Amelia Santos Cruz

Expediente 238/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
238/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Amelia Santos Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a seis de abril de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por Amelia Santos Cruz y Cristóbal Santos Cruz, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente como resulta innecesario que obren en este juzgado las constancias remitidas por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, residente en esta ciudad, al rendir su informe correspondiente, se ordena su devolución y se le solicita atentamente el acuse de recibo, con el apercibimiento que de no remitirlo dentro del término de tres días, legalmente computados, se dará por hecho que recibió a entera satisfacción la documental que se le envía. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por -, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza las manifestaciones a que hace referencia, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a quince de marzo de dos mil dieciocho. Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, al que anexa el cuaderno de incompetencia 77/2018, que contiene la demanda de amparo promovida por Amelia Santos Cortés y Cristóbal Santos Cortés, así como la resolución dictada por la superioridad el catorce de febrero del año en curso, mediante la cual se declara legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda de amparo de que se trata, por surtirse la competencia a un juzgado de Distrito. En las relatadas condiciones este Juzgado se AVOCA al conocimiento de la demanda de garantías promovida por -, regístrese en el libro de gobierno con el número IV-238/2018-1. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado siguiente: "De la señalada como responsable C. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, reclamamos: La sentencia definitiva de fecha 23 veintitrés de Noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, dictada de manera infundada dentro del juicio agrario número 308/2012, sobre controversia Agraria que planteamos frente a nuestro hermano -y otros, señalados como tercer interesados..". El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Aplica a lo anterior la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así como, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, Décima Época, publicada el seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DESDE SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁ OBLIGADO A OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL DIVERSO ARTÍCULO 113 DE LA MISMA LEY. Si se trata del juicio de amparo indirecto, la obligación prevista en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, sólo se surte a cargo del Juez de Distrito una vez que se haya tramitado el respectivo juicio de amparo, mas no cuando el juzgador federal advierta la actualización del motivo de improcedencia desde la presentación de la demanda, lo anterior, porque el numeral en cuestión se refiere a que se advierta de oficio la actualización de una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes", lo cual presupone el previo trámite del respectivo juicio constitucional, en tanto que sólo así, dicha causal podría hacerse valer por alguna de las partes pero, además, porque en términos del artículo 113 de la citada ley, el juzgador federal conserva la facultad de desechar de plano la demanda de amparo." En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción V de la Ley de la Materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis se encuentra visible en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, y es de texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así tenemos, que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, residente en esta ciudad, mediante la cual se declaró incompetente para conocer de la controversia agraria planteada y turnó los autos al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En efecto en el caso concreto el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza porque con el acto reclamado no se ve afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa, entre otros, si se atiende a que la determinación del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, la que determinó declinar competencia a favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que turne el expediente al Juzgado que determine, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que es un planteamiento de incompetencia en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha resuelto si la acepta o no o que tenga conocimiento de ella; por ende, resulta indudable que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio a la promovente, esto es, en el caso de que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a favor de quien se declinó la competencia, no aceptara o resuelto la misma, se suscitaría un conflicto competencial, el cual sería resuelto por la autoridad competente en el caso, razón más para determinar que la resolución reclamada aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de garantías; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio a la quejosa. Entonces, se concluye que el acto reclamado no es de imposible reparación, ni definitivo para los efectos del amparo indirecto, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto. Es aplicable a la anterior conclusión la diversa Jurisprudencia, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 73, que a la letra dice: "INCOMPETENCIA, DECLARACION DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE.- Es inexacto que la declaración de incompetencia adoptada por el tribunal de trabajo que conoce de la demanda en primer lugar y que remite los autos a la autoridad que estima competente, sea de ejecución irreparable porque él ya no pueda revocar tal determinación; por lo contrario, puede tener reparación mediante el procedimiento señalado en el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo y por las autoridades mencionadas en el artículo 705 del mismo ordenamiento". Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala del Máximo Tribunal del país, número 267, así como la tesis aislada sostenida por este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 216, y Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, febrero de 1992, página 204, respectivamente, bajo los rubros y textos siguientes: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.- La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto." Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, del texto y rubro siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se tiene a los quejosos señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales y autorizado para ese efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Igancio Herrera Vega, quien tiene registrada su Cédula Profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, lo que se desprende de la certificación que antecede. Notifíquese personalmente.

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