Amelia Alicia Castillo Alarcon
Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Amelia Alicia Castillo Alarcon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veintitrés de marzo del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido del oficio TTSEM/MP/SRÍA.-549/2022 del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y sus anexos, de los que se advierte que en atención a los requerimientos que le fueron formulados en proveídos de uno y treinta de marzo de dos mil veintidós, informa que el veinticuatro de marzo del año en curso, recibió la misiva suscrita por el Presidente Municipal de Tekax, mediante la cual le remitió la diversa signada por el Secretario General del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, por la que en respuesta a lo solicitado por el Ayuntamiento en comento, se le otorgó la asesoría correspondiente para la obtención de recursos y cuestiones presupuestales para reconocer contingencias laborales. Asimismo, que en atención a lo anterior, el veintiocho de marzo del año en curso dictó un acuerdo a efecto de continuar con la ejecución del laudo dictado a favor de la parte quejosa y ordenó requerir al Presidente Municipal de Tekax, para que en el término de diez días, legalmente computado, le informara y acreditara, las medidas que están tomando con base a la respuesta que le fue otorgada por el Congreso del Estado de Yucatán a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tal motivo, requiérase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para que, una vez fenecido el término otorgado al Presidente Municipal de Tekax, informe las gestiones que éste le informe tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de Meda y Actualización, equivalente a $9,662.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, sin centavo, moneda nacional), a que se refiere el artículo cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Finalmente, con relación a su petición relativa a que se considere la multa que le fue impuesta en acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, por las razones que señala, se ordena dejar sin efecto la multa que le fue impuesta en el presente asunto. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Fabiola Pérez Alonso, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe. Elm
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y del que se advierte que la autoridad responsable foránea Ayuntamiento de Hunucmá Yucatán, no ha remitido copia certificada de las constancias requeridas por auto de veinticuatro de febrero del año en curso. No obstante a lo anterior, requiérase nuevamente al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para que en el plazo de CINCO DÍAS hábiles, computados legalmente a partir de que sea notificada de este acuerdo, remita en copia certificada legible y completa, las constancias relativas al acto reclamado, en específico, las vinculadas al procedimiento de reversión de propiedad del predio ubicado en la calle cuatro Poniente, número dos mil setecientos, del puerto de Sisal, Municipio de Hunucmá, Yucatán; destacándole que no sólo debe requerir al departamento de Catastro Municipal, sino a todas las demás áreas del Ayuntamiento de Hunucmá, en las que pudiese existir algún registro de dicho procedimiento o determinación que ordenó revertir la propiedad del predio relacionado con el acto reclamado, tales como los archivos de la propia Presidencia Municipal o actas de sesiones de Cabildo de administraciones pasadas, por mencionar algunos. Asimismo, se le destaca que deberá realizar las gestiones a efecto de lograr conseguir la información relacionada con el procedimiento de reversión de propiedad en caso de que se haya llevado a cabo, o bien, la determinación que haya ordenado dejar sin efecto legal la inscripción de donación aludida; allegándose información de diversas instituciones, como lo es el Registro Público de la Propiedad del Estado, o bien, con la Dirección de Notarías del Estado de Yucatán, dependencias que se mencionan de manera ejemplificativa mas no limitativa, a efecto de que pueda cumplir con la encomienda de obtener las constancias que se le requieren, y que resultan necesarias para adecuada resolución del presente asunto. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, omitir informar lo que en derecho corresponda a este órgano jurisdiccional, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de agilizar la integración del presente expediente, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a efecto de que realicen la notificación del oficio que derive del presente proveído, al que se deberá adjuntar copia autorizada del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mi veintidós. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA A L PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA D EOCNOFMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; asimismo, informa que en auto de once de marzo del año en curso, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio reclamatorio laboral 489/2006 de su índice, para lo cual remite copia certificada de las constancias conducentes. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En ese sentido, en virtud que de las constancias que remitió la responsable, que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad: La omisión de dar contestación al escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, relativo a la escrituración del predio rematado en autos del juicio reclamatorio laboral 489/2006. Sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe de cuenta, se advierte que mediante proveído de once de marzo del año en curso, se dio contestación al escrito de que se trata. Asimismo, en dicho proveído se giró oficio al Notario Público Número 57 del Estado de Yucatán, a efecto de que proceda a la escrituración solicitada mediante dicho memorial por la parte actora, aquí quejosa. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y seis minutos del siete de abril de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Por otra parte, agréguese el escrito signado por Ángela Carolina Maldonado Cachón, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual, solicita a este órgano jurisdiccional se haga efectivo el apercibimiento realizado a la autoridad responsable en proveído de veintitrés de febrero último, por no rendir su informe justificado. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su petición; ello, en virtud de lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese personalmente.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Amayrani Noemí Collí Canul2345/2022
- Ambrosio Urbano Dzib Puc810/2020
- Amed Antonio Budip Díaz947/2020
- Amed Antonio Budip Díaz1285/2018
- Amed Antonio Budip Díaz494/2022
- Amelia Alicia Castillo Alarcon1242/2023
- Amelia González Marrufo1055/2022
- Ameyali Rosales Cruz154/2019
- Ameyali Rosales Cruz1311/2018
- Amilcar José Aguilar Lara844/2022
- Amir Alim Awe563/2023
- Amira de Jesús Montero Cetina342/2018