America Monica Isabel Zarmina Arcos
Expediente 822/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- America Monica Isabel Zarmina Arcos
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que atento al oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó la determinación adoptada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades respecto a este juzgado federal, por un periodo de catorce días comprendidos del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspendieron plazos y términos, en el presente asunto; en tal virtud, con esta fecha se reanuda este trámite. Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de veintidós de octubre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por América Mónica Isabel Zarmina Arcos, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa conservación de las actuaciones a que se refiere el citado artículo 22.
- Principal
V I S T A la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Nezahualcóyotl, Estado de México y otras autoridades, por violación a los derechos humanos consagrados en el artículo 16, constitucional. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 822/2020-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Atento a lo anterior, previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación al numeral 113, todos de la Ley de Amparo, que establecen: «Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.» Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.» En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Expuesto lo anterior, del contenido integral de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO.- De las autoridades ordenadoras se reclama la posible orden de aprehensión librada en mi contra, tratando de privarme de mí libertad deambulatoria sin que haya cometido alguna conducta con apariencia de delito. De las ejecutoras: Se reclama la pretensión de darle cumplimiento a esa posible orden de aprehensión y privarme de mi libertad. En ese orden de ideas, este juzgador estima que la demanda que se analiza es improcedente, al advertirse que su promoción se realizó fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, que establece: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;» Del artículo transcrito se considera entre otras cosas, que si una demanda de garantías no es promovida en el término de quince días, la misma resulta ser improcedente, por consentimiento tácito, es decir, aquella manifestación de voluntad o consentimiento se desprende de la omisión o inactividad del interesado, ya sea por su silencio o por su falta de oposición a ella. Robustece la consideración antes indicada, por identidad de razón, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LXI, Sexta Época, página 67, que versa: "IMPROCEDENCIA, CONSENTIMIENTO TÁCITO COMO CAUSA DE. El consentimiento tácito como causa de improcedencia del amparo, en los términos del artículo 73 fracción XII de la ley reglamentaria del juicio de garantías, opera respecto del acto reclamado y, por definición legal, se consiente aquél contra el que no se promueva el juicio constitucional dentro de los términos que la propia ley señala al respecto. Por su parte, los artículos 17 y 18, de la ley de la materia, establecen: «Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo». «Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor». El invocado numeral 18 de la ley en la materia, establece tres hipótesis para realizar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción de la demanda de amparo, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la citada ley, las cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, de texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). Asimismo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de amparo, se estipula cuáles son los días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, entre los cuales se exceptúan los sábados y domingos, así como los que se estiman inhábiles, relacionados en el propio numeral. En ese orden de ideas, se destaca que la quejosa bajo protesta de decir verdad, refirió lo siguiente: «(.) 2. De igual forma manifiesto que a partir del mes de agosto, he notado la presencia de un vehículo tipo Charguer color rojo, en horarios de 10 a 14 horas, en las inmediaciones de mi domicilio e incluso comentando con algunos vecinos me han comentado que son policías de investigación, porque han visto a las personas que bajan de este vehículo, siendo estos personas del sexo masculino portando chamarras color rojo y negro que dicen "Policía de investigación, FGJ" y los mismos de forma reiterada se estacionan cerca de mi domicilio y realizan actividades como de vigilancia, ya que se quedan mirando hacia mi domicilio y en algunos momentos descienden de su automotor y caminan por ahí. 3. Es el caso que en fecha 23 septiembre, un vecino que vive a un costado de mi casa, me hizo comentarios respecto a la presencia de este vehículo y de estas personas, señalándome incluso que ese día por la mañana se habían acercado a él mientras barría y le preguntaron si en mi domicilio seguía yo viviendo a lo que mi vecino les contestó que no podía dar esa información y que uno de ellos comentó tarde o temprano la vamos a encontrar pues tenemos una orden de aprehensión en su contra y se retiraron del lugar según me comentó mi vecino. Mi incertidumbre es que si existe una orden de aprehensión no sé de qué juez emane ya que mi domicilio se encuentra dentro de la zona oriente, es por ello que el amparo contra los jueces de control de Chalco y Texcoco. (.)» Por tanto, sí desde el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se ostentó sabedora de los actos que por esta vía reclama, es manifestó que a partir del día siguiente -veinticuatro de septiembre- estuvo en aptitud de promover su demanda de amparo a efecto de impugnar la orden de captura que reclama. En efecto, desde el veinticuatro de septiembre y hasta el quince de octubre de dos mil veinte-, estuvo en aptitud de promover su demanda de amparo; sin embargo, de la papeleta de turno respectiva, se advierte que la demanda que da origen a esta instancia constitucional, fue ingresada mediante buzón judicial el dieciséis de octubre de dos mil veinte, y turnada el diecinueve de este mismo mes y año, a este juzgado de distrito, tal y como se advierte del sello que obra al margen superior y de la papeleta que dicha oficina anexó, para tal efecto. De ahí, que la demanda de amparo resulta extemporánea, por haberse presentado fuera del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior debido a que el acto reclamado por la hoy quejosa, no se encuentra dentro en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, no se reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, supuesto en que el término para su interposición será de treinta días; no se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, hipótesis en que se podrá interponer el juicio en un plazo de hasta ocho años; no se trata de un asunto de carácter agrario en que se combata la privación total o parcial, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, supuesto en se podrá promover en el plazo de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; ni tampoco, se reclama algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, hipótesis en que podrá presentarse en cualquier tiempo. En ese tenor y al hacerse evidente que transcurrieron más de quince días, entre la fecha en que la promovente tuvo conocimiento del acto reclamado y la presentación de la demanda de amparo, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, debe concluirse que la promovente consintió tácitamente el acto que por esta vía pretenden impugnar. Lo anterior, porque de acuerdo con la propia narrativa de los hechos expuestos por la quejosa se advierte que ésta manifestó de manera clara y precisa, cómo la andaban buscando, quién la andaba buscando, incluso refiere que desde el mes de agosto se percató de la presencia de los referidos policías de investigación; no obstante, fue hasta el veintitrés de septiembre pasado, cuando tuvo conocimiento cierto del acto reclamado, por lo que debe a partir de esa fecha es procedente el cómputo para la presentación de su demanda. Cabe mencionar, que el consentimiento tácito a que se hace referencia, estriba en el no ejercicio por parte del solicitante del amparo de la acción constitucional dentro del plazo legal de quince días previsto, en este caso, por el numeral 17 de la ley en la materia vigente, circunstancia que equivale a la pérdida de la acción por expiración del plazo legal dentro del cual se debió haber intentado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro siguiente: «ACTOS CONSENTIDOS. TÁCITAMENTE». Por ello, debe desecharse la demanda de amparo que se analiza, al haberse actualizado las causas de improcedencia que se analizan, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, de rubro: «DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA» En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Arnulfo Arriaga Corona, toda vez que acredita contar con cédula profesional registrada en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y solo para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el referido sistema, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la ley de amparo. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.
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