Amara Matilde Moreno Garrido

Expediente 1213/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1213/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/08/2019

Partes del expediente

  • Amara Matilde Moreno Garrido

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el dictamen emitido por Carlos Bueno Méndez, perito nombrado por la parte quejosa; en consecuencia, requiérase al indicado perito por conducto de dicha la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante este órgano judicial, debidamente identificado en día y horas hábiles a ratificar el contenido del estudio emitidos, con apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le tendrá por conforme con el dictamen pericial que emita el perito oficial. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Amara Matilde Moreno Garrido, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, manifestando bajo protesta de decir verdad que le asiste el carácter de heredera de la sucesión a bienes de José Félix Moreno Moreno y María del Carmen Garrido Nuñez; cuya representación está a cargo de María de los Ángeles Moreno Garrido, quien fue designada albacea definitivo, en los autos del juicio sucesorio intestamentario 1355/2006, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, asimismo, refiere que ésta última no fue requerida para reclamar el acto que por ésta vía se impugna; en consecuencia, se provee: 2 DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Establecido lo anterior, se precisa que de la lectura integral al escrito de demanda, así como los diversos aclaratorios se advierte que Amara Matilde Moreno Garrido señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional, los siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo es en el presente caso, la sentencia interlocutoria que resuelve el incidente de exclusión de bienes hereditarios, promovido por RAMÓN TAJA WHEELER apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada Inmobiliaria Perisur S.A. DE C.V., dictada con fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, por la Juez Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, Puebla, dentro del expediente número 1355/2006, mismo que me fue notificado el día cuatro de julio de dos mil diecinueve, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO.- Ha sido compentente éste órgano jurisdiccional para conocer y fallar el presente incidente de exclusión de bien inmueble promovido por RAMÓN TAJA WHEELER apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada Inmobiliaria Perisur S.A. DE C.V. en contra de la sucesión de JOSÉ FELIX MORENO MORENO y MARÍA DEL CARMEN GARRIDO NUÑEZ. SEGUNDO.- El actor incidentista RAMÓN TAJA WHEELER apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada Inmobiliaria Perisur S.A. DE C.V probó su acción incidental de exclusión de bien inmueble en contra de la sucesión JOSÉ FELIX MORENO MORENO y MARÍA DEL CARMEN GARRIDO NUÑEZ. TERCERO.- La parte demandada incidentista, no justificó sus excepciones. CUARTO. Se excluye del acervo hereditario a bienes de JOSÉ FÉLIX MORENO MORENO Y MARÍA DEL CARMEN GARRIDO NUÑEZ, el predio por la fusión de lotes dos y cuatro de la manzana noventa y ocho del fraccionamiento la paz de esta ciudad de Puebla." Esto es, la hoy quejosa, en su carácter de heredera, se duele esencialmente de: La resolución interlocutoria dictada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio sucesorio intestamentario 1355/2006, en la que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, declaró probada la acción incidental de exclusión de inmueble, promovido por Ramón Taja Wheeler, en su carácter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria PERISUR Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del bien inmueble identificado como fracción norte, del predio formado por la fusión de los lotes números dos y cuatro de la manzana noventa y ocho del Fraccionamiento La Paz, de la ciudad de Puebla, mismo que refiere forma parte del acervo hereditario de la sucesión intestamentaria a bienes de sus padres José Félix Moreno Moreno y María Del Carmen Garrido Nuñez. Bajo ese contexto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, para la procedencia del juicio de amparo se requiere, como presupuesto procesal, que el peticionario de amparo acredite el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica de manera personal y directa con la ejecución de los actos reclamados para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad que se haga a los derechos o intereses de un particular. En ese entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto específicamente, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas respecto de la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión se produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6 de la ley de la materia. Sobre el particular y por analogía, es aplicable la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 582, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1995, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora, resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda y aclaratorio de cuenta por la parte promovente, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, y por tanto, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende lo siguiente: La quejosa Amara Matilde Moreno Garrido tiene el carácter de heredera dentro del juicio sucesorio