Ana Cristina Solis Mendoza
Expediente 204/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana Cristina Solis Mendoza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintidós. FIRME DESECHADA Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veinticuatro de febrero pasado, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Ana Cristina Solís Mendoza, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO POR INCOMPETENCIA. Por recibido el oficio 475 signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite los autos originales del amparo directo laboral 56/2022, promovido por Ana Cristina Solís Mendoza, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. ACÚSESE DE RECIBO. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante proveído de diecisiete de febrero del año en curso, el tribunal oficiante determinó que carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, al considerar que el acto reclamado no constituye una sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio. SE ASUME CONOCIMIENTO Atento a lo anterior, y luego de analizar las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, mismo que, ahora, quedará registrado con el número VIII-851/2021. Acúsese recibo de estilo correspondiente al Tribunal colegiado de mérito. ACTO RECLAMADO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de doce de enero del año en curso, emitido dentro del Registro Sindical número 15/265.3/166, al señalar que el mismo se dictó en contra del procedimiento que establece la Ley Federal del Trabajo, esto es, sin que le dieran intervención en el mismo en su carácter de representante patronal administrativo e integrante de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; así como la emisión ilegal de dicho acuerdo en la que participaron todas y cada una de las autoridades responsables. Al respecto, cabe destacar que en sus conceptos de violación la quejosa señaló que fue llamada por parte del personal de la Unidad de Conflictos Colectivos de Trabajo, registro y Actualización Sindical de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para que acudiera a las instalaciones de la junta, y al llegar se le informó por parte de la Presidenta de la Junta que debía firmar el acuerdo dictado el doce de enero de dos mil veintidós, del que no le dieron a conocer los antecedentes y documentos sobre la solicitud que presentó el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Bajo esta perspectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA de amparo de que se trata, promovido por la parte quejosa Ana Cristina Solís Mendoza, consistente en el auto dictado el doce de enero de dos mil veintidós, en el Registro Sindical 15/265.3/166, en virtud de lo siguiente: En inicio, debe quedar establecido que la hoy quejosa acude a esta instancia constitucional, como representante patronal administrativo e integrante de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, esto es, como autoridad u Órgano del Estado, reclamando como acto un acuerdo emitido por el resto de los integrantes de la citada junta, al señalar que se dictó en contra del procedimiento que establece la Ley Federal del Trabajo, al no haberle dado intervención en su emisión, ya que únicamente se le llamó para que acudiera a las instalaciones de la junta al día siguiente y, una vez ahí se le indicó que debía firmar dicha determinación sin que se le dieran a conocer los antecedentes y documentos respectivos. Es decir, la parte quejosa se duele de la emisión de un acuerdo sin su debida y legal intervención como parte integrante de la junta, de lo que se advierte que precisamente, la hoy quejosa acude como autoridad u Órgano del Estado. Precisado lo anterior, en el caso resulta improcedente el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7° de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. (.)" De los artículos antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando quien acude al mismo le asista el carácter de autoridad u órgano del Estado, siempre que no se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Esto es así, pues si bien el artículo 7° antes mencionado permite que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública, pueden solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes correspondientes; también es que, esto ocurre cuando estos entes actúan en un plano de igualdad frente a los particulares o personas de derechos privado y no como órganos del Estado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 374/2016, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Tercero y Cuarto, del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, expuso lo siguiente: ".En esa tesitura, el juicio de amparo es uno de los medios de control constitucional de mayor relevancia, en tanto su finalidad se encuentra centrada en proteger a los gobernados contra los actos u omisiones de la autoridad que violenten sus derechos fundamentales; ello con el afán deontológico de asegurar que las actuaciones u omisiones de los entes públicos no menoscaben la posibilidad de que el hombre, como tal y como gobernado, pueda desenvolver su propia personalidad en consecución con sus fines vitales de manera digna -proyecto de vida-, pues resulta inconcuso que los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional estarían destinados a su fatal frustración, sin que, concomitantemente al reconocimiento jurídico de las potestades naturales del hombre, se instituyese un medio constitucional para lograr el respeto y cumplimiento de las normas en que tal consagración opere. (.) .tanto el Constituyente Permanente, como el legislador federal han establecido al juicio de amparo como un medio de control constitucional que tiene por objeto normativo que el Poder Judicial de la Federación conozca de aquellas controversias en las que se dilucide si las normas generales, actos u omisiones de la autoridad, violan "los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí que, precisamente, el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por quien aduce "ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", siempre que alegue que el acto reclamado "viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Es decir, para la interposición del amparo, es necesario: (I) la titularidad de un derecho o interés legítimo individual o colectivo; y, (II) que el acto de autoridad transgreda los derechos humanos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional -ya de manera directa, ya por su especial situación frente al orden