Ana Cristal Baeza De la Cruz

Expediente 118/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 35 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
118/2023
Año
2023
Actuaciones
35
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Ana Cristal Baeza De la Cruz
  • Ana Cristal Baeza De la Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de julio dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que alguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente y el incidente de suspensión son conservables, conforme lo establece el numeral artículo 17, fracción III, incisos a) y b), respectivamente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, en términos del numeral 9 del citado Acuerdo General, el presente expediente y el incidente de suspensión deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la citada certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni histórico y no obran documentos originales, en términos del General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 118/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta que remite la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento de Pensión Alimentaria, en esta ciudad. Así, téngase a la autoridad oficiante desahogando el requerimiento que le fue formulado en proveído de dos de agosto del año en curso, y al efecto remite el original de la constancia relativa a la notificación de cuatro de los actuales, en la que en auxilio de las labores de este juzgado, se notificó a la aquí tercero interesada *******, la sentencia dictada en el presente juicio. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el treinta y uno de julio del año en curso se dictó la sentencia correspondiente al presente juicio de amparo. Asimismo, del estado que guarda el sumario, se desprende que la tercero interesada *******, fue emplazada a este juicio por medio del agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento de Pensión Alimentaria, en esta ciudad. En ese sentido, requiérase al referido fiscal, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, notifique a la tercero interesada *******, la sentencia de treinta y uno de julio del año en curso, dictada en el presente juicio, para lo cual se le otorga un plazo de cinco días, legalmente computado. Para ello, adjunta al oficio relativo a este proveído, deberá ser anexada copia de la sentencia en comento. Asimismo, se requiere al mencionado agente del Ministerio Público, para que, una vez que logre realizar dicha notificación a la tercero interesada de mérito, remita a este Juzgado el acta de notificación correspondiente, o bien, informe sobre la imposibilidad que haya tenido para tal efecto. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de ser omiso, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el ordinal 26, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 118/2023-VI, promovido por ***. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado, en esa misma data, ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, residentes en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que la parte peticionaria del amparo estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se emplazó a los terceros interesados. De igual forma, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: A la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. La orden de aprehensión dictada en su contra, el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal 9100/2022, por hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de la víctima de iniciales M.A.B.D.L.C. Al Fiscal de Distrito Zona Norte, Encargada de la Coordinación Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte. La ejecución del referido mandamiento de captura. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, al rendir informe justificado convino en la existencia del acto reclamado; adjuntando para tal efecto, un disco en formato (DVD) relativo a la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa, el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal 9100/2022, por hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de la víctima de iniciales M.A.B.D.L.C. Asimismo, la Encargada de la Coordinación Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, y el Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, al rendir informe justificado manifestaron que era cierto el acto reclamado. Por su parte, el Fiscal de Distrito Zona Norte y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, en su carácter de ejecutores, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con el informe justificado rendido por la autoridad ordenadora, y las constancias que obran en autos, relativas al mandamiento de captura impugnado. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado ante esta instancia constitucional, así como su inminente ejecución. Es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 231del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Determinación que adopta este Juzgado. Es infundado el concepto de violación vertido por la inconforme, sin que la suscrita advierta materia para suplir la deficiencia de la queja; y para evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que la parte quejosa expone que se violan en su perjuicio las garantías que le otorga el artículo 1º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dado que se le pretende detener ilegalmente sin mediar orden de captura emitido en su contra; Asimismo, la quejosa refiere que se vulneran en su perjuicio los derechos consagrados en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establecen lo siguiente: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Atendiendo a las porciones normativas anteriormente transcritas, conviene indicar que de las garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades y su observancia, se unen además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, y juntas se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la actuación que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. En efecto, dentro de nuestro sistema constitucional no basta que una autoridad tenga atribuciones para dictar alguna determinación, para que ésta se considere legal, toda vez que los citados artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, imponen a todas las autoridades del país la obligación de oír en defensa a los posibles afectados con tales determinaciones, así como la de que éstas, al pronunciarse, se encuentren debidamente fundadas y motivadas. Al