Ambrosio Vasquez Villagrana

Expediente 1321/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1321/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Ambrosio Vasquez Villagrana

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por medio del cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remite el juicio de amparo 1769/2022 de su índice promovido por ***, en virtud de que aduce que en el caso se actualiza el supuesto de incompetencia por cuestión de territorio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1321/2022. No se acepta la competencia planteada. Al respecto, respetuosamente, dígase al homologo federal que no se comparten las razones expuestas por el y, por ende, no se acepta el conocimiento del asunto, por las razones siguientes: El quejoso medularmente señala como acto reclamado y autoridad responsable: Autoridad responsable: Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Acto reclamado: La resolución emitida el veinticinco de octubre de dos mil veintidós en el recurso de revocación en contra del auto de tres de agosto de este año dictado en la causa penal 81/2011. Asimismo, es necesario citar los antecedentes del acto reclamado de los que se advierten: El quejoso es procesado en la causa penal 8***del índice del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el cual se encuentra en etapa de instrucción derivada de la reposición de procedimiento con motivo de un juicio de amparo indirecto que conoció un Tribunal Colegiado del circuito judicial de donde pertenece el juzgado declinante; por convenir a sus intereses, su defensor promovió incidente no especificado de sobreseimiento de la causa penal por inexistencia del delito de delincuencia organizada, en auto de tres de agosto de este año el juez de la causa decretó la improcedencia del incidente promovido, por lo que ante tal actuar es que el impetrante interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el veinticinco de octubre en primer término como procedente y fundado el medio de impugnación y en segundo desechó de plano el incidente no especificado. Ahora, el homologo declina competencia en favor de este Juzgado en razón que refiere que el acto reclamado por la parte quejosa es relativo a la restricción de su libertad y que por tanto es un acto cuya ejecución se realiza en este Estado de Oaxaca ya que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Sin embargo, este Juzgador no comparte su opinión, en virtud que el acto que constituye la litis planteada por el quejoso no es el fondo del asunto principal por el cual se encuentra procesado en el centro de internamiento, sino una resolución del medio de defensa que se interpuso en contra de la diversa determinación en la cual inclusive se desechó el incidente no especificado de sobreseimiento de la causa. Es decir, de los antecedentes que constituyen el acto reclamado se advierte que el asunto de origen que motiva la restricción de la libertad del promovente es el proceso penal 81/2011 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México la cual se encuentra en etapa de instrucción por motivo de la reposición de procedimiento originado por el diverso amparo directo 87/2011 el cual es del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (el mismo circuito del Juzgado que declina competencia). De lo anterior se obtiene: El quejoso se encuentra privado de su libertad con motivo del auto de formal prisión dictado en el proceso penal que se le sigue en la causa penal 87/2011. El incidente no especificado de sobreseimiento de la causa penal fue promovido por el quejoso derivado de que aduce la inexistencia del delito de delincuencia organizada, sin que se conozca si en el asunto de origen existen diversos delitos por los cuales se haya procesado al quejoso y que motiven como medida cautelar en el proceso de origen la restricción de su libertad ambulatoria. La materia de la litis es la resolución de veinticinco de octubre de este año, relativa al recurso de revocación hecho valer en contra de la determinación de tres de agosto de dos mil veintidós, por lo cual no es un acto que tenga una ejecución en el lugar donde se encuentra recluido el disidente pues en todo caso esa resolución que lo mantiene privado de la su libertad fue la emitida en la causa penal 87/2011. La consecuencia jurídica de la resolución reclamada no es la ejecución a la restricción de la libertad del quejoso, en virtud que la misma no tiene una consecuencia material y de ejecución. El artículo 37, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la norma transcrita, se destacan tres reglas básicas para determinar la competencia por territorio en favor de los jueces de Distrito, mismas que para una mejor comprensión se puntualizan: 1. La primera se obtiene del último párrafo del aludido precepto, el cual establece que cuando la resolución reclamada en el juicio no requiera de cumplimiento material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. 2. La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, misma que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad ordenadora del acto de inconformidad, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener, trate, se ejecute o se haya ejecutado el mismo, lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren que se materialice por parte de una diversa. 3. La última previsión normativa, más que una regla diferente en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda precitada, ya que sobre el mismo criterio para determinar la competencia a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado en un Distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales de esas circunscripciones que haya prevenido, será el competente para conocer del asunto y emitir el fallo correspondiente. Desde ese contexto, puntualizados los tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los jueces de Distrito, se observa que el inmerso en el primer párrafo del precepto legal en cita, se establece que le corresponderá el conocimiento del asunto al juzgador que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener, trate, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; con independencia de que en la demanda no se reclame concretamente el cumplimiento de aquél, ni se mencione autoridad ejecutora, porque, de llegar a tales extremos, la competencia de los órganos de control de la constitucional quedaría al arbitrio de la parte quejosa, al decidir señalar o no tales responsables. Sirve de apoyo, la tesis I.1o. A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la Novena Época, Agosto del 2001, visible a foja 1299, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo que, si bien la razón toral del juez declinante consistió en que el quejoso, se encuentra recluido en una jurisdicción distinta de su competencia; sin embargo, se advierte que la causa penal de origen, se instruye en el Estado de México; por lo que el Juez de Distrito competente para conocer del presente asunto, es aquél en cuya jurisdicción tiene su residencia el juez que se encuentra conociendo del proceso penal; no así, en la jurisdicción donde está recluido el procesado. Toda vez que la jurisdicción rectora no reside en el lugar de reclusión, sino ante la autoridad responsable que ha dictado el acto reclamado, lo que tiene por objeto, como se anotó, la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, es necesario precisar que los efectos de la resolución que se reclama por el sentido en el que fue dictada no tienen al momento ejecución y de ser modificada a través del amparo que intenta con la presente demanda el quejoso, necesariamente se traslada de manera directa al proceso y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión, por mayoría de razón ocurre lo mismo cuando, quien dicta el auto es el mismo Juez de la causa, aunque el procesado se encuentre recluido en otra jurisdicción. Por tanto, respetuosamente este Juzgado no comparte el criterio sustentado por la autoridad declinante, toda vez que como ya se indicó, es competente el Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que se encuentra conociendo del proceso penal, no así, la del lugar en donde se encuentra recluido. Sirve de apoyo a manera de referencia la Jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dos mil ciento ochenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 3, décima época, con número de registro 160608 de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional, respetuosamente, estima no aceptar la competencia planteada y devolver el juicio de amparo 1769/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Solicítese al referido Juzgado Federal que de no tener inconveniente, se sirva acusar el recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes Cúmplase.

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