Amelia Hernández González

Expediente 318/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
318/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Congreso Constitucional del Estado de Michoacán
  • Amelia Hernández González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General del Pleno. 3. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Javier Ivan Contreras Osorio, quien da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 318/2022, promovido por Amelia Hernández González, por derecho propio; por alegada violación del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Congreso del Estado de Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama al 1Congreso, 2 Gobernador Constitucional, 3 Secretario de Gobierno, 4 Director de Recaudación y 5 Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: Discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en particular el artículo 20, fracciones I, inciso A) y II, inciso A). El primer acto de aplicación de la porción normativa combatida consistente en la expedición y cobro realizado a través de los comprobantes de pago por internet con números de folios 363683922 y 365159501, los cuales se atribuye a la autoridad señalada con el número (4). SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad residente en la circunscripción territorial que corresponde a este juzgado. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. El Secretario de Gobierno y Gobernador negaron la existencia de la discusión, expedición y publicación de la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, al no ser estar dentro de sus atribuciones dichos actos legislativos. Por lo que ve al Director de Recaudación del Estado de Michoacán, no es cierto el acto reclamado, obstante que al rendir su informe justificado el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en su representación, haya aceptado su existencia. Lo anterior, es así pues al escrito de demanda la quejosa Amelia Hernández González, adjuntó los comprobantes de pago por internet con números de folios 363683922 y 365159501, respecto de los pagos voluntarios realizados por cambio de placas y holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía realizados por Arturo Medina Hernández el uno y cuatro de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, esto es, dichos actos fueron aplicados por aquél y no por la autoridad recaudadora mediante el procedimiento de liquidación y cobro coactivo en su perjuicio. Es así, que atento a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el comprobante de pago de las contribuciones no es un acto que pueda atribuirse a las autoridades exactoras, pues conforme a las leyes fiscales -redactadas en forma similar en los Estados parte de la Federación- la obligación de pagar los impuestos corresponde a los contribuyentes, sólo en caso de que no los realicen, la autoridad fiscal procederá a su liquidación. En virtud de lo expuesto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho y autoridad se refiere. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y la Directora del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en promulgación y refrendo a las dos primeras y publicación a la última nombrada, respecto de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Por su parte, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso no aceptó su existencia de manera categórica, sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su existencia. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que les atribuye la peticionaria a las citadas responsables. Certeza que se robustece en virtud de que la quejosa les reclama a las responsables su participación en el proceso legislativo que culminó con la promulgación del decreto relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, particularmente, el artículo 20, fracciones I inciso A) y fracción II, inciso A), por tratarse de normas generales dadas a conocer a través del medio oficial de difusión señalado en párrafos anteriores, su existencia no está sujeta a prueba. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, se realizará el estudio de oficio de las causas de improcedencia que advierta este órgano, así como las hechas valer por las partes. Se estima de oficio actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa Amelia Hernández González, no acreditó la afectación que la norma reclamada le causa a su esfera jurídica, ya que su sola entrada en vigor no le irroga perjuicio alguno, pues las porciones normativas impugnadas son de naturaleza heteroaplicativa. Al respecto, la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, determina la improcedencia del juicio respecto de actos reclamados que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. En el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece uno de los presupuestos de la acción constitucional consistente en la demostración plena del interés jurídico, lo cual es la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, el juicio de amparo es improcedente. Entonces, existe interés jurídico, entendido en su mínima expresión, cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva y directa la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional. Por tanto, la tutela del derecho únicamente abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al peticionario de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio. En el anterior sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de registro digital 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Entonces, la parte quejosa debe acreditar la titularidad de los derechos cuya protección solicita, a fin de estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo a reclamar el acto, norma u omisión; de lo contrario, resulta improcedente. Ahora