Ana Delia Hernández Hernández y Otros.

Expediente 829/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
829/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Ana Delia Hernández Hernández y Otros.
  • Alejandro Reyes Alarcón
  • Ana Delia Hernández Hernández
  • Alejandro Reyes Alarcón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "... Xalapa, Veracruz; uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la notificación personal de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se advierte que los quejosos ********, cumplen el requerimiento de veintiséis de septiembre del año en curso, por lo tanto téngaseles ratificando el escrito presentado ante la oficialía de partes de este juzgado en misma fecha (fojas 45 a 68), y la prevención formulada en autos. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO En principio, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, quien este asunto estudia, considera pertinente establecer con precisión los actos que reclaman los quejosos en este juicio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, abril de dos mil, tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sin que obste a ello, que el precepto legal e interpretación judicial citados se refieran a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, pues también resultan aplicables en este momento procesal. Por tanto, se tiene que los solicitantes de amparo en este controvertido reclaman: 1. De los Policías y Fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, la detención y privación de su libertad de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. 2. Del Fiscal Especializado en Combate a la Tortura, la omisión de investigar la denuncia de tortura y privación de la libertad. 3. Del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, la omisión de ordenar la investigación de la denuncia del delito de desaparición forzada y tortura hecha valer por lo aquí quejosos en la audiencia de imputación de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Ello, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y constancias que se acompañen; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, mayo de mil novecientos noventa y ocho, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora bien, en relación a los actos reclamados señalados con los arábigos 1 y 3, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que, en lo conducente, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Y para corroborarlo, debe tratarse como hecho notorio, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y de la papeleta de turno de la demanda que se acuerda, que en este órgano jurisdiccional existe radicado el diverso juicio de amparo 494/2019, promovido por *********, contra actos de las autoridades responsables Policías y Fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de quienes reclaman: la detención y privación de su libertad de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, y la omisión de ordenar la investigación de la denuncia del delito de desaparición forzada y tortura hecha valer por lo aquí quejosos ante el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en la audiencia de imputación de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, juicio que se tiene a la vista al momento en que esta resolución se emite. Sirve de apoyo a la anterior determinación por identidad de razón jurisprudencia 2ª./J. 27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, julio de mil novecientos noventa y tres, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con número de registro 198220, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA". De lo que se colige que los actos reclamados precisados con los arábigos 1 y 3, de este juicio de amparo son iguales a los diversos 494/2019 antes referidos del índice de este Juzgado, el cual se encuentra en trámite, cuyos promoventes, autoridades y actos reclamados destacados, SON LOS MISMOS QUE EN ESTE ASUNTO. Expuesto lo anterior, es de concluirse que el juicio de amparo que se pretende instaurar a través de la demanda que se provee, deviene manifiesta e indudablemente improcedente, al encontrarse en trámite y pendiente de resolución el juicio de amparo 494/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, cuyos quejosos, autoridades responsables y actos reclamados precisados con los arábigos 1 y 3, son los mismos que en este biistancial. Apoya a lo anteriormente expuesto la tesis VII.P.83 K sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible a foja 260, del Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, con relación al acto reclamado señalado con el arábigo 2, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, para acreditarlo, resulta conducente citar lo que el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, establecen para tal efecto: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley; (.)" El precepto transcrito, en las fracciones citadas, precisa que antes de acudir al juicio de amparo, los promoventes deben agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades referidas, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos estos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. Ya que de otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción, los cuales se encuentran perfectamente identificados en las disposiciones aludidas. En el caso, los promoventes reclaman del Fiscal Especializado en Combate a la Tortura, medularmente, la omisión de investigar la denuncia de tortura y privación de la libertad; acto que formalmente tiene una naturaleza administrativa y diversos que de él derivan; sin embargo, se considera que dado el ámbito en el cual desempeñan sus funciones, los actos u omisiones de dichas autoridades deben impugnarse en sede judicial, por lo que la omisión reclamada se encuentra dentro del contexto de los actos de autoridades jurisdiccionales y no administrativas. Al respecto, resulta fundamental precisar que en el sistema procesal penal actual, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control; es decir, entre otras cosas, al Juez de Control le corresponde supervisar los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima u ofendido, e imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Asimismo, debe tomarse en consideración lo dispuesto en los artículos 3, fracción VII y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 3º. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; [.] Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]" (Lo resaltado es propio) De los artículos de ley citados, resulta patente que corresponde al Juez de Control participar desde el inicio del procedimiento penal, así como que dicho procedimiento comienza desde la etapa de la investigación, motivo por el cual se refuerza lo establecido en el sentido de que la etapa de investigación en el nuevo sistema procesal penal, se judicializó con el fin de salvaguardar garantías y derechos establecidos constitucionalmente a favor de la víctima u ofendido, e imputado. De tal suerte que, para efectos del juicio de amparo, las omisiones en que incurra el Ministerio Público tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben analizarse a la luz de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y no así, de la diversa establecida en la fracción XX, a pesar de que su naturaleza sea formalmente administrativa, ya que aún y cuando se está ante una autoridad de esa naturaleza, lo cierto es que se desenvuelve en un ámbito judicializado, pues sus actuaciones se encuentran sujetas a revisión del Juez de Control. Sentado lo anterior, para demostrar porqué se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, resulta necesario identificar los elementos que la integran, a saber: 1. Deben reclamarse resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2. Conforme a la ley ordinaria proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento. 3. Ese recurso o medio de defensa pueda modificar, revocar o nulificar el acto. Así, como se anticipó, el acto reclamado lo constituye la omisión en la integración y conclusión de la carpeta de investigación y los que de éste derivan, carpeta en la que el impetrante tiene el carácter de víctima u ofendido, la cual por sí misma no es una resolución. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el juicio de amparo también procede en contra omisiones, motivo por el cual si bien el legislador hizo uso de la palabra resoluciones, no debe entenderse que el principio de definitividad únicamente se observará tratándose de resoluciones y no de omisiones; aunado a que como ya se expresó, dicha omisión si bien no la realizó una autoridad jurisdiccional, lo cierto es que debe impugnarse en sede jurisdiccional ante el Juez de Control. En este sentido, los artículos 20, apartado c), fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. (.) Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables." De lo anterior, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas u ofendidos del delito, de la prerrogativa de impugnar en sede judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades que existan en la investigación de los delitos. De igual modo, se considera que, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 258, sí prevé el control de la investigación ministerial en sede judicial, tal como se observa del precepto que para tal efecto se transcribe. "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la anterior redacción, se aprecia, entre otras cosas, que el Agente Ministerial debe notificar a la víctima u ofendido las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control. Entre los diversos medios de impugnación, destacan los recursos, en los que se busca revisar o volver a cursar el actuar de determinada autoridad, y se interponen mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la inactividad y dilación del agente investigador, para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes citados. Lo anterior se dice, toda vez que el artículo 258 citado prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. De ahí, que respecto de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, corresponda conocer al Juez de Control; lo anterior, además, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que dispone: "Artículo 64. Los jueces o tribunales en materia penal conocerán de: I. Control: desde la etapa de investigación que requiera intervención judicial hasta el dictado del auto de apertura a juicio;" (Lo resaltado es propio) De tal suerte, es dable concluir que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control, respetando los principios que rigen el nuevo sistema procesal penal. Por lo que, en el caso, para combatir el acto reclamado la parte quejosa puede hacer valer el medio de defensa previsto en el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con lo establecido en el artículo 20, apartado C), fracción VII de la Constitución Federal, ante el Juez de Control competente y hacer notar las omisiones, dilaciones e irregularidades que a su criterio hayan cometido los Fiscales responsables, para que así, el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al fiscal investigador la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos y, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, estaría en posibilidades de acudir a promover el juicio de amparo correspondiente contra esa resolución. De tal manera que, si la norma fundamental y la ordinaria disponen de un medio de defensa para que la parte quejosa obtenga un resultado favorable a sus intereses, es decir, para que la autoridad responsable determine lo que en derecho corresponda en relación con la carpeta de investigación que se sigue en su contra, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que previo a instar este juicio de amparo, los quejosos debieron comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar las omisiones y actuaciones del Fiscal responsable, puesto que el juicio de amparo es excepcional complementario y subsidiario y, ese punto debe ser sometido a contradictorio ante el Juez de Control con el fin de respetar uno de los principio que rigen ese procedimiento penal que, en el caso, es el de igualdad de las partes. Lo anterior, también, acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, pues como se vio anteriormente, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar en la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima u ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa (investigación). Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima, e imputado, pudieran acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran constitucional y legalmente reservadas a favor del Juez de Control. Por tanto, se considera que el acto reclamado en este juicio biistancial, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, pues existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Fiscal investigador, lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aduce el quejoso, por lo que es imperativo agotar un recurso previo a entablar el juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación, por los motivos que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Página: diecisiete, de rubro y contenido siguiente: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008)." Sin que la anterior determinación implique desconocer el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como contra las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o de la suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Sin embargo, no por ello debe soslayarse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que si en el caso existe un medio de defensa ordinario para impugnar la omisión y dilación reclamada, así como los diversos actos que de ellas derivan y que se atribuyen a los agentes ministeriales, como se adujo, se considera que debe agotarse antes de promover el juicio de amparo indirecto. El cual, además, pudieron promover en todo tiempo antes de la audiencia de imputación; sin embargo, debido a que los propios promoventes manifestaron que dicha audiencia ya tuvo verificativo, debe precisarse que dicho momento es el idóneo, entre otras cosas, para hacer valer ante el Juez de Control los argumentos encaminados a evidenciar las irregularidades que a su consideración haya cometido el Ministerio Público en la integración de la investigación ministerial, ya sea por la omisión que les atribuye o por la dilación y demás actos que considera violatorios de sus derechos. Bajo estas premisas, al actualizarse dos diversas causas de improcedencia respecto de todos los actos reclamados en este asunto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO."

  4. Principal

    Se comisiona actuario adscrito para que se constituya en el centro de reclusión de los quejosos y los requiera para que en el acto de notificación ratifiquen su escrito.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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