Ambrosio Vasquez Villagrana
Expediente 617/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ambrosio Vasquez Villagrana
Actuaciones
- Principal
IV. Uruapan, Michoacán, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. AUTORIDAD FEDERAL NO ACEPTA COMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a través del cual informa que dentro de los autos del juicio de amparo 1107/2019-K de su índice, se determinó no aceptar la competencia que le fuera declinada en el presente asunto, por los motivos que expone en la citada determinación, devolviendo las actuaciones que integran el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase de su conocimiento que este órgano de control constitucional no insiste en la incompetencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo. SE GLOSA CUADERNO DE ANTECEDENTES. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo, y agréguese el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás resultan innecesarias. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente el estudio del escrito inicial de demanda, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la misma, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." PRECISIÓN DEL PROBLEMA. En primer término, es dable precisar que de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: "(.) reclamo la toma de decisiones sobre mi traslado de una forma arbitraria que violentaron mis garantías individuales, y me causa molestias, estrés y depresión". DESECHAMIENTO. En el caso concreto, este Juzgado Federal determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de las siguientes consideraciones. La disposición legal invocada prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia aludida está sustentada en la figura jurídica de la litispendencia, que se actualiza en el procedimiento de amparo. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Los requisitos para que se actualice dicha causal de improcedencia son los siguientes: a) El acto reclamado sea materia de análisis en un juicio de amparo anterior; b) Que tal juicio no haya sido resuelto definitivamente; y, c) Que ambos juicios de amparo hayan sido promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra la misma o mismas autoridades, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para llegar a la determinación anterior, se destaca que en el amparo 617/2019 en que se actúa, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa: Ambrosio Vásquez Villagrana. Autoridades responsables: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Coordinador del Órgano Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social. 2 Comisionado de los Centros Federales 3 Secretario de los Derechos Humanos 4 Coordinador de Traslados de Indígenas y Extranjeros 5 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano" 6 Director general del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" 7 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 3 "Noroeste". 8 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste" 9 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente" 10 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste". 11 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor-Noroeste". 12 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 8 "Nor-Poniente". 13 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte". 14 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 10 "Noreste". 15 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato 16 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS Oaxaca. 17 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS Durango. 18 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS Chiapas. 19 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS Michoacán. 20 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 18 Coahuila. Acto reclamado: La ilegal orden de traslado. HECHO NOTORIO. Por su parte, acorde con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este juzgado la existencia del diverso juicio de amparo identificado como 430/2019 del índice de este órgano, en el que se advierte como datos esenciales: Parte quejosa: Ambrosio Vasquez Villagrana. Autoridades responsables: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Coordinador del Órgano Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social. 2 Comisionado de los Centros Federales 3 Secretario de los Derechos Humanos 4 Coordinador de Traslados de Indígenas y Extranjeros 5 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano" 6 Director general del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" 7 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 3 "Noroeste". 8 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste" 9 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente" 10 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste". 11 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor-Noroeste". 12 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 8 "Nor-Poniente". 13 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte". 14 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 10 "Noreste". 15 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato 16 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS Oaxaca. 17 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS Durango. 18 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS Chiapas. 19 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS Michoacán. 20 Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 18 Coahuila. Acto reclamado: La ilegal orden de traslado. Trámite: Por auto de treinta de agosto se admitió a trámite la demanda de amparo, encontrándose pendiente de resolver, pues se encuentran señaladas las diez horas con catorce minutos del diez de enero de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia constitucional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P/.J. 16/2018 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Tomo I, página 10, Junio de 2018, registro 2017123 y rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Como puede verse, se constata que el citado quejoso promovió diverso juicio de amparo, en el que también reclamó la ilegal orden de traslado, que atribuyó a las mismas autoridades responsables, el cual se encuentra aún pendiente de resolución. Tan es así, ya que si existe un juicio de amparo pendiente de resolver, y en ese tiempo el quejoso promueve un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra la misma autoridad, es patente que se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, en estudio, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad del acto reclamado solamente puede analizarse en una sola ocasión, y no como lo pretende el quejoso, promoviendo un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto y autoridades. En