Ana Alejandra Rojas Domani
Expediente 1259/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ana Alejandra Rojas Domani
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, en relación con el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra el auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados a las responsables, de conformidad con lo previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 20, y el inciso c) del numeral 21, capítulo Octavo del acuerdo antes mencionado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivados del presente expediente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años y seis meses respectivamente, en términos de los numerales citados. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado remitido por el Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Célula I-1, Mérida, Estado de Yucatán, y anexo que acompaña. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito de tres de mayo de dos mil veintiuno, presentado ante la autoridad responsable el doce de ese mismo mes y año, en el que se solicitó la devolución de la posesión del predio marcado con el número ciento cuarenta y uno, de la calle treinta y cuatro (hoy ochenta y cuatro), entre la calle veintinueve (hoy setenta y nueve), y la calle treinta y uno (hoy ochenta y uno), del centro del Puerto de Progreso, Yucatán. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito de tres de mayo de dos mil veintiuno, presentado ante la autoridad responsable el doce de ese mismo mes y año, en el que se solicitó la devolución de la posesión del predio marcado con el número ciento cuarenta y uno, de la calle treinta y cuatro (hoy ochenta y cuatro), entre la calle veintinueve (hoy setenta y nueve), y la calle treinta y uno (hoy ochenta y uno), del centro del Puerto de Progreso, Yucatán. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo se advierte, que mediante acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, se acordó respecto de la petición efectuada a través del memorial de mérito, y cuya omisión de acordar constituye el acto reclamado en el juicio de amparo; misma determinación que fue notificada a las promoventes mediante oficio 145/202, de esa propia fecha. Lo anterior pone en evidencia que la responsable, ya subsanó la omisión reclamada, pues acordó la petición de la parte quejosa y le comunicó el contenido a través del oficio con que lo hizo; con lo que permite concluir, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, que lo fue el doce de julio del año en curso, existía la omisión impugnada, la cual dejó de existir al momento en que se emitió la determinación antes ponderada, de diecinueve de julio del año que transcurre, por lo que es evidente que han cesado los efectos de la aludida omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." De igual manera, al rendir su informe de ley, el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, negó la existencia del acto que se le reclamó, sin que exista prueba en contrario del promovente del amparo. Al ser esto así, y al resultar que el quejoso no aportó prueba alguna tendiente a desvirtuar tales negativas, lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe
- Incidental
RESUELVE: PRIMERO. SE NIEGA a Ana Alejandra Rojas Domani y Lucy Gladys del Socorro Domani Frías, la suspensión definitiva de los actos que reclamaron del Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad; lo anterior, en virtud de los razonamientos expuestos en el tercero considerando de esta resolución. SEGUNDO. Se declara SIN MATERIA el presente incidente de suspensión respecto del acto reclamado atribuido a la el Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Célula I-1, Mérida, Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL Encargado del despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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