Ambrocio Pérez Riaño
Expediente 843/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ambrocio Pérez Riaño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 843/2023, promovido por su propio derecho ***, en contra del acto de la autoridad que se menciona más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de ***, en el año dos mil dieciséis fue demandado en un juicio de controversia del orden familiar, con número de expediente 219/2016 del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Por acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés, dicho juzgado acordó en relación al oficio PJEO/CJ/DP/01032/2023, suscrito por la directora de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, donde se tuvo designando al perito en trabajo social, e informado que la funcionaria comparecería hasta el día tres de octubre de dos mil veinticuatro, para el discernimiento de cargo y para el efecto de realizar los estudios socioeconómicos. Por ello, considera que se viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Ambrocio Pérez Riaño, presentó su escrito de demanda el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Directora de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, de quien reclamó de la primera autoridad el oficio de número PJEO/CJ/DP/01032/2023 y de la segunda el acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés en el juicio de controversia familiar 219/2016 de su índice. La demanda fue turnada a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrada con el número 843/2023 y fue admitida en esa propia fecha. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de una omisión por parte de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. IV. OPORTUNIDAD El acto reclamado fue notificado al quejoso el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés y esa notificación surtió efectos el mismo día, conforme al artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el catorce de agosto de dos mil veintitrés y concluyó el uno de septiembre siguiente, descontándose del cómputo los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, del año en curso, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Al haberse presentado la demanda el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se considera que es oportuna. V. LEGITIMACIÓN Ambrocio Pérez Riaño, está legitimado para promover el presente juicio de amparo, pues es la parte demandada en el juicio de controversia familiar 219/2016 del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca de donde deriva el acto que reclama. VI. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el presente caso, la lectura detallada de la demanda de amparo revela que el quejoso reclama lo siguiente: De la Directora de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca el oficio de número PJEO/CJ/DP/01032/2023 y, del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés en el juicio de controversia familiar 219/2016 de su índice. Actos que se traducen en que la fecha fijada por las responsables (3 de octubre de 2024) para efecto de realizar el estudio socioeconómico del quejoso, resulta muy lejano y atenta contra la impartición de justicia pronta y expedita. VII. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Los actos reclamados a la Directora de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, resultan ciertos, pues así lo manifestaron al momento de rendir sus informes justificados. Circunstancias que se corroboran de las copias certificadas que al efecto acompañó la Directora de Servicios Periciales y el Secretario del Juzgado Primero Familiar de Juchitán de Zaragoza, Autorizado para Dictar Sentencias por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en sus informes justificados, la cual se les otorga el carácter de documentos públicos de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario investido de fe pública, expedida en el ejercicio de sus funciones; y, esa publicidad se demuestra por las características que presentan tales documentales, como son, la existencia de los sellos, firmas y demás signos provenientes de las leyes; por lo que, al tener esa calidad de documentos públicos, se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VIII. PROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos por las razones que se exponen a continuación. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto pueda considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En el caso concreto, como ya se precisó en esta sentencia, la quejosa reclama lo siguiente: De la Directora de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca el oficio de número PJEO/CJ/DP/01032/2023 y, del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés en el juicio de controversia familiar 219/2016 de su índice. De los cuales le causa molestia ya que se fijó el tres de octubre de dos mil veinticuatro, como fecha para se llevara a cabo el estudio socioeconómico ordenado en el expediente de origen. Lo cual significa que la razón que motivó la promoción del juicio de amparo es precisamente la falta de designación de un perito en Trabajo Social de manera pronta y sin dilaciones. Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por el Secretario del Juzgado Primero Familiar de Juchitán de Zaragoza, Autorizado para Dictar Sentencias por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como complemento a su informe justificado se aprecia que mediante acuerdo de cinco de septiembre del año en curso ordenó girar oficio a la Dirección de Servicios Periciales para que deje sin efecto esa designación (3 de octubre de 2024) en razón que el el quince de agosto del presente año, mediante oficio PJEO/CJ/DA/URH/1599/2023, fue adscrito al Juzgado Primero Familiar de Juchitán de Zaragoza un perito con funciones de trabajador social, por lo que ordenó requerir a las partes para que dentro del plazo de tres días comparezcan ante el perito y coadyuben para la realización del estudio socioeconómico. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, ya que se -reitera- que el Juzgado responsable le designó el trabajador social que se encuentra adscrito al Juzgado para de manera pronta se lleve el estudio socioeconómico, requiriendo a las partes para que en un plazo de tres días se apersonen ante dicho funcionario para agendar fecha y hora para el multicitado estudio y en razón de lo anterior, dejó sin efecto la designación y programación y realización de dicho estudio fijado para el tres de octubre de dos mil veinticuatro. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta reprochada a las responsables y que motivó la promoción del presente sumario cesó al haberse designado el trabajador social adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, a fin de que dentro del plazo de tres días, se desahogara el estudio socioeconómico, en lugar de esperar hasta el tres de octubre de dos mil veinticuatro, originalmente señalado, ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales del quejoso, ya fue reparada desde de una designación más próxima, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente juicio respecto del acto impugnado a la Directora de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y al Juzgado Primero Familiar de Juchitán de Zaragoza. IX. DECISIÓN Por lo anterior, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, este órgano jurisdiccional estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Lo que hace innecesario el estudio de los conceptos de violación. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra la omisión reclamada, por las razones expresadas en el apartado VIII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que el pasado diecinueve de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Directora de Periciales del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca. En tales condiciones, a fin de que las partes se impongan del citado informe cuando menos con ocho días de anticipación como lo establece el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con quince minutos del once de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese.
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