Ana Cecilia Arellano Castillo
Expediente 508/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ana Cecilia Arellano Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído en este juicio el treinta de junio de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, se declara que dicho proveído que sobresee en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales. Se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Notifíquese por medio de lista, y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que, con relación al acto reclamado en este juicio, se actualiza una causa de improcedencia, por los motivos siguientes: En principio, debe decirse que se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, en el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se pone de manifiesto que la quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar de la Junta de Gobierno y Director General, ambas del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS): (i) La negativa y/u omisión de expedir el recibo del consumo del servicio de agua potable del domicilio ubicado en calle Cielo Azul, número 144, fraccionamiento el Cielo Residencial, San Luis Potosí. (ii) La orden emitida para (ii) negar y/o prohibir la recepción del pago de agua potable. Actualiza causal de improcedencia. Precisado lo anterior, cabe destacar que del informe justificado rendido por la Directora Jurídica de del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), y anexos que allegó al juicio, se advierte que con relación a dichos actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En ese tenor, conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, del informe justificado rendido por la Directora Jurídica de del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), y anexos, se colige que mediante el folio IN 0266581, expidió el recibo de consumo a nombre de la quejosa Ana Cecilia Arellano Castillo, con relación al inmueble localizado en calle Cielo Azul, número 144, fraccionamiento el Cielo Residencial, San Luis Potosí. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Asimismo, mediante escritos recibidos en este juzgado el quince de junio de dos mil veintitrés, registrados con los consecutivos 12903 y 12904, la parte quejosa informó: ".Que con fecha 14 de junio de 2023, la quejosa ha realizado el pago del servicio público de agua potable y alcantarillado, como se aprecia de la fotografía que adjunto.". Manifestaciones las anteriores que constituyen una confesión expresa con valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º, de la Ley de Amparo. Por tanto, (i) la omisión de expedir el recibo del consumo del servicio de agua potable del domicilio ubicado en calle Cielo Azul, número 144, fraccionamiento el Cielo Residencial, San Luis Potosí, y (ii) la orden emitida para (ii) negar a la recepción del pago de agua potable, han cesado en sus efectos, ello, toda vez que las responsables ya expidieron el recibo de pago respectivo, así como le fue posible a la quejosa realizar el pago correspondiente. Por lo que se concluye que la omisión y negativa reclamadas ya fueron subsanadas por la responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y mediante oficios a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Directora Jurídica del Organismo intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Visto el escrito de cuenta signado por Mayra Anel Rincón Arvizu, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, en atención a su contenido, se provee: Alegatos. Con fundamento en el artículo 124 del ordenamiento legal en cita, téngase al promovente por realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos; sin perjuicio de dar nueva cuenta al momento de la celebración de la audiencia respectiva. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida Ley de Amparo, téngase como prueba de la quejosa las documentales que acompaña a su ocurso de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales podrán ser tomadas en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente. Se reserva requerimiento. Resérvese emitir mayor determinación, hasta en tanto las autoridades responsables, cumplan con el requerimiento que les fue efectuado en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Aminadab Hernandez Oviedo1083/2023
- Aminadab Hernández Oviedo891/2023
- Amparo Jaqueline Coronado Guerrero1156/2017
- Amparo Jaqueline Coronado Guerrero486/2018
- ANA ARACELI DEPAZ ALVARADO y Otros.554/2023
- Ana Bettzy Coronel Bribiesca1749/2022
- Ana Cecilia Arellano Castillo176/2023
- ANA CECILIA GONZALEZ RODRIGUEZ y Otros.40/2023
- Ana Celia Varona Franco1532/2023
- Ana Deisy Ramos Guevara1252/2022
- Ana Delia Coronado Coronado1172/2017
- Ana Elena Zamacona Boesch984/2023