Ana Celia Varona Franco
Expediente 1532/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1532/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ana Celia Varona Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Actualización de causal de improcedencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del informe justificado rendido por el Juez Quinto de lo Familiar en el Estado de San Luis Potosí, y anexo que acompañó al mismo, se advierte que respecto del acto reclamado en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlo con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, aclaratorio, e informe justificado, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar: Las convivencias provisionales decretadas en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, entre ******************** ******************** y el menor de edad de iniciales ********************., en los autos del expediente ********************, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar en el Estado de San Luis Potosí, las cuales tendrían verificativo los días: cuatro, once, dieciocho y veinticinco de octubre; ocho, quince, veintidós y veintinueve de noviembre, todos de dos mil veintitrés, de las nueve a las diez horas, en las instalaciones del Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado. Ahora bien, como se dijo, se actualiza el motivo de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de referir que ha dejado de existir el objeto del acto reclamado. En efecto, la fracción y precepto indicados, por su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" Del precepto transcrito, se observa que el juicio de amparo será improcedente, entre otras hipótesis, cuando aun subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, al haber dejado de existir su objeto o materia, pues precisamente su objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del promovente, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, aspecto que no se concretaría cuando se ha presentado una modificación del entorno en el cual tal conducta de autoridad se emitió, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria de amparo, pese a su existencia. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto esta causal de improcedencia estimó que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se discute, por alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia y, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estime violado; o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Tal improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Es pertinente destacar que es factible distinguir que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, para su actualización requiere que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos como la que alude la diversa fracción XXI del precepto indicado, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, es decir, no requiere participación alguna de la autoridad responsable para que se actualice, pudiendo entonces ser por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales, etcétera. Ahora bien, con el propósito de evidenciar la causa de improcedencia de que se trata, resulta oportuno destacar que el Juez Quinto de lo Familiar en el Estado de San Luis Potosí, dentro de los autos del expediente ********************, por auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, decretó régimen de convivencias entre ******************** ******************** y el menor de edad de iniciales ********************., el cual tendría verificativo los días: cuatro, once, dieciocho y veinticinco de octubre; ocho, quince, veintidós y veintinueve de noviembre, todos de dos mil veintitrés, de las nueve a las diez horas, en las instalaciones del Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado. En ese sentido, al día en que se resuelve el presente asunto, es evidente que, aun cuando subsiste el acto reclamado, ha dejado de existir la materia del mismo. Ello es así ya que en el acto combatido se fijaron convivencias provisionales entre ******************** ******************** y el menor de edad de iniciales ********************., las cuales cual tendrían verificativo los días: cuatro, once, dieciocho y veinticinco de octubre; ocho, quince, veintidós y veintinueve de noviembre, todos de dos mil veintitrés, de las nueve a las diez horas, en las instalaciones del Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado. En ese sentido, al día de la fecha, las convivencias decretadas ya no pueden surtir efecto legal o material alguno, por haber fenecido su temporalidad, pues es inconcuso que ya feneció su plazo máximo decretado, esto es, la señalada para el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, a las nueve horas, sin que en el caso se tenga información de que se hayan prorrogado en diversa determinación. Entonces, al haber transcurrido el lapso por el cual se decretaron las convivencias, es claro que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, al haber dejado de existir su objeto, por lo cual, de ninguna manera se puede retroceder en el tiempo, para evitar que no se lleven a cabo. Por tanto, es indudable que las convivencias decretadas en el acto reclamado no puede ser objeto de análisis en cuanto al fondo, porque sus efectos no se concretan ni podrán concretarse en perjuicio de la esfera jurídica de la solicitante de la protección constitucional, por haberse modificado el entorno en el que fueron emitidas, con motivo de que ha cesado su ejecutabilidad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha. Recepción de escrito. Visto el escrito de cuenta signado por el tercero interesado ******************** ********************, mediante el cual comparece al presente juicio, en relación a su contenido, se provee: Tercero interesado comparece a juicio. Téngasele a la parte tercero interesada por compareciendo al presente juicio de amparo y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; asimismo, téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Agustín Edgardo Reyes ********************ez, al haberse localizado su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Alegatos. Con fundamento en el artículo 124 del ordenamiento legal en cita, téngase al promovente por realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercero interesada; por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentran notificadas la totalidad de las partes del proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, en el presente incidente de suspensión. Asimismo, se desprende que las partes también se encuentran notificadas de la determinación de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, por el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del proveído referido, y se corrió traslado a las partes con copia de los respectivos agravios. Se remiten autos en queja. Por tanto, como está ordenado en audiencia de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, i) expediente original del presente incidente de suspensión en que se actúa; ii) escrito original en el que se expresan agravios y una copia para el agente del ministerio público adscrito al Tribunal que corresponda. Vinculación del expediente electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; póngase a disposición de dicho Tribunal Colegiado la consulta del expediente electrónico del incidente en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario. Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición de la superioridad la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Apertura cuaderno de antecedentes. En virtud de lo anterior, por separado, con copia autorizada de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese por medio de lista y mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de correo electrónico. Visto el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo del Ramo Civil, de esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo, dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia del oficio y anexo de que se trata; en la inteligencia que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese por medio de lista y personalmente a las partes.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Actuaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual informa que ese órgano jurisdiccional procedió a notificar a la autoridad responsable Director General de Investigación de la Guardia Nacional, en los términos indicados por este juzgado en el exhorto 715/2023-II (número de orden 889/2023-II), girado en auto de treinta de octubre pasado, por lo que una vez que se cuente con el resultado de dicha diligencia, se devolverá a este tribunal la citada comunicación. Por tanto, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos dicha misiva para que obre como constancia, tomándose conocimiento de lo informado por el homólogo federal para los efectos legales correspondientes.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Amparo Jaqueline Coronado Guerrero486/2018
- ANA ARACELI DEPAZ ALVARADO y Otros.554/2023
- Ana Bettzy Coronel Bribiesca1749/2022
- Ana Cecilia Arellano Castillo508/2023
- Ana Cecilia Arellano Castillo176/2023
- ANA CECILIA GONZALEZ RODRIGUEZ y Otros.40/2023
- Ana Deisy Ramos Guevara1252/2022
- Ana Delia Coronado Coronado1172/2017
- Ana Elena Zamacona Boesch984/2023
- Ana Elena Zamacona Boesch451/2023
- ANA FLOR MAQUIN ACTE y Otros.132/2023
- Ana Francisca Pineda Cordova214/2023