bien, el interés legítimo exige la demostración del derecho objetivo que asiste al quejoso, esto es, que de manera genérica la norma jurídica le concede y protege un derecho, por ejemplo, la posesión o propiedad de algún bien, el cual es lesionado de manera colateral por el acto de autoridad de manera indirecta o directa. También requiere la demostración de alguna afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del accionante de la protección constitucional. Por su parte, en el interés jurídico la amparista además de acreditar ese derecho objetivo, está constreñido a demostrar que de manera directa es afectado en su esfera jurídica, esto es, que le asiste un derecho subjetivo (facultad o potestad de exigencia). En el interés legítimo, el quejoso no es destinatario directo del acto de autoridad, sino terceros, pero de cualquier forma es indispensable la afectación personal, no directa sino indirecta, lo cual puede suceder en tres supuestos diversos: 1. Cuando el acto de autoridad establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero que impacte en forma jurídicamente relevante de manera colateral al quejoso que no es destinatario de las obligaciones. 2. Cuando el acto de autoridad determine supuestos que terceros están llamados a actualizar, pero que por su posición frente al ordenamiento jurídico la quejosa resiente algunos efectos de las consecuencias. 3. Cuando el acto de autoridad regule algún ámbito material, así como que independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere a un tercero de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En esa tesitura, ya sea interés jurídico o legítimo, la parte quejosa debe acreditar que su esfera propia de derechos es agraviada con el acto de autoridad; de tal manera, el detrimento en su derecho es cualquier afectación real y actual, en el interés jurídico es personal y directo, mientras en el interés legítimo la afectación puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta). Con la indicación que en el interés legítimo debe estar demostrado algún menoscabo en la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. En conclusión, para el interés legítimo se requiere que los efectos del acto reclamado trascienden a la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, esto es, que resienta afectación la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Con base en lo establecido en el artículo 107, fracción I, Constitucional, el interés legítimo se puede generar por afectación indirecta, por la especial situación del quejoso frente al orden jurídico. De lo dicho se desprende que cuando se acude al juicio de amparo a reclamar cualquier acto, debe determinarse en principio si el reclamo es a partir del interés jurídico o el interés legítimo, pues ambos se contraponen. Por tanto, es dable concluir que tanto el interés jurídico como el interés legítimo suponen un agravio en la esfera jurídica del quejoso; dado que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se introdujo la institución del interés legítimo individual o colectivo, condicionado a que se afecte la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De tal forma, para la procedencia del juicio de amparo, aun el interés legítimo requiere afectación a la esfera jurídica del quejoso, lo cual exige que el gobernado resienta perjuicio real y actual en su esfera jurídica, aun cuando no exista norma jurídica que le proporcione un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente (interés jurídico), en tanto que de acuerdo con el precepto constitucional citado, en principio no es necesario que se acredite un derecho subjetivo. De esa forma se trata de impedir que el particular sólo busque lograr controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de carácter abstracto, sin pretender la obtención de algún beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual. Bajo esta perspectiva, no basta alegar la titularidad de un derecho o de un interés legítimo colectivo y sostener que los actos reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que también debe acreditarse afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico; y, sobre todo, es necesario demostrar que la eventual concesión de la protección constitucional implica algún beneficio jurídico para el quejoso. Por tanto, la procedencia del juicio de amparo se encuentra condicionada a que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Dicha necesidad de la existencia de un agravio deriva de que el amparo, en caso de ser otorgado, debe tener un efecto práctico que se refleje en la esfera de derechos de la parte quejosa. En ese contexto, tratándose del juicio de amparo promovido contra normas generales adquiere especial relevancia determinar cuándo causan afectación a las y los gobernados, por lo que se debe establecer si dicho perjuicio se origina con su sola entrada en vigor o si requiere de un acto de aplicación posterior para concretar sus efectos en su esfera jurídica, para lo cual se debe acudir a la naturaleza de éstas, esto es, se debe establecer si tienen el carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas. El Alto Tribunal estableció que, para distinguirlas, conviene atender al concepto de individualización incondicionada, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo que contienen, vinculan a las gobernadas y gobernados a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Destacó además que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad de las personas y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Precisó que si las obligaciones derivadas nacen con la ley, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de un ordenamiento autoaplicativo o de individualización incondicionada; por el contrario, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, está