respecto, es oportuno precisar que en el capítulo III titulado formas de conducción del imputado al proceso, en la sección I, denominada citatorio, órdenes de comparecencia y aprehensión, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos, se advierte que para emitir una orden de aprehensión con motivo de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, se deben cumplir con los requisitos siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial competente (juez de control); Que se haya formulado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Que exista la necesidad de cautela. Que la resolución de la autoridad judicial esté debidamente fundada y motivada. Ahora, de las constancias que obran en autos y que fueron remitidas por el Juez responsable como justificación de su informe, se advierte la copia certificada del registro audiovisual de la audiencia concentrada celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal 9100/2022, en la cual se libró la orden de aprehensión en contra de la quejosa, por hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de la víctima de iniciales ***; documento público, que se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, en cuanto al primer elemento se desprende que se cumplió, en virtud de que la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente, como es el Juez en cita, quien analizó el hecho que la ley señala como delito cometido dentro de su jurisdicción, de conformidad con los numerales 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, 133 y 141 fracción III, Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al segundo de los requisitos, del registro audiovisual que remitió la Juez de Control responsable, relativo a la causa penal 9100/2022, se advierte la existencia de la denuncia formulada por la víctima M.A.B.D.L.C., ante la representación social, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la cual manifestó lo siguiente (21-11-2022 12:30:06) "Vengo a presentar denuncia en contra de mi hija de nombre *** ya que el día doce de octubre de dos mil veintidós, puse una denuncia a mi hija *** ante el DIF por no cuidar a mi nieta de iniciales ***., y el DIF, me entregó a mi nieta, eso le causó enojo a ***, ella usa la marihuana, y el día doce de octubre de dos mil veintidós, aproximadamente a las quince horas, me encontraba en mi domicilio ubicado en la calle ***, en esta ciudad, cuando llegó ** y su pareja al que solo sé que le dice **, *** comenzó a gritarme "piche vieja mierda, no más que se muera (la persona de inicial B), me las vas a pagar, pinche vieja mierda culera"; yo salí de mi casa y le dije a *** que no estuviera gritando, y me gritó "no más que (a la infanta de iniciales B) le pase algo te voy quemar la casa, mira" y *** me enseñó una pistola escuadra, color negro que traía fajada en su pantalón, me puse nerviosa y le dije que el DIF tenía a la menor de (inicial B), y que le iban a dar su medicamento que cuando me la regresaran yo se la daba, y *** me contestó más te vale, no más que se te muera, me las vas a pagar culera y se fue de la casa." De igual forma, el tercer requisito para el dictado de la orden de aprehensión, relativo a que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito también está debidamente satisfecho; lo anterior, toda vez que, el criterio de la juzgadora responsable es objetivamente correcto en cuanto tuvo por acreditado que se llevó a cabo la conducta denominada violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece lo siguiente: Artículo 193. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar. Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. La pena se incrementará hasta en una mitad, cuando la conducta se ejecute en presencia de alguna niña, niño o adolescente. La pena se incrementará en una mitad, cuando a sabiendas de que la mujer se encuentra embarazada, el agente ejecute la conducta descrita en el primer párrafo; se realice la conducta en contra de una persona menor de 18 años; o en contra de una persona mayor en situación de vulnerabilidad. Este delito se perseguirá de oficio. Ello, toda vez que la juez responsable acertadamente consideró que hasta ese momento, se demostraba un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, con los datos de prueba consistentes en los siguientes: 1.- Denuncia formulada por la víctima ***., ante la representación social, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la cual manifestó lo siguiente (21-11-2022 12:30:06) "Vengo a presentar denuncia en contra de mi hija de nombre *** ya que el día doce de octubre de dos mil veintidós, puse una denuncia a mi hija ** ante el DIF por no cuidar a mi nieta de iniciales B.H.B., y el DIF, me entregó a mi nieta, eso le causó enojo a ***, ella usa la marihuana, y el día doce de octubre de dos mil veintidós, aproximadamente a las quince horas, me encontraba en mi domicilio ubicado en la calle ***, en esta ciudad, cuando llegó *** y su pareja al que solo sé que le dice ***, *** comenzó a gritarme "piche vieja mierda, no más que se muera (la persona de inicial B), me las vas a pagar, pinche vieja mierda culera"; yo salí de mi casa y le dije a Cristal que no estuviera gritando, y me gritó "no más que (a la infanta de inicial B) le pase algo te voy quemar la casa, mira" y Cristal me enseñó una pistola escuadra, color negro que traía fajada en su pantalón, me puse nerviosa y le dije que el DIF tenía a la menor de (inicial B), y que le iban a dar su medicamento que cuando me la regresaran yo se la daba, y Cristal me contestó más te vale, no más que se te muera, me las vas a pagar culera y se fue de la casa. " 2.- Parte informativo de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, elaborado por la Agente Ministerial ***, del que se desprende la investigación del registro de nacimiento de *** y su parentesco con la víctima. 3.- Dictamen pericial en materia de psicología de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, elaborado por el licenciado ***, a la víctima, en el que concluyó que ésta muestra una afectación compatible a problemas que pueden ser objeto de atención, como maltrato psicológico por persona distinta al cónyuge o la pareja; y recomendó como tratamiento veinticuatro sesiones de terapia psicológica. *** Datos de prueba que la responsable con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción II; Constitucional, 259, 260, 261, y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, valoró de manera libre y lógica, considerándolos suficientes para tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos ocurridos aproximadamente a las quince horas del doce de octubre de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en la calle ***, en esta ciudad. