Ana Cristina Mejia Silva
Expediente 617/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana Cristina Mejia Silva
- Francisco Blas Ubaldo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta número 7438/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de seis de septiembre del año en curso, dentro de la queja administrativa 141/2018, relativo al juicio de amparo V-617/2018-1, del índice de este Juzgado; ejecutoria de la que se desprende que, la Superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno, que se lleva en este Juzgado, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad para los efectos legales a que haya lugar y agréguese el cuaderno de antecedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente cuaderno de desechada es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo en que se actúa y se declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese al expediente el oficio de cuenta número 6742/2018 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto dictado por este Órgano Jurisdiccional el veinte de julio del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de agosto de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, suscrito por los quejosos - mediante el cual interponen recurso de queja, en contra del auto de veinte de julio de dos mil dieciocho, dentro del juicio en que se actúa, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil dieciocho. RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Presidente Municipal de Morelia y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número V-617/2018-1. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: " Del C. Presidencial Municipal de Morelia: La ilegal orden para que se instaurara un procedimiento de cobro de impuesto predial y ejecución forzosa al Sindicato Nacional de la Educación hecha valer sobre el inmueble de nuestra posesión y en el que se encuentran ubicadas las instalaciones y la casa habitación de la Casa del Estudiante Vladimir Inch Lenin. La orden de ejecución forzosa de un supuesto cobro por concepto de impuesto predial a persona distinta a los legítimos poseedores del inmueble ubicado en la Calle de Agrarismo número 50, Colonia Centro, en la Ciudad de Morelia, mismo que ha estado ocupado desde el año 1994 por los moradores de diversas generaciones de la Casa del Estudiante -y por lo custodios del mismo, sin que ninguno de sus integrantes hayamos sido notificados de la existencia de algún procedimiento administrativo o judicial o de cualquier índole, por lo que las responsables atentan contra todas las garantías que recogen los artículos 14, 16 constitucionales en su relación directa con los diversos 1 y 2 del magno ordenamiento. Tal ejecución implica o puede implicar un desalojo violento; es decir, la privación de nuestros derechos, bienes, propiedades y posesiones. Del Síndico del Ayuntamiento de Morelia: La ejecución que se haya hecho o se intente hacer de un cobro forzoso por concepto de adeudo de impuesto predial a personas diversas a los legítimos poseedores del inmueble ubicado en el número 50 de la Calle de Agrarismo, con ayuda de la fuerza pública, lo que puede implicar un desalojo violento de todos y cada uno de los integrantes de la Casa del Estudiante Vladimir llich Lenin y una privación de bienes, posesiones y propiedades de los legítimos poseedores de dicho inmueble, es decir, de todos y cada uno de los integrantes, moradores y custodios de la Casa del Estudiante Vladimir Ilich Lenin. Del C. Tesorero del Municipio de Morelia: La instauración de un procedimiento de cobro de impuesto predial y ejecución forzosa al Sindicato Nacional de la Educación hecha valer sobre el inmueble de nuestra posesión y en el que se encuentran ubicadas las instalaciones y la casa habitación de la Casa del Estudiante Vladimir Inch Lenin. Del C. Director de Ingreso de la Tesorería del Municipio de Morelia: La instauración del procedimiento de cobro de impuesto predial y de embargo del inmueble ubicado en el número 50 de la Calle de Agrarismo, Colonia Centro, en la Ciudad de Morelia a persona distinta de los legítimos poseedores de dicho inmueble, sin que se hayan cumplido con los extremos que señalan los artículos 1, 14 y 16 constitucionales en su relación directa e intrínseca con el diverso 2 constitucional y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El embargo que se haya hecho o se vaya a hacer del inmueble ubicado en el número 50 de la Calle Agrarismo, Colonia Centro, en la Ciudad de Morelia, sin que hayamos sido notificados de ningún requerimiento de pago del impuesto predial, ni de la instauración del procedimiento de embargo, por lo que se están violentado las garantías de audiencia y defensa previa, así como las diversas que recoge el artículo 16 constitucionales en su relación directa e ineludible con el 2° constitucional y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De la C. Notificadora Ejecutora de la Dirección de ingresos de la Tesorería Municipal de Morelia reclamamos: La falsa notificación que se hizo valer ante los funcionarios del Municipio de Morelia, de una orden de ejecución de cobro forzozo vía embargo del inmueble ubicado en el número 50 de la Calle Agrarismo, Colonia Centro, en esta Ciudad, ya que la misma adolece de