tales condiciones, al existir identidad de la "materia y objeto" de lo pedido en el juicio de amparo que se resuelve y lo solicitado en el diverso juicio de amparo 430/2019, se llega a la conclusión de que si en el citado juicio de amparo reclamó sustancialmente la misma orden de traslado contra las mismas autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, en relación con el diverso artículo 63; por lo que se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Robustece la anterior determinación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXXV, Quinta época, página 3610, registro 325261, de rubro: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS." Así como la diversa tesis VII.P 83 K. emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en Materia Común, Tomo XV, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y cinco, página 260, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 209534, de epígrafe: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." ASISTENCIA DE ABOGADO. Como el quejoso se encuentra privado de su libertad e instó el juicio por propio derecho y no cuenta con personas autorizadas en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ni tampoco con un defensor que lo asista, con fundamento en el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevéngasele para que al momento de la notificación que se le realice del presente proveído, o bien, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos dicha notificación, nombre un abogado que lo represente; apercibido que de no hacerlo, se le designará uno de oficio siguiendo los lineamientos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2020495, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." SE ORDENA GIRAR EXHORTO PARA NOTIFICAR AL QUEJOSO. Por tanto, tomando en consideración que el quejoso Ambrosio Vásquez Villagrana, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 2 "Occidente", con residencia en Puente Grande, Jalisco, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, le notifique el presente auto, en ese centro de reclusión. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, se delegan facultades al Juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación del exhorto. En congruencia con lo anterior, túrnense los autos al Secretario proyectista para el dictado de la sentencia correspondiente. Notifíquese.
- Principal
ME. Uruapan, Michoacán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 1671/2019 (número de orden 965/2019), del índice de este juzgado, enviado a efecto de notificar al quejoso Ambrosio Vásquez Villagrana el proveído de cuatro de diciembre del presente año; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. ORDENA DAR DE BAJA. Se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno la comunicación oficial de mérito. Acúsese recibo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
IV. Uruapan, Michoacán, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Ambrosio Vásquez Villagrana, por propio derecho, contra actos del Coordinador del Órgano Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 617/2019-IV; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Al respecto, cabe destacar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, por lo que este Juzgado de Distrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo. La competencia de los Jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII, del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Como se ve del precepto constitucional transcrito, es el criterio de la ejecución del acto reclamado el que preponderantemente determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia con claridad que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, no es competente por razón de territorio para conocer ni resolver el juicio de amparo en que se actúa, pues se estima que ello, conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, pues el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 2 "Occidente", con residencia en Puente Grande, Jalisco, por lo que la ejecución del acto reclamado iniciará en aquella localidad, sin tener noticia de que sea en uno distinto donde se continúe ejecutando; por lo que, se estima que actualmente en el lugar de su reclusión es donde se llevará a cabo la ejecución del acto reclamado. En ese tenor, es inconcuso que este juzgado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, carece de competencia legal para conocer y tramita el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 899, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Décima Época, con registro 2020828, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO." Además, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los Jueces de Distrito con sede en Zapopan, Jalisco, ejercerán jurisdicción en Zapopan, Jalisco; consecuentemente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Punto Cuarto, fracción VII, párrafo cuarto del citado Acuerdo General; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, se ordena remitir el expediente creado al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se encuentre en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Sin que se estime procedente emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión del acto reclamado, dado que no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que en términos de lo estipulado por el último párrafo del artículo 48 de la legislación de la materia, quien aquí determina se encuentra impedida legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda, hasta en tanto no se decida sobre la competencia. En apoyo a tal consideración, se invoca la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, Tomo CXXX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 316027, de rubro: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA." CUADERNO DE ANTECEDENTES. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo; previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse las actuaciones que integran el presente juicio al homólogo federal de la aludida ciudad de Zapopan, Jalisco, para que determine lo conducente, solicitando el acuse de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE ORDENA GIRAR EXHORTO PARA NOTIFICAR AL QUEJOSO. Por tanto, tomando en consideración que el quejoso Ambrosio Vásquez Villagrana, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 2 "Occidente", con residencia en Puente Grande, Jalisco, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, le notifique el presente auto, en ese centro de reclusión. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, se delegan facultades al Juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación del exhorto. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
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