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen de la orden de aprehensión, contrario a lo argumentado por la quejosa en su único concepto de violación, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de violencia familiar, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse para emitir ese medio de conducción al proceso, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido a la quejosa, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos de la imputada; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por la Juez de Control en ese aspecto. En el mismo sentido, respecto al cuarto requisito, relativo a que exista la probabilidad de que la indiciada cometió o participó en la comisión del delito, de igual forma, se encuentra debidamente satisfecho; toda vez que, es acertado lo señalado por la juzgadora responsable al haber tenido como demostrada la participación, en esta etapa en un grado de probabilidad, del aquí quejosa, en la comisión del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que la indiciada participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado de la orden de aprehensión es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la solicitud de la orden de aprehensión; por ende, basta que existan datos de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la conducción del investigado al proceso. En el caso, la Jueza responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación de la indiciada en la comisión del hecho que se identificó en líneas previas, con los datos de investigación justipreciados previamente, consistentes en la denuncia formulada por la víctima ***., ante la representación social, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós; parte informativo de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, elaborado por la Agente Ministerial ****, del que se desprende la investigación del registro de nacimiento de *** y su parentesco con la víctima; y, dictamen pericial en materia de psicología de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, elaborado por el licenciado ****, en el que concluyó que la víctima muestra una afectación compatible a problemas que pueden ser objeto de atención, como maltrato psicológico por persona distinta al cónyuge o la pareja; y recomendó como tratamiento veinticuatro sesiones de terapia psicológica. En otro orden de ideas, en relación al diverso requisito para la emisión de la orden de aprehensión, consistente en la necesidad de cautela, cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a) La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, b) Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Conjuntamente con lo anterior, el Juez de Control debe atender lo estipulado en los numerales 168, 169 y 170 del citado Código Nacional, que establecen lo siguiente: Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. En el caso a estudio, al analizar la necesidad de cautela, la Jueza de Control consideró que esta se colmaba con la hipótesis prevista por el legislador en el artículo 167 del ordenamiento en cita con relación al 19 constitucional, el cual previene los ilícitos que debe decretarse la prisión oficiosa; dentro de los que se ubican los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, precisando que podía verse demorada la presencia de la indiciada, dado a que debía imponerse -invariablemente- la prisión preventiva; y a efecto de asegurar que dicha activa no pretendiera evadirse de la acción de la justicia, aunado a que -sin prejuzgar- en el procedimiento que se iniciara debería estar privada de su libertad, dado la pena que establece el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, relativa al delito de violencia familiar, es de uno a cinco años de prisión, lo que permite concluir que no se sometería voluntariamente a la formulación de imputación y por tanto, estimó que existía la necesidad de librar la citada orden, sin previa cita. Además, refirió que tomando en consideración los medios violentos de comisión del ilícito, y la intimidación sufrida por la víctima, así como los amagos con el arma de fuego; en caso de no librarse la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público se pondría en riesgo a la víctima. Ante ello, la Juzgadora consideró que existía la necesidad de cautela, actualizándose de esta manera el supuesto contemplado en la fracción III del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo así la emisión de la orden de captura. (21-11-22 13:17:29) Finalmente, en cuanto al último requisito, en el caso, está debidamente acreditado al estar debidamente fundada y motivada la orden de captura combatida; pues la Jueza responsable citó los preceptos aplicables al caso y con un razonamiento propio encuadró el hecho delictivo a la hipótesis normativa citada, señalando los datos de prueba que lo justifican, lo que permite establecer la probable participación de la quejosa en su comisión. Bajo ese contexto, los datos de prueba antes mencionados resultan suficientes para conducir a la investigada a proceso, al estar reunidos los requisitos exigidos en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, en relación al concepto de violación relativo a la vulneración de lo dispuesto por los artículos 19 y 20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta juzgadora, atendiendo a lo anteriormente expuesto y a la naturaleza determinación reclamada, consistente en un medio de conducción a juicio, no advierte alguna trasgresión a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación bajo los cuales se rige el proceso penal será acusatorio y oral; ni a los derechos de toda persona imputada. Máxime que hasta este momento no se tiene noticia de que la orden de aprehensión reclamada haya sido ejecutada. En las relacionadas condiciones, desestimado el concepto de violación expresado, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Fiscal de Distrito Zona Norte, Encargada de la Coordinación Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, al no haberse reclamado por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, y 75, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Cristal Baeza De la Cruz, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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