sometida a la realización de ese evento. Esas consideraciones están reflejadas en la jurisprudencia de registro digital 198200, emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, titulada "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". En el caso concreto, como se precisó anteriormente, la parte quejosa reclama: La discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en particular el artículo 20, fracciones I, inciso A) y II, inciso A). El primer acto de aplicación de la porción normativa combatida. Tales ordenamientos con motivo de su primer acto de aplicación, que se traduce en el cobro y recepción del importe por concepto de derechos por la dotación o canje de placas metálicas y tarjeta de circulación, así como expedición de holograma de circulación. Del análisis de esas porciones normativas reclamadas, se infiere que les reviste el carácter de normas heteroaplicativas, pues para que acontezca la recepción de los derechos reclamados citados en el párrafo precedente, es requisito previo que el contribuyente efectúe el pago del entero respectivo. De ahí que las normas reclamadas no son autoaplicativas, pues no obligan a la parte quejosa con su simple entrada en vigor, debido a que ello depende de las condiciones que han quedado precisadas, razones por las cuales tales leyes deberán ser impugnadas hasta que ocurra el primer acto de aplicación. Máxime que no basta la inminencia de la aplicación de las leyes para que el amparo sea procedente, ya que ello no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo. Ahora, para acreditar su interés jurídico, en la demanda de amparo, la quejosa Amelia Hernández González, adjuntó los siguientes documentos: Copia cotejada de las facturas del siguiente vehículo expedidas en su favor: Marca Jeep, tipo Compass, modelo 2015, color gris pizarra, número de serie FD241408. Así como los siguientes comprobantes de pago por internet: Número de folio 363683922, titular de la tarjeta que lo efectuó Arturo Medina Hernández, fecha de pago uno de marzo de dos mil veintidós, importe $1,610.00 (mil seiscientos diez pesos 00/100 moneda nacional), concepto reemplacamiento, institución receptora Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán, referencia 31014563160834406229, folio 31014563160834406229, autorización 613541, afiliación 5904164. Número de folio 365159501, titular de la tarjeta que lo efectuó Arturo Medina Hernández, fecha de pago cuatro de marzo de dos mil veintidós, importe $992.00 (novecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional), concepto refrendo vehicular, institución receptora Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán, referencia 31015050220835322244, folio 31015050220835322244, autorización 503325, afiliación 5904164. Todos efectuados de la tarjeta terminación 3439. Documentos que adquieren valor probatorio acorde al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De los anteriores documentos se advierte que la quejosa Amelia Hernández González, es propietaria del vehículo marca Jeep, tipo Compass, modelo 2015, color gris pizarra, número de serie FD241408. Por otra parte, de los referidos recibos de pago por internet se corrobora que Arturo Medina Hernández, efectuó dos pagos en favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán, uno por el importe de $992.00 (novecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional), por refrendo vehicular y $1,610.00 (mil seiscientos diez pesos 00/100 moneda nacional), concepto reemplacamiento, fondos tomados de la tarjeta terminación 3439, expedida en su favor. Dicho lo anterior, no se aprecia el acto de aplicación de las normas combatidas en detrimento de Amelia Hernández González, porque si bien acredita ser propietaria de un vehículo, no verificó efectuar en su favor el pago de los derechos por los servicios de dotación de placas y holograma de circulación que refiere el artículo 20, fracción I, inciso A) y fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Y si bien, a la demanda se anexaron dos impresiones de comprobantes de pago por internet, de ellos se advierte que fueron realizados por diversa persona de nombre que Arturo Medina Hernández, de su tarjeta terminación 3439, no así por la impetrante Amelia Hernández González. Entonces, con ello, no se acredita que la quejosa Amelia Hernández González, efectuó algún pago a que se refiere el artículo del cual redarguye su constitucionalidad, esto es, por reemplacamiento y engomado, respecto de los automotores de su propiedad, ahí que no acredita su interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, pues no quedó corroborada la aplicación de dicha norma en su esfera jurídica. Lo anterior es así, pues al no quedar relacionado algún pago realizado por ésta respecto del vehículo del cual sí acreditó su propiedad, no se puede tener demostrado el primer acto de aplicación de la citada norma heteroaplicativa. Ello, en virtud de que, el interés jurídico debe estar demostrado de manera fehaciente, y no inferirse a base de presunciones, porque el juicio de amparo salvaguarda derechos reales y objetivos, susceptibles de apreciación, no meras expectativas de derecho, al ser de estricto derecho. Por lo que la quejosa al no haber demostrado la afectación a su esfera de derechos, a través de algún medio de prueba idóneo, es inconcuso que este órgano no puede otorgar valor probatorio pleno para tener por acreditado el primer acto de aplicación en perjuicio de la quejosa, a los documentos exhibidos junto con la demanda de amparo, porque ellos solamente tienen valor indiciario, pero no cobran fuerza probatoria suficiente porque como se dijo, la información que contienen no se concatena entre sí, para otorgar el valor probatorio pretendido por la parte impetrante y