada de densificación prioritaria de este municipio y una pericial que finalmente fue declarada desierta, con las cuales, según su parecer, demuestran la afectación. Sin embargo, dichas probanzas no tienen el alcance de demostrar que el Plan de Desarrollo Urbano de referencia se esté llevado a cabo sin la legalidad correspondiente y destruyendo el hábitat natural existente en dicho predio, ni mucho menos como lo pretende la parte quejosa, que con ello se pudiera afectar el medio ambiente y el flujo vehicular en forma directa. En consecuencia, aun y cuando los medios probatorios reseñados con antelación merecen valor probatorio en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se considera que no demuestran la afectación directa a sus derechos fundamentales o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo cual es necesario para acreditar la existencia del interés legítimo personal y actual requerido para accionar la instancia constitucional. Sin que sea inadvertido para quien esto resuelve que, de los informes adjuntos al sumario, esto es, del oficio ******* se advierte que mediante resolución de quince de junio de dos mil diecinueve, el Subdelegado de Recursos Naturales, ordenó el archivo del expediente respectivo, por no existir violación a disposición alguna en materia ambiental, precisamente del proyecto realizado y/o que se está realizando en ******* (foja 476 a 503). Por tanto, se estima que no se encuentra demostrado una afectación indirecta en los derechos fundamentales de la parte quejosa con los actos reclamados y en su caso un agravio personal y actual, para considerar demostrada fehacientemente la afectación a su esfera jurídica, pues tales elementos de convicción no evidencian el eventual daño que dice sufrir, ni cómo es que tal obra perjudica directamente sus derechos fundamentales o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De manera que no bastan las meras afirmaciones que realiza la parte quejosa, para tener por demostrada fehacientemente la afectación a su interés legítimo individual, y poder considerar si existe una afectación a su esfera jurídica, pues de estimar lo contrario, bastaría con que cualquier persona alegara que vive por el lugar donde se construye una obra pública para tener por colmado su interés legítimo a que refiere el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, si en el asunto concreto la parte quejosa adujó que con la ejecución del proyecto de construcción de la vía motorizada, se impactaría negativamente el medio ambiente y se ocasionaría un grave daño a la ecología, para demostrar el interés legítimo que le permitiera acudir al juicio de amparo, debió demostrar la afectación que dice se produjo en el medio ambiente, por ejemplo, una afectación en su salud con motivo del acto reclamado, pues de lo contrario, el interés con que aduce contar, consistente en la defensa de su entorno geográfico y ambiente en el que vive, son los mismos que podría hacer valer cualquier ciudadano, inclusive en el supuesto de que no fuera residente de la colonia en la que se efectúa el acto a debate, traduciéndose en un mero interés simple, extremo que no fue el pretendido con la reforma del artículo 107, fracción I constitucional. De tal suerte que al no haber demostrado -mediante prueba contundente- que la quejosa sufrió algún deterioro en su salud o la afectación de su medio ambiente a causa de la construcción de la vialidad motorizada, y de este modo acreditar que se le ocasionó una afectación en virtud de la especial situación en que se encuentra, entonces, no acreditó la titularidad de ese interés legítimo necesario para acudir al juicio de garantías, en tanto que para acudir al juicio de amparo, al tenor de las reformas constitucionales de seis de junio de dos mil once, debió acreditar la afectación que el acto reclamado le produce, a fin de que, ante una eventual concesión del amparo, la protección federal se tradujera en la restitución de los derechos cuya transgresión reclama. En tales circunstancias, al no haber demostrado la parte quejosa que los actos impugnados afectan de manera directa su esfera jurídica, o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las restantes autoridades ejecutoras, al no reclamarse por vicios propios su participación. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, resulta innecesario el estudio de las diversas causales que hace valer las autoridades responsables, pues en nada variaría el sentido del fallo que se emite. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo XI, Marzo de mil novecientos noventa y tres, visible a página doscientos treinta y tres, cuyo rubro y texto son los siguientes: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Finalmente, dado el sobreseimiento decretado, este resolutor se encuentra imposibilitado para abordar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, atento al contenido de la tesis 58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, página cincuenta y siete, volumen 70, de octubre de 1993, cuyo rubro y testo se leen: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto, en términos de lo analizado en los considerandos tercero y último de la presente sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo resolvió y firma, en forma electrónica, el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintidós de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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