Amir Alim Awe

Expediente 563/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
563/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Amir Alim Awe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo puntos resolutivos se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante en este asunto se sobreseyó en el juicio. Lo procedente es declararlo como SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, de conformidad con el artículo 21 del ordenamiento en cita, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 563/2023-VII-B, promovido por José Manuel Eduardo Herrera Ramos a favor de Amir Alim Awe, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otra autoridad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, compareció José Manuel Eduardo Herrera Ramos a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Amir Alim Awe, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, y agentes a su mando. SEGUNDO. Por auto de la misma fecha (doce de abril de dos mil veintitrés), se registró la demanda con el número 563/2023-VII-B y se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesara de inmediato la incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención). De igual forma, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. Por razón actuarial de doce de abril del año en curso, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en los separos de la Fiscalía General del Estado, con sede en Progreso, donde se entrevistó con el directo quejoso Amir Alim Awe quien manifestó que sí ratificaba la demanda promovida a su favor. TERCERO. En virtud de lo anterior, mediante proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de que se trata; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la federación adscrita la intervención que le compete. Asimismo, se previno al quejoso para que dentro del término que prevén los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, manifestara si ampliaba su demanda, señalando como nueva autoridad responsable al Titular de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Progreso, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General de la Entidad, sin que realizará pronunciamiento al respecto. Por lo que, mediante diverso auto de once de mayo del año en curso, se continuó con la tramitación del presente juicio de amparo, únicamente respecto de las responsables y actos que señaló en su escrito inicial de demanda. Finalmente, seguido el juicio en su trámite, el día de la fecha, se verificó la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa, en: La incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención). TERCERA. No es cierto el acto reclamado, consistente en la incomunicación del directo quejoso, atribuido a las autoridades responsables, Secretario de Seguridad Pública del Estado y agentes a su mando (promoción 6013). Toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado; además, de que la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa con prueba en contrario. En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables en este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Es cierto el diverso acto consistente en la detención del directo quejoso Amir Alim Awe, tal como se desprende del informe justificado rendido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado y agentes a su mando, por conducto del Director Jurídico (promoción 6013), en el que reconoció que dicho quejoso fue detenido en flagrancia y remitido a la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos. Lo que se corrobora con la respectiva documental que adjuntó a su informe sobre la suspensión de plano, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. Aunado a que, de la constancia levantada por la actuaria de la adscripción con fecha doce de abril pasado, se advierte que efectivamente el directo quejoso se encontraba en los separos de la Fiscalía General del Estado, con sede en Progreso. QUINTA. No obstante lo anterior, previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, no obstante la certeza del referido acto reclamado, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En primer término, es menester señalar que los artículos antes invocados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. .III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Ciertamente, de la interpretación en sentido contrario efectuada a los numerales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se haga valer en contra de actos cuya autoridad emisora no es designada como responsable. De ahí que, si en el caso en estudio, de las constancias que integran el presente juicio constitucional se advierte que el aquí quejoso, al momento de la diligencia levantada por la actuaria de la adscripción se encontraba a disposición de una autoridad diversa a las señaladas como responsables, esto es, el Fiscal Investigador de la Agencia del Ministerio Público de Progreso, Yucatán. Por lo que mediante proveído de trece de abril del año en curso, se previno al impetrante del amparo para que dentro del término previsto en los numerales 17 y 111 de la Ley de Amparo manifestara si ampliaba su demanda señalando como nueva autoridad a la Fiscalía en cita, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho. Sin embargo, el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento de mérito, por lo que en auto de once de mayo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento realizado y se tuvo por no señalada como autoridad responsable en este asunto al Fiscal Investigador de la Agencia del Ministerio Público de Progreso, Yucatán, ordenándose resolver el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto a los actos y autoridades responsables señalados en el ocurso constitucional. De lo anterior, se sigue