demostrar su interés jurídico. En consecuencia, toda vez que la quejosa no acreditó el interés para instar el presente juicio de amparo respecto de la norma reclamada, procede decretar el sobreseimiento en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento. Resulta aplicable la jurisprudencia de registro digital 194605, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Así como la diversa jurisprudencia de registro digital 206338, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Por otra parte, si bien, se tuvo por cierta la existencia de los actos reclamados, cierto es que ello de ninguna manera implica que la parte quejosa haya acreditado su interés jurídico, puesto que, independientemente de ello, a ésta correspondía demostrar que está dentro de los supuestos previstos en las leyes que impugna, para así demostrar que los actos reclamados afectan su esfera de derechos fundamentales. Sustenta dicha consideración Al caso es aplicable la tesis aislada del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 232463, cuya literalidad es: "INTERES JURIDICO, LA EXISTENCIA O INMINENCIA DEL ACTO RECLAMADO NO DEMUESTRA EL. El hecho de que sean ciertos los actos consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de la ley reclamada, así como la circunstancia de que el Juez de Distrito haya considerado inminentes los actos reclamados, no implica de manera alguna que los quejosos hayan acreditado su interés jurídico, puesto que, independientemente de ello, a éstos correspondía demostrar que están dentro del supuesto previsto en la ley que impugnan, para así demostrar que los actos reclamados afectan sus intereses jurídicos". Así pues, resulta innecesario el estudio de las demás causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables al resultar fundada la citada en el párrafo que antecede y suficiente para sobreseer en su totalidad en el juicio; por el mismo motivo es innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues el sobreseimiento, impide pronunciarse sobre las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo antes expuesto y fundado; se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Amelia Hernández González, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos tercero y quinto. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió firma electrónicamente el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, data en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, quien da fe. P-I318/2022 OFICIO(S) 13483, 13484, 13485, 13486 y 13487.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...SENTENCIA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 318/2022, promovido por Amelia Hernández González, por derecho propio; por alegada violación del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Congreso del Estado de Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama al 1Congreso, 2 Gobernador Constitucional, 3 Secretario de Gobierno, 4 Director de Recaudación y 5 Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: Discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en particular el artículo 20, fracciones I, inciso A) y II, inciso A). El primer acto de aplicación de la porción normativa combatida consistente en la expedición y cobro realizado a través de los comprobantes de pago por internet con números de folios 363683922 y 365159501, los cuales se atribuye a la autoridad señalada con el número (4). SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad residente en la circunscripción territorial que corresponde a este juzgado. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. El Secretario de Gobierno y Gobernador negaron la existencia de la discusión, expedición y publicación de la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, al no ser estar dentro de sus atribuciones dichos actos legislativos. Por lo que ve al Director de Recaudación del Estado de Michoacán, no es cierto el acto reclamado, obstante que al rendir su informe justificado el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en su representación, haya aceptado su existencia. Lo anterior, es así pues al escrito de demanda la quejosa Amelia Hernández González, adjuntó los comprobantes de pago por internet con números de folios 363683922 y 365159501, respecto de los pagos voluntarios realizados por cambio de placas y holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía realizados por Arturo Medina Hernández el uno y cuatro de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, esto es, dichos actos fueron aplicados por aquél y no por la autoridad recaudadora mediante el procedimiento de liquidación y cobro coactivo en su perjuicio. Es así, que atento a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el comprobante de pago de las contribuciones no es un acto que pueda atribuirse a las autoridades exactoras, pues conforme a las leyes fiscales -redactadas en forma similar en los Estados parte de la Federación- la obligación de pagar los impuestos corresponde a los contribuyentes, sólo en caso de que no los realicen, la autoridad fiscal procederá a su liquidación. En virtud de lo expuesto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho y autoridad se refiere. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y la Directora del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en promulgación y refrendo a las dos primeras y publicación a la última nombrada, respecto de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Por su parte, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso no aceptó su existencia de manera categórica, sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su existencia. