Ana Bertha Ibarra Gudiño

Expediente 1463/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1463/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Ana Bertha Ibarra Gudiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 131 a 132), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de trece de noviembre de la presente anualidad (foja 133), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiocho de septiembre del año en curso (fojas 85 a 106), se determinó conceder a la quejosa Ana Bertha Ibarra Gudiño, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $12,979.287 (doce mil novecientos setenta y nueve pesos, con veintiocho centavos moneda nacional), de los cuales $5,826.00 (cinco mil ochocientos veintiséis pesos moneda nacional), corresponde al concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" y $2,565.00 (dos mil quinientos sesenta y cinco pesos moneda nacional), corresponden al concepto de "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO", junto con los diversos conceptos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público número veintitrés mil ochocientos sesenta y ocho, del protocolo a cargo de la Notario Público Número Diecinueve, el licenciado Miguel Castro Moreno, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit (fojas 16 a 27), que se pagó el ocho de junio de dos mil dieciocho. Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de cancelación de inscripción $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional) que se indicó en el formato de pago (foja 29), documental que exhibió la parte quejosa a su demanda de amparo; toda vez que la accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $12,979.28 (doce mil novecientos setenta y nueve pesos 28/100 Moneda Nacional), restándole la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de cuota fija mínima; asimismo, dentro de la cantidad a devolver no se encuentra el cobro de cancelación de inscripción de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), y de igual manera, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DJC/6023/2018 de ocho de noviembre de la presente anualidad (fojas 131 a 132), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el ocho de noviembre del año actual, realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de $12,945.28 (doce mil novecientos cuarenta y cinco pesos 28/100 moneda nacional). Entonces, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $12,979.28 (doce mil novecientos setenta y nueve pesos 28/100 Moneda Nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el ocho de junio del año en curso y el ocho de noviembre del año actual, se realizó la transferencia a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo a septiembre de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo del año en curso entre el índice para el mes de septiembre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida, en el entendido que nos remitimos al mes de septiembre en razón de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre se publicó el nueve de noviembre, fecha posterior a la que se realizó la transferencia. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773; y para el mes de septiembre de la presente anualidad fue de 100.917. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76583; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $12,979.28 (doce mil novecientos setenta y nueve pesos 28/100 Moneda Nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Sin que pase inadvertido, que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $12,551.28 (doce mil quinientos cincuenta y un pesos 28/100 moneda nacional); toda vez que debía restarle la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de cuota fija mínima; así como la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de cancelación de inscripción; sin embargo, éste realizó una transferencia por la cantidad de $12,945.28 (doce mil novecientos cuarenta y cinco pesos 28/100 moneda nacional), es decir, un excedente por la cantidad de $394.00 (trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de exigirlos, así como los que efectué la quejosa, con el objeto de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por Karla Marvelly Gudiño Dena, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, remite en copia la constancia relativa al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, esto es, la transferencia electrónica al quejoso de la cantidad que ampara el fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por Karla Marvelly Gudiño Dena, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual manifiesta, que en cumplimiento a la resolución emitida en el presente juicio de garantías, se turnaron los datos de la parte quejosa, al Director General de Tesorería, para que lleve a cabo la transferencia bancaria a favor del promovente; por ende, agréguese el ocurso de que se trata, así como de la documental que adjuntó, en el entendido de que con lo manifestado, únicamente se considera en vías de cumplimiento; lo expuesto, hágase del conocimiento de la responsable oficiante, para que una vez que se dé cabal acatamiento al fallo protector, lo informe inmediatamente a este Juzgado a fin de determinar si se está cumpliendo o no en sus términos con la ejecutoria de mérito.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de veintiocho de septiembre del año en curso (fojas 85 a la 106); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Recaudación de Rentas, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. En el entendido de que dicho cumplimiento deberá efectuarse debidamente actualizado conforme al ordinal 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo; asimismo, la autoridad debe allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Asimismo, con sustento en el precepto 192, párrafo tercero de legislación de la materia, y del artículo 33, fracción LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas de la citada dependencia, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.

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