Ana Cecilia Núñez Prado

Expediente 583/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
583/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Ana Cecilia Núñez Prado

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la queja civil 92/2022 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante resolución aprobada en sesión de ocho de septiembre de dos mil veintidós, resolvió: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 6774, al que se anexó el testimonio autorizado de la ejecutoria de mérito; lo anterior, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. ADMITE RECURSO DE QUEJA. Agréguese únicamente a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 12984, e informa que ese Tribunal Superior, en proveído veintidós de junio de dos mil veintidós, admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Ana Cecilia Núñez Prado, contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo en que se actúa; formándose el recurso de queja número 92/2022, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. SE TIENE POR INTERPUESTA QUEJA Agréguese a los presentes autos copia del escrito mediante el cual la quejosa Ana Cecilia Núñez Prado, interpone recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; en tal virtud, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el recurso y por tanto, ríndase informe sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el proveído de referencia, se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. SE ORDENA RENDIR INFORME Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios y la copia respectiva, remítase copia certificada del presente cuadernillo, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en proveído que desechó la demanda de amparo, por lo que no existen partes en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Número de expediente: 583/2022 Acuerdo: Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA POR INCOMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio de cuenta número 3865 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual inserta el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el amparo directo civil 376/2022, y además, adjunta el escrito original y copias de traslado de la demanda de garantías promovida por Ana Cecilia Núñez Prado, contra el auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 21/2021, el oficio que contiene el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, así como un tomo de prueba relativo al expedientes de origen del acto reclamado. Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante, declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías planteada por Ana Cecilia Núñez Prado, contra el auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós dictado por el Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán dentro del juicio ejecutivo mercantil 21/2021, en el que ordenó poner los autos en estado de ejecución autorizando al ministro ejecutor para que en ejecución de sentencia se constituyera en el domicilio de la demandada ahora quejosa a efecto de embargar bienes suficientes para garantizar el adeudo, toda vez que el mismo no constituye sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, acorde con las disposiciones de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 45, 170 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además, que el conocimiento del amparo compete al Juzgado de Distrito en esta ciudad, en turno, por lo que se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Con apoyo en los artículos 38 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Ana Cecilia Núñez Prado, contra los actos reclamados al Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, se desprende que el promovente señala como acto reclamado: ".el auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós dictado por el Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán dentro del juicio ejecutivo mercantil 21/2021, en el que ordenó poner los autos en estado de ejecución autorizando al ministro ejecutor para que en ejecución de sentencia se constituyera en el domicilio de la demandada ahora quejosa a efecto de embargar bienes suficientes para garantizar el adeudo..." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Atento a ello, el suscrito estima que lo que procede es desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, ello con apoyo en lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, del numeral 107, aplicado a contrario sensu, del mismo cuerpo de leyes que amerita desechar la demanda de amparo, atendiendo especialmente a la naturaleza de los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113, de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia.Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Luego, el acto reclamado por el promovente se hace consistir en la determinación de fecha el auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós dictado por el Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán dentro del juicio ejecutivo mercantil 21/2021, en el que ordenó poner los autos en estado de ejecución autorizando al ministro ejecutor para que en ejecución de sentencia se constituyera en el domicilio de la demandada ahora quejosa a efecto de embargar bienes suficientes para garantizar el adeudo. Ahora, los artículos que prevén la causa de improcedencia que se estima se actualiza en el presente caso, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos transcritos, se desprende que la demanda inicial del juicio de amparo debe examinarse a efecto de establecer si al respecto se actualiza alguna causa de improcedencia; también, que éstas se deben analizar de manera oficiosa. Asimismo, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos verificados en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis, de rubro y texto siguientes: "Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 190035 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Página 31 Jurisprudencia (Común) "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por su parte, el ordenamiento en consulta no prevé ninguna excepción a esta regla genérica, pues no establece