intestamentario 1355/2006, a bienes de sus padres José Félix Moreno Moreno y María Del Carmen Garrido Nuñez; Dentro de dicho expediente le asiste el carácter de albacea definitivo a María de los Ángeles Moreno Garrido, quien no fue requerida por la promovente para reclamar el acto que en esta vía se impugna. Ahora bien, en primer término debe decirse que de conformidad con el artículo 3421, fracción II, del Código Civil del Estado de Puebla, los albaceas son órganos representativos de la sucesión para actuar en nombre y por cuenta de ésta y de conformidad con el diverso 3455, fracción VIII y IX, los albaceas tienen la obligación de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra ella. A fin de evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto dichos preceptos legales: - CÓDIGO CIVIL DE PUEBLA: "Artículo 3421.- Los albaceas son: I.- Ejecutores del testamento; II.- Órganos representativos de la sucesión para actuar en nombre y por cuenta de ésta, en los siguientes casos: a) Administración de los bienes de la herencia; b) Defensa de esos bienes; y c) Partición y adjudicación definitiva de los mismos. [..] Artículo 3455.- Son obligaciones del albacea general además de las establecidas por la ley, las siguientes: I.- La presentación del testamento; II.- El aseguramiento de los bienes de la herencia; III.- La formación de inventarios; IV.- La administración de los bienes y la rendición de la cuenta del albaceazgo; V.- El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; VI.- El pago periódico a los herederos, de lo que corresponda a éstos de los frutos y productos de los bienes hereditarios, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3449 y 3450; VII.- La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; VIII.- La defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento, conforme a derecho; IX.- La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra ella." En tales condiciones, si como se precisó, la quejosa acude a la presente instancia constitucional, en su carácter de heredera, a reclamar la resolución interlocutoria dictada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio sucesorio intestamentario 1355/2006, en la que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, declaró probada la acción incidental de exclusión de inmueble, promovido la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria PERISUR Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado legal, respecto del bien inmueble identificado como fracción norte, del predio formado por la fusión de los lotes números dos y cuatro de la manzana noventa y ocho del Fraccionamiento La Paz, de la ciudad de Puebla, mismo que refiere forma parte del acervo hereditario de la sucesión intestamentaria a bienes de sus padres José Félix Moreno Moreno y María Del Carmen Garrido Nuñez, el juicio de amparo resulta improcedente, al haberse promovido por persona diversa a quien le corresponde la representación legal de dicha sucesión, pues la quejosa comparece a la presente instancia constitucional en su carácter de heredera. Sin que se actualice algún supuesto de excepción a efecto de que la quejosa, en su carácter de heredera pueda solicitar el amparo, pues en el caso no se demostró que la albacea de la sucesión a bienes de José Félix Moreno Moreno y María Del Carmen Garrido Nuñez (María de los Ángeles Moreno Garrido) no esté en funciones, o bien, que haya sido requerida previamente para que actúe conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se haya rehusado a hacerlo, incluso la solicitante del amparo refiere: "Finalmente respecto a que si el albacea definitivo de la sucesión de donde deriva el acto reclamado ha sido requerida para reclamar el acto que se reclama en esta vía constitucional y si la misma se ha rehusado a hacerlo; debo decir que de parte de la suscrito no ha sido requerida." En tales condiciones, resulta inconcuso que la quejosa carece de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 73/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2018666, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. De igual manera, la solicitante del amparo no acredita tener algún derecho real respecto del inmueble en comento, pues aquélla se limita a manifestar en escrito aclaratorio de demanda de amparo, presentado el veintitrés de julio de dos mil diecinueve (foja 25), que promueve el juicio de amparo por su propio derecho en virtud de que la persona moral denominada "Inmobiliaria PERISUR" Sociedad Anónima de Capital Variable llamó de manera personal a los herederos de la sucesión intestamentaria 1355/2006, dentro del incidente de exclusión de bienes hereditarios, del que deriva el acto reclamado; sin embargo, es omisa en aportar elementos de prueba que demuestren la causa generadora para promover la instancia constitucional, pues la simple manifestación de ser heredera no es suficiente para instar el juicio de amparo. Es decir, la quejosa debió demostrar ante esta potestad Federal que tiene derecho de propiedad o posesión del inmueble con motivo de algún acto jurídico, circunstancia que no puede ser demostrada con la única manifestación de ser heredera de la sucesión intestamentaria a bienes de sus padres José Félix Moreno Moreno y María Del Carmen Garrido Nuñez, sino que deben aportarse elementos probatorios para acreditar que puede promover el juicio de amparo, en vez de la albacea definitiva de dicha