Amparo del Rosario Alcocer Pinzon
Expediente 251/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Amparo del Rosario Alcocer Pinzon
- Junta Especial Número 21 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado
- Lizbeth Mireya de Dios Garcia
Actuaciones
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas del expediente 1013/2009, que adjuntó a su informe de ley. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se archivó este expediente como asunto definitivamente concluido y en virtud de que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos la copia certificada del expediente 1013/2009, el cual fue exhibido por el Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 22), devuélvase a su lugar de procedencia, y solicítese a dicha autoridad que acuse el recibo correspondiente.
- Principal
MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintinueve de junio del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías. ...
- Principal
MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante los cuales cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de veintiuno de junio del año en curso, en consecuencia déjese sin efecto el apercibimiento decretado en dicho auto. Ahora bien de la lectura del oficio de mérito y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que por oficio número 49-IV signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México de fecha veintisiete de marzo del año en curso, dirigido al Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, le informó que por acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, dicho Tribunal Laboral, le dio respuesta respecto al informe que le solicitó en cuanto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa relativo al juicio laboral 1013/2009 acumulado al 765/2010 del índice del Junta Especial número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, manifestando que en cuanto a la documental número 12 ofrecida por la parte actora en el cual se deberán rendirse las constancias que se encuentran depositadas en el expediente registrado bajo el número R.S. 17/70, 26 cuaderno, se desprende que en el archivo de la Secretaría General de Acuerdos de Tribunal Federal, no existe registro del expediente R.S. 17/70, 26 cuaderno, motivo por el cual no le es posible rendir el informe solicitado. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclama en el presente juicio a las autoridades responsables, no realizar las gestiones necesarias a efecto de dar continuidad al juicio laboral 1013/2009 acumulado al 765/2010 del índice del Junta Especial número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, así como la omisión de rendir el informe correspondiente respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa relativo al juicio laboral de origen. En este sentido, de las constancias que adjuntaron a sus informes justificados y a sus oficios de referencia las autoridades responsables, se aprecia que por oficio número 49-IV signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México de fecha veintisiete de marzo del año en curso, dirigido al Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, le informó que por acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, dicho Tribunal Laboral, le dio respuesta respecto al informe que le solicitó en cuanto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa relativo al juicio laboral 1013/2009 acumulado al 765/2010 765/2010 del índice del Junta Especial número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dio respuesta a la solicitud formulada por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del referido acuerdo y de las constancias de notificación, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó la inactividad del expediente laboral 1013/2009 acumulado al 765/2010; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto omisivo combatido por el solicitante del amparo a la autoridad responsable, restituyéndose al agraviado en el goce de la garantía constitucional violada. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la omisión impugnada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. No es obstáculo para concluir lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 219/2006-SS, de la que emanaron las jurisprudencias cuyos rubros se transcriben a continuación: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS"; y, "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". A partir su publicación, y durante algún tiempo, las jurisprudencias invocadas rigieron la forma de resolver los juicios de amparo en que se reclamaran omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, que infringieran el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ello, porque la suprema instancia resolvió que, respecto de dichas omisiones y dilaciones, no cesaban los efectos ni se consuman irreparablemente las violaciones cometidas cuando la autoridad dejaba de ser omisa y actuaba, porque éstas afectaban también a los actos subsecuentes al estar concatenados dentro de una secuela procedimental. Por ello, resolvió que las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no eran actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, era ineludible que ya no se desarrollaría con prontitud. De igual manera, la suprema instancia estableció que el efecto de las ejecutorias de amparo, en los casos mencionados, no debía limitarse a las omisiones o dilaciones en que hubiera incurrido la autoridad responsable, sino que debía otorgarse el amparo para que procediera, con prontitud, a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin y, en su oportunidad, emitir también con prontitud la resolución definitiva correspondiente, pues sólo así podría cumplir y respetar lo que el derecho fundamental en cuestión exige. Sin embargo, el criterio sustentado en la primera de las jurisprudencias mencionadas (2a./J. 45/2007), fue abandonado expresamente por la propia Segunda Sala del más alto tribunal del País, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/20013. En la ejecutoria correspondiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión sobre el tema del amparo contra dilaciones y omisiones en procedimientos laborales, determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de trabajo, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, puede corroborarse con el contenido de la tesis 2a. CV/2013 (10a.), que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también afecta a lo establecido en la diversa 2a./J. 44/2007, aunque no se haya abandonado expresamente lo que en ella se precisó, en atención a que la esencia de lo resuelto en el recurso de inconformidad 282/20013 de que se habla, radica en que los efectos de la sentencia de amparo deben concretarse a los actos reclamados y a la etapa del procedimiento laboral correspondiente, lo que imposibilita que la autoridad de amparo se ocupe de los actos futuros o de las nuevas violaciones que puedan cometerse. Además, lo que rige a las jurisprudencias, como tesis, es lo establecido en la ejecutoria de la que emanan y, en el caso, tanto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2007 como la 2a./J. 45/2007, surgieron de la mima contradicción de tesis, a saber: 219/2006-SS, por lo que es posible concluir que la nueva reflexión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe interpretarse o entenderse de forma integral a la referida contradicción de criterios y no únicamente a una de las tesis que de ahí se elaboraron. En lo conducente, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 31/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. En el caso que del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierta que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano jurisdiccional se encuentra en las consideraciones de la propia resolución. En consecuencia, por seguridad jurídica debe corregirse la tesis y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad". De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. ...
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