jurídico-. (.) Como se advierte de lo anterior, el legislador federal ha considerado que las personas morales públicas pueden solicitar amparo cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, en tratándose de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". A juicio de esta Segunda Sala, la excepción contenida en el precepto normativo aludido: (I) no resulta de interpretación amplia, sino estricta; y, (II) constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales puedan interponer amparo, por lo que de no actualizarse sus hipótesis fácticas-jurídicas, tales entes carecerán indefectiblemente de legitimación en tal medio de control constitucional. En efecto, no puede perderse de vista que la excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo obedece a la teoría de la doble personalidad del Estado, según la cual, los entes públicos pueden ser considerados como entidades dotadas de imperio, o bien, en su carácter de sujetos de derecho privado. Así lo ha establecido este Alto Tribunal, al señalar que bajo la fase de derecho privado -es decir, como sujeto colocado en el mismo plano jurídico que los particulares-, el Estado como persona moral, "capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles, para la defensa de unos y otras", entre ellos, precisamente, el juicio de amparo. Siendo que, como entidad pública en sentido estricto, "no puede ejercer ninguno de esos medios sin desconocer su propia soberanía", dando lugar, por ende, a que se soslayara "todo el imperio, toda la autoridad, o los atributos propios del Estado". Además no es posible conceder a los órganos del Estado el juicio de amparo por actos emitidos por el propio Estado a través de otro de sus órganos, "porque establecería una contienda de poderes soberanos, y el juicio de garantías no es más que una queja del particular, que se hace valer contra abusos del poder". En otras palabras, el Estado, en unos casos puede obrar como autoridad "haciendo uso de los atributos propios de su soberanía, encargado de velar por el bien común por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria", y en otros casos, como persona de derecho privado, es decir, "cuando al igual que los individuos particulares ejecuta actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales". (.) Por ende, resulta inconcuso que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual, lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como lo es el referido medio de control constitucional. (.) En esa tesitura, siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad, se encontrarán excluidas de la posibilidad de interponer el juicio de amparo, con entera independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. (.)" Dicha ejecutoria dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Materia Común, visible en la página 1022, de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." De esta forma, tanto de la ejecutoria como de la jurisprudencia a la que dio origen, se advierte que se ha establecido que tratándose de entes de Estado o personas morales públicas, pueden acudir al amparo únicamente cuando la actuación de alguna autoridad afecte su patrimonio, siempre que esa afectación se dé por las relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Esto, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se debe a que el Estado puede actuar con una doble personalidad, es decir, como entidad dotada de imperio o como sujeto de derecho privado; de modo que, cuando actúa como sujeto de derecho privado, se coloca en un plano de igualdad frente a los particulares y será entonces, cuando puede acudir a reclamar actos u omisiones de autoridades que afecten su patrimonio. Empero, cuando aquel ente acude por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, aun cuando dicho acto podría lesionar su patrimonio, no procedería su reclamo constitucional, dado que en esa hipótesis no pierde su calidad de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 171/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Común, visible en la página 467, que dice: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Lo que en el caso acontece, pues como se dijo, quien acude al amparo es una integrante de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, reclamando un proveído emitido por el resto de los integrantes de la junta, al no haberle dado la legal intervención en su emisión, al haberla llamado únicamente para que al día siguiente de su dictado firmara el acuerdo respectivo, es decir, para realizar una de las funciones propias de su encargo. Así las cosas, si el acto reclamado lo constituye la emisión de un acuerdo sin que se le haya dado participación como integrante de la junta, ya que únicamente se le contactó para que al día siguiente acudiera a firmarlo; es evidente que la intervención que se le solicita no es en un plano de igualdad frente a los particulares, ni tampoco se ve afectado su patrimonio como ente de derecho privado, sino que se trata de la solicitud que se le formuló para que firme el acuerdo en el que refiere no se le dio legal intervención, petición que, al margen de que no haya sido conforme las formalidades establecidas en la Ley Federal del Trabajo, fue formulada en su carácter de ente de Estado, para que lleve a cabo el ejercicio de sus funciones. De modo que, la hoy quejosa es un Órgano de Estado y como tal, acude en ejercicio de sus funciones, pues la intervención y orden solicitada para que firme el acuerdo emitido por el resto de los integrantes de la junta (y que constituye el acto reclamado en el presente juicio), es por sus propias funciones como organismo de Estado, y no como particular o ente de derecho privado; por lo que no se encuentra colocada en un plano de igualdad frente a los particulares en el que se vea afectado su patrimonio por este mismo carácter. En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7° interpretado a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoria e indudable su improcedencia. Se invoca la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Ana Bertha Alba Rosas715/2020
- Ana Bertha Alcantar Ortiz1140/2015
- Ana Cecilia Núñez Prado583/2022
- Ana Cecilia Rodríguez Silva1007/2021
- Ana Cresali Medina Barriga39/2021
- Ana Cristina Hernández Guerrero1028/2018
- Ana Cruz Arroyo1384/2023
- Ana Delia Delgado Pimentel y Otros.787/2019
- Ana Elisa Martínez Del Rio236/2021
- Ana Elisa Sevilla Paniagua1175/2023
- Ana Eloisa Cortés Rodríguez218/2023
- Ana Gabriela Herrejón Zavala690/2021