Ana Cristina Almanza Cortes
Expediente 879/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana Cristina Almanza Cortes
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad en comento; atento a lo que solicita, infórmesele que tal como se desprende de la constancia secretarial, la demanda a que alude fue desechada en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, y en auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno causó estado dicha determinación, ordenándose en la propia data el archivo del presente asunto. Finalmente, vuelvan los autos al archivo del que fueron extraídos. Notifíquese.
- Principal
Como de la certificación que antecede así como del estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que presentó, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el proveído de mérito. Atento a lo anterior, al no existir acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó la demanda; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la promovente... defensora de la imputada... del proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte...Téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remite el escrito de demanda de amparo promovida por.., en cuanto defensora particular de.., contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Se ordena regístrese la demanda de mérito en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número l-879/2020-P. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el auto de siete de diciembre del presente año, por el que determinó inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la quejosa. Luego, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la Causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues la quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; esto es, previo a instar este medio de defensa extraordinario, debió plantear el medio de impugnación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del citado artículo se desprende que, para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitorio, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter de recurso de defensa extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar, en otras palabras, que el acto materia de la violación de garantías sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Para satisfacer lo anterior, el gobernado tiene como carga procesal la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. La obligación de mérito la exige esencialmente la fracción reproducida en relación a los actos provenientes de autoridades encargadas de la administración de justicia, esto es, sean judiciales o materialmente jurisdiccionales del orden federal, estatal, municipal y de cualquier materia, civil, mercantil, administrativo, familiar, agrario, fiscal, entre otras; así, cuando una de dichas autoridades emita un acto o deje de hacerlo contra alguna de las partes que integren el elenco procesal del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. Por otro lado, como complemento de lo anterior es necesario señalar el fundamento normativo en que se encuentra previsto el recurso o medio ordinario de defensa que en la especie el solicitante de amparo dejó de observar previamente a la falta de dar seguimiento a la carpeta de investigación, que lo es el previsto y regulado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y cuyo texto es el siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De la lectura del precepto reproducido pone de manifiesto que dentro del toca de apelación -, derivado de la causa penal número -, seguida en contra de la quejosa -, se determinó inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la referida quejosa, y debe decirse que contra dicho acto procede el medio de impugnación previsto en el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de que la quejosa ejercite la acción de control constitucional del juicio de amparo, ya que de acuerdo a lo explicado con respecto a la porción normativa en que se prevé la improcedencia del juicio de amparo como quedó expuesto en párrafos precedentes, el legislador ponderó que antes de aperturar el juicio de amparo el gobernado debe agotar todo cuanto medio de defensa ordinario tenga a su alcance a fin de privilegiar el carácter extraordinario que debe tener el juicio de amparo, lo que en la especie no ocurre así porque el acto reclamado no constituye la resolución que hubiere recaído a dicho medio de impugnación, previsto en el citado artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que se actualice la improcedencia del mismo conforme a lo establecido en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la accionante constitucional no agotó el medio de impugnación ordinario, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable la Jurisprudencia número 85/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, Décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019 Tomo I, Página 283, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." No es óbice a la determinación anterior, la circunstancia de que pudiera considerarse dicho acto como de ejecución irreparable, ya que aún contra ese tipo de actos, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Apoya lo anterior, la tesis III.2o.C.4 K (10a.), visible en la página 2113, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otra parte, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Asimismo, se tiene por señalado el domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales. Se ordena notificar de manera personal el presente proveído, para lo cual el actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.
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