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que les atribuye la peticionaria a las citadas responsables. Certeza que se robustece en virtud de que la quejosa les reclama a las responsables su participación en el proceso legislativo que culminó con la promulgación del decreto relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, particularmente, el artículo 20, fracciones I inciso A) y fracción II, inciso A), por tratarse de normas generales dadas a conocer a través del medio oficial de difusión señalado en párrafos anteriores, su existencia no está sujeta a prueba. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, se realizará el estudio de oficio de las causas de improcedencia que advierta este órgano, así como las hechas valer por las partes. Se estima de oficio actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa Amelia Hernández González, no acreditó la afectación que la norma reclamada le causa a su esfera jurídica, ya que su sola entrada en vigor no le irroga perjuicio alguno, pues las porciones normativas impugnadas son de naturaleza heteroaplicativa. Al respecto, la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, determina la improcedencia del juicio respecto de actos reclamados que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. En el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece uno de los presupuestos de la acción constitucional consistente en la demostración plena del interés jurídico, lo cual es la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, el juicio de amparo es improcedente. Entonces, existe interés jurídico, entendido en su mínima expresión, cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva y directa la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional. Por tanto, la tutela del derecho únicamente abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al peticionario de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio. En el anterior sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de registro digital 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Entonces, la parte quejosa debe acreditar la titularidad de los derechos cuya protección solicita, a fin de estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo a reclamar el acto, norma u omisión; de lo contrario, resulta improcedente. Ahora bien, el interés legítimo exige la demostración del derecho objetivo que asiste al quejoso, esto es, que de manera genérica la norma jurídica le concede y protege un derecho, por ejemplo, la posesión o propiedad de algún bien, el cual es lesionado de manera colateral por el acto de autoridad de manera indirecta o directa. También requiere la demostración de alguna afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del accionante de la protección constitucional. Por su parte, en el interés jurídico la amparista además de acreditar ese derecho objetivo, está constreñido a demostrar que de manera directa es afectado en su esfera jurídica, esto es, que le asiste un derecho subjetivo (facultad o potestad de exigencia). En el interés legítimo, el quejoso no es destinatario directo del acto de autoridad, sino terceros, pero de cualquier forma es indispensable la afectación personal, no directa sino indirecta, lo cual puede suceder en tres supuestos diversos: 1. Cuando el acto de autoridad establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero que impacte en forma jurídicamente relevante de manera colateral al quejoso que no es destinatario de las obligaciones. 2. Cuando el acto de autoridad determine supuestos que terceros están llamados a actualizar, pero que por su posición frente al ordenamiento jurídico la quejosa resiente algunos efectos de las consecuencias. 3. Cuando el acto de autoridad regule algún ámbito material, así como que independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere a un tercero de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En esa tesitura, ya sea interés jurídico o legítimo, la parte quejosa debe acreditar que su esfera propia de derechos es agraviada con el acto de autoridad; de tal manera, el detrimento en su derecho es cualquier afectación real y actual, en el interés jurídico es personal y directo, mientras en el interés legítimo la afectación puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta). Con la indicación que en el interés legítimo debe estar demostrado algún menoscabo en la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. En conclusión, para el interés legítimo se requiere que los efectos del acto reclamado trascienden a la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, esto es, que resienta afectación la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Con base en lo establecido en el artículo 107, fracción I, Constitucional, el interés legítimo se puede generar por afectación indirecta, por la especial situación del quejoso frente al orden jurídico. De lo dicho se desprende que cuando se acude al juicio de amparo a reclamar cualquier acto, debe determinarse en principio si el reclamo es a partir del interés jurídico o el interés legítimo, pues ambos se contraponen. Por tanto, es dable concluir que tanto el interés jurídico como el interés legítimo suponen un agravio en la esfera jurídica del quejoso; dado que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se introdujo la institución del interés legítimo individual o colectivo, condicionado a que se afecte la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De tal forma, para la procedencia del juicio de amparo, aun el interés legítimo requiere afectación a la esfera jurídica del quejoso, lo cual exige que el gobernado resienta perjuicio real y actual en su esfera jurídica, aun cuando no exista norma jurídica que le proporcione un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente (interés jurídico), en tanto que de acuerdo con el precepto constitucional citado, en principio no es necesario