que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, en virtud de que no se llamó a la autoridad en cita y, por ende, no fue oída en esta vía constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 108, fracción III, del citado ordenamiento legal. Tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación XLVII, página 1195, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Tomo II, del mes de Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que se localiza en la página 468, que indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Y la tesis de Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 164185, visible en la página 2199, de rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." Lo anterior, impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por José Manuel Eduardo Herrera Ramos en favor de Amir Alim Awe, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, mismos que se precisan en la consideración tercera de este fallo, por los motivos expuestos en la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por José Manuel Eduardo Herrera Ramos en favor de Amir Alim Awe, contra el acto consistente en la detención que se reclama de las autoridades que se señalan en la consideración cuarta de esta sentencia, por las razones plasmadas en la quinta de las consideraciones de esta propia determinación. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se desprende que el quejoso Amir Alim Awe, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de trece de abril del año en curso, dentro del término conferido, pues no manifestó si señala como nueva autoridad responsable al Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Progreso, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General de la Entidad. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, por lo que no se tiene dicha autoridad como responsable en el presente asunto y este juicio constitucional se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos y autoridades señalados en la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguense los oficios de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, quien actúa por sí y en representación del Cabildo, con los que pretende dar cumplimiento al requerimiento de catorce de abril de dos mil veintitrés, informando las gestiones que ha realizado derivadas de la sesión de cabildo efectuada el diecisiete de marzo pasado, de donde se desprende que solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas que a cuenta del municipio realizara el pago de los laudos. Al respecto, dígasele a la Presidenta Municipal oficiante, que si bien cumplió con informar las gestiones efectuadas encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria, del oficio adjunto a su informe, se desprende que la petición realizada ante la Secretaría de Administración y Finanzas no corresponde a los lineamientos que le fueron señalados en el presente asunto. Ya que mediante acuerdo de trece de marzo del presente año, entre otras cosas, se le requirió para que dentro del término de veinticuatro horas, instruyera al Cabildo de ese propio ayuntamiento, efectuare una sesión en la que acordaría lo pertinente a fin de realizar una solicitud al Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, a cuenta del municipio realice el pago de la cantidad adeudada a los quejosos con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan. Siendo que, si bien remitió la convocatoria a la sesión de cabildo ordenada, omitió remitir constancia de la celebración de dicha sesión, de donde pueda advertirse que se acordó de conformidad a lo ordenado; aunado a que la solicitud presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas debía efectuarse por la Presidenta Municipal en su carácter de representante del Ayuntamiento; además de que la solicitud consistía en que a cuenta del municipio realice el pago de la cantidad adeudada a los quejosos con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan al mismo, y no como lo hizo, esto es, para solicitar que a cuenta del municipio realice el pago de los laudos dictados en los expedientes que señala, incluyendo en dicha solicitud información adicional a lo relativo a la ejecutoria del presente asunto. De ahí que no puede tenerse por cumplido el requerimiento realizado. Toda vez que, no obstante sus manifestaciones relativas a que actúa de buena fe, se advierte que la solicitud fue presentada el día diecisiete de abril pasado, esto es, un mes después de celebrar la sesión de cabildo, sin que justifique de manera alguna la dilación entre la celebración de la sesión y la presentación de la citada solicitud, ni la razón de su petición formulada en un sentido completamente distinto a lo ordenado por este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, se requiere nuevamente a la Presidenta Municipal responsable, para que ordene lo conducente a fin de que se realice la solicitud ante el Poder Ejecutivo del Estado en los términos que ya le han sido indicados. Lo cual, deberá acreditar dentro del término de cuarenta y ocho horas, con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se impondrá a la Presidenta Municipal una multa de CIENTO DIEZ Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $11,411.40 (once mil cuatrocientos once pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, la cual corresponde a una multa mayor a la mínima legalmente establecida, atendiendo a la constante conducta contumaz de la autoridad de dar correcto cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, resulta imperante recalcar, que las gestiones ordenadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este expediente, únicamente aplican para la parte quejosa del presente juicio. Notifíquese y cúmplase.

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