Amelia Magallón Gómez
Expediente 94/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Amelia Magallón Gómez
Actuaciones
- Principal
II. En veinte de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con: La circunstancia de que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte agraviada interpusiera recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de tal ordenamiento jurídico, en contra del proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías promovida por Amelia Magallon Gómez, el cual transcurrió del nueve al quince de marzo de dos mil dieciocho, mediando los días diez y once, por ser inhábiles, sin que lo haya hecho. b) Asimismo, se hace constar que no se recibió escrito alguno tendente a combatir dicho proveído, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este juzgado. c) De igual manera, el Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del juicio en que se actúa se advierte: No existen documentos originales de difícil recuperación exhibidos por la parte quejosa, ni cuadernos de pruebas cuya devolución se encuentre pendiente de proveer. Conste. Uruapan, Michoacán, veinte de marzo de dos mil dieciocho. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías, promovida por Amelia Magallon Gómez. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario que autoriza y da fe.Ja'
- Principal
III. Con fundamento en el artículo 27, inciso b), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de dos de marzo de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de veintiocho de febrero de la presente anualidad, que en lo conducente dice: Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 94/2018-II. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con la fracción XXIII, del precepto 61 y el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no es el último dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis... En efecto, los referidos preceptos legales disponen: ... Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por otra parte, tratándose de remates sólo procederá el amparo indirecto contra la resolución definitiva en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendiendo al resultado de la resolución. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por ello se limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Son aplicables a los anteriores razonamientos los siguientes criterios: Tesis: ... También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Cobra sustento a lo expuesto: Tesis: ... De lo asentado, se obtiene que toda resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, si no tiene la característica de última determinación, no puede ser combatida a través del juicio constitucional, pues en este caso, la intención del legislador al no incluir otras resoluciones en la regulación de referencia, reclamables en amparo indirecto, fue para que no se obstaculizara el cumplimiento de las sentencias, por ser de interés público conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, sin que la promoción de múltiples amparos impida su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en el fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior: Tesis: ... En el caso, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que se pueden advertir de las manifestaciones realizadas por la promovente bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis:... Además, de las copias certificadas del referido juicio 551/2015 que anexo al escrito de demanda. Documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º de este último ordenamiento. Resulta aplicable la tesis: Tesis: ... Así, tenemos que: 1. Ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, se tramita el juicio ejecutivo mercantil 551/2015, promovido por Caja Popular Sagrado Corazón S.C. de A.P. de R.L. de C.V., contra la aquí quejosa. 2. Seguido el cauce legal de referido juicio, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de remate en su primera almoneda decretada por auto de trece de octubre de dos mil diecisiete, respecto del inmueble embargado en dicho contradictorio, del que la quejosa se ostenta como propietaria; declarándose concluida en razón de que no existieron postores. 3. De igual manera, el ocho de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de remate en su segunda almoneda, ordenada en proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, la que también se declaró concluida toda vez que no existieron postores. Actuación que en esencia constituye la materia del acto reclamado. De lo anterior, se deduce que a la promovente del amparo, no le resulta el carácter de tercera extraña por equiparación, toda vez que ha gestionado en el procedimiento de origen; además, es evidente que la quejosa motiva su acción constitucional medularmente en las violaciones procesales que a su criterio se han cometido en la referida audiencia de remate, relacionadas con el avalúo y certificado de gravamen respecto del inmueble del que se ostenta propietaria. Lo que se corrobora con las manifestaciones expuestas en la parte final del capítulo de los conceptos de violación, al referir lo siguiente: se ordene reponer el procedimiento a efecto de que se ordene realizar y actualizar el avaluó y el certificado de gravámenes exhibidos por la parte actora para estar en condiciones de llevar a cabo las almonedas correspondientes y así se lleve a cabo un debido proceso en contra de la suscrita. Lo que de suyo implica, que tales actuaciones procesales, no constituyen la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, dictada en la fase de ejecución de sentencia del juicio de origen. Además, de las manifestaciones de la promovente en la demanda de garantías, no se desprende algún pronunciamiento por parte de la autoridad responsable en tal sentido, pues sólo así, sería factible considerar que se trata de la resolución del otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien afecto al juicio de origen, a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. De modo que, al tener el carácter de demandada dentro del multicitado juicio de origen, la quejosa podrá gestionar en ese procedimiento de ejecución de sentencia de acuerdo a sus propios intereses, haciendo valer los medios de defensa que estime pertinentes y sólo podrá acudir al amparo indirecto, cuando se trate de un acto autónomo de la propia ejecución, siempre y cuando la respetiva determinación le afecte de manera directa e inmediata, de no ser así, podrá combatir las violaciones que estime se conculcaron respecto de su persona, hasta en tanto se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Resulta aplicable: Tesis:... En esas condiciones, se considera que lo aquí reclamado no constituye la última resolución a que se refiere la fracción IV, párrafo tercero, del artículo 107 de la Ley de Amparo; de ahí que, para instar el juicio de garantías se debe esperar a que se emita esa determinación en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Amelia Magallon Gómez, por su propio derecho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XXIII del precepto 61 y el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en la casa marcada con el número 544 de la calle Caracas, colonia Jardines del Cupatitzio; y como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Omar Moreno Munguía, Miguel Ángel Álvarez Cruz y Brasil Cuadra Duarte, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho. No así, a Gabriel Cruz Mendoza y Diana Karely Vargas Sánchez, a quienes se les autoriza únicamente para recibir copias, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del citado numeral 12, de la ley de la materia, toda vez que así lo solicita la quejosa. Cobra aplicación a lo anterior: Tesis: ... Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...
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