que se acredite un derecho subjetivo. De esa forma se trata de impedir que el particular sólo busque lograr controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de carácter abstracto, sin pretender la obtención de algún beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual. Bajo esta perspectiva, no basta alegar la titularidad de un derecho o de un interés legítimo colectivo y sostener que los actos reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que también debe acreditarse afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico; y, sobre todo, es necesario demostrar que la eventual concesión de la protección constitucional implica algún beneficio jurídico para el quejoso. Por tanto, la procedencia del juicio de amparo se encuentra condicionada a que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Dicha necesidad de la existencia de un agravio deriva de que el amparo, en caso de ser otorgado, debe tener un efecto práctico que se refleje en la esfera de derechos de la parte quejosa. En ese contexto, tratándose del juicio de amparo promovido contra normas generales adquiere especial relevancia determinar cuándo causan afectación a las y los gobernados, por lo que se debe establecer si dicho perjuicio se origina con su sola entrada en vigor o si requiere de un acto de aplicación posterior para concretar sus efectos en su esfera jurídica, para lo cual se debe acudir a la naturaleza de éstas, esto es, se debe establecer si tienen el carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas. El Alto Tribunal estableció que, para distinguirlas, conviene atender al concepto de individualización incondicionada, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo que contienen, vinculan a las gobernadas y gobernados a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Destacó además que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad de las personas y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Precisó que si las obligaciones derivadas nacen con la ley, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de un ordenamiento autoaplicativo o de individualización incondicionada; por el contrario, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, está sometida a la realización de ese evento. Esas consideraciones están reflejadas en la jurisprudencia de registro digital 198200, emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, titulada "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". En el caso concreto, como se precisó anteriormente, la parte quejosa reclama: La discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en particular el artículo 20, fracciones I, inciso A) y II, inciso A). El primer acto de aplicación de la porción normativa combatida. Tales ordenamientos con motivo de su primer acto de aplicación, que se traduce en el cobro y recepción del importe por concepto de derechos por la dotación o canje de placas metálicas y tarjeta de circulación, así como expedición de holograma de circulación. Del análisis de esas porciones normativas reclamadas, se infiere que les reviste el carácter de normas heteroaplicativas, pues para que acontezca la recepción de los derechos reclamados citados en el párrafo precedente, es requisito previo que el contribuyente efectúe el pago del entero respectivo. De ahí que las normas reclamadas no son autoaplicativas, pues no obligan a la parte quejosa con su simple entrada en vigor, debido a que ello depende de las condiciones que han quedado precisadas, razones por las cuales tales leyes deberán ser impugnadas hasta que ocurra el primer acto de aplicación. Máxime que no basta la inminencia de la aplicación de las leyes para que el amparo sea procedente, ya que ello no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo. Ahora, para acreditar su interés jurídico, en la demanda de amparo, la quejosa Amelia Hernández González, adjuntó los siguientes documentos: Copia cotejada de las facturas del siguiente vehículo expedidas en su favor: Marca Jeep, tipo Compass, modelo 2015, color gris pizarra, número de serie FD241408. Así como los siguientes comprobantes de pago por internet: Número de folio 363683922, titular de la tarjeta que lo efectuó Arturo Medina Hernández, fecha de pago uno de marzo de dos mil veintidós, importe $1,610.00 (mil seiscientos diez pesos 00/100 moneda nacional), concepto reemplacamiento, institución receptora Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán, referencia 31014563160834406229, folio 31014563160834406229, autorización 613541, afiliación 5904164. Número de folio 365159501, titular de la tarjeta que lo efectuó Arturo Medina Hernández, fecha de pago cuatro de marzo de dos mil veintidós, importe $992.00 (novecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional), concepto refrendo vehicular, institución receptora Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán, referencia 31015050220835322244, folio 31015050220835322244, autorización 503325, afiliación 5904164. Todos efectuados de la tarjeta terminación 3439. Documentos que adquieren valor probatorio acorde al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De los anteriores documentos se advierte que la quejosa Amelia Hernández González, es propietaria del vehículo marca Jeep, tipo Compass, modelo 2015, color gris pizarra, número de serie FD241408. Por otra parte, de los referidos recibos de pago por internet se corrobora que Arturo Medina Hernández, efectuó dos pagos en favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán, uno por el importe de $992.00 (novecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional), por refrendo vehicular y $1,610.00 (mil seiscientos diez pesos 00/100 moneda nacional), concepto reemplacamiento, fondos tomados de la tarjeta terminación 3439, expedida en su