sucesión, lo que en el caso no aconteció. Lo anterior, sumado al hecho de que la quejosa aduce en su escrito de cuenta que el treinta de junio de dos mil diecisiete se ordenó turnar los autos a la vista del juez responsable para dictar la resolución que en derecho proceda, respecto a la aprobación del proyecto de partición, sin precisar si dicha resolución ya fue dictada y sin que la solicitante del amparo se ostente como propietaria o poseedora del bien inmueble que defiende. En las relatadas consideraciones, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Amara Matilde Moreno Garrido, ello porque aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del despacho por Ministerio de Ley, por vacaciones del Titular, y por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, otorgada en sesión celebrada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/2555/2019 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de dicha Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Amara Matilde Moreno Garrido, pretende desahogar el requerimiento que se le formuló en proveído de quince del mes y año en curso; sin embargo, de su lectura se desprende que el citado requerimiento no se encuentra cumplido. Lo anterior, en atención a que si bien realizó diversas manifestaciones en el escrito de cuenta relativas a que María de los Ángeles Moreno Garrido es albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de José Félix Moreno Moreno y María del Carmen Garrido Núñez, lo cierto es que omitió manifestar bajo protesta de decir verdad la etapa actual en la que se encuentra el juicio sucesorio 1355/2006 del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Puebla, Puebla. Bajo ese contexto, Amara Matilde Moreno Garrido deberá precisar a manera de antecedentes: - La etapa actual en la que se encuentre el juicio sucesorio 1355/2006 del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Puebla, Puebla. - Si en el citado juicio de origen le ha sido reconocido el carácter de heredera reconocida. - Si María de los Ángeles Moreno Garrido, en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de José Félix Moreno Moreno y María del Carmen Garrido Núñez ha sido requerida para reclamar el acto que por esta vía se impugna, y si la misma se ha rehusado a hacerlo. Y en caso de ser así, acredite con documento idóneo los dos últimos supuestos. Ello, a fin de establecer que la quejosa se encuentra en el supuesto previsto en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2018666, de rubro y texto siguientes: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Hágase del conocimiento del solicitante de amparo, que se encuentra transcurriendo el término para que dé el debido cumplimiento a la prevención de mérito, subsistiendo el apercibimiento con el que se le conminó en la misma. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, Tomo XXI, abril de 2005 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". En la inteligencia de que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a la citada prevención en original y con copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas entre las partes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Amara Matilde Moreno Garrido, pretende desahogar el requerimiento que se le formuló en proveído de quince del mes y año en curso; sin embargo, de su lectura se desprende que el citado requerimiento no se encuentra cumplido. Lo anterior, en atención a que si bien realizó diversas manifestaciones en el escrito de cuenta relativas a que María de los Ángeles Moreno Garrido es albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de José Félix Moreno Moreno y María del Carmen Garrido Núñez, lo cierto es que omitió manifestar bajo protesta de decir verdad la etapa actual en la que se encuentra el juicio sucesorio 1355/2006 del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Puebla, Puebla. Bajo ese contexto, Amara Matilde Moreno Garrido deberá precisar a manera de antecedentes: - La etapa actual en la que se encuentre el juicio sucesorio 1355/2006 del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Puebla, Puebla. - Si en el citado juicio de origen le ha sido reconocido el carácter de heredera reconocida. - Si María de los Ángeles Moreno Garrido, en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de José Félix Moreno Moreno y María del Carmen Garrido Núñez ha sido requerida para reclamar el acto que por esta vía se impugna, y si la misma se ha rehusado a hacerlo. Y en caso de ser así, acredite con documento idóneo los dos últimos supuestos. Ello, a fin de establecer que la quejosa se encuentra en el supuesto previsto en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2018666, de rubro y texto siguientes: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Hágase del conocimiento del solicitante de amparo, que se encuentra transcurriendo el término para que dé el debido cumplimiento a la prevención de mérito, subsistiendo el apercibimiento con el que se le conminó en la misma. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, Tomo XXI, abril de 2005 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". En la inteligencia de que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a la citada prevención en original y con copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas entre las partes. NOTIFÍQUESE.

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