América Quintero Estrada
Expediente 645/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- América Quintero Estrada
Actuaciones
- Principal
Reanudación de labores. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluiría el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. En otro orden de ideas, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de once de noviembre de dos mil veinte, en donde se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, se considera que este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía y documentos, toda vez que no se tramitó incidente de suspensión y las partes no ofrecieron los últimos. Reserva de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; por ende, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Reanudación de labores. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluiría el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. En otro orden de ideas, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de once de noviembre de dos mil veinte, en donde se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, se considera que este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía y documentos, toda vez que no se tramitó incidente de suspensión y las partes no ofrecieron los últimos. Reserva de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; por ende, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Informe justificado Visto el comunicado del Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad (por sí y en representación del Delegado Estatal del ISSSTE en el Estado de Michoacán), mediante el cual rinde informe justificado, en el término siguiente: Informe al que adjunta, entre otras, copia certificada del oficio DPSH/2.11.1.5.5,5687/2020, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, mediante el cual se dio contestación a la petición realizada por la quejosa ante aquella dependencia y que constituye el acto que se reclama en este juicio, cuyo contenido es el siguiente: En consecuencia, agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales y sean tomados en consideración en su oportunidad procesal. Asimismo, se tiene a la oficiante designando delegados en términos del artículo 9 de la ley de la materia, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Cesación de actos En ese orden de ideas, este juzgado federal advierte la posible existencia de una causa de improcedencia y a fin de estudiar la misma, es pertinente recordar que éstas al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo pronunciarse a ese respecto, aun cuando no se haya puesto el expediente en estado para dictar la sentencia respectiva. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA." Igualmente, apoya lo expuesto, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indica: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.". De igual modo, es oportuno precisar que en los casos en los que se aborde el estudio de la procedencia del juicio, de forma previa a la vista para emitir la sentencia respectiva, es menester que la causa de improcedencia de que se trate, sea manifiesta e indudable, precisamente para que sea justificado su análisis de forma previa a la referida sentencia. Luego, a fin de clarificar lo antes mencionado, debe indicarse que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; en tanto que "indudable" es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Una vez precisado esto último, debe decirse que, en el caso que nos ocupa, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto u omisión ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto u omisión ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fueran afectados por el acto de autoridad. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, debe indicarse que el acto reclamado en el presente asunto, conforme a la demanda presentada por la quejosa, se hizo consistir en: Esto es: "La omisión de acordar el escrito que fue presentado ante la responsable a fin de que se le brindara información respecto del concepto 74 del Seguro Institucional". Demanda a la que adjuntó la copia de recibido, por parte de la responsable, del escrito de diez de septiembre de dos mil diecinueve, del que se desprende: Ocurso del que se advierte que solicitó a la responsable le informara la razón por la cual el concepto 74 del área de deducciones, Seguro Institucional por la cantidad de $679.98, le fue suspendido en el comprobante de pago que recibe mensualmente, virtud de no haber solicitado su suspensión. Establecido lo anterior, debe decirse que, conforme al contenido del informe justificado rendido por la ahora responsable, así como de la documental que al efecto adjuntó a este, consistente en la copia certificada del oficio DPSH/2.11.1.5.5,5687/2020, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, cuyas reproducciones han quedado sentadas con anterioridad, se advierte que: La ahora responsable dio contestación al escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veinte, por la ahora quejosa ante la Delegación Estatal del ISSSTE en Michoacán, dado que le indicó el motivo por el cual el concepto 74 del área de deducciones, Seguro Institucional por la cantidad de $ 679.98, le fue suspendido en el comprobante de pago que recibe mensualmente. Comunicación que vía postal ordenó notificar a la ahora quejosa en el domicilio que al efecto señaló. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que ha dejado de existir el acto que se impugna en esta instancia. Tal como se observa de las constancias remitidas por la autoridad responsable junto a su informe justificado, mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego, es evidente que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la responsable en oficio DPSH/2.11.1.5.5,5687/2020, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, dio contestación al escrito de dos de septiembre de dos mil veinte, suscrito por la ahora quejosa y presentado ante la Delegación Estatal del ISSSTE en Michoacán, dado que le indicó el motivo por el cual el concepto 74 del área de deducciones, Seguro Institucional por la cantidad de $ 679.98, le fue suspendido en el comprobante de pago que recibe mensualmente, además de que remitió el citado comunicado en vía de notificación, por correo ordinario, al domicilio que al efecto señaló la quejosa. Máxime que en el presente asunto no procedería ampliar la demanda por lo que ve al oficio DPSH/2.11.1.5.5,5687/2020, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, puesto que, conforme al contenido de dicho oficio, el concepto 74 cuya suspensión alude la quejosa le fue efectuado, deriva de su situación de pensionada ante aquella institución. Estado de pensionada que se corrobora con el contenido de la documental que la quejosa adjuntó a su demanda de amparo, denominada liquidación de pago previa incorporación a nómina, de la que se desprende: Por ende, contra la determinación adoptada por la responsable, no obstante que pudiera afectar los intereses legales de la beneficiaria, lo cierto es que la misma no es materia para el juicio de amparo, ya que la quejosa cuenta con los medios ordinarios de defensa para destruir tal acto, a saber, el juicio de nulidad, como lo prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo ámbito de análisis y decisión corresponde a la autoridad competente para conocer del medio legal ordinario previsto para tal efecto. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2005 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva". En ese orden de ideas, si el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de la responsable de darle contestación a su petición en la que solicitó se le informara la razón por la cual el concepto 74 del área de deducciones, Seguro Institucional por la cantidad de $ 679.98, le fue suspendido en el comprobante de pago que recibe mensualmente, virtud de no haber solicitado su suspensión; mientras que en oficio DPSH/2.11.1.5.5,5687/2020, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, se le dio contestación al escrito de dos de septiembre de dos mil veinte, suscrito por la ahora quejosa y presentado ante la Delegación Estatal del ISSSTE en Michoacán, dado que le indicó el motivo por el cual el concepto 74 del área de deducciones, Seguro Institucional por la cantidad de $ 679.98, le fue suspendido en el comprobante de pago que recibe mensualmente, además de que remitió el citado comunicado en vía de notificación, por correo ordinario, al domicilio que al efecto señaló la quejosa. Es evidente que la responsable ya dio contestación a la petición que le fue hecha por la quejosa al brindarle la información que ésta solicitó; y dicha contestación genera la cesación de los efectos del acto reclamado que dio motivo al juicio de amparo. En otras palabras, si la presentación de la demanda que dio origen a este juicio se realizó el ocho de octubre de dos mil veinte, en la que se reclamó la omisión de la autoridad responsable de darle contestación a la petición que le hizo la quejosa en escrito de quejosa deacordar el escrito de dos de septiembre de dos mil veinte; y, con la documental previamente valorada, la responsable acredita que el dieciséis de octubre del año en curso, emitió la determinación correspondiente a dicha petición, al indicarle el motivo por el cual se había realizado la suspensión del concepto que identifica la quejosa en su demanda de amparo como acto reclamado, puede concluirse válidamente que cesaron los efectos del acto reclamado. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los requisitos previstos en los incisos a) y b) precisados con anterioridad, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en términos del numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal citado, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, por lo que se deja sin efectos la señalada para las quince horas con cincuenta minutos de esta fecha. Alegatos Por otra parte, agréguese solamente para que conste el escrito presentado por la quejosa, en el que vierte manifestaciones a manera de alegatos, ello virtud del sobreseimiento ordenado en párrafos que anteceden. Copias Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que identifica, previa identificación a satisfacción de este juzgado y razón que obre en autos por su recibo. Para lograr lo anterior, se informa al promovente que este órgano de control constitucional tiene autorizadas las labores presenciales de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos, lo cual implica que, para la obtención de las copias autorizadas, el solicitante deberá agendar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ" en el horario de atención al público de este juzgado; lo que deberá informar al expediente cuando menos con cinco días de anticipación, en la inteligencia que las constancias de las que pretende obtener copia son únicamente las que señaló en su escrito de cuenta, a fin de que el personal que labora de manera presencial pueda localizar el expediente y hacer la selección previa de las constancias a reproducir; lo anterior, a fin de mejorar la atención a los justiciables, dado el tiempo reducido en el que coincide la actividad de este juzgado y el centro de reproducción, por un lado; y, porque es necesaria la administración del tiempo de atención a cada asunto, ya que este juzgado federal está atendiendo la totalidad de asuntos que tramita con una significativa reducción de plantilla de personal, con motivo de las restricciones de acceso al edifico en el que tiene asiento. De tal suerte que llegado el día de la cita, la parte solicitante lleve a cabo la obtención de las copias en comento, en el entendido de que cuenta con veinticinco minutos para ello, de conformidad con lo establecido en el numeral 6, fracción II y último párrafo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; de modo que si en ese lapso no logra la obtención de las constancias que pretende, deberá agendar una nueva cita bajo los lineamientos anotados. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así´ como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues remitió copia certificada de la constancia siguiente; El laudo de diez de septiembre de dos mil veinte. Por consiguiente, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo anterior para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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