todas las formalidades procedimentales, así como de las nulidades que haremos valer a lo largo de este juicio. Dicha notificación diligenciada ilegalmente en nuestro domicilio embarga bienes de nuestra propiedad, bienes de nuestra posesión y nos puede privar de todos nuestros derechos constitucionales, por lo que es violatoria de diversas garantías constitucionales." Este precepto autoriza a la suscrita a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Actos, respecto de los cuales, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De las disposiciones transcritas se conoce que el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que le ley lo permita expresamente; lo cual refleja que la persona que ocurre al amparo debe de tener legitimación. Dentro del concepto de legitimación de las partes, debe distinguirse la legitimación en el proceso con la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere, a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. Ciertamente, la legitimación procesal es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, que tiene lugar cuando el derecho que se discutirá en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La segunda, implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, en tanto que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo, que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Por otra parte, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso; por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio por la juzgadora, antes de efectuar el estudio del fondo del asunto. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si quien promueve carece de capacidad para comparecer, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él; a diferencia de la legitimación en la causa, que al ser una cuestión sustancial, es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, por lo que sólo es dable analizar dicho presupuesto al momento de que ésta es emitida. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 45, Volumen 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232899, que a la letra dice lo siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Por legitimación procesal, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo; o sea, la situación en que se encuentra una persona respecto de determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta." Lo anterior se puede advertir de la tesis aislada visible en la página 95, Volumen 97-102, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registró 241186, que indica: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. SON CONCEPTOS DISTINTOS. Por interés jurídico debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identidad de quien actúa, con quien la ley le otorga ese derecho, o sea la condición de las personas que promueven la acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas". En el caso, la parte quejosa carece de legitimación para instar la acción constitucional, porque reclama un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre el Tesorero Municipal de Morelia y otras autoridades y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Sección XVIII. Sin que pase inadvertido que -, comparece a instar este medio extraordinario de defensa en cuanto integrantes de la Casa del Estudiante Vladimir Ilich Lenin y estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo cual no los legitima a realizar tal planteamiento, pues como ha quedado establecido en los preceptos legales analizados, tal carácter se encuentra reservado a aquellas personas físicas y morales que hayan intervenido en el procedimiento, lo que en el caso no acontece. Expuesto lo anterior, es evidente que -, carecen de legitimación porque reclama un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre el Tesorero Municipal de Morelia y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Sección XVIII, quienes son las partes del procedimiento administrativo. De modo que dicho acto no es susceptible de afectar derechos públicos ni privados de la institución a la que pertenecen, pues en caso de que el acto reclamado adolezca de vicios, la afectación sería en perjuicio de ambas partes en el procedimiento, por lo que únicamente el mismo, se encuentra reconocido por la ley, y serían estos quienes se encuentran legitimados para controvertir las cuestiones inherentes al proceso administrativo reclamado. En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, procede desechar de plano la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6° del mismo ordenamiento legal. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por autorizada para ese efecto a ********************, y con las facultades que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, virtud a que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Ana Alejandra Palacios Vera126/2019
- Ana Beltran Avila800/2021
- Ana Bertha Martínez Torres886/2019
- Ana Citlali Alanis Perez648/2019
- Ana Cristina Almanza Cortes879/2020
- Ana Cristina Almazan Cortez897/2020
- Ana Cristina Zavala Herrera1496/2023
- Ana Delia Calderon Chagolla67/2023
- Ana Elizabeth Perez Padilla1099/2021
- Ana Elizabeth Perez Padilla1150/2021
- Ana Fernanda Vargas Guizar1114/2021
- Ana Guadalupe Villegas Rodriguez1241/2021