America Guadalupe Barrera Ramírez
Expediente 117/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- America Guadalupe Barrera Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta, del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, por el que remite diligenciado el exhorto 140/2021-II con número de orden 140/2021 del índice de este juzgado; agréguese a los autos, dése de baja en el libro correspondiente el exhorto de referencia, así como en el sistema de seguimiento de expedientes para los efectos estadísticos correspondientes; sin necesidad de acusar recibo dada la naturaleza de su recepción Ante ello, se tiene debidamente notificada a la quejosa América Guadalupe Barrera Ramírez, del proveído de veinticinco de febrero del año en curso, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo anterior, y vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya Yuriana Rangel López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.99.f9 17/06/21 16:45:51 pág. 2 hecho valer contra el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por América Guadalupe Barrera Ramírez, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Visto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibidos y agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios de cuenta respectivamente de la Juez Penal de Primera Instancia y Juez de Ejecución Penal ambos del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, lo anterior en razón de que mediante proveído de veinticinco de febrero pasado, se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Visto el oficio 138/2021, enviado por el Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por América Guadalupe Barrera Ramírez, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el número de juicio de amparo 117/2021-II. Ahora, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de protección de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a examinar si en el caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto de tales actos, que obligue a desecharla. En efecto, cabe precisar que en relación al tema en comento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta de forma patente y clara de la lectura del propio escrito; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura de la demanda de amparo, se evidencia que la parte quejosa pretende combatir por esta vía, la orden de traslado del Centro de Prevención y Reinserción Social de Texcoco, Estado de México, al Centro Federal Número 16 Cuernavaca Morelos. En consecuencia, en criterio de este Órgano de Control Constitucional, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo establecida en el primer párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)". De la interpretación literal del precepto aludido, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: a) Cuando deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; b) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. No obstante, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige como condicionante para su aplicación, que no se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1. Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso. 2. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. 3. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. 4. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. En el caso, resulta necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, que consiste en la obligación del quejoso, a previamente instar la acción de amparo, de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Un medio ordinario de defensa, es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, la citada legislación en su artículo 1°, fracción II, prevé los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y en su ordinal 2°, el ámbito de aplicación de la normatividad en comento, que incluye a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado procesal en que se encuentren. En lo que interesa, el capítulo V del Título Segundo, de la ley en consulta, relativo a los traslados, establece tres modalidades en que puede darse el diverso movimiento administrativo: El traslado voluntario, consiste en aquél que solicita el propio interno, ante la autoridad jurisdiccional competente. En este supuesto, la autorización será mediante resolución que en su momento emita la autoridad judicial ante quien se encuentre a disposición la libertad personal de la persona privada de la misma. El traslado involuntario tanto de procesados como sentenciados, regulado por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aquél que debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. El traslado urgente o excepcional, tiene su origen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, por cuenta propia y en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Sin embargo, el ordinal 52 de la citada ley, le impone la obligación de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; quien a su vez, calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación, de modo tal que se está en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. En este caso excepcional la eventual autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. De lo anterior se obtiene que los traslados, cualquiera que sea su naturaleza, siempre tienen aparejado el control judicial por el órgano jurisdiccional competente; la regla general nos dice que la autorización debe ser previa y, de manera excepcional, posterior a la ejecución del traslado; en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado -misma que es recurrible vía controversia judicial, en los casos en que no se pronuncie sobre la calificación de su legalidad el juez competente-, y agotada dicha controversia, procede el recurso de apelación-, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por un juez, por esa razón la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Bajo ese panorama, como se dijo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar el mismo. Así, la Ley Nacional de Ejecución Penal, brinda los medios de defensa a las personas privadas de su libertad, contra el traslado involuntario (controversia judicial), o bien, excepcional (controversia judicial o recurso de apelación, atendiendo al caso). Al igual que contra las demás condiciones de internamiento, en cuyo caso será indispensable agotar la instancia administrativa, y en caso de no serle favorable, tendrá expedito su derecho de recurrirla ante el Juez de Ejecución, vía controversia judicial. