Ana Bertha Cuevas Flores
Expediente 2423/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 25 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2423/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 25/10/2018
Partes del expediente
- Ana Bertha Cuevas Flores
Actuaciones
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- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se aprecia que en proveído de treinta y uno de julio de la presente anualidad (fojas 110 a 112), entre otras cosas, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de garantías como asunto totalmente concluido. Sin embargo, analizadas las constancias de autos, se desprende que no se hizo pronunciamiento alguno en relación al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa; en esas condiciones, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en específico en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, este Juzgado de Distrito determina que el original del cuaderno incidental derivado de este sumario es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar emitida tanto en la suspensión provisional como en la definitiva se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 6 a 8 y 22 a 25), razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejarán únicamente la determinación relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por Jesús Cuevas Flores, en su carácter de fiador de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los billetes de depósito *, valiosos cada uno de ellos por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), que en su oportunidad exhibió a fin de garantizar la suspensión provisional y definitiva que fue concedida a la parte quejosa ********************, respectivamente, mediante auto de veintitrés de enero e interlocutoria de quince de febrero, ambos del año en curso (fojas 6 a 8 y 22 a 25 del original del cuaderno incidental). En consecuencia y toda vez que de autos se advierte que el veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 98 y 99), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, como lo solicita el promovente, al no ser necesarios los referidos billetes de depósito, devuélvanse los mismos debidamente endosados a nombre del propio fiador quien aparece como depositante, quien deberá comparecer debidamente identificado para su entrega, previa toma de razón y recibo que deje en autos. Máxime, que en la resolución pronunciada en el juicio en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por lo que resulta innecesaria la retención de las garantías en comento. Se le apercibe que de no realizarlo en el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declararán prescritos los referidos billetes de depósito a favor del Fisco Federal.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintiocho de junio del año en curso, el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Compostela, Nayarit, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 101 a 104). En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (foja 105), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 61 a 69), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la responsable, para los efectos siguientes: ".Deberá dejar insubsistente la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 102/2014 y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, analice el argumento de la quejosa relativo a la indebida valoración de las documentales que exhibió el representante legal de la Sociedad de Productores de Café Aztlán, Municipio de Compostela, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados y, determine lo que estime procedente." Sentencia que por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 98 y 99). Luego, el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Compostela, Nayarit, el once de julio del año en curso, emitió resolución con plenitud de jurisdicción relativa al incidente formado con motivo del recurso de revocación promovido por la quejosa, en autos del juicio ejecutivo mercantil 102/2014, en la cual declaró procedente el recurso de revocación promovido por la aquí peticionaria de amparo (fojas 102 a 104), sin que al respecto analizara y valorara las documentales exhibidas en su oportunidad por la parte ahora quejosa, toda vez que en relación a la solicitud del tercero interesado Raúl Barba Ascencio, se le indicó que una vez que promoviera la devolución de los objetos embargados a su representada en la vía y forma correspondiente se acordaría lo que en derecho proceda; de ahí que no exista materia para su pronunciamiento. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por último, remítase las constancias, constante de un tomo, al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Compostela, Nayarit, que remitió al rendir su correspondiente informe justificado, por ya no ser necesarias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Jesús Amador Casas, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil dieciocho, ante el Secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintiocho de junio del año en curso, el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Compostela, Nayarit, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 101 a 104). En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (foja 105), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 61 a 69), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la responsable, para los efectos siguientes: ".Deberá dejar insubsistente la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 102/2014 y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, analice el argumento de la quejosa relativo a la indebida valoración de las documentales que exhibió el representante legal de la Sociedad de Productores de Café Aztlán, Municipio de Compostela, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados y, determine lo que estime procedente." Sentencia que por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 98 y 99). Luego, el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Compostela, Nayarit, el once de julio del año en curso, emitió resolución con plenitud de jurisdicción relativa al incidente formado con motivo del recurso de revocación promovido por la quejosa, en autos del juicio ejecutivo mercantil 102/2014, en la cual declaró procedente el recurso de revocación promovido por la aquí peticionaria de amparo (fojas 102 a 104), sin que al respecto analizara y valorara las documentales exhibidas en su oportunidad por la parte ahora quejosa, toda vez que en relación a la solicitud del tercero interesado Raúl Barba Ascencio, se le indicó que una vez que promoviera la devolución de los objetos embargados a su representada en la vía y forma correspondiente se acordaría lo que en derecho proceda; de ahí que no exista materia para su pronunciamiento. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por último, remítase las constancias, constante de un tomo, al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Compostela, Nayarit, que remitió al rendir su correspondiente informe justificado, por ya no ser necesarias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Jesús Amador Casas, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil dieciocho, ante el Secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta presentado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Compostela, Nayarit, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la solicitante del amparo, así como a la parte tercera interesada; con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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