favor. Dicho lo anterior, no se aprecia el acto de aplicación de las normas combatidas en detrimento de Amelia Hernández González, porque si bien acredita ser propietaria de un vehículo, no verificó efectuar en su favor el pago de los derechos por los servicios de dotación de placas y holograma de circulación que refiere el artículo 20, fracción I, inciso A) y fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Y si bien, a la demanda se anexaron dos impresiones de comprobantes de pago por internet, de ellos se advierte que fueron realizados por diversa persona de nombre que Arturo Medina Hernández, de su tarjeta terminación 3439, no así por la impetrante Amelia Hernández González. Entonces, con ello, no se acredita que la quejosa Amelia Hernández González, efectuó algún pago a que se refiere el artículo del cual redarguye su constitucionalidad, esto es, por reemplacamiento y engomado, respecto de los automotores de su propiedad, ahí que no acredita su interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, pues no quedó corroborada la aplicación de dicha norma en su esfera jurídica. Lo anterior es así, pues al no quedar relacionado algún pago realizado por ésta respecto del vehículo del cual sí acreditó su propiedad, no se puede tener demostrado el primer acto de aplicación de la citada norma heteroaplicativa. Ello, en virtud de que, el interés jurídico debe estar demostrado de manera fehaciente, y no inferirse a base de presunciones, porque el juicio de amparo salvaguarda derechos reales y objetivos, susceptibles de apreciación, no meras expectativas de derecho, al ser de estricto derecho. Por lo que la quejosa al no haber demostrado la afectación a su esfera de derechos, a través de algún medio de prueba idóneo, es inconcuso que este órgano no puede otorgar valor probatorio pleno para tener por acreditado el primer acto de aplicación en perjuicio de la quejosa, a los documentos exhibidos junto con la demanda de amparo, porque ellos solamente tienen valor indiciario, pero no cobran fuerza probatoria suficiente porque como se dijo, la información que contienen no se concatena entre sí, para otorgar el valor probatorio pretendido por la parte impetrante y demostrar su interés jurídico. En consecuencia, toda vez que la quejosa no acreditó el interés para instar el presente juicio de amparo respecto de la norma reclamada, procede decretar el sobreseimiento en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento. Resulta aplicable la jurisprudencia de registro digital 194605, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Así como la diversa jurisprudencia de registro digital 206338, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Por otra parte, si bien, se tuvo por cierta la existencia de los actos reclamados, cierto es que ello de ninguna manera implica que la parte quejosa haya acreditado su interés jurídico, puesto que, independientemente de ello, a ésta correspondía demostrar que está dentro de los supuestos previstos en las leyes que impugna, para así demostrar que los actos reclamados afectan su esfera de derechos fundamentales. Sustenta dicha consideración Al caso es aplicable la tesis aislada del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 232463, cuya literalidad es: "INTERES JURIDICO, LA EXISTENCIA O INMINENCIA DEL ACTO RECLAMADO NO DEMUESTRA EL. El hecho de que sean ciertos los actos consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de la ley reclamada, así como la circunstancia de que el Juez de Distrito haya considerado inminentes los actos reclamados, no implica de manera alguna que los quejosos hayan acreditado su interés jurídico, puesto que, independientemente de ello, a éstos correspondía demostrar que están dentro del supuesto previsto en la ley que impugnan, para así demostrar que los actos reclamados afectan sus intereses jurídicos". Así pues, resulta innecesario el estudio de las demás causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables al resultar fundada la citada en el párrafo que antecede y suficiente para sobreseer en su totalidad en el juicio; por el mismo motivo es innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues el sobreseimiento, impide pronunciarse sobre las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo antes expuesto y fundado; se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Amelia Hernández González, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos tercero y quinto. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió firma electrónicamente el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, data en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, quien da fe. P-I318/2022 OFICIO(S) 13483, 13484, 13485, 13486 y 13487.

  4. Principal

    trece de mayo de dos mil veintidós ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán de Ocampo, a las nueve horas con ocho minutos del trece de mayo de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, juez cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, en el juicio de amparo 318/2022, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez con la demanda de amparo, admisión e informes justificados; el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como el director de lo contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración; sobre el particular el juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas y se cierra esta fase al no haber prueba pendiente por desahogar. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que el juez acuerda: ténganse por perdido el derecho de ofrecerlos, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente: El juez Sergio Santamaría Chamú La secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo P-I318/2022 OFICIO(S)

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