la posibilidad de que, a través de este medio de control constitucional, se puedan reclamar las resoluciones intermedias pronunciadas durante el periodo de ejecución tendentes a hacer efectiva la sentencia, cuestión que se justifica por el hecho de que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse; no obstante, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Sin embargo, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que, por excepción los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene como finalidad cuantificar la condena del juicio natural que no pudo determinarse en sentencia, y no así la ejecución de la misma, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar a la ejecución de la sentencia. Asimismo, el Máximo Tribunal del País determinó que, también por excepción, el juicio de amparo será procedente cuando se reclamen actos verificados en la etapa de ejecución, siempre que vulneren los derechos sustantivos de las partes. Tal razonamiento, dio génesis a la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia, sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente; y, de manera excepcional, cuando el acto combatido guarde autonomía propia, esto es, que no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; o bien, cuando se vulneren los derechos sustantivos de las partes. En el caso, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente, toda vez que se reclama el acuerdo de fecha el auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós dictado por el Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán dentro del juicio ejecutivo mercantil 21/2021, en el que ordenó poner los autos en estado de ejecución autorizando al ministro ejecutor para que en ejecución de sentencia se constituyera en el domicilio de la demandada ahora quejosa a efecto de embargar bienes suficientes para garantizar el adeudo; ello en virtud a que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 62, 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Es de esta manera porque, como se dijo, el auto reclamado fue dictado dentro del procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio en el cual el aquí quejoso es parte demandado y condenado, de modo que ésta se encuentra debidamente incorporado al procedimiento de origen, en donde a su vez se sigue el procedimiento de ejecución en su contra. Ello es así, toda vez que si bien el acto reclamado se hace consistir en el auto de el auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós dictado por el Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán dentro del juicio ejecutivo mercantil 21/2021, en el que ordenó poner los autos en estado de ejecución autorizando al ministro ejecutor para que en ejecución de sentencia se constituyera en el domicilio de la demandada ahora quejosa a efecto de embargar bienes suficientes para garantizar el adeudo, lo cierto es que el auto que se pretendía recurrir, no es definitivo en términos del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no es la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, declarando cumplida la sentencia definitiva, o bien, determinando la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento; ni se trata de una resolución que guarda autonomía respecto de la ejecución de sentencia; mucho menos vulnera los derechos sustantivos de los intervinientes en el juicio del que emanan los actos reclamados. Pues incluso, lo determinado en el proveído recurrido no implica una violación procesal que sólo podría reclamarse en el amparo que eventualmente se promueva contra la resolución que ponga fin a la etapa de ejecución del que deriva el acto reclamado. Además, es de destacarse que, en cuanto a su contenido, el acto reclamado no puede concebirse dentro de la excepción que prevé la jurisprudencia antes descrita, ya que no guarda autonomía propia y, por el contrario, éste se encuentra relacionado con los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Incluso, quien esto provee considera que, de admitirse la demanda planteada, se generaría una cadena de juicios de amparo en contra de los actos dictados dentro del procedimiento de ejecución que, como queda demostrado, la procedencia del juicio constitucional se encuentra reservada hasta la última resolución y, sólo por excepción, cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos de la promovente, supuestos anteriores que en el presente caso no se actualizan. Se invoca por identidad jurídica, por las razones que contiene, el siguiente criterio: "Época: Novena Época Registro: 204367 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/27 Página: 435 "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." También es aplicable la tesis jurisprudencial VI.2o.C. J/253 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331, que dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." Asimismo, por analogía jurídica, se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Los criterios invocados se cita aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SE DESECHA DEMANDA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ana Cecilia Núñez Prado, contra actos del Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa designando como autorizados a Luis Ramón López Ruiz, quien podrá hacer uso de la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la ley de la Ley de Amparo, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que existe registro de la cédula profesional que acredita que dicha persona se encuentra facultada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Mientras que de los restantes, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de autos y recoger documentos, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, virtud a que después de una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que no existe registro de las cédulas profesionales que acredite que dichas personas se encuentren facultadas para ejercer la profesión de licenciados en Derecho AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las catorce horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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