Amparo Aguilar Rodriguez
Expediente 685/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Amparo Aguilar Rodriguez
- Abigail Aguilar Rodriguez
Actuaciones
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a las quejosas... del acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte... Morelia, Michoacán, a veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-685/2020-L. En principio, debe decirse que del escrito inicial , se advierte que el acto reclamado en la presente 1 Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, cuyo texto establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y instancia constitucional, consiste en el proveído de cinco de octubre del año en curso, dictado dentro del juicio Sucesorio Intestamentario número -, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. Cabe señalar que en el proveído impugnado, el juez natural determinó lo siguiente: ".en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento hecho en autos, y se desecha de plano su escrito inicial de denuncia. Se ordena la devolución de los documentos exhibidos previa copia cotejada y recibo que de los mismos se deje en autos para constancia legal." Al respecto, conviene precisar que los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en lo conducente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". De los preceptos legales transcritos se colige que tratándose de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. 3) Los laudos son las resoluciones conclusivas dictadas en los juicios del orden laboral. Precisado lo anterior, se puede colegir que los supuestos de procedencia del amparo directo son únicamente dos: I) sentencias definitivas y laudos; así como II) resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal -supuesto éste en el que se encuentra el acto reclamado-. En el caso particular, como ya se precisó el proveído por el que la juez de la causa desechó la denuncia del juicio sucesorio intestamentario, constituye una determinación que sin decidir en lo principal el fondo del asunto, puso fin al juicio, de ahí que el amparo directo es procedente en contra de dicha determinación y, en consecuencia, este juzgado es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Robustece lo anterior, la tesis número III.3o. (III Región) 4 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-.2". También, es aplicable la Jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO 2 Consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 2953. DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. 3". En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; por tanto, remítase de inmediato la demanda de cuenta, junto con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para que determine lo que en derecho proceda, solicitándole respetuosamente se sirva acusar el recibo correspondiente. Fórmese el expedientillo de rigor con copia de la demanda de amparo, al que se agregara la constancia de notificación personal que se le haga a la parte quejosa del presente proveído, y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a -, virtud a que se encuentran dentro del Registro de Cédulas Profesionales que se lleva ante los Juzgados Federales, y para hacer uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente 3 Consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95. debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible en la página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRONICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-685/2020-L. En principio, debe decirse que del escrito inicial , se advierte que el acto reclamado en la presente 1 Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, cuyo texto establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y instancia constitucional, consiste en el proveído de cinco de octubre del año en curso, dictado dentro del juicio Sucesorio Intestamentario número -, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. Cabe señalar que en el proveído impugnado, el juez natural determinó lo siguiente: ".en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento hecho en autos, y se desecha de plano su escrito inicial de denuncia. Se ordena la devolución de los documentos exhibidos previa copia cotejada y recibo que de los mismos se deje en autos para constancia legal." Al respecto, conviene precisar que los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en lo conducente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". De los preceptos legales transcritos se colige que tratándose de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. 3) Los laudos son las resoluciones conclusivas dictadas en los juicios del orden laboral. Precisado lo anterior, se puede colegir que los supuestos de procedencia del amparo directo son únicamente dos: I) sentencias definitivas y laudos; así como II) resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal -supuesto éste en el que se encuentra el acto reclamado-. En el caso particular, como ya se precisó el proveído por el que la juez de la causa desechó la denuncia del juicio sucesorio intestamentario, constituye una determinación que sin decidir en lo principal el fondo del asunto, puso fin al juicio, de ahí que el amparo directo es procedente en contra de dicha determinación y, en consecuencia, este juzgado es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Robustece lo anterior, la tesis número III.3o. (III Región) 4 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-.2". También, es aplicable la Jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO 2 Consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 2953. DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. 3". En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; por tanto, remítase de inmediato la demanda de cuenta, junto con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para que determine lo que en derecho proceda, solicitándole respetuosamente se sirva acusar el recibo correspondiente. Fórmese el expedientillo de rigor con copia de la demanda de amparo, al que se agregara la constancia de notificación personal que se le haga a la parte quejosa del presente proveído, y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a -, virtud a que se encuentran dentro del Registro de Cédulas Profesionales que se lleva ante los Juzgados Federales, y para hacer uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente 3 Consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95. debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible en la página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRONICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.
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