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, emitió el criterio jurídico inmerso en la jurisprudencia siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Como se observa en la indicada jurisprudencia, de observancia obligatoria para este Juzgador, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al interpretar la Sala emisora los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 concluyó que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a las condiciones de su internamiento cuando estimen que vulneran sus derechos humanos. Del análisis íntegro del escrito de demanda, específicamente en el capítulo de antecedentes, no se desprende que la directa quejosa, previo a la presentación de la demanda materia del presente estudio, haya acudido ante autoridad judicial o administrativa alguna, a recurrir los actos arriba señalados. Pues como ya se citó en el cuerpo del presente estudio, la impetrante antes de acudir ante esta instancia, debió recurrirlos a través de los medios ordinarios previstos en la ley aplicable al caso, es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues al encontrarse privada de su libertad, en un centro preventivo de reinserción social, las omisiones inherentes a las condiciones de su internamiento, no es procedente que la quejosa lo haga valer de manera directa a través del juicio de amparo indirecto. Pues como ya se mencionó en párrafos anteriores, las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos; mecanismo de control que constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial citado, el tema dilucidado se constriñe a las peticiones administrativas, este órgano jurisdiccional considera que, por identidad jurídica sustancial de las razones que la conforman, en el caso de las órdenes de traslado también existen medios de defensa ordinarios, que deben agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad. En ese tenor, de un análisis integral al escrito de protección de derechos humanos que nos ocupa, se puede advertir que presuntivamente las autoridades administrativas penitenciarias iniciaron con el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto a un eventual traslado involuntario, previsto por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: Por la razón expuesta, la parte quejosa previo acudir al amparo, debe agotar el recurso de apelación que prevé el numeral 51 de la Ley de Ejecución Penal; es decir, tiene a su alcance un medio de defensa ordinario, de ahí que al no haberlo agotado, genera como consecuencia necesaria la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos humanos, al operar de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, lo aquí expuesto, en apreciación de este Juzgado Federal se estima que no contraviene lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Lo anterior es así, pues cuando la referida Sala del más alto Tribunal del País, sostuvo en el criterio jurídico transcrito que la orden de traslado emitida por una autoridad administrativa, constituía un acto fuera de procedimiento que afectaba la libertad y, con ello, este juzgador pudiera concluir que ese tipo de actos se encuentran exentos de agotar los recursos que la ley otorga, la referida legislación de Ejecución Penal inexistía. En efecto, en el momento jurídico en que fue emitido ese criterio, se partía de la idea de que las autoridades administrativas ordenaban el traslado de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; supuesto que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deviene ya inaplicable, pues dicha legislación, establece un procedimiento judicializado que regula los traslados, cuya regla general es la autorización judicial previa y, excepcionalmente, en casos urgentes, la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa. No sobra mencionar, que en el último supuesto mencionado, la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero también le impone la obligación de que posteriormente sea revisada por una autoridad judicial, y como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley, es evidente que ahora, se trata de actos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde sólo se aludía al supuesto en el que los actos habían sido emitidos fuera de juicio, de ahí que en casos como el presente, ya no puede considerarse a la orden de traslado, incluso la de una autoridad administrativa, como un acto fuera de procedimiento y, por ende, que no se considera jurídicamente viable eximir al quejoso de agotar el recurso correspondiente. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 347/2018 y 359/2018, en donde concluyó que en el caso de la existencia de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el mecanismo de control denominado "peticiones administrativas" y que se encuentra regulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ello, el Tribunal de Alzada consideró que si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión, sin que previamente hubiera agotado el citado medio de control, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. Datos anteriores que se tienen a la vista en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, lo anterior no contraviene lo dispuesto en el párrafo segundo del normativo 1° Constitucional, mismo que obliga a todas las autoridades del país a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia. Ello es así, por dos razones fundamentales. La primera, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, que resulta ser la norma que rige el acto reclamado, cumple con la previsión constitucional de favorecer a los destinatarios de la misma la protección más amplia y, la segunda, porque la observancia del principio pro persona, no implica que la autoridad soslaye los requisitos previstos en la ley para hacer procedente lo que no lo es, también por disposición legal y que, en el caso concreto, la inadmisión del juicio de amparo, dada su notoria improcedencia, no constituye un acto restrictivo de derecho humano alguno, en concreto el de acceso a la justicia, pues como ya se explicó solo propende a que se agoten los recursos internos al alcance del gobernado y, en caso de estimar que agotados los mismos la determinación que ahí se emita la estime violatoria de Derechos Humanos, ahí si acudir a esta instancia constitucional. Sobre el particular, son aplicables los criterios jurídicos que enseguida se transcriben: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 3, Febrero de 2014, Página: 487) Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración (tanto en el cuaderno principal y si se creara, en el incidente de suspensión respectivo); por tanto, se comisiona al secretario encargado de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 1, fracción I, último párrafo, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa refiere hacer del conocimiento de este juzgado federal que actualmente se encuentra en tiempo para acceder a algún beneficio preliberacional o de libertad anticipada, por lo que solicita se tramite el incidente respectivo; atento a su petición, dígase que esta autoridad no es la facultada para tramitar dicha incidencia; no obstante, a efecto de que se atienda la petición de la directa agraviada, remítase copia certificada del escrito de cuenta al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, quien conoce de la causa penal 237/2015 (antes 55/2010 del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México), con la finalidad de que dé trámite a la petición de beneficios solicitados por la aquí quejosa. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en Turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su adscripción para que se constituya en el Centro Federal Número 16 Cuernavaca Morelos y notifique de la presente determinación a la directa quejosa América Guadalupe Barrera Ramírez. Se solicita atentamente al Juzgado exhortado, la práctica de cualquier diligencia o dictado de acuerdos, con la finalidad de lograr la diligencia encomendada, incluso la habilitación de días y horas inhábiles.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes
- Amayrany Berenice Vega Rangel1171/2020
- Amelia Estela Zepeda López1488/2017
- Amelia Hernández Muñoz764/2018
- Amelia Rocha Esquivias627/2022
- Amelia Salinas Becerril de Barron421/2019
- América de Jesús Ramírez Vázquez519/2021
- America Irasema Patrica Velazquez Ramirez388/2020
- América Irasema Patricia Velázquez Ramírez96/2020
- America Monica Isabel Zarmina Arcos822/2020
- América Montiel Valdez493/2023
- Amhed Eli Baltazar Mejía477/2021
- Amilcar Ánimas Rodríguez687/2023