Ana Delia Hernández Hernández y Otros.
Expediente 745/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Ana Delia Hernández Hernández
- Ana Delia Hernández Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, informa que admitió a trámite el recurso de queja...
- Principal
Parte quejosa interpone recurso de queja, se da trámite, ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, remítase copia certificada de todo lo actuado junto con el original y copia del escrito de expresión de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, para su substanciación.
- Principal
Xalapa, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que existe para notificar personalmente a los quejosos Ana ********** y ********** en curso, por los motivos ahí expuestos; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, por medio de lista de acuerdos, que se fija en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal. Notifíquese como corresponda. Xalapa, Veracruz, quince de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ********** y **********, contra actos de Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número 745/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. En principio, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que los promoventes señalan como actos reclamados: a) La ilegal consignación; b) Actos de tortura; c) Ilegal detención; d) Auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos, el tres de enero de dos mil diecinueve dentro de los autos del proceso penal 357/2018 del índice del Juzgado de Control, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz. e) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra de los quejosos, dentro del proceso penal **********. Respecto a dicho actos reclamados, este juzgado advierte que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ello, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Por su parte, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." A). ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO PRECISADO EN EL INCISO A). Este Juzgador de Distrito estima que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, que se transcriben: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente (.) XVI. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva al juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El Plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando de reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como puede advertirse, de la intelección de los preceptos legales transcritos, se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo será de quince días, el cual correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Esto es, tomando en cuenta la idoneidad de los medios por los cuales los gobernados tienen conocimiento y su posición respecto de los actos reclamados, no deben aplicarse invariablemente cualquiera de las tres hipótesis para empezar a contar a partir del día siguiente. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la contienen, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo: XXV, mayo de dos mil siete, página 286, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." En relación con los requisitos que deben satisfacerse para estimar consentido un acto de autoridad, el Pleno del Alto Tribunal de la Nación estableció el criterio contenido en la tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volúmenes 139-144, Primera Parte, página 13, de rubro siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Del contenido de la tesis reproducida se obtiene que para que un acto se tenga como consentido, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, se deben cumplir tres requisitos, a saber: 1. Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, ya que de lo contrario, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. 3. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado, esto es, teniendo conocimiento del acto reclamado, no haya deducido dentro del término legal la acción constitucional. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre debe tomarse en consideración, para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de amparo, la posición del quejoso respecto del acto que reclame; en el particular opera el primer supuesto, esto es, para la oportunidad se tomará en consideración la fecha en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. En ese orden de ideas, el artículo 82, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. De lo anterior se deriva que los términos de las notificaciones, empiezan a correr desde el día siguiente en que hubieren sido practicadas la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Ahora bien, el acto reclamado, consiste en la ilegal consignación de los quejosos, la cual fue el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, toda vez que de los antecedentes del acto reclamado se desprende dicha fecha. De ahí que surtió efectos al día siguiente, por tanto, el plazo de quince días para interponer la demanda de amparo transcurrió del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho al veintiuno de enero del dos mil diecinueve, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de enero del año en curso, por ser sábados y domingos respectivamente; así como uno de enero del año en curso por ser día inhábil. Sirve de apoyo lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 18/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, que aparece publicada en la página 243, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO". En consecuencia, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el catorce de agosto del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, es claro que transcurrió en exceso el plazo que la ley otorga para la presentación de la demanda de amparo y, por ende, los promoventes consintieron tácitamente el acto consistente en la ilegal consignación; razón por la cual, resulta evidente la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Además, en el presente, no se reclama alguno de los actos de excepción que prevé el citado artículo 17 de la legislación de la materia, para considerar que el plazo para la promoción del juicio de amparo es diverso al de quince días. Es aplicable por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." En efecto, pues el consentimiento de que se ha venido hablando no es expreso, ni por manifestaciones de voluntad que así lo impliquen, pues, se insiste, la sola circunstancia de no presentar la demanda de amparo oportunamente se traduce en un consentimiento tácito del acto reclamado, esto es, una omisión del interesado, y no su conducta positiva, cuya sanción procesal consiste en la improcedencia del juicio de amparo. Luego entonces, procede DESECHAR LA DEMANDA de amparo promovida por ********** y **********, respecto del acto señalado, en el inciso a), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. B). ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LOS ACTOS PRECISADOS EN LOS INCISOS B), C), D) Y E). Al respecto el suscrito Juzgador estima que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la que se prevé que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo. b) Ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o en única instancia o en revisión. c) Ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, de la certificación de cuenta, se advierte la existencia del juicio de amparo 494/2019, promovido por ********** y **********, contra actos de las autoridades siguientes: Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Fiscal Especializada Adscrita al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Oral. Los Policías Ministeriales Adscritos a esa Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Juez de Control y Enjuiciamiento Oral Licenciado Luis Roberto Juárez del Distrito Judicial de Xalapa Veracruz. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo en dicho juicio de amparo, se desprende que la parte promovente señala como acto reclamado el consistente en: b) Actos de tortura; c) Ilegal detención; d) Auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos, el tres de enero de dos mil diecinueve dentro de los autos del proceso penal 357/2018 del índice del Juzgado de Control, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz. e) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra de los quejosos, dentro del proceso penal **********. Por su parte, en el escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, ********** y **********, señaló los mismos actos y autoridades responsables. De lo anterior, se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de todo lo anterior se observa que en el diverso juicio **********, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se tiene a la vista como un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2, ya existe una petición de amparo contra las mismas autoridades, por los mismos actos reclamados y presentada por los referidos promoventes, pues, como se advierte, los impetrantes del amparo también señalaron como actos reclamados la ilegal detención, actos de tortura, auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos, el tres de enero de dos mil diecinueve dentro de los autos del proceso penal 357/2018 del índice del Juzgado de Control, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; situación que se analizará en dicho expediente. Cobra aplicación, por identidad, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, junio 2018, Tomo I, página 10, con registro 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Bajo este contexto, es indudable que en ambos asuntos existe identidad entre los quejosos y el objeto materia del juicio, aunado a que en el diverso juicio de amparo **********, supracitado, la demanda fue admitida en proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, presupuestos que traen como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006145, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo y con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tienen como sus autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a ********** y **********, debido a que no cuentan con cédulas registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Asimismo, atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese como corresponda.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.
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